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12/25/2021

Faltan protocolos e investigaciones adecuadas para comprender y erradicar violencia contra niñas en AL: Cladem


Imgaen retomada CLADEM


Ciudad de México.- En América Latina y el Caribe, las autoridades no comprenden la gravedad ni investigan profundamente los asesinatos, la violencia sexual ni las desapariciones de las niñas, por el contrario, hacen prevalecer la impunidad, no desarrollan estrategias efectivas para evitar estos delitos y cierran prematuramente las carpetas de investigación, reveló un nuevo informe del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujer (Cladem).

En su informe “Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre al violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en America Latina y el Caribe”, realizado del 2010 al 2019 en 12 países de la región (incluido México), las y los investigadores del Cladem explicaron que la violencia contra las niñas es producto de un contexto de discriminación histórica hacia las mujeres basada en el sexismo y el adultocentrismo, lo cual se visibiliza en la baja escolaridad de las mujeres, las barreras de acceso a servicios de salud, de acceso a la justicia, y de protección integral. Todas estas dificultades pueden agravarse aún más en escenarios de conflicto armado, social o con fuerte presencia del crimen organizado, puntualizaron.

Por tales razones, se detalló en la investigación, la violencia feminicida hacia menores de edad es producto de la acumulación de otras violencias contra las mujeres, como la desaparición, el suicidio, la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo y la muerte materna. Entre estas agresiones, se precisó, un elemento en común es la impunidad en las investigaciones.

El informe de Cladem, cuyo fin es contribuir a abrir líneas de análisis que logren explicar y comprender las causas específicas de las muertes de niñas, señaló que los cuerpos de las menores de edad son concebidos “para otros, se pueden violar o vender” sin ningún castigo, por lo que para ellas no hay lugares seguros donde puedan refugiarse, sobre todo cuando los golpes, gritos o la violencia sexual comienza en sus hogares. En estos casos, la violencia es empleada como una forma de control, castigo o represión, y es la antesala de los casos de feminicidio en menores de edad.

Pese a lo anterior, reveló la investigación, es difícil demostrar la correlación de la violencia sexual y los casos de feminicidio en menores de edad, debido a la falta de protocolos de investigación adecuados en las instituciones de justicia, a que las investigaciones judiciales no incorporan la perspectiva de género, a que los delitos de feminicidio se tipifican como homicidios, y a que las autoridades no registran las agresiones previas padecidas por las víctimas.

En los 12 países analizados, mencionó el documento, los testimonios de las víctimas demuestran que la violencia sexual hacia niñas es el tipo de agresión con mayor impacto en sus vidas, ya que las puede llevar hasta el suicido. Cerca de 120 millones de niñas a nivel global han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años, los agresores suelen ser hombres que les doblan o triplican la edad y en su mayoría son familiares de ellas, señaló el informe.

Ejemplo de ello es el caso, contenido en la investigación, de una niña hondureña de 8 años de edad, quien fue agredida sexualmente por su hermano y después recibió insinuaciones de índole sexual por parte de sus tíos, lo que la llevó a tener ideas suicidas. “Entre los 13 y 17 años se empiezan a incrementar los índices de suicidios de las niñas y adolescentes, también los casos de desapariciones; entonces, para mí eso no es casual porque tiene que ver con el periodo de mayor riesgo a la violencia sexual”, enfatizó la investigación.

Las menores de edad, víctimas de violencia sexual, destacó Cladem, en muchos casos son estigmatizadas, marginadas y excluidas, esto sucede tanto en contextos rurales como urbanos, y en los distintos sectores económicos. Aisladas de sus redes de apoyo, víctimas de múltiples violencia y en ocasiones cursando embarazos producto de agresiones sexuales, las niñas llegan a pasar en un tiempo breve de la idea del suicido a su consumación.

La situación es tan alarmante, enfatizó la investigación, que en El Salvador se tipificó el “suicido feminicida por inducción o ayuda” en 2015 mediante la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”. Dicha ley, explicó, castiga a “quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo” con penas que van de los 5 a 7 años de prisión; a pesar de ello, sólo 2 hombres, de 11 acusados, fueron juzgados por suicidio feminicida y uno fue absuelto del delito entre 2018 y 2019.

La investigación reveló que además, 58 por ciento de los casos de muerte materna en adolescentes fue producto de un suicidio durante el periodo prenatal debido a que no se les permitió interrumpir su embarazo no deseado, ni se les brindó ayuda psicológica. Por ejemplo, en Nicaragua 15 niñas menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual se les obligó a convertirse en madres, en vez de cumplir su deseo de abortar o de dar en adopción al bebé.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de los 12 países analizados no tiene un registro adecuado de muertes maternas relacionadas con la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo, lo que demuestra que el derecho a decidir sobre el cuerpo no es reconocido para las mujeres. En suma, existen países que prohiben totalmente el aborto y, en los que está despenalizada esta práctica, hay un alto porcentaje del personal médico que se declara objetor de conciencia, a pesar de las recomendaciones y sentencias internacionales en la materia.

En el caso de las desapariciones, resaltó el documento, un factor en común es que las investigaciones judiciales son cerradas de manera anticipada. Esta problemática sucede en su mayoría en Argentina, Uruguay y México. En este último país, las mujeres de entre 12 y 22 años son más víctimas de desapariciones, sin embargo las autoridades no abren las carpetas de averiguación, no determinan los patrones del hechos, sus causas, consecuencia, ni se interesan en capacitarse para entender este fenómeno, señaló el informe.

Actualmente en México hay 95 mil 98 personas desaparecidas, de las cuales 23 mil 655 son mujeres y 71 mil 433 son hombres, de acuerdo con los datos recabados. La mayoría de estos casos ocurrieron en el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México, y Puebla; un alto número de las víctimas tenía entre 5 y 24 años de edad, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Para atacar estas problemáticas de raíz, recomendó la investigación, es indispensable hacer cambios de prácticas culturales, en particular aquellas que violentan los derechos de las niñas, como los matrimonios forzados; fortalecer las instituciones de justicia y de prevención de la violencia de género; desarrollar protocolos de búsqueda; en México es necesario generar protocolos de acceso a la salud integral; brindar servicios territoriales y políticas de salud sexual y reproductiva.

Además de ello, se expresó en la investigación, es importante que los gobierno de los 12 países generen planes nacionales para abordar de manera amplia los casos de feminicidio, y exista un monitoreo, registro y acompañamiento de los casos de violencia feminicida, ya que ésta se ha consolidado como el resultado de la combinación de distintas violencia previas y todas las agresiones deben considerarse como una reproducción constante de los prejuicios machistas y del sexismo, que ponen en riesgo de muerte a las mujeres y niñas.

21/AEG/AJSE

1/28/2019

Aprueban en Comisiones iniciativa para desaparecer IJM


La siguiente semana el pleno decidirá futuro del Instituto   


El día de hoy en Sesión Conjunta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género y la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco, se votó a favor de la iniciativa que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), por lo que la propuesta pasará al pleno para su discusión la próxima semana.
Las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) Mirza Flores López, Ana Lidia Sandoval García y Miriam Berenice Rivera Rodríguez, votaron a favor de la propuesta enviada por el ejecutivo  del estado. Mientras que Norma Valenzuela Álvarez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Sofía Berenice García Mosqueda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunciaron en contra.
En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) en Jalisco, Guadalupe Ramos Ponce, dijo que será entre lunes y miércoles de la próxima semana cuando se decida el futuro del IJM.
Tras conocer la iniciativa enviada al congreso de Jalisco esta semana, diversas organizaciones civiles pronunciaron en contra, a ellas se unió la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, y la diputada Martha Tagle, quienes exigieron a Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, “fortalecer el IJM antes de desaparecerlo”.
Hicieron un llamado al congreso de Jalisco para que se pronuncie en contra de la propuesta y que responda a las exigencias históricas de igualdad, no discriminación y acceso a una vida libre de violencia y destacaron que el IJM obedece a las demandas internacionales relativas a la creación de mecanismos específicos para el adelanto de las mujeres, cuya tarea fundamental es la defensa y promoción de sus Derechos Humanos.
A la petición de dar marcha atrás a la propuesta se unió la diputada Martha Tagle Martínez, quien afirmó que: “la eliminación o desmantelamiento de instituciones no es el medio para pretender lograr mayores y mejores resultados. Estamos a favor de la austeridad, pero no a costa de recortar derechos. Optamos por el fortalecimiento de las instituciones, de la especialización, de transparencia y rendición de cuentas”.
La diputada solicitó al Congreso del estado que se realice un ejercicio democrático que garantice y vigile los derechos de las niñas y mujeres jaliscienses, ya que “la iniciativa significa una regresión y violenta los Derechos Humanos de las mujeres.
Por su parte, el “Frente Feminista Nacional” integrado por activistas, académicas, sindicalistas, trabajadoras, estudiantes y periodistas de 28 entidades del país, también insistió en que la desaparición del IJM sería un atentado contra los derechos humanos de las jaliscienses.
El Frente expresó  que cualquier cambio que se pretenda hacer en las políticas públicas para la promoción, defensa y avance de los derechos de las mujeres en Jalisco, debe apuntar a su mejora y a hacer realidad la transversalidad de la perspectiva de igualdad de género en todas las acciones e instituciones.
Finalmente, las organizaciones destacan que la creación de una Secretaría de Igualdad Sustantiva no puede sustituir a un Instituto Autónomo, cuyo eje rector de trabajo son los derechos de las mujeres.
Imagen retomada del Twitter del IJM
Por: Berenice Chavarría Tenorio
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

3/15/2017

Respalda CLADEM a diputadas por defender a víctimas de violencia sexual

 NOM 046, ILE


 El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) reafirmó su respaldo a la alianza de diputadas y algunos diputados que exigieron respeto al proceso legislativo violentado el 9 de marzo, cuando se eliminó de la orden del día dictámenes sobre la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad salarial y a la reparación del daño como víctima del delito de violación.

En este sentido, la propuesta de incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un párrafo que establezca la creación “de programas de capacitación y evaluación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garantice la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia”, es una forma de reconocer la legalidad del aborto por violación en México señala.

Es, al mismo tiempo, una medida para fortalecer el marco legal existente que incida en el cumplimiento de los protocolos necesarios para la atención de las mujeres que han sido víctimas de violación y sus justas demandas de ejercer su autonomía, libre determinación y reparación del daño como víctima de un delito.

En un comunicado, CLADEM, con presencia en 10 estados de la República y con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la OEA y la UNESCO, recuerda que el aborto por violación está reconocido en al menos tres distintos instrumentos legales y de política pública vigentes: En Códigos Penales, tanto federal, como en los de las 32 entidades federativas; en la Ley General de Víctimas y, en la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención.

Explica que Ley General de Victimas reconoce expresamente los derechos de las víctimas de violación sexual y señala que los servicios de emergencia médica, incluyen los Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

Mientras que la NOM 046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención es el instrumento normativo que establece los protocolos a seguir para la atención de la violencia sexual, desde una perspectiva de género, en el marco de los derechos humanos y garantizando la protección de la salud integral.

Sin embargo, aun cuando el marco jurídico mexicano ha reconocido estos derechos para las víctimas, la realidad que impera es de inaplicación del mismo, señala CLADEM, lo que se traduce en ineficacia, revictimización, y vulneración de derechos. Por eso, “todos los esfuerzos que se realicen para volver realidad los derechos ya conquistados, es no solo loable, sino necesario”.

CONTRA LA MITAD DE LA POBLACIÓN

Acusó que, en contraste, los partidos conservadores no acompañan las reivindicaciones de más de la mitad de la población y obstaculizan avances legislativos en materia de igualdad y no discriminación, oponiéndose activamente a asumir el Artículo primero constitucional, que establece: proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos, en este caso, los de las mujeres.

Ante esto, señala CLADEM, “apoyamos la inclusión que se propone en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual y demandamos el cumplimiento de las leyes a favor de las mujeres, la eficaz ejecución de las normas oficiales especializadas en el tema y el respeto de los procesos legislativos”.

Imagen retomada de Cladem
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
  

11/26/2016

México: CLADEM exige Alerta de Violencia de Género en todo el país


Por CLADEM

México atraviesa por una profundización en la crisis de derechos humanos donde la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas, en sus distintas manifestaciones, es una constante vergonzosamente arraigada, solapada, naturalizada e ignorada.

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En casi cuatro décadas las mujeres de América Latina y el Caribe hemos logrado avances significativos en la construcción de ciudadanía, sin embargo, vivimos un recrudecimiento de las violencias que impactan en la profundización de las brechas de desigualdad en la región.

Enfrentamos una alianza entre los gobiernos de todos los órdenes con las fuerzas más oscurantistas de la ultra derecha que buscan el retroceso en el ejercicio de derechos de las mujeres, jóvenes y niñas, que pretenden institucionalizar su ideología conservadora respecto de la mujer, la familia y la sociedad.
Al mismo tiempo que la defensa de los derechos humanos y particularmente la integridad de quienes los defendemos, somos objeto de ataques y amenazas que buscan silenciar nuestras voces para mantener los privilegios de poderes fácticos, legales e ilegales, asociados con corrupción y una débil procuración y administración de la justicia que ignora o se resiste aplicar el marco de internacional de los derechos humanos y los protocolos creados para juzgar con perspectiva de género, de diversidad, de inclusión  y de interculturalidad.
Aunado a ello no existen políticas públicas, planes y acciones intersecciones dirigidos al empoderamiento económico y político de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas y afrodescendientes mexicanas, que promuevan el fortalecimiento de economías sostenibles propias y autogestivas garantizando un modelo de desarrollo basado en el cumplimiento de la agenda 2030 y que contribuya a generar mejores condiciones para enfrentar y salir de la violencia.
México atraviesa por una profundización en la crisis de derechos humanos donde la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas, en sus distintas manifestaciones, es una constante vergonzosamente arraigada, solapada, naturalizada e ignorada; vivimos un incremento en el número de feminicidios, crímenes de odio, trata, desapariciones forzadas de mujeres de todas las edades y clases sociales, violencia institucional, acoso callejero, estigma y discriminación en los medios de comunicación, segregación y hostigamiento laboral que nos lleva a exigir  la declaración de la Alerta de Género en todo el país, porque la violencia feminicida se extiende en todos los rincones del territorio nacional, no distingue clases sociales, pertenencia étnica ni edad y se manifiesta por igual en la calle y en los hogares.
Ante este escenario exigimos, denunciamos, alzamos la voz para decir:
¡Ni Una Menos!
¡La alerta ciudadana en Jalisco ya!
¡La alerta de género en todo el país!
Comité de América Latina y el caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, México

9/08/2014

Recurso de inconstitucionalidad contra reglamento de Ley 779

Activistas y diputadas rechazan cambios en combate a violencia



El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 42-2014, que reglamenta la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer (conocida como Ley 779), por considerar una serie de faltas a la Carta Magna del país centroamericano.


El recurso detalla la lucha de las mujeres para conseguir una serie de derechos y cómo han cambiado en los últimos años, explicó Virginia Meneses, representante de Cladem-Nicaragua.

Agregó que “esta aberración jurídica” con la que se pretende reglamentar la Ley 779 significaría un “gran retroceso” en el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

El recurso de inconstitucionalidad establece que el reglamento de la Ley 779 violenta dos principios de la Constitución nicaragüense: uno es el de supremacía de la ley, porque ningún decreto puede oponerse a la Carta Magna, y el segundo tiene que ver con la falta de competencia del presidente de la República, Daniel Ortega, pues él no puede reformar una ley a su criterio, detalló Meneses.

En tanto, el líder de la fracción sandinista en el Congreso nicaragüense, Edwin Castro, dijo que en su momento se revisará la Ley 779 para perfeccionarla, y abogó por darle a la norma un  carácter preventivo para organizar a la sociedad en la lucha contra la violencia de género.

Castro defendió el Decreto 42-2014 porque –consideró– de lo que trata es de darle un sentido más preventivo a la ley y en esa línea es que se habla de las Consejerías Familiares, en la cual se establece la participación de diferentes sectores de forma voluntaria.

Activistas han advertido que tales Consejerías Familiares en los barrios serían las primeras instancias a las cuales tendrían que acudir las mujeres víctimas de violencia, y se encontrarían con “gente que no está preparada” en el tema.

En contraste, otra diputada sandinista, Martha Marina González, de la Comisión de la Mujer, dijo que no sería práctico reformar la Ley 779 porque se estaría invisibilizando el problema de la violencia contra las mujeres.

Es una ley preventiva y punitiva; no tendrían porque reformarla, fue ampliamente consultada “y no quisiera que se estuviera irrespetando la opinión del pueblo, definitivamente que no la toquen, demasiado ya se ha manoseado”, advirtió la legisladora oficialista.

Sería lamentable otra reforma a la Ley 779, ya que al introducirse la figura de la mediación (conciliación) sufre el primer revés y ahora una nueva reforma sería un retroceso, reiteró Mauro Ampie, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La violencia contra las mujeres en Nicaragua no da tregua: hasta el pasado 31 de agosto, el Observatorio de la Red de Mujeres Contra la Violencia registró 57 casos de feminicidio, mientras que ya se sumaron otros dos en estos cinco días de septiembre, según el monitoreo de medios de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.


Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua.- 



5/18/2013

Las feministas exigen a los gobiernos del mundo un reparto equilibrado de bienes y poder



México: Última sesión del Seminario Internacional de CLADEM

Manifiestan que las mujeres siguen discriminadas, en crisis alimentaria y de salud y denuncian nuevas formas de violencia y la criminalización a las defensoras de los derechos humanos




México D.F., 11 may. 13. AmecoPress.- Feministas de América Latina, Asia y África pronunciaron, el pasado viernes en la ciudad de México, un llamamiento enérgico a los gobiernos de esos tres continentes para establecer un sistema democrático, de justicia económica, cuidadoso de la naturaleza y con un reparto equilibrado de bienes y poder, con el fin de que las mujeres del mundo puedan acceder a sus derechos y ser libres.

Tras cuatro días de trabajos en el seminario internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres”, participantes en redes feministas, académicas y defensoras de derechos humanos concluyeron que las mujeres siguen discriminadas, en crisis alimentaria y de salud; que sufren nuevas formas de violencia y un proceso preocupante de criminalización a las defensoras de los derechos humanos.

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Convocadas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), las deliberaciones en que relatos, discursos y explicaciones puntuales de lo que sucede día a día en los espacios donde trabajan, hicieron evidente que los Estados no cumplen sus compromisos firmados para respetar y promover los derechos humanos de la mitad de la población.
En el último día de sesión, la declaración fue leída colectivamente y sancionada por todas las participantes.
En las deliberaciones estuvieron mujeres de cuatro generaciones que por todos los medios, durante 25 años han lidiado por hacer respetar los derechos que están en las constituciones, en los acuerdos internacionales, en las declaraciones de jefes de Estado, en demandas y agendas internacionales sin que hasta ahora se haya eliminado ni la discriminación, ni el homicidio contra mujeres, ni cumplido derechos elementales como la libertad de expresión, de tránsito y de decisión sobre sus cuerpos.
Venidas de países centroamericanos de corte democrático/conservador; de países con democracias autoritarias, de historias de conflictos armados, consideraron que en algunos lugares del mundo las mujeres no tienen ni derecho a la educación ni a los mínimos de salario y alimentos.
Ante ello, las integrantes de la red continental y mundial de CLADEM denunciaron: “vivimos injusticias estructurales producto del sistema” y agregaron que existe una crisis energética-ambiental, alimentara, económica y política que las afecta.
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Denunciaron que crece la intromisión de grupos religiosos fundamentalistas en asuntos de los Estados, que consolida y profundiza nuevas formas de explotación, control social, violencias, subordinación y criminalización de las defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales.
En la declaración final del seminario, afirman que ningún gobierno ha garantizado la libertad y el bienestar de la ciudadanía; que las brechas de discriminación por orientación sexual, identidad de género, clase social, raza, nacionalidad, etnia, procedencia geográfica, edad y/o creencia religiosa siguen pendientes de zanjar para millones de mujeres, lo que hace impostergable la exigencia de que los Estados cumplan el compromiso de los derechos humanos signado hace 65 años.
También exigieron el respeto al patrimonio y los bienes naturales, la generación de riqueza efectiva, con planes de productividad y no con dádivas; su redistribución equitativa, que garantice el control, manejo y acceso de las mujeres sobre recursos productivos como requisito para la sostenibilidad, el buen vivir y la ciudadanía plena de las mujeres del mundo.
Se pronunciaron por la transformación de los modelos educativos hacia una educación centrada en derechos humanos, no sexista, antidiscriminatoria, laica, pública, gratuita e intercultural.
Es claro el diagnóstico: hoy, en el Siglo XXI las mujeres mueren de parto. Es urgente que esas muertes, muchas por aborto, se prevengan y eliminen. Es urgente el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos, garantizando el acceso a los servicios de salud integral con calidad y calidez, y la legalización y despenalización del aborto en los países donde está criminalizado.
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Luego de conocer las cifras de la violencia contra las mujeres, que en lugar de disminuir aumentan, pidieron que se prevenga positivamente ésta, que se sancione y erradique, puesto que atenta de forma sustantiva contra la autonomía y la libertad en todas las esferas de la vida económica, política, sexual y reproductiva como derechos humanos de las mujeres, las niñas, las jóvenes, las transexuales, transgénero e intersexuales.
Un llamamiento especial para que los Estados se hagan cargo de la persecución y amenaza a las defensoras de derechos humanos, a las periodistas, las migrantes, las mujeres víctimas del conflicto armado y militarización, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las adolescentes, las campesinas, las personas en situación de pobreza estructural, las mujeres con capacidades diferentes, con orientación sexual e identidad de género, de la tercera edad y de quienes viven con VIH-sida.
En el transcursos de las reuniones, que se desarrollaron del 7 al 10 de mayo, saltaron las demandas emergentes; la urgencia de hacer vigentes y aplicados los derechos de las mujeres. Dijeron que es claro que los Estados tienen obligaciones que no están cumpliendo.
Acordaron mantenerse en red; seguir gestionando la justicia para las mujeres y mantener una campaña mundial de denuncia; acompañar los procesos por país y mantener alianzas con las redes temáticas de los tres continentes.
Foto: Archivo AmecoPress. Elba Beatriz Núñez, Coordinadora Regional de CLADEM.

5/11/2013

Estados latinoamericanos incumplen derechos de las mujeres



Por Emilio Godoy
MÉXICO, 9 may (IPS) - Los estados latinoamericanos siguen en deuda en la garantía de derechos educativos, sexuales y reproductivos de las mujeres, acusan activistas de diferentes regiones del mundo congregadas en la capital mexicana.

"Hay temas pendientes en economía, educación, violencia y salud sexual y reproductiva. El cumplimiento de las leyes es la parte más débil. No hay una política integral de los gobiernos para atender esos temas", dijo a IPS la argentina María Oviedo, responsable de capacitación del no gubernamental Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

La especialista asistió, junto a docenas de defensoras de derechos femeninos de América Latina, Europa, Asia y África, en el seminario "Incidencia en red: el desafío que los estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres", iniciado el martes 7 y que se clausura este viernes 10.

Esa red, creada en 1987, lanzó en 2011 la campaña mundial "Por un estado que cumpla con los derechos humanos de las mujeres. Ya es hora, ya es tiempo", con financiamiento de la Unión Europea y la organización holandesa Oxfam Novib y que concluirá en 2015.

En América Latina, los indicadores como educación primaria, trabajo e ingresos mejoraron la última década, pero las mujeres aún padecen brechas importantes en relación con los hombres que mantienen la persistencia de la desigualdad de género, en una región con una cultura muy patriarcal.

Los varones ascienden a unos 163 millones y las mujeres a 113 millones de la población económicamente activa de la región, y la previsión para 2020 es que esos guarismos alcancen 188 millones y 141 millones, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Además, la participación en la actividad económica de las mujeres de la región ha venido en aumento y la Cepal calcula que en 2020 las mujeres que trabajarán fuera de sus hogares representarán 56 por ciento del total, frente a 52 por ciento de 2010.

"En la violencia cotidiana impera la desigualdad y la injusticia. Donde están atoradas todas las luchas de las mujeres es en los procesos de justicia. Por eso, es necesario cambiar estructuras", señaló a IPS la experta Gabriela Delgado, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre las obligaciones pendientes de los estados figuran reformas legislativas para alcanzar la igualdad formal, la aplicación de políticas para lograr esa meta en el acceso a recursos económicos, a vivir sin violencia, a disponer de derechos sexuales y reproductivos y educación antidiscriminatoria y no sexista.

Las activistas han identificado leyes que toleran la violación sexual, bajo pretextos como matrimonio entre victimario y víctima, que estipulan edad diferentes para hombres y mujeres para casarse o mayores derechos matrimoniales para los varones en países como Argentina, Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá.

Además, entre 17 y 53 por ciento de las mujeres de la región padecen violencia y lo que agrava ese panorama es que 92 por ciento de las denuncias quedan impune.

Asimismo, solo 10 naciones latinoamericanas han despenalizado el aborto, mientras que en la mayoría predominan legislaciones prohibicionistas y restrictivas.

Para la española Rosa Cobo, académica de la pública Universidad A Coruña, surge una mezcla de formas de violencia antiguas que resucitan y otras nuevas, asociadas a fenómenos emergentes como la economía ilegal y el crimen organizado.

"Vivimos un escenario mundial de desorden geopolítico, económico, político y patriarcal que produce un excedente de violencia que siempre recae en sectores en inferioridad social o más débiles", analizó Cobo ante IPS.

La experta citó entre esas manifestaciones los feminicidios en Guatemala y en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, la violencia de género en conflictos armados, la trata de mujeres para explotación sexual y la compra de novias en Asia.

Las activistas demandan de los estados la garantía de igualdad entre mujeres y varones, mediante la eliminación de normas y prácticas discriminatorias, y el impulso de la igualdad y reparto de responsabilidades en las labores domésticas para erradicar la pobreza y una vida libre de violencia para mujeres y niñas.

Además, solicitan autonomía sexual y reproductiva, acceso a recursos y servicios en esa área y a una educación laica, intercultural, no sexista y no discriminatoria. Los fenómenos citados "muestran una deuda preocupante y que va a tomar años en abatir", sentenció Oviedo.

El Cladem, cuya sede principal está en Lima, inició en 2009 la "Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria" para contar con una enseñanza basada en relaciones de respeto, igualdad y cooperación entre los géneros.

"¿No habrá una relación entre esta violencia extrema y la obtención de derechos de las mujeres en los últimos años?", se preguntó Cobo. Ese tipo de violencia "manifiesta una voluntad de control como respuesta a una realidad social que cuestiona el estatuto de las mujeres. Se ha definido un desplazamiento de la violencia del espacio conocido al desconocido, en el cual hombres matan a mujeres que no conocen", indicó.(FIN/2013)

5/10/2013

Las feministas exigen a los gobiernos de Latinoamérica cumplir Derechos de las Mujeres



México: Foro Internacional sobre incidencia en gobiernos para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres

Impunidad frente a la violencia, criminalización del aborto y falta de garantías para defensoras de DDHH, los más grandes problemas en la región




México D.F. 08 may. 13. AmecoPress/CLADEM.- El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) hizo este martes desde la Ciudad de México un enérgico llamado a los gobiernos de la región para que dejen los discursos y cumplan sus compromisos en la atención a tres de los problemas ingentes de las mujeres latinoamericanas: la impunidad frente a la violencia de género; la criminalización del aborto y la falta de garantías para las defensoras de derechos humanos.

Ninguna ley se puede aplicar solo con anuncios si no hay voluntad política y si no se destinan recursos económicos reales, dijeron en conferencia de prensa representantes de la red civil feminista al anunciar el seminario internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres” que se desarrollará en el Palacio de Minería de esta ciudad, a partir de este martes y hasta el viernes 10 de mayo.

Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional de CLADEM ––institución que ha ganado casos judiciales a diversos gobiernos frente a cortes internacionales––, afirmó también que los gobiernos no garantizan la existencia del Estado laico y llamó la atención sobre cómo la intervención de grupos fundamentalistas ha determinado que sea la región centroamericana la más castigada en violencia contra las mujeres, muertes por aborto y muerte materna.

Dijo que en el seminario internacional, las integrantes de CLADEM de 15 países analizarán cómo mejorar sus estrategias de intervención, ante la evidencia de que habiendo avances legislativos y de reconocimiento a las mujeres, todavía 92 por ciento de las denuncias de violencia contra las mujeres quedan impunes.

Con la participación de María Edith Oviedo, responsable de Formación de CLADEM, se informó que en el seminario participan 70 personas, la mayoría expertas en la defensa de los derechos humanos y en la gestión ante los organismos internacionales para que los compromisos de los Estados sean cumplidos.

El balance que realizarán tiene como fondo el diagnóstico de la problemática femenina en esos 15 países donde operan:

Entre 17 y 53 por ciento de las mujeres de América Latina sufre violencia, y sólo en siete estados de la región existen leyes integrales para enfrentarla: Chile, Bolivia, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Argentina. No obstante, El Salvador y México figuran entre los 25 países donde la violencia es más grave, junto con Guatemala y Honduras, entre otros países.

Las voceras de CLADEM puntualizaron que el otro flagelo es la prohibición del aborto, ahora sólo legal en Cuba, Uruguay y la ciudad de México, lo que viola los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres e implica la muerte de miles de mujeres por la realización de abortos fuera de las condiciones óptimas. Hay países donde está totalmente prohibido, como Honduras.

Las cuentas que piden rindan los gobiernos pasan también por el terrible problema de la trata de mujeres, deuda ligada a los problemas de tráfico y migración que los gobiernos no han vigilado, resuelto o enfrentado. Negocio millonario en el que frecuentemente involucran a los aparatos y representantes del poder; hurgar en ese problema ha generado para quien investiga persecución o incluso la muerte.

Preocupa a CLADEM la indiferencia de los gobiernos, frente a estas enormes deudas que además incluyen la pobreza y el trabajo precario para las mujeres en toda la región. Si bien la mano de obra es hasta 70 por ciento de las mujeres en edad de trabajar, y las ha sacado de pobreza extrema, todavía no tienen derecho a igualdad en la educación, la toma de decisiones y los programas de desarrollo.

Anunciaron que examinarán experiencias de los distintos países y dijeron reconocer que si bien la violencia es un problema estructural, que sólo podrá enfrentarse con un cambio de sistema, los gobiernos han firmado acuerdos que no cumplen. Insistieron en la necesidad de que los gobiernos cumplan y pongan todos los recursos necesarios. Mientras ello no suceda no podrá hablarse de avance, dijeron.

Las discusiones cuentan con la participación de expertas y se invitó a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal en materia de género, para compartir las discusiones.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamerica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde 2002.

Foto: Archivo AmecoPress. 

3/07/2013

Que se incluya el tema de acceso a la justicia en Resolución final de CSW

INTERNACIONAL
   CLADEM exige que deje de ser un derecho de papel

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), exhortó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), para que incluya el tema del acceso a la justicia para las mujeres en el Proyecto de Resolución con el que concluirá su 57 periodo de sesiones.

En un comunicado, CLADEM- red de organizaciones fundada en San José, Costa Rica en 1987, conformada por mujeres y activistas comprometidas con la defensa de las mujeres en América Latina y el Caribe- enfatizó que en algunos países de esta región, todavía se presentan dificultades para reconocer la violencia contra las mujeres como un delito, no hay sanción a los responsables de ejercerla y se continúa recurriendo a la “conciliación” en el tema de violencia familiar.

Por ello esta organización consideró que incluir el tema de acceso de las mujeres a la justicia de forma explícita en el Proyecto de Resolución del CSW57 permitirá instar a los Estados para que consideren la elaboración de un plan integral que garantice incorporar diversos aspectos como los mecanismos de prevención, la reparación del daño, la autonomía del sistema judicial, entre otros.

La CSW es una comisión operativa del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés), que se dedica a la promoción de la igualdad de género y el adelanto de las mujeres a nivel mundial. La 57 sesión del mecanismo inició el pasado lunes y concluye el próximo 15 de marzo.

CLADEM propone como mecanismos de prevención el empoderamiento de las mujeres para que conozcan sus derechos y denuncien la violencia, reeducar a los hombres para evitar  relaciones violentas, incidir en las políticas educativas para que abogadas y abogados lo hagan con un enfoque de género, y la creación de políticas transversales.

En cuanto a la reparación del daño, enfatiza la transformación de patrones socioculturales de quienes imparten justicia para que garanticen que todas las sobrevivientes de violencia reciban atención médica, legal y psicológica, además de resarcir el daño al facilitar el acceso a la formación para el empleo, prestaciones y adquisición de vivienda.

CLADEM exigió que los Estados garanticen la ruta de acceso a la justicia mediante la sistematización de un registro que dé seguimiento a las denuncias presentadas para analizar los nudos críticos que se presenten y descubrir si las acciones a implementar darán los resultados deseados.

Este pronunciamiento pretende que el acceso a la justicia para las mujeres deje de ser sólo un derecho escrito en el papel, ya que en América Latina y el Caribe persiste una violencia de género e institucional y prácticas discriminatorias ante la carencia de una legislación integral que garantice la protección de los derechos de las mujeres.