Raúl Romero*
Joel está en el suelo. Se ve muy lastimado. Naomi, su compañera, intenta protegerlo con su cuerpo del puñetazo que otro sujeto dirige contra ellos. El golpeador lleva un suéter color azul y oro y pertenece al grupo de choque que el pasado 3 de septiembre atacó una manifestación de estudiantes, profesores y padres de familia en la explanada de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El momento quedó retratado en una fotografía que circuló ampliamente en redes sociales.
Entre las múltiples heridas que le infringieron a Joel, la más grave le fue hecha con un cuchillo en el abdomen. Naomi también fue llevada al hospital por los golpes que recibió.
La manifestación en la que participaban Joel y Naomi fue convocada por estudiantes y profesores del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, para demandar solución a su pliego petitorio: asignación de profesores y horarios, transparencia en la designación del nuevo cuerpo directivo, restauración del acervo mural y permisos para hacer nuevos murales, transparencia del ejercicio del presupuesto asignado, solución a denuncias de acoso, inseguridad, entre otras.
El ataque a la manifestación generó la indignación y enojo de la comunidad universitaria y de amplios sectores de la sociedad. En tan sólo 24 horas se realizaron más de 30 asambleas en los centros educativos de la UNAM y también en otras universidades. La mayoría acordó realizar paros de labores de 48 y 72 horas y sumarse a la marcha del 5 de septiembre en Ciudad Universitaria.
En las asambleas participan hombres y mujeres muy jóvenes. Muchos rondan entre los 17 y los 22 años. Las organizaciones estudiantiles y de profesores también están ahí, aunque reconocen verse sorprendidas y rebasadas por la masiva participación. Este movimiento está compuesto principalmente por una generación que, en su gran mayoría, tiene como única experiencia de organización las brigadas de solidaridad ante los sismos de septiembre de 2017.
Durante la multitudinaria marcha del 5 de septiembre, las consignas por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron constantes. Quienes estudian hoy en los bachilleratos y licenciaturas de la UNAM, han pasado la mitad o más de la mitad de sus vidas en guerra. Esta generación creció con los diarios y redes sociales llenas de notas de desapariciones forzadas, de asesinatos masivos, de ejecuciones extrajudiciales, de feminicidios. Los gritos de “fuera porros de la UNAM” y de UNAM sin violencia son parte del grito de una generación que se niega a normalizar la violencia.
El esclarecimiento de los hechos y el castigo de los autores intelectuales y materiales va tomando centralidad en las exigencias. Quienes viven cotidianamente la violencia de estos grupos, conocidos popularmente como porros, saben que detrás de los agresores hay una red que los protege y les garantiza impunidad. Además, la memoria colectiva nos enseña que esos grupos sirven a los grupos en el poder para reprimir y amedrentar las resistencias, o para inhibir la organización. Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 dejaron estas y otras lecciones.
¿Quiénes planearon el ataque y con qué fines? ¿Quién financia y protege a dichos grupos?
Esas son algunas de las preguntas que deben responderse pronto. La comunidad universitaria está demandando conocer la verdad. También pide justicia y que este tipo de hechos no se repitan.
Las denuncias de violencias de género contra profesores y autoridades van tomando también un lugar central en las asambleas. La actual coyuntura está poniendo en primer plano otras violencias dentro y fuera de la universidad.
Otra preocupación que se ha manifestado en diferentes espacios es el que tiene que ver con la situación laboral de la planta docente, sobre todo de los profesores de asignatura.
Igualmente, la democratización de la universidad es tema recurrente entre quienes discuten el futuro del movimiento en las escuelas.
Pero, observar el actual conflicto en la universidad sin detenernos a analizar el contexto nacional podría llevarnos a perder el horizonte. La guerra contra la educación pública que se agudizó en el sexenio anterior es unos de los elementos a contemplar. La propuesta de cobrar cuotas en universidades públicas, recuperada hace unas semanas por empresarios de la Coparmex, no debe pasar desapercibida. Como tampoco debe ignorarse el hecho de que 10 universidades públicas del país actualmente se encuentren en quiebra. La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, debe estar presente en esta y futuras movilizaciones.
De la misma forma, la defensa de la autonomía universitaria debe ser decisiva ante quienes piensan que con policía se resolverá el problema de la violencia.
El primer gran reto del movimiento estudiantil es dotarse de contenido y demandas concretas. Ya han comenzado a bosquejarse algunas de ellas. Para tener más claridad bien podrían comenzar por buscar las respuestas a una vieja pregunta: ¿Qué universidad queremos para qué país?
* Sociólogo
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