Acuerdo

León Bendesky

Un hecho que debe reconocerse es la forma en que las pautas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, se integraron firmemente en el funcionamiento de la economía mexicana.

Hoy, han cambiado los términos de la discusión sobre este asunto con respecto de la que ocurrió hace 25 años. El gobierno y el sector privado no dudaron en que había que renegociar el tratado según las exigencias de Donald Trump. Tampoco lo hicieron los partidos de oposición e incluso la administración ya electa, ni los analistas y académicos. Se acudió a dialogar como si fuese lo normal y en las condiciones fijadas de antemano para hacerlo.

El TLCAN también se asentó en el terreno económico y social de Estados Unidos y Canadá, aunque con las marcadas diferencias entre estas economías. Los canadienses aún no acaban de aceptar las condiciones del nuevo acuerdo ya pactado.

La interpretación de Trump es que este era: “el peor acuerdo comercial… tal vez de todos los tiempos”, por la pérdida de empleos y el crecimiento del déficit comercial en su país.

Ofreció renegociar e incluso terminar con el acuerdo. Y cumplió. Luego de un año el TLCAN ha sido renovado, por ahora, sólo con México

Trump desdeña la postura canadiense y ha impuesto fuertes aranceles a una serie de productos que exporta. Afirma que no la necesita e incluso plantea cambiar el nombre a Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. Advirtió al Congreso que no interfiera, aunque el Legislativo debe aprobar un tratado que modifique el original.

El TLCAN versión 1994 eliminó las tarifas sobre las importaciones con reglas para el comercio agrícola, los automóviles y los textiles; también para los servicios, como los financieros y las telecomunicaciones.

Los exportadores requieren de certificados de origen para eludir las tarifas; los productos deben provenir de los países miembros cuando menos en las proporciones que se determinaron.

Esto requiere de procedimientos para resolver las controversias por la violación de las reglas. Además, los tres países acordaron respetar las patentes y marcas, de modo que los derechos de propiedad intelectual no interfieran con el comercio. Es fácil imaginar la complejidad legal y administrativa para que todo esto funcione.

No debe olvidarse que detrás de todo hay enormes flujos de inversiones financieras, que no se materializan todas en plantas físicas. Este es un asunto primordial del esquema.

En el caso de la producción, un tema destacado es el de la industria automotriz. Esta define buena parte del tratado, como se ha podido advertir en el curso de la renegociación recién acabada. Es un sector diversificado que se asienta en los tres países y que expandió la enorme industria de autopartes.

Desde que se aprobó el TLCAN era notoria la relevancia de esta actividad, como una medida para salvaguardar a las empresas estadunidenses en un entorno de creciente competencia global. Así se creó un fuerte sector de producción de vehículos y autopartes en México para cumplir con las reglas de origen.

La renegociación de este sector es significativa: se incrementó el contenido fabricado en los tres países hasta 75 por ciento y entre 40 y 45 por ciento debe producirse por trabajadores que ganen 16 dólares o más por hora. El costo laboral se calcula en alrededor de 10 por ciento del costo de producción en planta.

Se ve la intención de Trump de reforzar a ese sector en su país. Nuevos contenidos se impusieron también a las autopartes. Otra vez, la industria estadunidense fue protegida en el marco binacional, por ahora, aunque en este caso Canadá no parece tener discrepancias.

El mapa industrial se modificó significativamente en México. Lo mismo pasó en los sectores textil, telecomunicaciones y agrícola. Sí, el país cambió en estos casi 25 años. Este asunto debe discutirse extensamente por sus variadas aristas.

Canadá no acepta la nueva norma, que México sí admitió, con respecto de las leyes de propiedad intelectual, que se fijaron con un término de expiración de 75 años tras la desaparición del creador, frente a los 50 que ahora mantiene. El argumento es que el mayor plazo restringe la capacidad de innovación interna, como sucede en la industria farmacéutica, entre otras. Aquí ese tema se discute poco, aunque no es irrelevante, por cierto.

El capítulo 19 del acuerdo trata de la resolución de controversias que Canadá defiende. Se trata de la capacidad de una empresa para litigar sobre la imposición de penas por dumping (vender por debajo del costo de producción para ganar mercado). Este es un asunto persistente en las transacciones comerciales y las inversiones, y que México sí aceptó.

En la renegociación México insistió en que se consideraran las nuevas condiciones de negocios que se desprenden de las reformas en los sectores de energía y telecomunicaciones. Los intereses con respecto de Canadá son divergentes y Trump los está explotando.