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3/20/2019

Por todos lados, uso de universidades para triangular recursos en el gobierno de Peña


Por todos lados, uso de universidades para triangular recursos en el gobierno de Peña
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▲ Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, durante su comparecencia ante diputados.
El uso de universidades públicas estatales para triangular recursos en el gobierno de Enrique Peña Nieto está por todos lados, informó ayer la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, en una reunión de trabajo con diputados que se tornó ríspida cuando le cuestionaron la falta de resultados en el combate a la corrupción.
Explicó que hay más de 300 contratos en distintas dependencias y que la investigación incluye a la propia SFP; a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario; los institutos Nacional de Migración, Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad e incluso la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, Tabasco.
En Pemex, dijo, para justificar el pago de las facturas se presentaron estudios que eran fusilados de Wikipedia y en la cancillería se pagó un manual para abrir una puerta. Además, informó que hay miles de funcionarios en constante observación en el gobierno federal; afirmó que el modelo de licitaciones públicas, en especial los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, serán la moneda de oro de este gobierno. También consideró un mito que la SFP no auditará proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.
Sandoval se enfrascó en una discusión con diputados de Morena y PT que forman parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, a quienes respondió: se han dicho aquí cosas que me han herido y me han molestado.
El presidente de la comisión, Óscar González Yáñez (PT), expresó su molestia porque no se ha avanzado en el tema de Odebrecht y lamentó que la política del nuevo gobierno sea perdón y olvido.
“No perdón y sí castigo. Entiendo la política del Presidente de mejorar las condiciones de convivencia, pero al que se pase de la raya hay que hacerle algo; si no, nos seguirá sucediendo. En Colombia y Brasil se ha avanzado en el caso Odebrecht y aquí sólo tenemos notas en los periódicos. En el combate al huachicoleo, el daño a la sociedad por la ausencia de combustible no ha repercutido en ningún detenido, ni en juicios ni procesos”, cuestionó.
La funcionaria le respondió: a mí lo que me molesta es que no se reconozca, señor diputado, los logros, ¡que son históricos!
González Yáñez trató de intervenir, pero Sandoval lo frenó: ¡no, discúlpeme! Hay medidas que nunca se vieron en el anterior gobierno, que nadie reconoce porque es muy cómodo tirar piedras.
Además, el diputado guerrerense Rubén Cayetano García (Morena) sostuvo que hay conflicto de intereses entre el ejercicio de la secretaria y su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, como delegado federal en Guerrero. Sacamos al PRI y su corrupción del régimen anterior, y llega Morena con su nueva corrupción. Eso no es ir a fondo en el combate a ese flagelo, sostuvo Cayetano García.
Amílcar fue designado por sus méritos; fue el primer candidato a gobernador de Morena en una época en que nadie quiso, reviró la titular de la SFP.

Foto José Antonio López
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada

1/03/2019

Impunidad, desafío para la transformación

La Jornada 

La impunidad está plenamente identificada como uno de los principales lastres para el estado de derecho y el desarrollo económico de México: si por una parte la falta de castigo a los crímenes de alto impacto ha permitido que se perpetúe la espiral de violencia que desde hace más de una década amenaza la integridad física y patrimonial de los mexicanos, por otra, la evasión de las consecuencias legales en los casos de corrupción hace que este abanico de ilícitos le cueste a la economía nacional la pérdida de entre 5 y 10 por ciento de su producto interno bruto.
En particular, la ciudadanía percibe como inaceptable la impunidad de la que suelen gozar los funcionarios de todos los niveles y órdenes del gobierno que incurren en actos de corrupción, tanto por el hecho de que son precisamente los servidores públicos los primeros responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes, como por la indignación que genera el desvío de recursos provenientes de los bolsillos de los propios ciudadanos.
Debe recordarse que los interminables escándalos de corrupción y la nula voluntad de sancionar a los culpables constituyeron uno de los rasgos más acusados de la pasada administración priísta, así como una causa directa de la histórica debacle electoral que dicho partido político sufrió en los comicios de 2018.
La percepción ciudadana acerca de la impunidad reinante durante los años recientes se encuentra respaldada por las cifras; de acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública (SFP, dependencia federal encargada de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos e inspeccionar el uso del gasto, entre otras atribuciones), de 11 mil 864 expedientes recibidos en 2018 por responsabilidades que involucraban a servidores públicos, sólo 901 casos se saldaron con una sanción, mientras 4 mil 696 concluyeron sin castigo y 6 mil 200 siguen en proceso de análisis. El altísimo grado de ineficacia en la persecución de las malas prácticas de los funcionarios resulta especialmente agraviante si se considera que la SFP recibe para su operación una ingente cantidad de recursos del erario: mil 191 millones de pesos, únicamente en año anterior.
Si por un lado queda claro que el gobierno entrante recibió de su antecesor una situación desastrosa en la materia, es en la misma medida evidente que las autoridades actuales no podrán dar por cumplida la Cuarta Transformación de la vida pública ofrecida en campaña por el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras no se haya atajado de manera efectiva y convincente la impunidad que hasta hoy cubre los actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

11/24/2018

Continuará la SFP las investigaciones en curso contra la corrupción

Descartan el perdón

Defiende Irma Eréndira Sandoval la finalidad de indagar todos los actos de quebranto al erario público

Irma Eréndira Sandoval, próxima secretaria de la Función Pública, aseguró que las investigaciones en curso en esta dependencia continuarán y no habrá perdón a funcionarios corruptos.

Luego de que el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de los efectos negativos en el país si emprendiera una ‘cacería de corruptos’, algunos políticos opinaron que ello significaba perdonar a quienes tienen cuentas pendientes.

Al respecto, Sandoval respondió: "Es una interpretación que no comparto. Al contrario, las instrucciones del presidente electo son combatir la impunidad, junto con el combate a la corrupción".
Aseguró que las indgatorias en proceso se van a concluir y se impondrán los castigos y sanciones necesarios. Vamos a caminar rumbo a una nueva era de combate a la impunidad, prometió.

En conferencia de prensa al término de una reunión del mandatario electo con su gabinete, para analizar los ahorros y alcances del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Sandoval destacó que la reestructuración de la administración pública tiene el enfoque de austeridad y anticorrupción.

"De hecho, la próxima Secretaría de la Función Pública (SFP) va a disminuir a dos subsecretarías: la de combate a la corrupción y la de combate a la impunidad: entonces (decir que se perdonará a los corruptos) es una interpretación errónea" de los dichos del próximo mandatario.

Lo que hace el Presidente, un estadista de altas miras, agregó, es incrementar otro tipo de justicia, la transicional, porque estamos viviendo un momento de transición, y en el derecho administrativo sancionador también se va a mostrar ese aspecto.

 Periódico La Jornada

12/27/2015

SFP debe revelar nombres de funcionarios sentenciados: INAI


Función Pública había omitido dicha información, argumentando que desconocía el estatus de los servidores públicos sentenciados por la PGR



Por resolución del pleno del INAI la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe dar a conocer los nombres de los funcionarios públicos que han sido sentenciados por la Procuraduría General de la República tras denuncias interpuestas por la propia secretaría.
La Función Pública había omitido dicha información en una serie de datos entregados a un particular, argumentando que desconocía el estatus actual de los servidores públicos sujetos a proceso pues ello era competencia de la PGR. (El particular había solicitado el número de denuncias presentadas por la SFP ante la PGR).
Sin embargo entregó datos de los procesos penales localizados en los Órganos Internos de Control que la SFP tiene dentro de las dependencias federales, así como fechas de las denuncias, monto del daño al erario público, y cargo del funcionario respectivo.
En el análisis del caso la comisionada Areli Cano Guadiana, señaló que la función pública es competente para conocer dicha información pues de acuerdo a su Reglamento Interior la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia tiene la atribución de coadyuvar con el Ministerio Público.
Cano Guadiana también explicó sin embargo que solo debían ser dados a conocer los nombres de los funcionarios en los casos en que exista una sentencia firme condenatoria y reservarse cuando existiera resolución judicial absolutoria e irrevocable, toda vez que revelarla implicaría un daño a la intimidad.
Recordó que existe un interés público por identificar a aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones cometieron algún delito, ya que, al provenir sus remuneraciones del erario, deben estar sujetos al escrutinio público.
Con información de Notimex.