Pablo Cabañas Díaz
pcabanas@correo.unam.mx* El magistrado José Ángel Mattar Oliva determinó que para Luis de la Barreda Moreno, Miguel Nazar Haro, Julio Sánchez Vargas, Luis Gutiérrez Oropeza, Raúl Mendiolea Cerecero, Javier Vázquez Félix y Salvador del Toro Rosales el plazo de prescripción del delito de genocidio ocurrió el 2 de octubre de 1998.
Cuarenta años después de la matanza del 2 de octubre de 1968, el único resultado concreto es que Luis Echeverría se convirtió en el primer expresidente en acudir a declarar en calidad de indiciado. Compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para responder a las acusaciones por genocidio, homicidio, lesiones, desapariciones forzadas “y lo que resulte’’, formuladas por exdirigentes del movimiento estudiantil de 1968.
El éxito de la Femospp hay que ubicarlo en su contexto, Echeverría acudió a declarar en calidad de indiciado, un día antes de las elecciones del 2 de julio de 2006, y los acusados por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto quedaron exculpados por haber prescrito el delito de genocidio en cada uno de los casos. Los que recibieron este beneficio fueron los extitulares de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro; el exprocurador general de la República, Julio Sánchez Vargas; los generales Luis Gutiérrez Oropeza, exjefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, exsubjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal; Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger cadáveres en Tlatelolco y Salvador del Toro Rosales, exagente del Ministerio Público.
La Femospp tuvo un problema de origen: dependió de las instancias que buscó investigar. Dependía del Ejército, de las policías y del Estado en su conjunto para recabar información. La Femospp y su fiscal no lograron prácticamente nada. La impunidad continuó rodeando a los artífices de la persecución social, y el gobierno foxista dejó pasar los crímenes del pasado.
Fiel a su estilo, Vicente Fox Quesada comenzó a lanzar las primeras promesas para esclarecer los hechos de 1968 y la masacre del Jueves de Corpus. “Su sacrificio no fue en vano”, dijo en París, Francia en 2000, siendo presidente electo en relación a los estudiantes caídos durante la guerra sucia. En Estrasburgo aceptó que el gobierno y el Ejército “son los principales acusados” por la “mucha represión” y los “muchos desaparecidos” que hubo en México a partir del movimiento estudiantil de 1968”.
En diciembre de 2001, Fox se refirió a las matanza del 68 y del Jueves de Corpus como actos de dominio público “nunca aclarados”. Pero sus afirmaciones y sus promesas de impartir justicia fueron desvaneciéndose y, a finales de 2002, declaró que “buena parte” de los delitos de la guerra sucia “habían prescrito”. En perfecta sintonía con Fox, en febrero 2002 el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Gerardo Vega García, estableció que las fuerzas armadas “habían cumplido con lo que se les ordenó como razón de Estado”.
Luego de haber costado al erario más de 300 millones de pesos en gasto corriente y salarios –el sueldo de Ignacio Carrillo Prieto a partir del 4 de enero de 2002 fue de 213 mil 190.89 pesos– y de sus raquíticos resultados, la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que la era de la Femospp había concluido debido al “gran desgaste” de su titular y a los pocos resultados obtenidos a lo largo de sus cuatro años de existencia. Además, el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca afirmó que la Femospp “tenía cumplido el objetivo para el que fue fundada”.
Si bien la Femospp logró identificar 644 casos de desaparición forzada; 434 pueden considerarse plenamente acreditados y para 208 casos hay suficiente información que permite considerar una presunción de que tales hechos sucedieron; pero no pudo acreditar el número de muertos en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, a pesar de cinco años de investigación; y menos señalar por su nombre a los culpables de las desapariciones forzadas y de actos de tortura en instalaciones militares en diversos estados de la República.
El 30 de noviembre de 2006, concluyeron los trabajos de la Femospp. De enero de 2002 a junio de 2006, la Femospp inició 657 averiguaciones previas, y de ellas acumuló en un solo expediente 110 indagatorias, todas relacionadas con hechos calificados como privación ilegal de la libertad, cometidos principalmente en Guerrero, aunque también involucran sucesos en Sinaloa y Jalisco, debido a que los presuntos responsables son los mismos. Sin embargo, Ignacio Carrillo sólo acreditó 12 muertos y 28 heridos.
Luego de cinco años de trabajo donde la indefinición política fue la norma de la actuación de la Femospp, se puede afirmar que no es lo mismo conocer la verdad que resolver los delitos. En el sexenio pasado fue evidente que el gobierno de la República logró encontrar las razones por las cuales, a pesar del cúmulo de evidencias que pesan sobre los autores intelectuales y materiales de la guerra sucia, no recibieron castigo alguno por parte del Estado. Así, en el sexenio foxista, la promesa de impartir justicia a la sociedad en torno a uno de los pasajes más oscuros de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quedó en el olvido.
Entre esas “omisiones” se encuentra el proceso del exprocurador General de la República Julio Sánchez Vargas, quien fue acusado el 19 de septiembre de 2005, junto con Echeverría Álvarez, de incurrir en los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad vinculados con la matanza del 2 de octubre de 1968. Falleció el 8 de diciembre sin que pudiera ser juzgado. Lejos quedaban sus días de gloria como el 21 de febrero de 1968, en que por acuerdo presidencial fue nombrado procurador.
Un mes después de la muerte de Sánchez Vargas, en el número correspondiente a enero de 2006, la revista Compromiso, órgano informativo del Poder Judicial de la Federación, le dedicó una plana en la que se destaca el legado que dejó como funcionario público. En particular se subrayan sus resoluciones que emitió como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que llegó un año después de que terminara el sexenio de Echeverría. José López Portillo designó a Sánchez Vargas ministro de la Suprema Corte, el 7 de marzo de 1977, y se incorporó a la cuarta sala del alto tribunal que se encargaba de resolver asuntos de tipo laboral.
En la Galería 2 del Archivo General de la Nación, en los documentos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación, hay un informe elaborado por Sánchez Vargas, titulado Tlatelolco: 2 de octubre, contiene detalles de la autopsia de 15 personas identificadas como muertas, y otras diez que no fueron identificadas. Los documentos están mal identificados, como el informe del procurador general acerca de Tlatelolco, que se describe como un documento “aparentemente elaborado por el Consejo Nacional de Huelga”.
Hasta ahora, lo único cierto que sabemos es que después de la tragedia de Tlatelolco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de Marcelino García Barragán, “asumió el control de la situación, marginando a las autoridades civiles e ignorando incluso al propio presidente Gustavo Díaz Ordaz”, y el “Campo Militar Número Uno estaba convertido en un campo de concentración de prisioneros de guerra”, según señaló Salvador del Toro Rosales, agente del Ministerio Público Federal que se encargó de tomar la declaración ministerial de los líderes del Consejo Nacional de Huelga (Femospp, 8-IX-02).
Del Toro Rosales, en su testimonio ante la Femospp señaló cómo la Secretaría de Gobernación promovió la provocación en el movimiento estudiantil, para no sólo crear una “mala” imagen, sino para finalmente acabar con él. Además confirmó la tesis de que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) infiltró a provocadores, cuyo fin era hacer estallar la agresión hacia los estudiantes. Declaró que desde sus inicios, el Consejo Nacional de Huelga estuvo infiltrado por policías u “orejas” de Gobernación. Es por ello que se sabía perfectamente bien como estaba conformado dicho organismo. Durante el mitin del 27 de julio, los infiltrados de la DFS tomaron la palabra literalmente, tomaron uno de los micrófonos para incitar a los asistentes a la agresión e inclusive insultaron a Ordaz. Una perfecta “obra de teatro” montada por un “gobierno simple y sencillamente repugnante”, de acuerdo a lo expresado por Del Toro.
El exfuncionario aseguró que el 3 de octubre de 1968, una comisión de agentes del Ministerio Público se presentó en la Sedena y el general García Barragán les dijo: “en el Campo Militar tenemos alojadas a un montón de viejas que nada más nos están estorbando. Quiero que vayan ustedes, hablen con ellas y las que nada tengan que ver con el mitote, que se vayan a sus casas, y aquellas otras que andan en la bola, pues ya verán ustedes qué se hace con ellas, pero yo no las quiero aquí, porque es mucha responsabilidad tenerlas” aquí.
Las declaraciones de Salvador del Toro quedarán como uno de los escasos testimonios de lo acontecido ese día en las esferas del poder. Cabe señalar que el 25 de septiembre de 2002, Julio Sánchez Vargas se negó a responder a las 150 preguntas que le intentó hacer Carrillo Prieto, sobre su participación en la represión de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Sánchez declaró que las denuncias formuladas en su contra eran “infundadas e improcedentes”. Además, le entregó al fiscal una copia del acuerdo del 10 de noviembre de 1982, del entonces procurador Oscar Flores Sánchez, quien declaró prescrita la acción penal por los hechos del Jueves de Corpus.
La audiencia tuvo una duración de casi seis horas, las primeras tres para leer al acusado el cuestionario de 95 preguntas sobre su participación en los hechos del 2 de octubre, y la segunda parte para las 55 preguntas sobre el Jueves de Corpus; en ambos casos, en su calidad de extitular de la PGR, cargo que ocupaba en octubre de 1968 y que dejó el 19 de agosto de 1971 para asumir la dirección de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial.
Juan Velázquez, abogado de Sánchez Vargas y de Luis Echeverría, desacreditó la declaración ministerial de Salvador del Toro, al señalar: “Puede decir lo que sea, pero al fin de cuentas lo que don Julio hizo como procurador, que fue solicitar la acción penal en contra de algunos, fue plenamente respaldada por el Poder Judicial federal, por un juez de primer instancia que fue Eduardo Ferrer McGregor, y luego un tribunal unitario confirmó esas condenas”. Además, dichas sentencias condenatorias habían causado ejecutoria, y al ser definitivas son verdad legal, es decir, cosa juzgada. “Llegará alguien (como Del Toro) y podrá decir lo que sea, pero en contra de lo que esa persona diga hay verdades legales del Poder Judicial federal”, enfatizó.
Sánchez Vargas explicó en su comunicado que los detenidos en la Plaza de las Tres Culturas recibieron sentencia condenatoria en noviembre de 1970, fueron liberados bajo protesta en 1971, “a petición de los sentenciados y por gestión de la PGR ante los tribunales federales”. Y precisó que en 1976 el Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito dictó sentencia confirmatoria de la primera instancia, la cual al no haber sido recurrido quedó firme y es cosa juzgada.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la salud de Sánchez Vargas comenzó a menguar, luego de que el 19 de septiembre de 2005 la Femospp solicitó su aprehensión por considerarlo responsable de los delitos de genocidio y desaparición forzada. Al fiscal Carrillo Prieto no le alcanzó el tiempo para ganar el juicio a Sánchez Vargas y lograr encarcelarlo. Después de que el juez 15 de distrito del Reclusorio Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, negó ocho órdenes de aprehensión contra el extitular de la PGR y otros siete exfuncionarios y militares.
A diferencia de Ranulfo Castillo, el magistrado José Ángel Mattar Oliva, consideró en ese entonces que no sólo no había prescrito el delito de genocidio, sino que existían elementos suficientes para comprobarlo. “Luis Echeverría Álvarez fue quien fraguó de manera intencional, con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en compañía de otros altos funcionarios -tales como el secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el director de Seguridad Pública, el subdirector y delegado supernumerario de esa dependencia y el propio presidente de la República- un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968”, concluyó Mattar Oliva, cuando libró la primera orden de aprehensión contra un exmandatario del país.”
En cuanto a los demás inculpados, Mattar Oliva determinó que para Luis de la Barreda Moreno, Miguel Nazar Haro, Julio Sánchez Vargas, Luis Gutiérrez Oropeza, Raúl Mendiolea Cerecero, Javier Vázquez Félix y Salvador del Toro Rosales el plazo de prescripción del delito de genocidio ya había ocurrido el 2 de octubre de 1998 y por lo tanto quedaron exonerados. Como sostiene Carlos Monsiváis, en el libro Parte de guerra: “en rigor el 3 de octubre de 1968, ya era insostenible la versión oficial”. Pero ahora, con documentos tan contundentes, el olvido es una puerta cancelada en definitiva.
Forum 179. Julio de 2008.
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