Todo indica que con el “entendimiento comercial” entre México y Estados Unidos quienes más beneficios tendrán son la economía y los trabajadores de ese último país, cuyo presidente también saldrá ganando, sobre todo en lo político-electoral. Consultados por Proceso, documentos liberados por la Representación Comercial Especial de la Casa Blanca, los cuales incluyen detalles de los capítulos comerciales más importantes negociados por ambas naciones, confirman dichos beneficios.
WASHINGTON (Proceso).- El “entendimiento comercial” alcanzado por Estados Unidos y México expone un acuerdo a modo para los intereses político-electorales de Donald Trump enfocados a remplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con beneficios proteccionistas para su país. 
En 2016, cuando anunció su candidatura a la presidencia, Trump prometió al electorado eliminar el TLCAN y remplazarlo con acuerdos bilaterales. El propósito era, dijo, acabar con los déficit comerciales de Estados Unidos con Canadá y México.
Hoy, el Acuerdo de Comercio Estados Unidos-México, como lo define Trump –eliminando la palabra “libre”– es el primer paso para anular al TLCAN, aunque toca al Capitolio revisar lo concretado con los mexicanos. Los legisladores tienen 90 días para hacerlo a partir del 31 de agosto.
Aun cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, consideran que ese entendimiento comercial acaba con la “incertidumbre”, en realidad beneficia mucho menos a la economía y a los trabajadores de México.
El mismo 27 de agosto, 90 minutos después de que Trump anunciara la conclusión de las negociaciones bilaterales con México, funcionarios de la Casa Blanca dejaron en claro en una teleconferencia de prensa que el entendimiento comercial se centró en la protección de los trabajadores estadunidenses y sus salarios, así como en hacer menos posible que del país muden sus plantas de manufacturación y ensamblaje a México.
“Es un compromiso de ganancia para nuestros trabajadores, sus derechos laborales y salarios frente a la amenaza de países que ofrecen mano de obra barata”, declaró uno de los citados funcionarios.
Los documentos liberados por la Representación Comercial Especial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés), y que incluyen algunos de los detalles de los capítulos comerciales más importantes negociados con el gobierno mexicano, reafirman lo dicho por los funcionarios del gobierno de Trump en la teleconferencia.
En cuanto al sector automotriz, por ejemplo, inciso álgido durante los más de 12 meses de negociaciones, la USTR establece lo siguiente: “Este acuerdo impulsa la manufactura estadunidense y el crecimiento regional, al requerir que 75% del contenido de un auto sea hecho en Estados Unidos y México”. 
Y más: “Las reglas incentivarán miles de millones de dólares anuales en la producción adicional de vehículos y autopartes; ayudarán a preservar y relanzar la producción de vehículos y partes en Estados Unidos; transformarán las cadenas de suministro para utilizar más contenido de Estados Unidos, especialmente contenido que es clave para la futura producción de automóviles y empleos bien remunerados”.
Hace un año, cuando Estados Unidos, Canadá y México iniciaron las negociaciones para “modernizar” el TLCAN, Robert Lighthizer, titular de la USTR, propuso como meta y condición que las reglas de origen automotriz estuvieran definidas en 50% por contenido estadunidense. 
Los compromisos 
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía del gobierno de Peña Nieto, logró reducir la exigencia de Trump en los contenidos automotrices, pero a un alto costo y sujeto a la imposición de un arancel de hasta 25% si la producción mexicana rebasa la cuota que le impone la USTR.
Dos puntos en materia automotriz catalogados como “logros clave” por el gobierno de Trump quedan establecidos así: primero, “este acuerdo utiliza las reglas comerciales para impulsar salarios más altos, al exigir que 40-45% del contenido de un auto sea hecho por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora; segundo, este acuerdo supera al TLCAN 1.0 y al Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) al establecer procedimientos que modernizan la certificación y verificación de las reglas de origen y promueven su sólida aplicación. Esto incluye nuevas provisiones de cooperación y ejecución que ayuden a prevenir la evasión de obligaciones, antes de que suceda”.
La explicación técnica y sencilla al segundo aspecto de documentos del USTR implica que si México exporta a Estados Unidos más de 2.4 millones de autos deportivos o todo terreno será sujeto a la imposición de la tarifa arancelaria de 25% por Estados Unidos, y por igual si las exportaciones automotrices mexicanas superan los 90 mil millones de dólares.
El año pasado las importaciones de este sector en Estados Unidos procedentes de México alcanzaron 55 mil millones de dólares y 1.8 millones de unidades vehiculares deportivas y todo terreno.
“México ha hecho concesiones significativas que son realmente muy buenas para los trabajadores canadienses”, dijo el 29 de agosto Chrystia Freeland, la ministra de Asuntos Internacionales de Canadá, al llegar a la sede del USTR para renegociar el TLCAN.
Bajo la sección 232 del acuerdo todavía tripartita, Estados Unidos doblegó a México para aceptar el castigo con un arancel de 25% si rebasa la cuota que le impuso a las exportaciones automotrices.
El compromiso finiquitado por Lighthizer y Guajardo suscribe que si no se pagan los 16 dólares a los trabajadores mexicanos que produjeron el 40-45% de las partes de un automóvil de exportación, la unidad será sujeta a un arancel aduanero de solamente 2.5%. Así, el castigo tributario transfronterizo le sale más barato a la empresa automotriz que aumentar el salario a los trabajadores.
Cuestionado al respecto, Jesús Seade –el jefe negociador de asuntos comerciales del equipo de transición de López Obrador que fue observador en las negociaciones con Estados Unidos durante seis semanas– responde a Proceso vía telefónica:
“La condición de la regla de origen ahí es que 40% corresponde al trabajador que recibirá 16 dólares la hora, de los cuales 5/8 –25% de 40%– tienen que ser manufacturas. Ese es 25%, pero tenemos un 15% con otras áreas como investigación y desarrollo. Entonces, si las empresas extranjeras quieren seguir produciendo en México tendrán que aumentar su producción, así como en investigación y desarrollo a cargo de ingenieros para poder cumplir con 15% de los 16 dólares.”
–Aun así, las empresas automotrices en México van a querer pagar el arancel de 2.5% antes que subir el sueldo.
–Los 16 dólares es un sueldo de ingeniero bastante normal. Hice mi cálculo y no sé si lo hice mal: lo hice mentalmente, pero 16 dólares multiplicado por 40 (horas laborales) a la semana es 640 por semana. Si lo multiplicas por 52, es 30 mil dólares. Eso es lo que ganan los ingenieros –por lo menos los más picudos– en las fábricas internacionales en México.
–¿Y el obrero, se sigue quedando atrás? 
–El obrero sigue quedándose atrás. Lo dijo muy bien.
En el acuerdo de entendimiento comercial concretado con Trump, el gobierno de Peña Nieto no logró que la USTR cancelara el arancel de 25% a las exportaciones mexicanas de acero, de 10% a las de aluminio, lo cual incrementará el costo de los automóviles fabricados en México y vendidos en Estados Unidos.  
“Eso es parte del acuerdo alcanzado, no se eliminó”, aceptó Guajardo en la conferencia de prensa ofrecida la semana pasada en la embajada de México en Washington, aunque le restó importancia el caso.
Los energéticos   
Personajes cercanos a López Obrador comentan al corresponsal que si entra en vigor lo definido con el gobierno de Trump, ya sea en el ámbito bilateral o trilateral (incluyendo a Canadá) y Washington no anula los aranceles al acero y al aluminio, el próximo gobierno de México adoptaría “medidas compensatorias en las importaciones de madera o plástico”.
Los documentos difundidos por la USTR en torno al entendimiento comercial con México extrañamente excluyen el capítulo de los energéticos, aspecto que, como se filtró a los medios de comunicación mexicanos y estadunidenses, atoró las conversaciones y fue el último punto en resolverse.
La solución no fue definida por Guajardo ni por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el gobierno estadunidense, sino directamente por Lighthizer y Seade.
El representante de López Obrador tuvo desacuerdos con el jefe del USTR, pero al final logró revertir la concesión en materia energética de Peña Nieto al gobierno y empresas petroleras de Estados Unidos.
Bajo las reglas definidas por el TLCAN 1 (como ahora llaman al acuerdo trilateral original), en materia energética, el documento reconoce para el caso de México que recursos como el petróleo o el gas natural son propiedad del Estado. Destaca también que, al igual que la reforma energética aprobada en el gobierno de Peña Nieto, el Estado mexicano está facultado para dar contratos sin ninguna obligación.
En los documentos del USTR sobre el nuevo compromiso comercial logrado con México en materia energética –revisados por Proceso gracias a los colegas de un periódico estadunidense que los obtuvo– resaltan cambios en derechos jurídicos en detrimento de las empresas trasnacionales.
Hasta el pasado 21 de agosto, Guajardo y Videgaray ya habían concedido que las empresas extranjeras con inversiones en el sector energético pudiesen demandar al Estado mexicano por diferentes factores, pero entre éstos uno primordial: la rescisión de contrato.
Con el gobierno de Peña Nieto, el de Trump había acordado ampliar una gama de posibilidades para facilitar y generar disputas entre empresas y Estado. Con la nueva modalidad, y en la cual también está de acuerdo el primer ministro canadiense Justin Trudeau, ahora hay un inciso que no estaba en el TLCAN vigente ni en el TPP.
Bajo el título “Violación de contratos”, según los documentos consultados por el corresponsal, López Obrador doblegó a Trump al reescribir los elementos de dispu­tas energéticas con elementos arbitrales que cubrirán únicamente derechos fundamentales contra la expropiación, discriminación de nacionales y terceros, entre otros.
“Si una empresa no cumple por cualquier motivo o circunstancia lo acordado, el Estado tiene el derecho jurídico e inapelable de anular el contrato”, indica el punto del entendimiento comercial finiquitado entre Lighthizer y Seade en un ambiente ríspido.
En la conversación telefónica con Proceso, Seade se niega a hablar del aspecto energético del entendimiento comercial con el gobierno de Trump. Guarda silencio cuando se le pregunta si negoció directamente con Lighthizer el arreglo jurídico.
“El paquete en su totalidad, creo, es un poco mejor que lo anterior. El entendimiento comercial salió mejor que una medida de control de daño. Fue Estados Unidos el que pidió renegociar el TLCAN y no México. Creo que el resultado fue mucho mejor de lo que se esperaba”, subraya Seade al hacer un balance de la conclusión de las renegociaciones. 
Este reportaje se publicó el 2 de septiembre de 2018 en la edición 2183 de la revista Proceso.