México y el Estado fallido

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EU) plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por la violencia del crimen organizado, EU estaría obligado a dar respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna. Dicho de otra manera, EU podría invadir con sus tropas el territorio nacional para resolver el colapso del Estado debido a la inseguridad.

“… el gobierno, sus políticos, su policía y su infraestructura judicial están todos sometidos a una agresión sostenida y presiones de pandillas criminales y cárteles de la droga. La forma que tome ese conflicto interno en los próximos años tendrá un impacto trascendental en la estabilidad del Estado mexicano. Cualquier derrumbe de México a una situación de caos demandaría una respuesta estadunidense, basándose simplemente en las graves implicaciones para la seguridad interior”, advierte el Comando Conjunto de las Fuerzas de EU que incluso compara a México con la explosividad de Pakistán.

El capítulo del informe “Estados débiles y fallidos”, recientemente liberado por el Comando Conjunto, dice además, que el narcotráfico y el crimen organizado podrían generar un escenario de caos, y su Ejército estaría obligado a responder por las consecuencias a su seguridad interna.

Pero ¿qué es un Estado fallido? Según los economistas, una de las características de un Estado fallido es la inhabilidad para proveer un crecimiento económico generalizado que garantice el empleo y una manutención que satisfaga las necesidades básicas de la población, lo que se obtendría a partir de la reducción de la inequidad. Si México no lleva a cabo importantes reformas estructurales en el ámbito laboral y económico, incentivando la creación de empleo, entre otras, la conservación del statu quo podría llevar al escenario de un Estado fallido. Otra característica de este tipo de Estado, es la ingobernabilidad que generan la inseguridad, la crisis económica y la irresponsabilidad de la clase política; la creación de un ambiente propicio para la zozobra y la violencia social de gran magnitud y frecuencia. (El Universal, 16-I-09).

En entregas anteriores advertíamos los riesgos que corría nuestro país con la subordinación de las fuerzas armadas mexicanas al Comando Norte de EU, creado en abril de 2002, la firma en 2005 de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) donde se cede soberanía en seguridad y energía; y el Plan Mérida, que involucra al Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

Pues bien, la seguridad pública es uno de los problemas complejos más graves que actualmente padece nuestro país; un escenario de inseguridad pública ahora generalizado se ha constituido en condiciones de inviabilidad para el modelo de desarrollo y bienestar social. Por ello, la posibilidad de encontrar salida a este conflicto debe ser planteada desde una visión integral, que abarque todos los aspectos que en ella intervienen, coyunturales y estructurales e involucre en su análisis, planteamiento y solución a todos los actores sociales y poderes públicos.

Estamos hablando de una convocatoria para construir un proyecto nacional con visión de Estado, de una política de defensa que abarque lo político, económico, social, cultural y militar; apartada de los vaivenes políticos y calendarios electorales, debe ser concebida, conducida y vigilada desde el poder civil, para ciudadanizar las instituciones encargadas del orden, a fin de cambiar el paradigma de seguridad de su acción represiva a una social; es decir, donde se subordine la seguridad del Estado a la seguridad humana, entendida ésta como: la necesidad de evitar amenazas que impidan crear condiciones necesarias para que las personas puedan vivir en circunstancias acordes a su dignidad, entre otras, como el hambre, el desempleo, la represión política, el conflicto social y los riesgos ambientales.

Para encaminar la solución al problema de seguridad pública, cuyo origen radica en la desigualdad social, en asuntos de justicia irresueltos históricamente, para afrontarla con medidas eficaces y desde una visión estratégica integral y garantizar el desarrollo de la nación, es necesario antes consolidar una sociedad en donde prive el orden y la paz, ausentes desde hace muchas décadas en nuestro país debido a la grave corrupción e impunidad que priva en las altas esferas del poder político, económico, judicial, sindical y militar. Se trata de la corrupción e impunidad que se genera y se protege desde las cúpulas del poder, de aquéllas que no sólo rompen el orden jurídico e institucional del Estado sino también el tejido social.

Por tanto, el objetivo primordial de las políticas de seguridad debe apuntar, más que a confrontar de lleno la criminalidad de forma reactiva a través de la fuerza, a la reconstrucción del tejido social a través de la exacta aplicación de la justicia. De esta manera pasaremos de ser un Estado fallido a uno en desarrollo y viable.