PRI de extrema derecha o PAN centro derecha ? /Madero: PAN logró más en 12 meses con Peña que en 12 años

 @ADNPolitico

Abril 21, 2014  

Gustavo Madero Muñoz, candidato a la Presidencia del PAN, dijo a El Universal que la agenda política del blanquiazul avanzó más en los primeros 12 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto que en los 12 años que Acción Nacional gobernó el país.

"Pudimos impulsar (hoy) más que en los 12 años que gobernamos. La agenda del PAN avanzó en los 12 meses que dejamos de gobernar", aseguró en entrevista.

El líder nacional del PAN con licencia, quien busca reelegirse, aseguró que Acción Nacional cogobierna "como nunca" con el PRI, y aseveró que dicho avance se debe a la "actitud pactista" que tiene el partido blanquiazul.

Madero Muñoz señaló que el PAN no aprovechó la alternancia política del año 2000, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, por lo que los años siguientes la coyuntura impidió que Acción Nacional pudiese trabajar junto con las otras fuerzas políticas.

"El PAN no es oposición, no cambia. Si está en el gobierno y si está en la oposición, debe ser el mismo", abundó el candidato, quien indicó también que en las reformas políticas que Acción Nacional apoyó hay "veneno" para los pilares que sostienen el "sistema autoritario" priista.

DOS BESOS PARA CORDERO

Gustavo Madero aseguró que no hay división en el PAN, y ante las acusaciones de corrupción que han surgido en torno a panistas de su círculo político, el candidato a la dirigencia nacional afirmó que dichos señalamientos no han sido en su contra.

"Yo le doy un beso y un abrazo al que me pongas enfrente; a Ernesto Cordero le doy dos en cada mejilla. No hay división", insistió.

"El tema de la corrupción no es contra mí, es contra gente cercana a mí en todo caso, y que yo eventualmente pudiera no haber actuado con contundencia, es la crítica", abundó.

Hacienda dará a conocer su ‘narcolista’: Videgaray

“A raíz de la reforma financiera, por primera vez la Secretaria de Hacienda tiene la facultad... de emitir una lista y que esta lista le impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas", detalló el secretario.

(Foto: Cuartoscuro)

Redacción AN

México bloqueará -a partir de este año- la participación de individuos o entidades asociadas al narcotráfico en su sistema financiero, anunció el fin de semana el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Washington.
Con este propósito el funcionario afirmó que México adoptará las listas, en su mayoría o total que al respecto emiten tanto la Organización de Naciones Unidas como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).
“Es un cambio relevante lo que ha ocurrido en México”, señaló Videgaray en conferencia de prensa al termino de su participación en la reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Videgaray, quien se reunió el jueves con el secretario del Tesoro estadunidense Jack Lew para conversar de este tema entre otros, rehusó comentar sobre casos específicos, aunque adelanto que en los próximos días las autoridades hacendarias harán el primer anuncio al respecto.
“A raíz de la reforma financiera, por primera vez la Secretaria de Hacienda tiene la facultad de hacer, primero, sus propias designaciones en este sentido, es decir, de emitir una lista y que esta lista le impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas”, explicó.
Detalló que la ley igualmente faculta a México hacer propias las listas de organismos multilaterales, “particularmente la lista de Naciones Unidas, que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo, y las listas de este tipo como las que tiene OFAC”.
“Esto quiere decir que a partir de ahora, y así se mantendrá de aquí en adelante, cualquier personas o empresa que aparezca en la lista de OFAC o en la lista de la ONU estará impedida para realizar operaciones con banco, casas de bolsas o cualquier institución del sistema financiero regulado por la Secretaria de Hacienda”.
Videgaray anotó que este cambio permitirá tener una colaboración más eficaz con la ONU y el Departamento del Tesoro para tener un combate más oportuno contra la capacidad financiera de los narcotraficantes, además de investigaciones coordinadas.
Existe un “número relevante” de investigaciones conjuntas con Estados Unidos, además con el Departamento del Tesoro, el Servicio Interna de Rentas, y el Departamento de Justicia y la Oficina de Migración y Aduanas (ICE), mencionó.
“Estas investigaciones conjuntas son importantes para atacar eficazmente lo que es indudablemente un fenómeno internacional y binacional vinculado con el crimen organizado y su financiamiento”, manifestó.
Videgaray sostuvo que el gobierno mexicano “esta por emitir el primer comunicado financiero en este sentido, y eso es parte de lo que acabamos de hablar con el Secretario del Tesoro (de Estados Unidos Jack Lew).
“Ahí tomaremos una decisión dependiendo de la información que nos dé Estados Unidos sobre cada uno de los integrantes que están en esta lista. Nuestro objetivo es que la mayor parte de la lista, sino es que toda, pueda estar dentro del comunicado mexicano”, precisó.
Explicó que la adopción de la lista no será un proceso mecánico, ya que será México quien haga la determinación final sobre quienes serán incluido en su lista.
Escucha la intervención de Dolia Estévez en Noticias MVS:

(Con información de Notimex)

Reforma financiera extranjerizante

Manuel Bartlett

Peña Nieto, el 9 de enero, en lucido escenario, ante los presidentes de las mesas directivas, de las comisiones de Hacienda y legisladores de ambas Cámaras del Congreso y directivos financieras públicas y privadas, anunció la promulgación de la reforma financiera que “permitirá que haya más crédito y este sea más barato”: “Es importante destacar —dijo— que las trece iniciativas aprobadas —que integran la reforma— fueron ampliadas y enriquecidas durante el proceso legislativo, para alcanzar cuatro objetivos: 

1) impulsar la banca de desarrollo, recuperar el mandato de las instituciones financieras de promover el crecimiento. 

2) Mejorar la certeza jurídica de los agentes privados, facilitando la ejecución de garantías para que presten más. 

3) Incrementar la competencia entre bancos, para tener tasas más bajas y cobrar menos comisiones; y 

4) fortalecer la solidez del sector financiero.

La reforma reajusta todo el sector financiero que domina la economía nacional, en la visión neoliberal, sus demandas son consideradas prioritarias sobre los sectores productivos, así, la reforma financiera de Peña Nieto, en vez de regular y controlar al sector, que incumple su función: no presta, especula, no apoya el desarrollo, profundiza la desigualdad, lo fortalece frente a los usuarios.

Peña Nieto enaltece el proceso legislativo, las trece iniciativas que contiene —dice— fueron ampliadas y enriquecidas, consciente del funcionamiento impositivo del Congreso, intenta rescatarlo. En efecto, el dictamen en 800 hojas, no fue enriquecido, se aprobó sin discusión real, sin que los legisladores conocieran lo que aprobaban por consigna, así pasó la reforma fiscal, con la misma dirección ideológica, profundización neoliberal y desatención de los objetivos sociales de la Constitución. Se reclamó en la tribuna del Senado, sin que los medios lo analizaran, la Nación nuevamente ignoró lo aprobado, como estoy seguro, la mayoría de los legisladores aplaudiendo en la promulgación.

En la reforma, el Estado abdica en su responsabilidad de compeler al sector, a atender las necesidades nacionales, ignora las ganancias desproporcionadas que extrae, nada intenta ante su negación de créditos a los sectores productivos. La Banca de Desarrollo se rediseña con criterios de mercado, por lo que seguiremos sin tener banca que impulse la producción y el empleo. Afirma que la competencia incrementará el crédito y bajarán las tasas de interés, lo que es una falacia. La banca con reforma o sin reforma, sólo presta a quien garantiza el pago, la política económica no lo asegura; la reforma no cuestiona su responsabilidad; impulsa mayor desregulación a favor de prácticas económicas que han desquiciado la economía y establece mecanismos para que la banca cobre lo más rápido posible, a través de garantías o embargos a costa de la mayor descapitalización de los deudores; no ataca las causas de la restricción crediticia, ni la insolvencia y las altas tasas de interés; protege al acreedor, no a la empresa con problemas de pago. Los intereses de la Banca se ponen por encima de los usuarios.

La reforma establece un régimen para que gobiernos extranjeros participen en el capital de sociedades operadoras de inversión y en las decisiones financieras en México; amplía la presencia de capital extranjero en nuestra economía, apremiados para asegurarle el flujo de recursos que el dominante sector requiere. El incremento del capital extranjero en amplios sectores de la economía, le confiere creciente poder político, capaz de lograr que las políticas económicas respondan a sus intereses. La reforma acentuará niveles de concentración de la riqueza, aumentando la dependencia, la pobreza y la violencia. Facilitar la mayor concentración de las entidades financieras, aumentará su capacidad para acciones especulativas. 

Senador de la república

Reforma financiera: el premio a la banca usurera

7. agosto, 2013 Marcos Chávez *

Los señuelos para aprobar la reforma financiera –más y mejores créditos para las familias y las empresas– nunca podrán alcanzarse, pues dos de las condiciones requeridas están canceladas con el actual modelo económico neoliberal: la intervención del Estado y la igualdad de circunstancias de los competidores en el mercado. En tanto, la propuesta sí otorgará mayores facultades para presionar y exprimir a los usuarios de una banca usurera, extranjerizada y ajena a los intereses de desarrollo nacional

Al carecer de compromisos definidos, de acciones específicas y de plazos determinados que permitan modificar de fondo la estructura actual del sistema financiero mexicano, y en particular la del sector bancario, la cual ha mostrado su inutilidad para movilizar los capitales requeridos para el crecimiento y desarrollo del país, y cuyo funcionamiento está determinado y controlado por los grandes conglomerados, todos ellos propiedad del capital extranjero, la reforma peñista en la materia está condenada al fracaso. Una vez más, como ha sucedido desde la reprivatización neoliberal de la década de 1980, los propósitos empleados por los peñistas para justificar los enésimos cambios en las leyes financieras, sólo servirán para abultar el catálogo de buenas intenciones.

Más allá de algunas medidas administrativas que se impondrán con la reforma para tratar de mejorar la intermediación financiera (elevar la captación y ampliar los préstamos), como por ejemplo el limitar la compra de bonos del Estado, sancionar a quienes no amplíen la disponibilidad de recursos, o aplicar las cuestionables reglas del Basilea III para asegurar la solidez del sistema (capitales mínimos, reservas), resulta incierto cómo se logrará que la banca otorgue “más créditos, [en] condiciones más favorables en términos de tasas de interés, duración y montos”. Es inciertocómo se “fomentará la inclusión financiera” (término difuso que supone que todas las personas puedan utilizar servicios financieros de calidad, a precios asequibles, dignos para los clientes), se “democratizará el crédito” (más dinero para las pequeñas y medianas empresas) o se ofrecerán “mayores opciones de financiamiento que promuevan la productividad y la competitividad de las empresas en nuestro país”, así como “el crecimiento económico nacional”.

El rosario de buenos deseos queda subordinado a un par de premisas básicas, caras a los economistas neoliberales:

1. Como fieles creyentes del “mercado” y la existencia de “agentes” económicos “racionales”, suponen que con la libre competencia (los ofertantes proporcionan servicios financieros similares y los usuarios toman sus decisiones libremente al disponer de la información necesaria sobre los precios brindados por los 43 bancos privados existentes o cualquier otro intermediario –réditos, comisiones, calidad de los productos–), un marco jurídico adecuado y sin la interferencia del Estado, ahora sí podrán alcanzarse los objetivos que nunca se han alcanzado con la liberalización interna y la apertura financiera externa, ni con la reprivatización y extranjerización del sistema: la mayor oferta de créditos, la asignación eficiente de recursos en la economía, la reducción del costo de los préstamos –tasas de interés y comisiones cobradas– y la mejora en la calidad de los servicios.

2. Bajo la lógica de la teoría económica que sustenta la reforma peñista, la libre competencia implica que los bancos y otros intermediarios contiendan en igualdad de condiciones o que éstas sean similares. Sólo así se generarán los incentivos para que mejoren sus tecnologías, reduzcan sus costos, aumenten su eficiencia y la calidad de sus productos, y disminuyan los precios de sus servicios y las tasas de interés. La sana y justa competencia involucra, además, la existencia del “libre mercado”, es decir, la innecesaria intervención del Estado, salvo en su papel de policía, que atienda los factores que perturben las reglas del libre mercado, conocidos con el simpático nombre de “imperfecciones del mercado”: el abuso en contra de los consumidores o de la posición de dominio (cuando su participación en el mercado le permite actuar como se le pega la gana ante sus competidores y los usuarios), las prácticas restrictivas y desleales, los precios artificialmente bajos, entre otros.

Una “imperfección” incómoda son los monopolios y los oligopolios. Teóricamente, los economistas neoliberales a ultranza son alérgicos a ellos porque afectan al “mercado libre”. Su presteza por desaparecer o privatizar a los públicos es conocida, sin importar que su venta esté impregnada por el tufo de la corrupción, hecho que, sin embargo, no les molesta, porque los funcionarios encargados de ese proceso después reaparecen como gatos de angora de los nuevos dueños (Guillermo Ortiz, Alejandro Valenzuela, Francisco Gil Díaz). También les irritan los “monopolios” sindicales, a los que persiguen y aplastan rabiosamente, como saben los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Pero a los monopolios privados los aceptan, a regañadientes, como un “mal necesario”. A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos le preocupa la concentración existente en el sistema bancario mexicano porque “amenaza con obstaculizar la competencia, que a su vez puede explicar la relativamente baja penetración del crédito” (Estudios económicos de la OCDE, México, mayo de 2013). La crisis mundial de 2007 evidenció las prácticas corruptas de los grupos financieros y bancarios y cómo son peligrosos al momento de violar las regulaciones e imponer con alegre y salvaje impunidad sus normas a los ahorradores y deudores.

En 2010, Guillermo Ortiz, corresponsable de la reprivatización y la extranjerización bancaria zedillista, y ahora empleado del Grupo Financiero Banorte, afirmó que fue un “error”, que no se debió propiciar que 80 por ciento del sistema financiero pasara a manos de capitales foráneos. Agregó que los bancos extranjeros en el país “son un negocio increíblemente rentable” para sus casas matrices quebradas o en serios apuros, pues entre 2003 y 2011 enviaron 20 mil millones de dólares por concepto de dividendos, monto equivalente, en promedio, a tres cuartas partes de las utilidades anuales obtenidas y a lo que se pagó por la compra de los intermediarios. Según Ortiz, si ese capital se hubiera empleado como crédito, éste hubiera equivalido a 28 por ciento del producto interno bruto (PIB) y no al 23 por ciento, su nivel efectivo. Por ello señaló que debería limitarse el pago de dividendos. A ese saqueo legalizado del ahorro mexicano, Alejandro Valenzuela, fámulo de Banorte, en 2013 lo calificó como una vulgar “ordeña”.

La crítica de Ortiz encolerizó al Chicago Boy Francisco Gil Díaz (devoto de Milton Friedman), extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exsubgobernador del Banco de México y hoy dama de compañía VIP de BBVA-Bancomer. Con un lenguaje nada docto en economía, no escatimó pendencieros adjetivos en contra de Ortiz: lo calificó de “provinciano”, “amnésico”, “miope”, “populista”, “erróneo”.

El capital en el bolsillo es el capital. Y le enfureció que se sugiriera que se lo tocaran. Y Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray o Agustín Carstens guardaron silencio. No les preocupan los oligopolios financieros y bancarios, creados con la reprivatización salinista y entregados al capital extranjero por los zedillistas y cuyo costo de su rescate, que pagamos con nuestros impuestos, ascendió a 892.4 mil millones de pesos, 71 mil 198 millones de dólares. No les interesa la ordeña. Sólo quieren que presten más con menores intereses. Que se apiaden de las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan el 74 por ciento del empleo, que apenas reciben el 15 por ciento del total de créditos otorgados en el sistema financiero (seis de cada 10), y se ven obligadas a ser víctimas de sus proveedores o apoyadas por amigos o familiares. A cambio, los peñistas les ofrecen rápidos juicios mercantiles para que se apropien de las garantías y recuperen el dinero prestado a quienes queden insolventes.

Sin alterar la concentración bancaria y sin imponer límites a la participación individual en el mercado, quieren que compitan desiguales como iguales, enanos contra gigantes. En una jungla donde cuatro bancos extranjeros, de un total de 44 que integran al sector, concentran el 60 por ciento de las operaciones activas y pasivas del sistema: Citibank-Banamex, 17.5 por ciento, BBVA-Bancomer, 20.1 por ciento, Santander, 13.9 por ciento y HSBC, 8.5 por ciento. Donde cuatro concentran el 79 por ciento de las ganancias: BBVA-Bancomer, el 37.9 por ciento; Citibank-Banamex, el 15.7 por ciento; Santander, el 15 por ciento, y Banorte, el 10.1 por ciento. Donde los extranjeros controlan el 70 por ciento del mercado y los mexicanos el resto (ver gráfica 1).

-Clic en la gráfica para agrandar-

Es indudable que la banca ha sido un negocio rentable después del colapso de 1995. Entre 2000 y mayo de 2013, sus resultados acumulados antes del pago de impuestos a la utilidad sumaron 987.9 mil millones de pesos reales, es decir, descontando la inflación. Después del pago de impuestos fueron 775.4 mil millones, 55.4 mil millones en promedio anual. Aumentaron 20 por ciento. Los impuestos ascendieron a 175.1 mil millones, equivalente a 17.1 por ciento de sus resultados acumulados (ver gráfica 2).

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Entre 2001 y 2012 el crédito vigente al sector privado no financiero creció a una media anual de 9 por ciento. Sin embargo, si se considera desde su máximo nivel de 1994, en 2012 éste es menor en 21 por ciento. Respecto del PIB cayó de 28 a 14 por ciento (véase gráfica 3). En el caso del sector agropecuario su caída es de 75 por ciento y pasa del 7 por ciento del total de la cartera al 2.2 por ciento. En el sector industrial la baja es de 52 por ciento y pasa del 29 al 25 por ciento. En comercio y servicios la caída es de 45 por ciento. En el subsector agrícola es 79 por ciento más bajo; en el minero, 32 por ciento, y en las manufacturas, de 52 por ciento.

-Clic en la gráfica para agrandar-

El destino del crédito se reorientó a la industria de la construcción, al aumentar en 17 por ciento entre 1994 y 2012, y su participación en los préstamos al sector privado no financiero sube de 8.3 a 12.3 por ciento. A la vivienda media y residencial aumenta en 55 por ciento, y pasa de 8.7 a 17 por ciento. Pero sobre todo a los préstamos al consumo –que subieron 183 por ciento– pasa de 7.5 por ciento a 26.7 por ciento (tarjetas de crédito en 95 por ciento y bienes de consumo duradero en 238 por ciento) y al sector público, en 246 por ciento, y pasa de 4 a 17 por ciento (a estados y municipios en 393 por ciento, a empresas paraestatales en 921 por ciento y al gobierno federal en 31 por ciento).

Esa distorsión en la distribución del crédito se refleja en los altos réditos que cobran a las últimas actividades señaladas, así como a las comisiones cobradas. La tasa de interés implícita nominal de la cartera total pasó de 13.3 a 12 por ciento entre 2001 y mayo de 2013, sin que refleje la menor inflación, la sobrevaluación cambiaria o la reducción de los intereses de referencia del banco central después de la recesión de 2009. La del crédito al consumo aumenta de 26.3 a 34.8 por ciento, y la de las tarjetas de crédito de 28.1 a 27.3 por ciento. Del total de las comisiones y tarifas cobradas, las del consumo representaron 47.7 por ciento en 2007 y 30 por ciento en 2013; las de las tarjetas de crédito, 46.2 por ciento y 27.3 por ciento. Su baja relativa de ésos y otros renglones fue compensado por el de otras comisiones y tarifas cobradas, cuyo peso se elevó de 50 a 62 por ciento.

Eso tiene un nombre: usura

Margen financiero bancario, que es la diferencia entre tasa activa de un crédito y la tasa que se paga a un ahorrador (pasiva), en términos reales, fue de 7 por ciento entre 2001 y mayo de 2013.

En la reforma peñista no se propone abiertamente acabar con los efectos perniciosos de la concentración bancaria y financiera. No se restringirá el nivel de utilidades remitidas por las filiales extranjeras radicadas en México a sus países de origen, medida impuesta, por ejemplo, por Cristina Fernández, presidenta argentina. No se fijarán niveles a las tasas de interés y las comisiones cobradas por el crédito. Tampoco se establecerán medidas para que el dinero se reoriente del consumo y del sector público a las actividades como el sector agropecuario o el manufacturero.

¿Cómo entonces se aspirará a que el crédito bancario tienda a elevarse hacia el 50 por ciento del PIB tal y como registran algunos países latinoamericanos, nivel señalado por Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público? ¿Cómo se tenderá a acercarse a esa proporción requerida para ampliar el financiamiento interno y que el crecimiento supere su mediocre tasa de crecimiento de poco más de 2 por ciento registrada entre 1983-2012?

Semiestancamiento y alto nivel de desempleo (abiertos y los que dejaron de buscar un empleo) serán las características del priísmo recobrado, en su versión peñista.

*Economista

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/07/reforma-financiera-el-premio-la-banca-usurera/

La reforma financiera en México

Alejandro Nadal

El gobierno mexicano acaba de anunciar con gran despliegue publicitario una reforma financiera con la que promete una expansión del crédito, a menor costo y con mayor eficiencia. Son las mismas ideas que animaron la desregulación de la actividad bancaria cuando se impuso el neoliberalismo mexicano. En realidad, el verdadero objetivo es más prosaico y consiste en eliminar algunos obstáculos legales para hacer más expedito el proceso de ejecución sobre las garantías en caso de impago por parte de los deudores.

El objetivo de extender el crédito a un costo accesible es algo absurdo en el caso de una economía tan fracturada como la mexicana. Para empezar, el nivel de las remuneraciones y salarios es tan bajo que la expansión del crédito implica en un primer momento colocar a la población a merced de los bancos y, en una segunda fase, aumentar el volumen de la cartera vencida, así como la cartera incobrable. Si se quiere mejorar las condiciones de vida de la población, no es con crédito accesible como se puede lograr ese objetivo. Lo que se necesita es una política de ingresos con mejoras salariales significativas y una política macroeconómica comprometida con el crecimiento y el empleo.

Pero hay algo más: el costo del crédito. Según la exposición de motivos de varios componentes de la reforma este es un objetivo central. Aquí hay dos consideraciones. La actividad bancaria es una de las más rentables en el mundo pues el costo de creación monetaria es muy reducido. Las muy altas tasas de interés que cobran los bancos, así como las comisiones por servicios, no tienen nada que ver con la estructura de costos de la actividad bancaria. Por cierto, ya que mencionamos este aspecto del funcionamiento de los bancos, hay que señalar que el diferencial entre tasas activas (las que cobran los bancos por sus préstamos) y las tasas pasivas (las que paga el banco por la captación bancaria) sigue siendo desmedido. No hay nada en la reforma financiera para enderezar esta parte del problema.

En la actualidad, el tema más importante en materia de bancos es el de la creación de dinero. La historia de la banca a nivel mundial puede ser vista como la lucha por el control de la función de creación monetaria. En esta épica confrontación, el poder público ha perdido la batalla. Desde hace ya más de un siglo la creación de dinero por los bancos privados es uno de los rasgos dominantes de las economías capitalistas. Los bancos centrales han dejado de tener el control sobre la oferta monetaria a pesar de la creencia popular en sentido contrario.

No se puede dejar de insistir en este punto de primordial importancia. Las autoridades económicas mexicanas siguen creyendo que los bancos en México desempeñan una simple actividad de intermediación. El Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda siguen viviendo en el país de nunca jamás y consideran que los bancos captan recursos del público para colocarlos en el público (terminología del artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito). Ese mundo no existe desde hace muchas décadas.

No es necesario remontarse a los debates monetarios en la Inglaterra de los años 1820 para entender la evolución de la actividad bancaria. Basta con señalar que a partir del momento en que el público acepta utilizar como medio de pago los títulos que emiten los bancos privados, éstos pudieron lanzarse de lleno por la vía de la creación monetaria. En poco tiempo el desarrollo y expansión de la actividad crediticia consolidó esta función en manos de los bancos privados. Los bancos colocan crédito siempre que se les presente una demanda de crédito por parte de un agente que parezca solvente. Ese es su negocio. No se necesitan depósitos previos para la realización de préstamos. La captación bancaria (depósitos) es útil para los bancos, pues siempre se necesita dinero base, pero no para realizar préstamos.

El papel del banco central se quedó en la emisión de dinero base que sirve para las necesidades de los agentes que necesitan ese tipo de saldos monetarios. El instituto monetario se adapta a las necesidades de los bancos privados en lo que concierne a las reservas y no al revés. En la actualidad el banco central no controla la oferta monetaria en ningún país del mundo.

Ciertamente el país necesita una reforma financiera. Pero no una que hable de incrementar el crédito en una economía empobrecida y con una inserción en la economía internacional basada en salarios de hambre. Se requiere una reforma que rompa con la subordinación frente al capital financiero.

Algún día, no muy lejano, la idea de que los bancos prestan el dinero que los ahorradores depositan en sus bóvedas será considerada tan primitiva como la de Ptolomeo sobre el papel de nuestro planeta como centro del universo. En su lugar se colocará un análisis riguroso sobre la forma en que los bancos crean dinero de la nada. Entonces se podrá reclamar el control democrático sobre esta importante función económica.