Detrás del discurso oficial que explota la solidaridad espontánea y desinteresada que se produce en estos casos, hay una perversa concatenación de autoridades, partidos políticos y sectores económicos para maximizar sus beneficios a costa de la desgracia.
Los primeros visos quedaron en evidencia en febrero pasado con la renuncia colectiva en la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México creada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ahora senador del PRD pero que llegó con las siglas del PAN.
El motivo fue el uso partidista a los recursos aprobados para la reconstrucción. PAN y PRD, que se aliaron en el pasado proceso electoral, se hicieron de parte del presupuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que está a punto de ser remplazada por el Congreso de la Ciudad de México.
Ambos partidos pasaron por encima de las facultades de la Comisión de Reconstrucción, lo que derivó en renuncia de Mauricio Merino, coordinador general de Nostrxs. El propio responsable de la Comisión, Ricardo Becerra, también renunció y la comisión se desfondó. Durante meses no operó, hasta que Mancera designó a otros integrantes.
El conflicto se originó porque los asambleístas Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, Jorge Romero, del PAN, presidentes de la Comisión de Gobierno, Presupuesto y Cuenta Pública, y secretario de la Comisión de Gobierno, respectivamente, decidieron sobre el uso de parte del dinero.
El proceso electoral estaba en curso. Hasta ahora no se ha podido establecer que el dinero de la reconstrucción se haya utilizado para la alianza PAN-PRD. Pero en una reciente evaluación, Nosotrxs indicó que la Ciudad de México sólo ha comprobado el 4.7% de los seis mil 17 millones de pesos autorizados en el presupuesto de este año para la reconstrucción.
Mancera y la Asamblea Legislativa decidieron, además, garantizar el mercado para las inmobiliarias, al autorizar que los espacios afectados se reconstruyan con un 35% adicional a su construcción original.
Los metros adicionales son para venta por parte de las inmobiliarias y el costo de la construcción corre a cargo de los afectados, quienes quedan atados a cinco, diez o 15 años de crédito.
Una duda generalizada es lo que pasó con las donaciones nacionales e internacionales. En su edición de este jueves, el periódico El Universal reveló que de los tres mil 904 millones de pesos que recibieron 667 entidades que se integraron como donatarias, apenas una tercera parte ha sido comprobada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hay dos mil 767 millones de pesos que no se sabe qué ha pasado con ellos. Las principales donatarias fueron la Fundación Carlos Slim, la Cruz Roja Mexicana, Fundación BBVA Bancomer, Fomento Social Banamex y el Fideicomiso Fuerza México.
De acuerdo con esa información, fuera de la Fundación del magnate mexicano, ninguna de las donatarias ni siquiera ha transparentado los intereses obtenidos por las donaciones.
Lo que pasa en el ámbito de los seguros también es de escándalo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer el miércoles una evaluación cuyos resultados son devastadores para quienes adquieren un crédito hipotecario.
La Condusef analizó 20 expedientes reales de 11 bancos que después del sismo dieron un crédito hipotecario asociado a seguro de daño con nueve aseguradoras: Seguros inbursa, Zúrich, AXA, Seguros Ve por Más, Zúrich Santander, Seguros Bancomer, Seguros Banamex, Assurant Daños y Seguros Banorte.
De acuerdo con las condiciones de las pólizas, en caso de un terremoto y se perdieran esas 20 viviendas, la aseguradora pagaría el seguro descontando el deducible y el coaseguro. Pero los usuarios, en conjunto, quedarían a deber casi el 40% del saldo insoluto; es decir, deberían 18 millones de pesos y perderían 32 millones. Además, desde luego, se quedarían sin propiedad.
Así la política y los negocios en torno a la reconstrucción en la Ciudad de México.