Miguel Concha
El Frente por la
Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), articulación
conformada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos,
presentó el pasado martes 28 de agosto, en las instalaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un Estudio de Opinión sobre la Protesta Social en la Ciudad de México.
En ese documento, realizado también en alianza con el Colectivo de
Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud, se da
cuenta de la opinión de quienes habitan o transitan esta ciudad sobre
los diferentes ejercicios de protesta que se realizan en la capital, la
cual, dicho sea de paso, dado que concentra los tres poderes del país, y
casi la totalidad de las secretarías del nivel federal, es el espacio
donde se realizan más marchas, plantones, mítines y otros tipos de
protesta.
De acuerdo con información de la Cámara de Comercio y Turismo en
Pequeño de Ciudad de México (Canacope), desde el año 2012 se lleva a
cabo en la capital por lo menos un promedio de 26 protestas al día, lo
cual da un significativo balance de alrededor de 10 mil protestas a lo
largo de cada año.
Estos datos hacen notar que la ciudad está indudablemente
familiarizada con las manifestaciones y protestas como con un escenario
constante y cotidiano, por lo que los resultados del estudio de opinión,
realizado a solicitud del FLEPS, son reveladores de cara a un discurso
sostenido por los grandes medios de comunicación tradicionales y por las
instituciones de gobierno, que insisten y se empeñan en destacar sólo
aspectos relacionados con las supuestas afectaciones que provoca este
tipo de ejercicios de derechos; nunca sobre su trasfondo ni porqué se
originan.
En el estudio de opinión, disponible en libertadyprotesta.org, se
señala de entrada que las personas entrevistadas perciben a la protesta
social como una vía legítima para resolver alguna problemática,
usualmente ocasionada por la acción, aquiescencia o desatención de las
autoridades. Y de acuerdo con el FLEPS es indudable que entre la
población se reconoce a la protesta como un derecho humano. Lo que, hay
que decirlo, hoy es también reconocido en la nueva Constitución de
Ciudad de México. En 57 por ciento de las personas encuestadas se
registró una percepción relacionada con el hecho de que quienes
protestan lo hacen porque es un derecho, y porque las personas que se
manifiestan lo llevan a cabo por la necesidad de ser escuchadas y lograr
resolver un determinado problema. Este hallazgo es significativo y
contrasta con el habitual razonamiento de las autoridades, quienes
durante los años recientes se han dedicado a fortalecer un andamiaje
jurídico que intenta legalizar la represión y cancelar la posibilidad de
la protesta, como un espacio de solidaridad, encuentro y demanda de
derechos.
Basándonos en estudios de opinión pública tan importantes como el que
ahora analizamos, nos enteramos que la legitimidad de las protestas no
está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, y hoy
sabemos con un poco más de certeza que al menos 70 por ciento del
universo significativo en este estudio ha participado en alguna protesta
alguna vez en su vida. Se reveló asimismo que para las personas es muy
importante la presencia de las víctimas directas de violaciones a
derechos humanos, o de sus familiares, como una de las razones que
impulsan a las personas a participar, pues las diferentes formas de
protesta social dan cabida también a expresiones de solidaridad,
identificación y participación política.
Aspectos éstos notables tras eventos como las ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas de los normalistas de
Ayotzinapa, o la fuerte represión experimentada hace casi ya seis años,
en el contexto de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto,
el primero de diciembre de 2012.
Otro de los descubrimientos más reveladores de este estudio, y que
también contrasta con la narrativa oficial, es que las personas
entrevistadas no identifican en su percepción una serie de
características específicas en el perfil de las personas que protestan,
tomando en cuenta su vestimenta, su edad, su profesión o su posición
socioeconómica. Con ello podemos también sostener que los estigmas de
quienes protestan de distintas maneras son construidos –insiste el
estudio– por los grandes medios de comunicación.
Otra virtud del estudio es que se basó en la aplicación de encuestas
en línea y entrevistas de profundidad con actores claves, tanto del
gobierno como de la sociedad civil que inciden en la realización de
protestas. Se usaron igualmente metodologías de tipo etnográfico, lo que
permitió recoger in situ percepciones de personas que se manifiestan o conviven de distintas maneras con las protestas en el espacio público.
Impulsados desde la sociedad civil, este tipo de ejercicios se
convierten también en un importante insumo para rectificar la
legislación o las políticas públicas que atentan contra tan preciado
derecho para la sociedad.
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