12/16/2018

De la “unión nacional” al “ellos” y “nosotros”


Parecería que, como decía Vico, la historia se desenrolla como espiral y pasa varias veces, más alto o más bajo, sobre el mismo punto. Ahora, a 50 años de la Unión Popular chilena, la mayoría de las clases dominantes intenta oponer al Poder Ejecutivo el Poder Judicial, dado que el Legislativo se les escapó de las manos y también en los Estados gobernados por PRI o PAN rechazan la Guardia Nacional y, sobre todo, el nombramiento de coordinadores federales porque ambas cosas debilitarían sus lazos con los militares locales y les controlarían los gastos.
Esa guerrilla institucional defiende sus privilegios, sus enormes ingresos y, sobre todo, el poder de facto que esas clases poseen y que desean seguir cubriendo con un poder legal. No hay que subestimar este sabotaje que recién comienza y que debe ser aplastado antes de que sea peligroso pues quieren anular por la fuerza la victoria electoral popular.
Es necesario defender al gobierno legítimo y cada medida justa y favorable a la mayoría y al ambiente encarando una reestructuración a fondo de las instituciones que fueron construidas para defender la explotación y los privilegios y apoyar las decisiones legales con una movilización popular que imponga la elección de los jueces y el juicio por jurados populares seleccionados, como en Estados Unidos.
La objeción de que el nivel cultural es muy bajo y que este sistema desataría ajustes de cuenta y excesos del México bronco subestima a los ciudadanos comunes y la existencia de leyes e ignora que con un bajo nivel de conocimientos formales se puede decidir lo justo (hay muchos Sanchos en potencia capaces de ser buenos gobernadores) y que, por otra parte, la cultura de los estadounidenses medios es deplorable pero cuentan con letrados para asesorarles.
En México se está reconstruyendo hoy un bloque social antioligárquico y potencialmente anticapitalista entre las clases medias pobres urbanas y rurales y los trabajadores de todo tipo que se expresó durante el gobierno del general Cárdenas. República. Pero, aunque ese bloque pueda tener expresiones electorales coyunturales- como el triunfo de MORENA- no es ni puede ser meramente electoral.
Los triunfos en las urnas son sólo el subproducto de las luchas, de las movilizaciones y de la participación de los ciudadanos. Las clases y los movimientos populares elevan su conciencia y adquieren seguridad combatiendo. En la acción masiva se forma, politiza y organiza una masa obrera que acepta todavía hoy el consumismo y las normas y valores capitalistas y ve al mundo como una mera oposición entre ricos y pobres y no entre explotadores y explotados.
Esa clase que adquiere conciencia de serlo rompe así con la ilusión de la unidad nacional, del “somos todos mexicanos” que la somete a sus explotadores y la divide de sus hermanos de otros países y pasa así a tener conciencia de que “ellos” se oponen a “nosotros” y con ese salto ideológico libera sus fuerzas para organizarse y enfrentar a sus enemigos, que están unidos por el funcionamiento del sistema capitalista que sigue controlando el aparato estatal.
Los Chalecos Amarillos franceses se desarrollaron en el terreno abonado por la rabia popular nacida de las mentiras, las desilusiones, la explotación creciente y, en 24 días en que pusieron a sus explotadores de rodillas y paralizaron el país, obligaron al gobierno de los multimillonarios a ceder. Son un ejemplo de que la acción autónoma unida a la autogestión local puede reconstruir la organización de la vida cotidiana desde abajo creando confianza, conciencia y poder popular.
Para dar base firme al triunfo electoral hay que asentarlo en la acción popular. Si, por ejemplo, una empresa cierra por razones políticas o porque da menos ganancia al patrón hay que ocuparla y hacerla producir directamente en forma cooperativa porque el derecho al trabajo y a la vida está por encima del derecho de propiedad y, si los acaparadores escondiesen bienes para producir escasez y sabotear, es indispensable distribuir sin indemnización lo escondido. Allí donde haya gente viviendo en pocilgas o en la calle, es necesario ocupar las casas vacías y ubicarla en ellas y si los trabajadores inmigrantes son rechazados, hay que ayudarles y darles abrigo. No hay que esperar del Estado capitalista que sigue condicionando los márgenes de acción de los gobiernos populares.
De asambleas de comunidad, colonia o lugar de trabajo, deben surgir comités revocables por sus mandantes que prevendrán los delitos, reducirán la violencia familiar y los feminicidios, la corrupción y los abusos y harán cumplir las leyes.
Al mismo tiempo es posible establecer en cada localidad con qué se cuenta para un desarrollo ambiental durable y cuáles son las necesidades y prioridades para reorganizar el territorio, defender los recursos naturales y dar trabajo para todos. La soberanía nacional reside en el pueblo, que debe crear desde abajo, libremente, un nuevo Estado basado en comunas autónomas federadas. El poder popular evitará la repetición de la experiencia chilena.Q 

De la unión nacional al ellos y nosotros



Parecería que, como decía Vico, la historia se desenrolla como espiral y pasa varias veces, más alto o más bajo, sobre el mismo punto. Ahora, a 50 años de la Unión Popular chilena, la mayoría de las clases dominantes intenta oponer al Poder Ejecutivo al Poder Judicial, dado que el Legislativo se les escapó de las manos y también en los estados gobernados por PRI o PANrechazan la Guardia Nacional y, sobre todo, el nombramiento de coordinadores federales porque ambas cosas debilitarían sus lazos con los militares locales y les controlarían los gastos.
Esa guerrilla institucional defiende sus privilegios, sus enormes ingresos y, sobre todo, el poder de facto que esas clases poseen y que desean seguir cubriendo con un poder legal. No hay que subestimar este sabotaje que recién comienza y que debe ser aplastado antes de que sea peligroso pues quieren anular por la fuerza la victoria electoral popular.
Es necesario defender al gobierno legítimo y cada medida justa y favorable a la mayoría y al ambiente encarando una restructuración a fondo de las instituciones que fueron construidas para defender la explotación y los privilegios y apoyar las decisiones legales con una movilización popular que imponga la elección de los jueces y el juicio por jurados populares seleccionados, como en Estados Unidos.
La objeción de que el nivel cultural es muy bajo y que este sistema desataría ajustes de cuenta y excesos del México bronco subestima a los ciudadanos comunes y la existencia de leyes e ignora que con un bajo nivel de conocimientos formales se puede decidir lo justo (hay muchos Sanchos en potencia capaces de ser buenos gobernadores) y que, por otra parte, la cultura de los estadunidenses medios es deplorable pero cuentan con letrados para asesorarles.
En México se está reconstruyendo hoy un bloque social antioligárquico y potencialmente anticapitalista entre las clases medias pobres –urbanas y rurales– y los trabajadores de todo tipo que se expresó durante el gobierno del general Cárdenas. República. Pero, aunque ese bloque pueda tener expresiones electorales coyunturales –como el triunfo de Morena– no es ni puede ser meramente electoral.
Los triunfos en las urnas son sólo el subproducto de las luchas, de las movilizaciones y de la participación de los ciudadanos. Las clases y los movimientos populares elevan su conciencia y adquieren seguridad combatiendo. En la acción masiva se forma, politiza y organiza una masa obrera que acepta todavía hoy el consumismo y las normas y valores capitalistas y ve al mundo como una mera oposición entre ricos y pobres y no entre explotadores y explotados.
Esa clase que adquiere conciencia de serlo rompe así con la ilusión de la unidad nacional, del somos todos mexicanos que la somete a sus explotadores y la divide de sus hermanos de otros países y pasa así a tener conciencia de que ellos se oponen a nosotros y con ese salto ideológico libera sus fuerzas para organizarse y enfrentar a sus enemigos, que están unidos por el funcionamiento del sistema capitalista que sigue controlando el aparato estatal.
Los Chalecos Amarillos franceses se desarrollaron en el terreno abonado por la rabia popular nacida de las mentiras, las desilusiones, la explotación creciente y, en 24 días en que pusieron a sus explotadores de rodillas y paralizaron el país, obligaron al gobierno de los multimillonarios a ceder. Son un ejemplo de que la acción autónoma unida a la autogestión local puede reconstruir la organización de la vida cotidiana desde abajo creando confianza, conciencia y poder popular.
Para dar base firme al triunfo electoral hay que asentarlo en la acción popular. Si, por ejemplo, una empresa cierra por razones políticas o porque da menos ganancia al patrón hay que ocuparla y hacerla producir directamente en forma cooperativa porque el derecho al trabajo y a la vida está por encima del derecho de propiedad y, si los acaparadores escondiesen bienes para producir escasez y sabotear, es indispensable distribuir sin indemnización lo escondido. Allí donde haya gente viviendo en pocilgas o en la calle, es necesario ocupar las casas vacías y ubicarla en ellas y si los trabajadores inmigrantes son rechazados, hay que ayudarles y darles abrigo. No hay que esperar del estado capitalista que sigue condicionando los márgenes de acción de los gobiernos populares.
De asambleas de comunidad, colonia o lugar de trabajo, deben surgir comités revocables por sus mandantes que prevendrán los delitos, reducirán la violencia familiar y los feminicidios, la corrupción y los abusos y harán cumplir las leyes.
Al mismo tiempo es posible establecer en cada localidad con qué se cuenta para un desarrollo ambiental durable y cuáles son las necesidades y prioridades para reorganizar el territorio, defender los recursos naturales y dar trabajo para todos. La soberanía nacional reside en el pueblo, que debe crear desde abajo, libremente, un nuevo Estado basado en comunas autónomas federadas. El poder popular evitará la repetición de la experiencia chilena.

Presupuesto rural para la 4T



El diagnóstico de lo que ha sido el presupuesto rural es deprimente: la planeación y la coordinación son prácticamente inexistentes, sólo el 3 por ciento del PEC se aplica en concurrencia. Somos uno de los países que más gasta y tenemos el penúltimo lugar en la eficiencia del gasto.

El presupuesto rural fue utilizado por los gobiernos neoliberales como un instrumento para aparentar que se destinaban más recursos al campo, aunque en realidad año con año creció el gasto asistencial y se redujo el gasto productivo.

Los postulados de la Cuarta Transformación exigen una reorientación sustantiva del presupuesto rural, comenzando por los principios de no robar, ya que la corrupción ha sido recurrente en los programas del campo, llegando al grado de que los funcionarios que autorizan los recursos se queden con 50 por ciento de los apoyos. Así como no traicionar condicionando recursos a cambio de apoyos políticos. Eliminar el uso electoral de los recursos y castigar a quienes incurran en este ilícito.

En este contexto, los objetivos fun-damentales del presupuesto rural deberán ser:

1) Reducir el marcado asistencialismo de los programas sociales y hacer una conversión hacia los programas productivos.

2) Renovar el Pacto Federal. A partir de eliminar la dispersión de más de mil programas sociales y agropecuarios en los estados para concentrarse en los 25 programas estratégicos del nuevo gobierno.
3) Evitar que las empresas trasnacionales vuelvan a poner a los secretarios de Agricultura.

4) Una política agroalimentaria que permita reducir la alarmante dependencia en la importación de alimentos.

5) Dejar de realizar evaluaciones a modo de los programas rurales, dejar de simular evaluaciones imparciales con las universidades y que la evaluación sea integral y con participación social se traslade como una función a la Auditoria Superior de la Federación.

El diseño del presupuesto sobre la metodología de Presupuesto Base Cero permite nuevos programas acordes a la Cuarta Transformación y evitar la tendencia inercial de las últimas décadas, donde los programas fueron cambiando sólo de nombre de un sexenio a otro.
La mayoría de los 25 programas prioritarios del Presidente tiene un impacto para el campo: becas para jóvenes, las cien universidades (en su mayoría rurales), las becas a preparatorianos, la pensión a adultos mayores.
La Zona Libre de la Frontera Norte (el corredor migratorio más grande del mundo) será fundamental para evitar la creciente migración llegando al grado de que 10 por ciento de quienes han nacido en nuestro país (12 millones de mexicanos) viven ahora del otro lado de la frontera.
Especial mención requieren los programas donde se dará prioridad a los pequeños productores, a los grupos más vulnerables y a las zonas más marginadas, en los cuales se debe establecer un presupuesto por metas para lograr los objetivos hacia 2024, me refiero a:

A) Canasta básica de alimentos.– Garantizando la distribución a precios accesibles de 36 productos básicos mediante el sistema Diconsa y Liconsa. Cuyo monto no debe de ser menor a 6 mil millones de pesos.

B) Precios de garantía para la producción de maíz, frijol, trigo y leche de los pequeños productores, operado por Segalmex, cuyo monto deberá ser de 8 mil millones de pesos.

C) Crédito a la palabra a pequeños ganaderos, que permita repoblar el hato y garantizar la reducción en las importaciones de carne. Con un monto de 4 mil millones de pesos.

D) Un ambicioso programa de fertilizantes que garantice el abasto oportuno y barato de los mismos mediante Segalmex fomentando el uso de biofertilizantes. Con un monto de 1.5 mil millones de pesos.

E) La plantación de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, generando 400 mil empleos, fomentando la agroecología, la biodiversidad y al mismo tiempo fortalecer la actividad silvícola y la cafeticultura.

F) La construcción de 300 caminos rurales apoyará considerablemente el progreso de estas comunidades y generará empleo en las mismas.

Otro de los cambios estructurales en el presupuesto se refiere a la conversión de varios programas de padrón a un solo programa denominado Producción para el Bienestar, con ello el censo que se realiza permitirá validar y actualizar el padrón, la entrega de recursos vía tarjeta eliminara corrupción, con esta metodología se reducirá la cantidad de personal revisando expedientes, aprobando proyectos y calificando los mismos. Como consecuencia de ello, con la asignación directa de recursos disminuye el requerimiento de obesas reglas de operación.

Los retos:

A nivel institucional es fundamental tener la capacidad de operar nuevos programas, de eliminar viejas prácticas, de romper la parcela institucional y de poder cumplir las metas del nuevo gobierno.
Mientras que del lado de las organizaciones el principal reto está en poder desarrollar procesos comunitarios y locales para garantizar que los recursos que lleguen mediante diversos programas sean atendidos por medio de la producción local, de tal forma que verdaderamente se genere un mercado interno que transforme el campo.
* Ingeniero agrónomo

El andamiaje de la deliberación



Hay polarización en el país, pero es necesario diferenciarla en dos ámbitos.
En el ámbito de la opinión pública existen segmentos polarizados a partir de estereotipos. En uno, todo lo que haga Andrés Manuel López Obrador conduce inexorablemente al debilitamiento de la democracia. En otro, toda crítica al actual gobierno proviene de los enemigos de la transformación. Se trata de minorías intensas, porque en el espacio público predominan la posiciones matizadas y sustentadas a menudo en argumentos y no en prejuicios. Aun así las posiciones extremas contaminan el espacio necesario que podría llevar a sólidas deliberaciones públicas que, sobre todo, reconozcan la otra polarización.
En el ámbito de las sociedades locales –urbanas y rurales– ocurre una verdadera polarización social, cuyas expresiones externas son los linchamientos, los ataques armados a comunidades, las guardias de autodefensa, las agresiones entre alumnos, la población desplazada por la violencia y los incidentes cotidianos de agresión individual en calles, bares y estadios deportivos. El hilo conductor es la constatación de la ausencia del Estado y el recurso a la justicia por propia mano. Estas expresiones espontáneas culminan en explosiones violentas y luego se disipan ante la debilidad de mecanismos de intermediación política. Pero ahí está concentrada la gran acumulación de enojo y rabia que habita en nuestro país.
En mi entrega anterior señalaba que el gobierno de López Obrador enfrentaba cuatro tipos de restricciones. En esta me refiero a la cuarta restricción que tiene que ver con el Estado, sus burocracias, sus aparatos, en donde predomina la fragmentación y la captura de distintas franjas por poderes fácticos.
Casi toda la conversación pública en semanas recientes se relaciona de distintas maneras con la debilidad, las deformaciones y las ausencias del Estado. El tema de la reforma del Estado es clave, porque sin ella difícilmente se podrán implementar muchas promesas de campaña de López Obrador o de las contrapuestas de la oposición, expertos, académicos o diversos tipos de agrupamientos. Este debiera ser el espacio privilegiado para la construcción del andamiaje de la deliberación.
La reforma del Estado generalmente transita por dos vías: desde el Estado mismo producto de élites ilustradas que la realizan de manera preventiva frente a grandes o potenciales rupturas sociales. O, por otro lado, desde los arreglos institucionales negociados con actores sociales.
La primera reforma desde arriba, rápida, quirúrgica, elaborada casi desde un laboratorio del poder, a menudo desemboca en exclusión e improvisación. Otra, dado que su aspiración es de amplia inclusión, es gradual, sin dejar de atender los problemas urgentes y con momentos de transformaciones profundas.
La reforma del Estado en democracia requiere acumulación de energía social, impulso al desarrollo de actores sociales locales, regionales y nacionales, evidencias empíricas sólidas que sustenten diagnósticos y políticas.
Por lo pronto propongo algunos textos que, me parece, pueden iluminar esta construcción de la deliberación. Uno se refiere a la coyuntura actual del país. Es el texto elaborado por varios amigas y colegas: La construcción política de la confianza, del Instituto de Estudios de la Transición Democrática (IETD, 2018). Por otro lado, el mejor análisis a mi juicio de los peligros que enfrenta la democracia, por Nadia Urbinati ( Democracy disfigured, Harvard Press University, 2014), que encuentra tres deformaciones de la democracia contemporánea: la impolítica o antipolítica, la populista y la plebiscitaria. Finalmente, el texto más reciente del gran historiador económico Adam Tooze ( Crash, Editorial Crítica, 2018), que narra minuciosamente cómo ocurrió la crisis de 2008 y sus múltiples impactos en el mundo contemporáneo.

Twitter: gusto47

Comisiones de la verdad



Como se sabe, el pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El establecimiento de una Comisión de la Verdad para tal caso no sólo es necesario y urgente, sino que puede ser el inicio de un proceso de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición para las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, la pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿y las demás víctimas de desaparición forzada no merecen también una Comisión de la Verdad? Estamos hablando de más de 40 mil desapariciones reconocidas por el anterior gobierno, y de una cifra que va desde las 70 mil hasta las 300 mil desapariciones forzadas denunciadas por los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. Además, en los pasados 12 años más de 170 luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada y cerca de 250 fueron ejecutados de manera extrajudicial.
Pensamos, entonces, que no sólo debe considerarse que es necesaria, sino que también es urgente una Comisión de la Verdad para todas las víctimas de desaparición forzada. Y ello como un primer paso para conocer su paradero y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y a los beneficiarios y los facilitadores de esta grave violación a los derechos humanos.
Para ello el gobierno tiene que abandonar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores, y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización.
Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en un determinado lapso de tiempo. Lo que incluye no sólo garantizar a las víctimas el derecho humano a la verdad, sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como visibilizar a las personas, grupos e instituciones que se vieron beneficiados por éstas, para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder.
Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad son una de las formas de intentar garantizar el derecho a la verdad, tomando en cuenta que este derecho se debe tratar en su integralidad; es decir, en su interdependencia con el derecho a la justicia, a la memoria, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición.
Por lo general, las comisiones de la verdad surgen por la exigencia de los pueblos de conocer lo que sucedió en un determinado periodo histórico, y están mediadas por la voluntad política de los gobiernos para develar la verdad de los hechos acontecidos. Sin la voluntad política real del gobierno, una comisión de la verdad sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades, y se convierte en una instancia que simula buscar la verdad.
Como expresa el Comité Cerezo México, la voluntad política del nuevo gobierno debe traducirse en adoptar políticas que permitan garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en tres grandes periodos.
Primer periodo (1968-1994), con el fin de atender la demanda de conocer el paradero real de todas las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra sucia. Segundo (1994-2000), con el propósito de atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contrainsurgente contra el EZLN y el EPR, así como las de la represión política contra los movimientos populares e indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tercer periodo (2000-2018), para atender la demanda de dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada en el país. Para ello deberán contemplarse principalmente dos tipos de poblaciones: las que por su militancia política o su labor de defensa de los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte; y las que sin tener una participación o militancia política contra el gobierno en turno son víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
El punto central para que funcione este proceso de verdad, de manera que responda a las exigencias de los millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y esté en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares e indígenas, así como los expertos en la materia, académicos, intelectuales y periodistas comprometidos, participen activamente en su construcción.

Educación alternativa desde el normalismo rural



Las muy antiguas y simbólicas arcadas del edificio central de la histórica primera normal rural del país, conocida como la normal de Tiri y que está por cumplir 100 años, siguen recibiéndonos a la entrada como una señal de su largo caminar. Siempre rodeadas de las aulas llenas de murales, del viejo comedor al fondo, del internado y sobre todo de los muchachos activos y curiosos. Los de cuarto y tercero están fuera en las prácticas, aquí andan en el foro los de primero y segundo, libreta en mano. Los profes están siempre atentos a los detalles organizativos del foro.
En estos momentos tiene particular importancia recoger las reflexiones, planteamientos y propuestas que se formulan en el ámbito de las normales. Corren ya varios consensos a partir de que han sido comunes los agravios, descalificaciones y sobre todo imposiciones presupuestales, curriculares y desprofesionalizantes sobre el conjunto de las normales públicas y, como todos sabemos, con mayor encono sobre las rurales, que han sufrido detenciones, desapariciones y asesinatos. Proceso acelerado desde que la eterna dirigente, Elba Esther Gordillo, sentenció junto con los empresarios primero y las televisoras que las normales no servían para nada y había que convertirlas en escuelas de turismo.
En el foro participaron también profes y estudiantes de Mactumactzá, de Saucillo, de la Rebsamen veracruzana y de la Nacional de la CDMX. Hay muchas reuniones de normales a lo largo del país. La mayoría comparten el propósito de este foro: Contribuir a la construcción del nuevo proyecto del normalismo mexicano, en particular el de tipo rural, en el contexto de los procesos actuales de transformación que vive nuestro país y ante los desafíos que impone el desarrollo científico-técnico, a partir de la recuperación de la historia y esencia de las normales y su actualización crítica para generar aportes al diseño de la nueva escuela y la nueva educación que demanda la sociedad mexicana. Por lo pronto en Tiri han logrado dejar la currícula impuesta en 2018 y volver a la de 2012. Una buena victoria, aunque a ningún maestro de Michoacán le han pagado los salarios y prestaciones.
En el texto de conclusiones generales se enumeran las alternativas y demandas básicas e ineludibles: Que el nuevo gobierno declare a las normales e instituciones de formación docente como estratégicas para el desarrollo de la educación en el país y de los procesos de transformación social en general.
- Realización de un Congreso Nacional de Educación Normal para construir de manera colectiva, desde todas las comunidades normalistas, planes de estudio para la formación docente inicial y continua a partir de enfoques humanistas, críticos y emancipatorios.
- Cancelación inmediata de la malla curricular de 2018, por corresponder a los fines y visiones de la mal llamada Reforma Educativa y el Modelo Educativo de 2016.
- Presupuesto digno, de manera emergente demandamos el incremento de la beca alimenticia para las escuelas normales rurales.
- Otorgamiento de plazas para los egresados de las normales públicas, (restituyendo el carácter profesional del magisterio).
- Programas de apoyo suficientes para los estudiantes normalistas.
- Actualización del marco jurídico y normativo.
-Nuevo esquema laboral democrático, y la última, revitalización de la vida académica.
Mucho se insistió en retomar y socializar los esfuerzos realizados en torno a profundizar en los ejes formativos histórico-social, filo-onto-epistémico, científico, sociocrítico, reforzar la práctica docente esencialmente profesionalizante y transformadora, así como los elementos de desarrollo de capacidades de autoconocimiento, formación sicopedagógica emancipatoria, intercultural con rescate de saberes de los pueblos originarios y restituir los elementos de un formación integral, física, intelectual, síquica, ética, estética y espiritual.
Para lograr esta recuperación se requiere, como tarea urgente, disputar las narrativas pedagógicas de nuestro tiempo, resignificando sus perspectivas críticas y desmontando aquellas cuyas políticas operativas y prácticas concretas sigan reduciendo la formación al desarrollo de habilidades para la explotación, y desmontar la ideología neoliberal de la educación y la cultura, profundizando en las teorías educativas alternativas como la pedagogía crítica y emancipadora.
Por su parte los normalistas plantean: aprender lenguas originarias, luchar por recuperar plazas y completar la plantilla de docentes, recuperar la pedagogía en la formación docente, implementar nuevos talleres con actividades creativas y recreativas, mejorar las condiciones asistenciales de las normales, disminuir los cursos de inglés e incluir los de humanidades, impulsar la ciencia y la creatividad mediante museos interactivos.
El conjunto de los presentes nos pronunciamos por un ¡No a la desaparición de las licenciaturas en educación especial! Y por exigir la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, pues ¡nos siguen faltando 43!

¿Peña a La Haya?



El 7 de diciembre Gilberto Lozano informó que la Corte Penal Internacional (CPI), situada en La Haya, Holanda, empezó ya a revisar la demanda interpuesta contra Enrique Peña Nieto por la organización Congreso Nacional Ciudadano, en la que se inculpaba al ex presidente de violaciones a los derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad –en particular en los casos de los crímenes cometidos en Ayotzinapa y Tlatlaya. El día de ayer un vocero de la corte explicó que sólo se había recibido la denuncia y el siguiente paso, en caso de darse, sería determinar si el tribunal contaba con jurisdicción para iniciar las investigaciones. En pocas palabras, en la CPI no existe todavía una investigación contra Peña. Y, sin embargo, por lo pronto, la demanda interpuesta contra el ex mandatario mexicano ha llegado bastante más lejos –en términos procesuales– de la que alguna vez –en 2011– interpuso un vasto grupo de ciudadanos contra Felipe Calderón en el mismo tribunal y por los mismos delitos. Habrá entonces que esperar.
Fundada en 1998, la CPI es un organismo del todo sui generis que no forma parte de la ONU, aunque se relaciona con ella por su norma fundacional, el Estatuto de Roma. Su cometido es llevar a juicio agresiones de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. Sólo procede en los casos que un Estado no pueda juzgar o no juzgue estos delitos y, en principio, ha funcionado de manera visiblemente selectiva. Charles Taylor, ex presidente de Liberia, acusado de proveer armas durante la guerra civil de Sierra Leona, en la que murieron más de 120 mil pobladores, fue juzgado entre 2007 y 2011. Laurent Gbagbo, ex jefe de Estado de Costa de Marfil, compareció acusado de crímenes de guerra. Fue juzgado y sentenciado a prisión en la misma ciudad de La Haya. Slobodan Milosevic, ex presidente de Yugoslavia, sin duda el caso más célebre del tribunal holandés, fue inculpado de genocidio étnico y sometido a una investigación que se prolongó durante más de cinco años. Murió en su celda durante el proceso en 2006. Milan Milutinovich, ex presidente de Serbia, acusado de crímenes de guerra, fue absuelto en 2009. Slobodan Praljak, criminal de guerra croata, inculpado por las masacres cometidas por las tropas de Croacia contra musulmanes bosnios, tomó un veneno letal durante una sesión del proceso frente a las atónitas miradas del juez, el fiscal y el público asistente. Khieu Samphan, ex jefe de Estado de Cambodia, continúa en juicio desde 2011 por los crímenes de guerra cometidos por los khmer rojos durante 1975-1979.
Ningún ex mandatario latinoamericano ha sido requerido por la corte, aunque casos no han faltado. Pinochet habría sido un excelente candidato. Es obvio que Occidente cuida de la reputación de sus propios criminales. Aunque la Corte Internacional mantiene en la actualidad investigaciones en Colombia y Honduras.
No por casualidad, los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña– no han firmado el estatuto de la CPI. De alguna manera se mantienen blindados frente a sus sentencias. De ahí el sinnúmero de críticas que se le han hecho al tribunal, el cual hizo caso omiso de llevar a su banquillo, entre otros, el caso de Henry Kissinger.
Sea como sea, la notoriedad mediática y jurídica que ha alcanzado es notable. Sus investigaciones, que siempre son públicas, se extienden durante varios años. Y los juicios son acompañados de exhibiciones y testimonios pormenorizados de los crímenes cometidos por los inculpados. La justicia convertida en un espectáculo inclemente. Un juicio a Peña Nieto en ese tribunal traería consigo no sólo un examen de la tragedia mexicana de los pasados dos sexenios, sino una revisión completa de la historia del régimen instaurado por la tecnocracia desde mediados de los años 80. Sabemos que se trata de un caso que la Corte Internacional podría atraer a su jurisdicción. Las declaraciones de El Chapo en el juicio que se le sigue en Estados Unidos propician un ambiente para ello. Sería una ironía en la que finalmente se revelaría que la supuesta guerra contra el crimen organizado no fue más que un mecanismo de control político. Se puede decir que se trata solamente de coincidencias; pero ya son demasiadas coincidencias.
¿No acaso valdría la pena, en aras de mantener la mínima soberanía jurídica, pensar en un juicio local bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? En su discurso inaugural, Andrés Manuel López Obrador dijo que no abriría expedientes porque eran demasiados y sólo se perdería el tiempo. Pero aquí se trata de un solo expediente. Nada más de uno: el de quien obstruyó la justicia para emprender las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. No se perdería ningún tiempo y acaso se repararía la integridad de una nación entera. Esto, y no la instauración de una vaga Comisión de la Verdad, daría inicio a un efectivo cambio de régimen político.

Economía internacional y nacional: nuestro cambio



El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido una imagen de instrumento de Estados Unidos. Pero ahora tiene una posición que podría ser de más independencia. Con los aspectos a la vista hay muestras de diferencias de este país con casi todo el mundo: Europa Occidental, obviamente Rusia y casi toda Asia, y la mayor parte del resto del mundo.
Veamos partes del Informe de Estabilidad Financiera 2018, que el FMI hizo público en Bali, en su reunión cumbre anual. Trata a Estados Unidos como uno de los mayores damnificados. Habla de una deuda mundial de 182 billones de dólares. Está 60 por ciento por encima del nivel que causó la última crisis financiera.
Se habla de una muy próxima crisis internacional. Algunos países han seguido en su ritmo de crecimiento, como China, India y otros de Asia. Algunos tienen también un claro crecimiento como Indonesia y Bolivia.
Se nos hereda una dependencia económica de Estados Unidos, más de 80 por ciento de nuestro comercio exterior.
Ya el presidente López Mateos hizo una extensa gira por China y otros países de Asia ante un cuadro similar al actual. Su gobierno y otros posteriores diversificaron su comercio exterior.
Los pasados tres gobiernos, los dos del PAN y el que acaba de terminar, no es raro que hayan sido repudiados por la mayoría de los votantes en las elecciones de este año por su acercamiento dependiente, nuevamente, a Estados Unidos. Estos mismos partidos que fueron gobernantes quedaron por los suelos, en la elección pasada.
Es claro que en el nuevo gobierno se ven medidas que tienden a recuperar la capacidad de crecimiento que se perdió durante el anterior periodo, pero debemos ver que estamos en el principio del cambio.
Nuestro nuevo régimen, según declaración del Presidente actual, se inscribe en un proceso internacional en el que el cambio hace más posible la renovación.
Hasta en el futbol mundial, Estados Unidos perdió su ansiado campeonato mundial. Le ganó Qatar, pequeño país de Oriente Medio, pero con petróleo y, sobre todo, con gas, y ahí serán los juegos respectivos.
Y no es sólo en el terreno deportivo. En México, Qatar ha ganado concursos de suministro de gas (como el asociado del petróleo). Este país tiene parte del mayor campo de gas natural, y lo comparte con Irán. Los dos países son atacados de diferentes formas por Estados Unidos.
En México, de igual forma, ha ganado licitaciones similares. Lo ha consumado en el Golfo de México donde está la principal actividad petrolera en general.
Hay proyectos de generar petróleo y gas en varios estados, pero eso tomará su tiempo en cada caso. Y mientras, hay una amenaza de que el equipo y el suministro relativos no sean suficientes en la próxima estación de calor.
Han comprado gas e incluso corriente eléctrica de California, Estados Unidos, ambos a precios muy caros.
Ante estos problemas, se puede hacer un concurso de gas, que probablemente lo vuelva a ganar Qatar. Tal vez sea necesario acondicionar un puerto en esa zona del norte de México pero aun así, el energético será más barato que el del país del norte.
Al mismo tiempo, es importante desarrollar la producción de petróleo y gas en México, y en esa parte del país, con geotermia aprovechando el agua muy caliente de algunos mares que rodean a la península de Baja California.
Mientras se desarrollan esos proyectos se puede importar gas, que probablemente sea de Qatar. Este país ya lo vende a China, Japón, India, etcétera, y puede llegar a Baja California con barcos apropiados.

Propone López Obrador aumentar en más de 35% la producción petrolera

Se rescatará la paraestatal

Vamos a invertir donde sabemos que hay petróleo y que nos va a costar menos extraerlo, anuncia


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Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera, dijo López Obrador en el Puerto Industrial Laguna Azul. Lo acompañan el director de Pemex, Octavio Romero, y la titular de Energía, Rocío Nahle.

Ciudad Del Carmen, Camp., El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, que tiene la finalidad de elevar la producción de un millón 750 mil millones de barriles diarios a más de 2.4 millones al final del sexenio. Con este esquema, prevé la posibilidad de recuperar Cantarell, el agotado campo petrolero que produce alrededor de 200 mil barriles diarios de hidrocarburo.
Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera. No exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938 (gobierno del general Lázaro Cárdenas). Es un nuevo rescate de Petróleos Mexicanos, señaló el Ejecutivo federal en el Puerto Industrial Laguna Azul, terminal 1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) en esta ciudad.
Afirmó que es un plan bastante realista que combatirá la corrupción y que requiere la participación de todos: trabajadores en activo, jubilados y empresarios petroleros –a quienes agradeció haber bajado los costos de producción– para perforar 117 pozos tanto en tierras como en aguas someras con una nueva orientación.
Vamos a invertir donde sabemos que hay petróleo y que nos va a costar menos extraerlo... Ahora vamos a invertir en exploración, en perforación de pozos en tierra y en aguas someras de Veracruz, Tabasco y Campeche, dijo.
Todo en el contexto de la austeridad republicana, con ahorros, sin contratación de deuda, sin aumentar impuestos en términos reales, sin aumentar los precios de los combustibles a los consumidores.
Ahora sí va a rendir mucho el presupuesto, sostuvo ante cientos de trabajadores y los gobernadores Alejandro Moreno, de Campeche, y saliente y entrante de Tabasco, Arturo Núñez y Adán Augusto López, respectivamente. “Es que se rayaban, era una exageración. Un día venía yo en un avión comercial de Ciudad de México y junto a mí se sentó un joyero; sale la plática, y le pregunto: ¿a qué vas a El Carmen? Se para, saca de un estuche un reloj, ‘voy a entregar esto a El Carmen…’, ¡un millón de dólares costaba el reloj! Por eso se está hundiendo el país, pero qué bueno que ya se dio este cambio”.
Tras considerar como una vergüenza que se compre petróleo crudo y ligero para las refinerías, resaltó lo extraordinario que fue Cantarell, que por más de 40 años mantuvo al país con una producción de más de 2 millones de barriles diarios.
Por eso lanzó un desafío a los ingenieros petroleros para trabajar en la recuperación del campo petrolero que fue sobreexplotado y mal manejado.
Todo esto puede llevarnos tiempo, puede ser que tardemos tres, seis años, pero le dejamos a los nuevos gobiernos una posibilidad de explotación a futuro. Esto es una tarea, es algo que debe plantearse, que lo de Cantarell es un fenómeno mundial. Estamos hablando del campo más productivo posiblemente del mundo y al mismo tiempo el más mal explotado. Por eso es una tarea para técnicos, para especialistas, para el Instituto Mexicano del Petróleo, que podamos seguir beneficiándonos con Cantarell, puntualizó el mandatario.
Ante la emergencia por recuperar la industria petrolera, López Obrador pidió la ayuda de todos para evaluar el plan y al mismo tiempo instruyó a sus colaboradores a que empiece a ejecutarse, incluidas contrataciones, lo más pronto posible, con garantía de honestidad y transparencia.
Aseguró que en tres meses evaluará los avances, y reiteró, ante la ausencia del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que ya no habrá gremios protegidos por el gobierno, pues los dirigentes serán elegidos por los trabajadores con voto libre y secreto.

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Periódico La Jornada

Comienzan el sexenio con un paquete económico prudente

Se anticipa menor dinamismo

Mantener fundamentos macro, compatible con la austeridad republicana, indica la SHCP // Incluye el compromiso de mayor superávit primario


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▲ Carlos Urzúa, titular de la SHCP, entregó ayer el proyecto de paquete económico 2019 a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Un paquete económico para 2019 prudente, que está en línea con las expectativas de los analistas de los mercados, pero que también se encuentra sujeto a riesgos relacionados con la volatilidad financiera global y tensiones comerciales, fue el que presentó al Congreso este sábado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para el primer año del sexenio, según asienta el documento.
En 2019, el crecimiento de la economía se moverá en un rango de 1.5 a 2.5 por ciento, que anticipa un menor dinamismo que el observado en 2018, de acuerdo con los Criterios generales de política económica 2019, documento que contiene los lineamientos del paquete económico del próximo año.
Para efecto de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicó el crecimiento de la economía el próximo año en 2 por ciento –una media del rango previsto–, que es menor a 2.3 por ciento previsto por la misma dependencia para 2018, de acuerdo con el documento. El viernes, la encuesta entre analistas privados del Banco de México (BdeM) ubicó el crecimiento del próximo año en 1.8 por ciento.
En abril pasado, cuando la Secretaría de Hacienda entregó los llamados Precriterios de política económica, el crecimiento previsto para 2019 se ubicaba entre 2.5 y 3.5 por ciento.

Cálculos petroleros
Otra de las variables básicas para la elaboración del presupuesto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación fue ubicado el próximo año en 55 dólares por barril (este viernes, cotizó en 51.83 dólares), cuatro dólares más que el considerado en los Precriterios.
La plataforma de producción de crudo fue calculada, para el próximo año, en un millón 847 mil barriles diarios, 2 mil barriles menos de los producidos en 2018. En tanto, la plataforma de exportación de petróleo para el siguiente año fue ubicada en un millón 16 mil barriles diarios, 176 mil barriles menos que en 2018.
Para efectos de calcular el monto en pesos por las exportaciones de petróleo, el documento prevé un tipo de cambio promedio en 2019 de 20 pesos por dólar.
En línea con la información del BdeM –tal como había anticipado en la semana el presidente López Obrador– los Criterios generales de política económica 2019 con-sideran para este año una inflación de 4.7 por ciento y de 3.4 por ciento para 2019.
En donde hay un incremento es en la tasa de interés, una variable que determina el costo al que se financia el gobierno federal, que pasa de 7.7 por ciento en promedio este año a 8.3 por ciento promedio en 2019.

Disciplina fiscal
El gobierno federal ratificó en los Criterios el compromiso hecho durante la campaña, después de la elección de julio y en las dos semanas que van de la administración de generar en 2019 un superávit primario –el resultado del ingreso menos gasto antes del pago de deuda– por el equivalente a un punto porcentual del producto interno bruto (PIB), que son 245 mil 733.1 millones de pesos.
El superávit primario de 2019 será mayor al generado en 2018, que es calculado en el documento en 0.7 puntos del PIB.
Un mayor superávit primario implica que habrá una disminución de la deuda pública como proporción del PIB, que bajará de 46 a 45.5 por ciento del producto entre 2018 y 2019, de acuerdo con el documento de Hacienda.
Hasta 2017, el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del PIB fue uno de los factores que llevaron a las calificadoras internacionales a poner bajo observación y, en algunos casos, cambiar a perspectiva negativa, la nota de la deuda emitida por el Estado mexicano.

En pro del crecimiento
El compromiso de mantener los fundamentos macroeconómicos sanos es compatible con el principio de austeridad republicana establecido por el Poder Ejecutivo, aseguró la SHCP en el documento.
No obstante, añadió, la solidez de estos fundamentos no ha sido suficiente para un mayor crecimiento de la economía. En la experiencia internacional los casos de reducción de la pobreza y desigualdad muestran una fuerte asociación con el crecimiento económico.
Por ello, apuntó, dentro de las prioridades del gobierno hay iniciativas que pueden tener un efecto positivo en propiciar una mayor tasa de crecimiento: mayor gasto en inversión en infraestructura, incluyendo los proyectos en regiones con mayor pobreza y desigualdad; políticas destinadas a una mayor profundidad financiera que pueden aumentar el ahorro y permitir una mejor asignación de recursos en la economía; reducción de la violencia, y desarrollo de capital humano a través de programas como el de incorporar a jóvenes que no estudian ni trabajan como becarios en empresas.

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Se destinarán 50 mil mdp para iniciar obras en refinería



El Proyecto de Presupuesto conjunto de Pemex y la CFE asciende a 899 mil 300 millones de pesos para 2019, cantidad que representa un incremento en términos reales –descontada la inflación– de 11.1 por ciento respecto de 2018.

Crece 14.1% gasto de Pemex
En particular, Petróleos Mexicanos tendrá un presupuesto, según la propuesta del Ejecutivo entregada a la Cámara de Diputados, de 464 mil 601.6 millones de pesos, un aumento de 14.1 por ciento en términos reales, en comparación con el asignado en 2018.
Mientras tanto, la propuesta de presupuesto para la Comisión Federal de Electricidad es de 434 mil 702.9 millones de pesos, un incremento de 8 por ciento en términos reales, respecto del asignado en 2018, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo.
Pemex tendrá como eje rector la rentabilidad, buscando promover el desarrollo integral y sustentable del país y buscar la soberanía energética, indicó la propuesta de presupuesto. Con los recursos asignados, la empresa buscará estabilizar la producción de petróleo crudo para detener la caída de la producción; rehabilitar las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación y establecer como prioridad el inicio de la construcción de una nueva refinería, añadió.

Periódico La Jornada

A Presidencia se destinan $227 millones menos que en 2018


La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el gasto anual de la Presidencia de la República en 2019 se reducirá en 227 millones de pesos en comparación con los recursos ejercidos en el presente año. Para la seguridad del Ejecutivo federal y su familia se proyecta un gasto de 610 millones de pesos, cifra menor en 29 millones a los 639 millones destinados al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, que entregó el entonces secretario José Antonio Meade, desglosaba los dos grandes rubros de gasto para la Presidencia de la República. En materia de asesoría, coordinación y apoyo técnico de las actividades del mandatario, el gasto programado –y propuesto al Congreso– se calculaba en mil un millones de pesos. Para el apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal, entonces a cargo del hoy desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), la cifra fue de 639 millones.
Ahora, en la propuesta de gasto para la institución presidencial, el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregó la previsión a la Cámara de Diputados en la que se observa una reducción de 166 millones de pesos para el rubro de asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del Presidente. Se plantea un gasto de 835 millones de pesos.
En el caso de los apoyos a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal, el gasto propuesto por Hacienda sería de 610 millones de pesos.
Además, en 2019 todos los rubros de gasto en la Presidencia se reducirán: en la coordinación y apoyo de las acciones del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, la cifra se redujo de 17 millones en 2018 a 14 en el próximo; atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía, de 58 millones a 45, de un año a otro; en el apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional la inversión también caerá de 79 millones a 50; y en apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión, en 2019 el presupuesto será de 13 millones, mientras en 2018 el gasto fue de 17 millones.
La secretaría particular del Presidente tendrá un presupuesto de 92 millones de pesos; la coordinación general de administración, 385 millones; la coordinación general de comunicación, 113 millones; la secretaría técnica del Presidente, 33 millones; coordinación de asesores, 30 millones; y la jefatura de la oficina de la Presidencia, 43 millones.

 Periódico La Jornada

Chalecos amarillos: convergen izquierda, derecha, generales y rurales

Bajo La Lupa
Alfredo Jalife-Rahme


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▲ Chalecos amarillos se manifestaron en los Campos Elíseos, en París.
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Estalló en Francia la nueva revolución de los chalecos amarillos: 50 años después del movimiento de 1968.
Thierry Meyssan, de Réseau Voltaire, juzga que el Rothschild boy Macron le debe su campaña a Henry Kravis, jefe de uno de los mayores emporios financieros de la globalización, la KKR y a la OTAN (https://bit.ly/2EndWzY ): esa onerosa deuda hace hoy aún más difícil la solución de la crisis de los chalecos amarillos.
KKR es uno de los principales fondos de inversiones donde opera el ex director de la CIA, general David H. Petraeus: uno de los principales proveedores de armas de los yihadistas.
Para Thierry Meyssan, el problema de los chalecos amarillos es profundo y no podrá resolverse sin cuestionar la globalización financiera, cosa que Macron no puede hacer.
Según Meyssan, Occidente devora a sus hijos, al atravesar una crisis existencial y de oposición a la globalización financiera (https://bit.ly/2QDixEw ).
Macron ha tenido la gracia de catalizar en su contra a la extrema izquierda de Jean-LucMélenchon y a la extrema derecha de Marine Le Pen, sumados de generales y de las clases rurales y medias suburbanas que han detonado el movimiento acéfalo de los chalecos amarillos que llegó a su quinta semana de insurrección.
Preocupa la confrontación de Macron con los generales cuando al inicio de su mandato hace 19 meses despidió al jefe de Estado Mayor, Philippe DeVilliers (https://lemde.fr/2PFxK3w ), quien se opuso a sus medidas neoliberales que favorecen a la parasitaria banca globalista y desmantelan al ejército nuclear francés.
Ahora un grupo de generales franceses redactaron una carta abierta a Macron a quien acusan de cometer traición (sic) por firmar el Pacto de Migración de la ONU (https://bit.ly/2CgTXS3 ) contra la soberanía de Francia. La carta fue redactada por el general Antonie Martinez, firmada por otros 10 generales, un almirante y un coronel, así como el ex ministro de Defensa, Charles Millon.
Puede uno estar en favor o en contra de las tesis de Alexander Dugin –ideólogo del zar Vlady Putin con su libro seminal La cuarta teoría política (https://amzn.to/2EkGrym )–, pero no se puede soslayar que Rusia ha sido acusada en forma antihigiénica por el gobierno de Macron de incitar a la revuelta de los chalecos amarillos mediante las redes sociales –como si estas fueran manipulación exclusiva de Moscú.
Una cosa es que el gobierno francés tenga razón de exhortar a Trump (que alienta a los chalecos amarillos) de no inmiscuirse en sus asuntos internos y otra cosa es golpear con palos de ciego a los dos máximos dirigentes nucleares del planeta (Trump y Putin), lo cual expone la búsqueda de un chivo expiatorio externo para ocultar las medidas antipopulares domésticas del atribulado Macrón.
A mi juicio, si Macron busca confrontarse a Trump y a Putin simultáneamente, más vale que empiece a contar sus días en su poder horadado.
Dugin interpreta la insurrección en Francia por los chalecos amarillos y la anatomía del populismo y el desafío lanzado a las élites globales (https://bit.ly/2UNguNF ).
El término populismo en Rusia no tiene la misma acepción peyorativa que en México (deformado por los medievales itamitas/neoliberales derrotados). Al contrario, en Rusia goza de prestigio por ser un movimiento que emana del pueblo.
A juicio de Alexander Dugin, la marca principal del populismo europeo moderno es que modifica radicalmente el antagonismo entre izquierda y derecha surgido de la gran revolución francesa cuando “rechaza el esquema clásico de izquierda/derecha y no sigue ninguna actitud ideológica estricta”. Esa es precisamente su fuerza y éxito al no jugar según las reglas prestablecidas.
Considera que es asombroso que tales movimientos populistas sean dirigidos contra el conjunto de la élite política, sin distinción, sean de derecha o de izquierda cuando la periferia de la sociedad se rebela contra su centro.
Concluye que hoy no hay más derecha ni izquierda: sólo el pueblo contra la élite. Sólo globalistas en decadencia contra nacionalistas en ascenso.

Se simuló la lucha contra la corrupción: Eréndira Sandoval


La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, manifestó en el Senado que en la pasada administración se simuló el combate a la corrupción con reformas incompletas en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Precisó que 42.9 por ciento de las investigaciones de 2018 fueron sobreseídas.
Al asistir a una reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación y la de Anticorrupción, Sandoval precisó que hay cuatro expedientes abiertos por el caso Odebrecht y siete por el Paso Exprés.Las diligencias están en curso en la SFP.
Destacó que recibió la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar la política del derecho administrativo sancionador. El combate a la corrupción no va ser política persecutoria, de tirar lodo por doquier.
Al ser cuestionada por Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción y senador de Movimiento Ciudadano, y por el senador panista Damián Zepeda respecto a la decisión del jefe del Ejecutivo de que no se van a perseguir a funcionarios corruptos, Sandoval destacó: “No habrá impunidad. Vamos a aplicar y a llevar hasta sus últimas consecuencias todos los casos emblemáticos.
En el encuentro con senadores, Sandoval acusó que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la SFP actuó con simulación con reformas incompletas que excluyeron a la sociedad de los procesos de transparencia fiscalización y rendición de cuentas.
La visión del pasado gobierno, aseveró, fue corta, fallida e incompleta, porque le faltó a fortalecer los procesos de prevención y erradicación de prácticas de ilícitos en el servicio público.
Comentó que institución que dirige tendrá una reorganización basada en cinco ejes: ciudadanización del combate a la corrupción y de la impunidad; democratizar las tecnologías, protección a los alertadores internos, servicio profesional de carrera y austeridad republicana, fiscalización y evaluación constante.
Este año, señaló, la SFP recibió y atendió 73 mil 709 quejas y denuncias, de las cuales 52 mil se encuentran en una etapa de indagatoria.
Veintiún mil denuncias están concluidas y, de este número, 4 mil 500 están archivadas. 6 mil se turnaron al área de responsabilidad. Un total de 99 mil servidores públicos fueron denunciados.
La SFP conoció de 11 mil 864 expedientes en materia de responsabilidades que involucraron a 13 mil servidores públicos; de ese total, 5 mil 597 fueron resueltos, 6 mil 400 están en proceso de atención, pero 4 mil 696 se archivaron sin sanció

Periódico La Jornadan.

Descentralización y fin del Seguro Popular: AMLO

AMLO firma acuerdo con gobernadores
Estamos en emergencia nacional sanitaria, alerta Alcocer Varela
Se elimina el Seguro Popular e inicia descentralización
Unos $22 mil millones adicionales de gasto


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▲ En la imagen de arriba, en conferencia de prensa, López Obrador dio detalles sobre su proyecto de salud; abajo, ya en Mérida, firmó el acuerdo con gobernadores; a la izquierda, Alejandro Moreno (Campeche) y Mauricio Vila (Yucatán), y a la derecha, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Mérida, Yuc.. El gobierno federal presentará en febrero una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para eliminar el Seguro Popular y su mecanismo de financiamiento. Se terminará la descentralización de los servicios que estuvo vigente en los 20 años recientes y se formalizará, en la ley, el acuerdo general que este viernes suscribió el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de ocho estados.
En ese acto, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, advirtió que el abandono y deterioro de los servicios sanitarios en los pasados 36 años ha provocado una emergencia nacional que cuesta la vida a muchos mexicanos y provoca un sufrimiento innecesario, sobre todo a la población que vive en zonas marginadas.
Se dejó de invertir en infraestructura hospitalaria, hay 250 unidades médicas destinadas a la población sin seguridad social que están abandonadas, sin terminar las obras o sin equipo. Se trata, dijo, de escandalosos monumentos a la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias.
El convenio firmado por López Obrador permite a la Federación disponer de 22 mil 500 a 25 mil millones de pesos adicionales al presupuesto –que provendrán de los 90 mil millones que hay en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)– a fin de garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos para las personas que carecen de acceso a la seguridad social.
En la primera etapa de la estrategia participan las entidades donde viven las personas con mayores niveles de pobreza, en particular 5 millones de indígenas de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Lo que queremos es un sistema de salud de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, que se garantice el derecho a la salud establecido en el artículo cuarto de la Constitución, pero es letra muerta, porque más de la mitad de los mexicanos no tienen seguridad social. Un sistema al estilo de los países nórdicos y Canadá, dijo.
Desde temprano, en conferencia, el mandatario dio detalles del acuerdo y nuevo plan de salud. Indicó que cada seis meses se integrarán ocho nuevos estados a la federalización y se asignarán en total 50 mil millones de pesos adicionales. Expuso: El convenio significa que los estados trasladan sus servicios de salud a la Federación, la cual se hará cargo de los mismos.
Agregó: “Sobre el llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular. Y será sustituido de forma paulatina. En tanto, los servicios se seguirán prestando como siempre.
Para López Obrador, uno de los problemas actuales es la fragmentación, la desintegración del sistema de salud. Hoy tienen responsabilidad sobre éstos los estados y, por el gobierno federal, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Todos tendrán más presupuesto; lo que queremos es integrarlos y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, esto es, a más de la mitad de los mexicanos.

Con medicinas, su agosto
Respecto de las medicinas, el Presidente dijo que es uno de los mayores problemas de corrupción. Hay dinero suficiente, pero no hay medicamentos en clínicas y hospitales. Y es que “hacían su agosto los que venden medicamentos. Hasta políticos se dedicaban a venderlos por influyentismo. Y se compraban muy caros, por eso no alcanzaba… todo eso se va a eliminar’’.
Para este fin, trabajarán las secretarías de Salud y de la Función Pública, y él mismo estará pendiente de que no se desvíen recursos. Además, se pedirá la intervención de la Oficina de Transparencia de la Organización de las Naciones Unidas para las compras y si no hay condiciones en el país para el abasto, se abrirán licitaciones internacionales, explicó.

Ceremonia en Yucatán
Más tarde, en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, los gobernadores de los estados donde se inicia la federalización de servicios ofrecieron su respaldo al nuevo proyecto. Además de Alcocer Varela, asistieron los directores del IMSS, Germán Martínez; del Issste, Luis Antonio Ramírez; legisladores federales y otros funcionarios del sector.
Ahí, el Presidente planteó rescatar los servicios sanitarios en todos sus niveles, integrar los centros de salud con las unidades del Seguro Social (IMSS Bienestar), los hospitales para la atención de emergencias y los institutos nacionales de salud para la alta especialidad.
Dijo que se eliminará el llamado cuadro básico de medicamentos porque el derecho a la salud comprende todos los medicamentos, incluso los de alto costo. Es un asunto que tenemos que resolver entre todos, ¿o porque cuesta, no los vamos a atender?
También se refirió a los enfermos terminales para los que propuso diseñar un mecanismo de asistencia para bien morir, lo que actualmente no está considerado en el sistema de salud.
López Obrador reconoció que la reforma en el área es un asunto complejo y se requiere el apoyo de los trabajadores. Enseguida ofreció la regularización de contratos de alrededor de 80 mil de ellos que durante 20 años han laborado como eventuales o por honorarios.
En entrevista por separado, Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), administradora de los recursos del Seguro Popular, explicó que la iniciativa de reforma a la ley planteará que todo el dinero sea administrado por la Federación, desaparecer la estructura de la CNPSS, donde trabajan 415 personas en el nivel central y 6 mil plazas que se crearon sólo para la afiliación a este esquema de aseguramiento.
Ese dinero se destinará a los servicios médicos, dijo, al tiempo que sostuvo que la atención médica para personas con VIH/sida y el resto de enfermedades de alto costo que se pagan con el FPGC está garantizada. En 2019 se dispondrá de 12 mil millones de pesos para ese fin.
En la tercera gira de López Obrador por el país, en el Aeropuero Internacional de Ciudad de México, para el vuelo 2520 de Interjet se hizo una revisión especial a los pasajeros, que incluyó detección de explosivos.

Foto Guillermo Sologuren y José Carlo González
Enviadas y Reporteras
Periódico La Jornada

Deja la Corte para enero fallo sobre ley que baja salarios

La Corte resolverá ley de sueldos hasta enero
Ningún integrante se pronunció por realizar sesiones extraordinarias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hasta enero, después de la elección de su nuevo presidente, lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego de que ninguno de los ministros se pronunció por la realización de sesiones extraordinarias para resolver el recurso de reclamación presentado por un grupo de senadores.
La Corte también dio entrada a un recurso de queja presentado por la Cámara de Diputados en contra de la legislación que impone tope a los salarios de los altos servidores públicos.
La lista de notificaciones de la SCJN no publicó nada relacionado con la ley federal de remuneraciones y era importante porque el plazo para que algún ministro solicitara que el pleno sesionara de manera extraordinaria venció a las 14 horas de ayer.
En su recurso de reclamación, los senadores, principalmente del grupo parlamentario de Morena, solicitaron que los ministros llegaran a una situación similar a lo que ocurre en el ámbito del Poder Legislativo, la realización de periodos extraordinarios para sacar asuntos pendientes que sean de su interés.
Sin embargo, solamente por una situación extraordinaria y a solicitud de algún ministro esto podría realizarse, por ello se informó del contenido del recurso de reclamación a los integran-tes de la Corte por si alguno considera necesario sesionar de manera extraordinaria en el segundo periodo de receso correspondiente a 2018, pero ninguno asumió la petición como propia.
De esa manera, el ministro Alberto Pérez Dayán continuará con el estudio de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y senadores de PRI, PAN, PRD e independientes, contra dicha legislación, que limita a un máximo de 108 mil pesos los salarios de los altos funcionarios, mientras el ministro Javier Laynez Potisek deberá determinar si son válidos los argumentos de los senadores de Morena que señalan que fue indebido suspender los efectos de la regla que regula los salarios

Periódico La Jornada

Entrega Nestora Salgado a SG carpetas de 199 presos políticos

Solicita liberación inmediata

Excarcelación no será automática ni colectiva, advierte Sánchez Cordero

La Secretaría de Gobernación (SG) se comprometió a elaborar una lista de presuntos presos políticos de todo el país y establecer una mesa de trabajo con los familiares y testigos de los hechos impugnados a casi 200 personas. No obstante, precisó la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, la libertad no será ni en automático ni de manera colectiva.
Tenemos que revisar cada uno de los expedientes, porque no es un rasero general, tiene que haber un detallado y minucioso examen de cada uno de los expedientes porque hay gente acusada incluso de delitos graves, comentó a La Jornada.
Revisaremos si les sembraron pruebas, si hay falsedad o si hay cualquier circunstancia o condición que haya afectado sus derechos, pero mientras tanto tenemos que ser muy, muy cuidadosos con cada uno de los expedientes y de las personas, sostuvo.
Después de reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, la senadora Nestora Salgado –quien entregó la petición de libertad inmediata para 199 personas– dijo que la última palabra la tiene la Secretaría de Gobernación.
Indicó que en el encuentro con el subsecretario se habló de alternativas para que las personas obtengan su libertad; por ejemplo, la Ley de Amnistía, el indulto o celeridad en los procesos.
La legisladora dijo que los expedientes corresponden a 18 entidades, aunque el mayor nú-mero se ubica en estado de Mé-xico, Guerrero y Oaxaca, con per-sonas encarceladas a partir de delitos fabricados y por su activismo social.
El abogado Martín Sosa señaló que de 199 carpetas, 70 contienen acusaciones por homicidio; 58 por delincuencia organizada, y 31 por secuestro. Además, 180 de los inculpados son hombres y 19, mujeres.
Al respecto, Salgado expresó: Si nos basamos únicamente en los expedientes hay un patrón sistemático de cómo se cuadraron los delitos. El patrón siempre fue delincuencia organizada, secuestro, homicidio y terrorismo.
Dijo que en el sexenio pasado hubo criminalización selectiva contra personas cuyas historias ya han sido revisadas por Naciones Unidas.
En la rueda de prensa participó también la esposa de Leonel Manzano Sosa, preso desde 2013 por su rechazo a la reforma educativa.
También en un penal de alta seguridad se encuentran Damián Gallardo y Sara Altamirano, de Morelos, así como Lauro Grijalva.
Asimismo, se presentaron los casos correspondientes al conflicto La Parota, así como los de Jaime Be-tanzos y Miguel Ángel Peralta Betanzos, de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca. También se mencionó a Enrique Guerrero Aviña, Dominga González Martínez, Vicente Suástegui Muñoz y Marco Antonio Suástegui, entre otros.
Periódico La Jornada

México SA : Carlos Fernández-Vega


Economía: de mal en peor
Carlos Payán, galardonado

De mal en peor, la economía mexicana cerraría 2018 con un crecimiento no mayor a 2.14 por ciento, con lo que –por si alguien aún dudara– el sexenio de Enrique Peña Nieto resultó ser, simple y llanamente, más de lo mismo en 36 años de política neoliberal, pues a duras penas promediaría un avance anual de 2 por ciento.
Así, en materia de crecimiento el gobierno que prometió mover a México se llevaría la medalla de bronce (la de oro la conserva el sexenio de Miguel de la Madrid, con un crecimiento de 0.34 por ciento, y la de plata corresponde al calderonato, el de vivir mejor, con 1.8).
De por sí el balance resulta ingrato, pero el panorama empeora, pues la perspectiva para los dos primeros años del gobierno de López Obrador no son nada alentadoras. De acuerdo con los resultados de la última encuesta del año sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado (levantada por el Banco de México entre 32 grupos de análisis y consultoría nacionales y foráneos), la inercia heredada se mantiene y el crecimiento económico en 2019 apenas sería de 1.89 por ciento y en 2020 de 1.96.
Dependerá de la estrategia económica de la nueva administración que el panorama mejore, pero en vía de mientras en su más reciente análisis –del que se toman los siguiente pasajes– el Centro de Investigación en Economía y Negocios, del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, advierte que una de las razones por las que han ocurrido ajustes a la baja en las expectativas de crecimiento económico en nuestro país es por la moderación que ha sufrido la actividad industrial a lo largo del año en curso, situación que ha dejado a las actividades terciarias como el principal motor de la economía.
El panorama de la industria mexicana luce complicado, ya que no se vislumbra una recuperación importante, al menos en lo que resta de este año y principios del siguiente. Lo anterior, al considerar el desempeño de la producción industrial de las entidades federativas, particularmente de aquellas que tienen una participación importante en el total de las actividades secundarias de nuestro país.
La debilidad observada a lo largo de 2018 es reflejo de los resultados poco favorables exhibidos por las actividades secundarias en la mayoría de las entidades federativas. Si bien las cifras de agosto mostraron que 16 estados del país registraron una tasa de crecimiento positiva en su producción industrial en términos anuales, sólo 12 consiguieron una variación por encima de uno por ciento.
Adicionalmente, la mayoría de las entidades que se ubicaron en terreno positivo tienen una aportación poco significativa a la actividad industrial nacional, en tanto que los estados que cuentan con una ponderación más cuantiosa presentaron tasas de crecimiento negativas.
Campeche, Nuevo León, estado de México, Jalisco, Tabasco, Coahuila, Ciudad de México y Guanajuato son las entidades que en conjunto generan más de 50 por ciento de la producción industrial del país. Sin embargo, de enero a agosto acumularon una tasa negativa de 0.1 por ciento en términos anuales.
Así, es de esperar, en el mejor de los casos, que la mayoría de los estados con mayor participación en la industria nacional mantengan una evolución moderada, afectando con ello el desempeño total de las actividades secundarias.
Una alternativa para impulsar el ritmo de crecimiento de la actividad industrial es mediante la inversión productiva, la cual no sólo incrementa los niveles productivos, sino genera plazas laborales bien remuneradas dentro del sector formal de la economía.
Las rebanadas del pastel
Va un fuerte abrazo para el querido Carlos Payán por la medalla Belisario Domínguez, conferida por el Senado de la República. Cierto es que nuestro tiempo no se puede comprender sin el espíritu crítico(Sasil de León dixit)del director fundador de nuestra casa editorial, y tampoco el periodismo mexicano sin la decisiva presencia cotidiana de La Jornada. ¡Salud!