Mitsubishi, Siemens Gamesa, Iberdrola, Électricité de France, Acciona y Mitsui están instaladas en el Istmo de Tehuantepec
“Es limpia, abundante y
confiable, económica, de bajo impacto y crea empleos”. La Asociación
Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) apunta que, a finales de 2017, la
capacidad de energía obtenida del viento instalada en México sumaba
4.005 megavatios, de los que 2.360 correspondían al estado de Oaxaca.
Las previsiones en 2018 se elevan a 5.891 megavatios en todo el país, y
2.756 en Oaxaca. Asimismo los principales fabricantes de aerogeneradores
en México son las multinacionales Siemens Gamesa, Acciona y Vestas,
según la página Web de la asociación, que cifra en 42 los parques
eólicos operativos en el país.
El
Istmo de Tehuantepec es, por la fuerza de los vientos, los más intensos
de México, una región estratégica para la producción de energía eólica.
En el Istmo se sitúa el complejo Oaxaca II-III-IV, propiedad de
Acciona: tres parques eólicos -con capacidad operativa de 306
megavatios- inaugurados en 2012 por el expresidente Felipe Calderón con
el reclamo de ser “el mayor complejo eólico de América Latina”. En 2016
otro exmandatario, Enrique Peña Nieto, participó en el acto inaugural de
la Central Eólica Sureste I (segunda fase), con una capacidad de 100
megavatios y una inversión de Enel Green Power de 157 millones de
dólares. Se ubica en el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec.
En un comunicado de junio, la Secretaría de Energía (SENER) del
Gobierno de México señalaba un crecimiento de la energía eólica en
Oaxaca del 600% en los últimos seis años. La Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno de Oaxaca contabiliza en su página Web 22 parques
eólicos y 1.633 aerogeneradores operativos, propiedad de Iberdrola,
Acciona, la estatal Électricité de France, la compañía pública italiana
Enel, Renovalia, Mitsui (Japón), Gas Natural Fenosa, Industrias Peñoles
(México) y ZUMA Energía (México), entre otras empresas. Asimismo el
Gobierno de México promueve una línea de transmisión eléctrica de 1.220
kilómetros, que permitirá transportar 3.000 megavatios desde Ixtepec
(Oaxaca) hasta Yautepec (Morelos). Con una inversión prevista de 1.200
millones de dólares, la nueva infraestructura –actualmente en fase de
licitación- hará posible según la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
“desahogar” la energía eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec.
“He sufrido amenazas, agresiones e intentos de asesinato, por
lo que he tenido que salir de la comunidad tres veces; también estuve en
la cárcel y mi esposo ha recibido la visita de sicarios; en 2012 viví
un proceso penal de cuatro años del que me absolvieron”, comenta Lucila
Bettina Cruz Velázquez en el Centre Social Terra de Valencia. La Policía
Federal capturó a la activista en febrero de 2012, cuando participaba
en el movimiento contra el alza de las tarifas impuestas por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y en la lucha por los derechos sobre la
tierra en la comunidad de Unión Hidalgo (Oaxaca), donde la empresa
mexicana DEMEX, filial de la española Renovalia (a su vez comprada en
2016 por el fondo de capital riesgo Cerberus) construyó el parque eólico
“Piedra Larga”; las dos fases del complejo fueron inauguradas en 2012 y
2014, pero las reivindicaciones han continuado: arrendadores de tierras
a DEMEX bloquearon el acceso a los parques eólicos el pasado 23 de
marzo para pedir una revisión de los contratos.
El pasado cuatro
de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó
medidas cautelares de protección a Lucila Bettina Cruz y su núcleo
familiar. Miembro de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de
Zaragoza (Oaxaca), es coordinadora de la Articulación de Pueblos
Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) y portavoz de la Asamblea de los
Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
(APIITDTT). La decisión de la CIDH está relacionada con la lucha
comunitaria contra el proyecto “Eólica del Sur”, un parque de 132
aerogeneradores -con una capacidad total de 396 megavatios- en los
municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal. El Gobierno de Oaxaca
ha anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares en este complejo
eólico promovido por Mitsubishi.
En enero de 2015 el Gobierno
de México otorgó el permiso para que “Eólica del Sur” pudiera generar
energía eléctrica en 5.332 hectáreas de los dos municipios. Unos meses
después, más de mil indígenas zapotecas presentaron una demanda de
amparo ante el Juzgado de Distrito para que se anularan los permisos,
“por violar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa,
libre e informada” según establece el Convenio 169 de la OIT; entonces
los activistas ya denunciaron persecuciones e intimidaciones por parte
de sujetos armados, empleados de una constructora que operaba para la
empresa Energía Eólica del Sur. En diciembre de 2015 el juez decidió la
suspensión del proyecto como medida precautoria; sin embargo, en junio
de 2016 El Juzgado de Distrito negó el amparo a la comunidad. Presentado
el recurso de revisión, el caso volvió a virar a favor de los indígenas
en enero de 2018, ya que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) atrajo
para su resolución el amparo sobre la consulta previa. Mientras, el
Gobierno de Oaxaca, Energía Eólica del Sur y Mitsubishi escenifican ante
los medios informativos la colocación de la “primera piedra” de las
obras (noviembre de 2017), los avances en la construcción y el volumen
de las inversiones.
“La
lucha comenzó hace más de una década; las empresas han llegado
engañando a la gente, se ha producido un despojo de las tierras y formas
de subsistencia”, explica Lucila Bettina Cruz. Électricité de France
(EDF) proyecta el parque eólico de 252 megavatios “Gunna Sicarú” en
Unión Hidalgo. Este parque –el cuarto que EDF desarrolla en Oaxaca-
ocupará un área de cerca de 4.400 hectáreas de tierra arrendada y
turbinas suministradas por Siemens Gamesa, según la página Web de EDF;
en mayo el Juzgado de Distrito suspendió la construcción y puesta en
marcha de la central eólica, tras el amparo interpuesto por las
comunidades zapotecas con el acompañamiento de la ONG Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); el juez suspendió
asimismo la consulta promovida por las autoridades federales y
estatales.
En septiembre de 2017 cerca de 500 personas se
manifestaron en Comunidad Hidalgo contra el complejo eólico; el pasado
siete de junio la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de
Oaxaca emitió una Alerta Temprana, dirigida a las autoridades, por los
riesgos que afronta el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión
Hidalgo. El organismo público argumenta que el Comité acompaña a los
propietarios de tierras en los que se plantea la instalación de “Gunna
Sicarú”, ya que se muestran “inconformes con el proceso por el que la
empresa consiguió el permiso para operar en sus terrenos”.
Lucila Bettina Cruz aclara que las plantas eólicas no son las únicas
amenazas al territorio. Así, comunidades zapotecas del municipio de San
Blas Atempa realizaron en abril de 2017 un bloqueo de carreteras y una
acción de retirada de maquinaria contra la explotación del Cerro Iguú;
denunciaron que la extracción de materiales en este centro ceremonial y
ancestral indígena se desarrolla “sin la autorización de la asamblea
general de comuneros ni la consulta a las comunidades”; además rechazan
la construcción de una subestación eléctrica vinculada al parque eólico
de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), cuyo objetivo es el
autoabastecimiento de la base aérea militar de Ixtepec.
Otra
iniciativa oficial de “desarrollo” en Oaxaca es la Zona Económica
Especial (ZEE) de Salina Cruz, declarada por el expresidente Peña Nieto
en diciembre de 2017 para la atracción de inversiones mediante ventajas
fiscales; uno de los primeros anuncios en relación con la ZEE es el de
Southwest Energy: 460 millones de dólares en una planta para la
producción de parafinas y lubricantes sintéticos. Asimismo está previsto
el gasoducto de 247 kilómetros entre Salina Cruz y Jáltipan (Veracruz).
Y la conclusión de dos “supercarreteras”: los 104 kilómetros finales de
la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, que comunica la capital oaxaqueña
con la costa del Pacífico y de cuya construcción se hace cargo
actualmente el Gobierno Federal; y la autovía Mitla-Tehuantepec, que
conectará Oaxaca con el Istmo y concluirá el grupo Carso presidido por
el multimillonario Carlos Slim.
Pero hay otra realidad menos
luminosa. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha registrado
391 ataques a defensores de los Derechos Humanos en el país durante el
periodo 2010-2017, la mayoría relacionados con la minería, el despojo de
tierras y los proyectos de infraestructuras; entre julio de 2016 y
finales de 2017, la ONG ha contabilizado 88 ataques contra activistas,
principalmente en Estado de México, Oaxaca y Puebla. “El Estado
mexicano, en sus tres niveles, continúa siendo el principal agresor”,
concluye el informe de 2017 del CEMDA. El informe ciudadano “Bajo
ataque. Los derechos humanos en Oaxaca” señala al menos seis asesinatos
en 2017 contra defensores, en algunos casos mientras se hallaban en
cárceles municipales o con protección estatal vía medidas cautelares.
Por otra parte, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras ha
denunciado el “patrón sistemático” de ataques que la organización civil
feminista Consorcio Oaxaca ha sufrido en los últimos siete años, que
incluyen allanamientos, robos y campañas de intimidación.
El 22
de julio fue asesinado por la espalda en la Colonia de Álvaro Obregón
(municipio de Juchitán de Zaragoza) Rolando Crispín López, miembro de la
APIITDTT, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y policía
comunitario; Álvaro Obregón fue una de las comunidades que en 2012
comenzó la resistencia contra el proyecto eólico de 132 aerogeneradores
“Barra Santa Teresa”, impulsado por Mareña Renovables. En abril de 2017
la víctima mortal fue Alberto Toledo Villalobos, asesinado en el
municipio oaxaqueño de San Pedro Tapanatepec; formaba parte del
movimiento contra las altas tarifas eléctricas en la localidad de
Chauites y contra las mineras que planean instalarse en la zona oriental
del Istmo. Unos meses antes Rodrigo Flores Loza, de la articulación
APOYO y la APIITDTT, recibió amenazas y sufrió un asalto con arma de
fuego cuando salía del centro de trabajo. El mapa de la represión y los
ataques podría continuar en el municipio de San Dionisio del Mar, que
también se ha significado en la batalla contra los megaproyectos
eólicos; cinco integrantes de la Asamblea General del Pueblo resultaron
heridos por los disparos de pistoleros, el pasado 29 de marzo, durante
la celebración de las festividades del Judío.
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