Arresto y deportación de inmigrantes causa daño a niñas y niños

a salud y estabilidad de 3 a 5 millones, en peligro

Por Leticia Puente Beresford/corresponsal Nueva York, EU, 17 febrero 09 (CIMAC).- Alarmados por las redadas y deportaciones, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el grupo hispano más influyente de Estados Unidos, y el Urban Institute, alertaron: entre tres y cinco millones de niñas y niños estadounidenses están en peligro de padecer trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar, como lo sufren ya más de 500 menores de edad víctimas de las redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets, a causa de arrestos y deportaciones de sus progenitores. Además, el Departamento de Seguridad Interna informó que más de cien mil inmigrantes deportadas y deportados de 1998 a 2007 tenían hijos e hijas estadounidenses.

El pasado viernes, la Oficina del Inspector General (IOG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer un informe donde se revela que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, una de las 23 agencias que integran el DHS) deportó entre 1998 y 2007 a más de 2 millones de inmigrantes indocumentados e indocumentadas, de los cuales 108 mil 434 fueron padres de niñas y niños ciudadanos estadounidenses por nacimiento. La Raza, informó Univisión, ha reiterado que las y los niños víctimas de las políticas de inmigración impulsadas durante la administración del presidente George W. Bush (del 20 de enero de 2001 al 20 de enero de 2009) "no son inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses con plenos derechos". Janet Murgia, presidenta de La Raza, dijo que en el primer informe del 2007 dado a conocer a los medios de comunicación determinó que el número de niñas y niños separados de sus padres como consecuencia de las redadas es "significativo". De tal suerte que "por cada dos inmigrantes detenidos, una niña o niño se queda desamparado".

En breve, esta organización revelará otro estudio en el que pone en alerta sobre el peligro y los riesgos que confrontan entre tres y cinco millones de menores de edad estadounidenses, hijas e hijos de padres indocumentados, pues "podrían correr la misma suerte en corto plazo", advirtió la Raza. En otras palabras, los daños que no se miran, los horrores, las enfermedades de los padres, de las mamás sin documentos, y de las y los niños estadounidenses.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interna confirmó que por violaciones a las leyes migratorias o porque cometieron delitos, inmigrantes son sacados del país. De éstos, contó a 108 mil 434 madres y padres de familia expulsados que estaban entre los y las aproximadamente 2.2 millones de deportados y deportadas por funcionarios de migración entre 1998 y 2007, dijo el inspector general de Seguridad Interna, Richard Skinner, en un informe dado a conocer el viernes. URGE MÁS INFORMACIÓNSkinner advirtió, cita la agencia de noticias AP, que las cifras no están completas, porque la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no documenta esos casos en su totalidad. La agencia tampoco lleva un registro del número de hijas e hijos que tiene cada padre o madre.

Skinner recomendó que las autoridades migratorias empiecen a reunir más información sobre madres y padres expulsados y sobre sus hijas e hijos. En respuesta a los hallazgos, la ICE dijo que trata de determinar si es que podría llevar mejor registro de las deportaciones de los padres inmigrantes de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses y de la edad de los padres. Su estudio será publicado en unos dos meses. En tanto el representante demócrata José Serrano dijo: "me entristece, pero no me sorprende el enterarme de que nuestro gobierno, con su dura posición para combatir a los inmigrantes, ha separado a cientos de miles de familias durante la última década". Serrano funge en el panel de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que decide sobre los fondos que serán proporcionados a la seguridad interna cada año.

En ese carácter, ha presentado una iniciativa denominada Ley de Protección de los Niños y Niñas Ciudadanos, que les permitiría a los jueces migratorios tomar en cuenta si los inmigrantes tienen hijos e hijas que son ciudadanos estadounidenses antes de decidir su deportación. "Si, de hecho, algunos (niños o niñas) fueran dejados aquí, entonces se tiene la gran tragedia de romper familias. Si fueran sacados o sacadas (del país), yo argumentaría que el resultado directo de nuestras acciones es la deportación de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.

¿Cómo se deporta a un ciudadano o una ciudadana estadounidense?", preguntó Serrano. Por su parte, Bárbara González, vocera de Inmigración y Aduanas, dijo que la agencia está revisando el Informe y no podía comentar de inmediato al respecto. Desde hace tiempo, ciudadanas y ciudadanos estadounidenses hijos e hijas de inmigrantes representan un problema para el Congreso, en la medida en que este intenta controlar el flujo migratorio. Las personas nacidas en Estados Unidos obtienen automáticamente la ciudadanía, pero no pueden solicitar que sus padres se conviertan en ciudadanos legales sino hasta que niñas y niños cumplan los 21 años de edad. 09/LPB/GG

Se declaró inocente, pues dijo actuar conforme a tradición
En abril juzgarán a inmigrante triqui, acusado de “vender” a su hija

Por Leticia Puente Beresford/corresponsal Nueva York, EU, 17 febrero 09 (CIMAC).- Un caso que involucra un “contrato de matrimonio” y “dote” y que tiene que ver con la cultura y costumbres del pueblo indígena Triqui, originario del estado de Oaxaca, México, está en la Corte de California. El presunto responsable es Marcelino de Jesús Martínez, quien reside en California y se declaró inocente de complicidad en torno a la violación de su hija de 14 años de edad, por presuntamente venderla en matrimonio a cambio de 16 mil dólares, cerveza y carne.

La agencia de noticias AP informó lo anterior, al tiempo de explicar que el fiscal que lleva el caso de Marcelino de Jesús, dijo que éste se declaró inocente de complicidad en el abuso sexual de la menor y otros cargos afines. El juicio del indígena triqui comenzará el próximo 6 de abril. Y, por el momento, el señor Martínez se encuentra en un centro de detención para inmigrantes indocumentados. Martínez, reside en Greenfield, una comunidad rural en la costa central de California. Los fiscales dicen que Martínez y la familia de Margarito de Jesús Galindo negociaron el contrato de matrimonio y dote. El asunto pasó a ser del conocimiento de las autoridades cuando Martínez pidió a la policía que le ayudara a recuperar a su hija por no recibir el pago de la dote.Muchos inmigrantes de la comunidad trique forman parte de la corriente de trabajadores rurales de la fruta y la verdura, y viven en comunidades costeras del Valle Central californiano. Hablan la lengua indígena triqui más que el español y provienen de pueblos con tradiciones culturales diferentes a las de otros grupos poblacionales de México. 09/LPB/GG