Evaluación de Calderón ante la ONU contradice la realidad,
dicen OSC
Por Alejandra González Méndez
México DF, 13 febrero 09 (CIMAC).- Persistencia del feminicidio en todo el país; impunidad en Atenco, donde mujeres fueron torturadas y violadas por policías; asesinato y hostigamiento judicial contra comunicadoras; impedimento para que las menores de edad o con deficiencia mental, violadas y por ello embarazadas, interrumpan la gestación; muerte de mujeres al dar a luz por falta de servicios médicos; imparable incremento de la trata de personas, así como la constante amenaza de que el Ejército cometa más abusos contra mujeres y que no haya castigo, son sólo ejemplos denunciados por la sociedad civil del incumplimiento del gobierno federal para proteger los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, para el gobierno la situación no es tan grave, dice Madeleine Penman, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al comentar el informe que el gobierno de Felipe Calderón presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 10 de febrero, en Ginebra, Suiza. Existe “una especie de esquizofrenia” sobre lo que dice y se hace en México en materia de derechos humanos, señaló.
EL EXAMEN
El Examen Periódico Universal (EPU) es el mecanismo por el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analiza la situación en la materia de los Estados miembros. Se realiza cada cuatro años y se presentan tres informes, uno oficial, presentado por el país revisado, una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y un resumen preparado por el organismo con la información de otros interlocutores, que incluyen sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos.
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, fue el encargado de dar la versión oficial. Sostuvo que la discriminación contra las mujeres, incluidos actos de violencia, son “una preocupación”, tema de alta prioridad, “un gran desafío”. A todos nos preocupa e indignan los asesinatos de mujeres, en especial en Ciudad Juárez, que “simbolizan la impunidad que tanto daño ha hecho”.
Aseguró que “las instituciones están trabajando junto con la sociedad para que estos crímenes sean completamente esclarecidos y, sobre todo, para evitar que se sigan presentando. “En lo general, como en el caso de Ciudad Juárez, se realizan enormes esfuerzos legales, de fortalecimiento institucional y de respaldo presupuestal”. Señaló que la mayoría de los estados han armonizado su legislación estatal con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y cuentan con un sistema estatal contra la violencia. Habló también del presupuesto a favor de la igualdad de género.
Destacó “los programas de capacitación y sensibilización de las fuerzas armadas en materia de perspectiva de género” y la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas, que “ha iniciado diversas investigaciones en la materia”.
INORME ALTERNO
El gobierno convocó, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las organizaciones no gubernamentales para que aportaran su información para incluirlo
Diversas organizaciones decidieron no participar, porque la convocatoria “corresponde a una acción coyuntural y no a una política de interlocución que muestre una apertura confiable del gobierno”.
Pero presentaron un Informe Alterno, donde advierte que la realidad de los derechos humanos de las mujeres es preocupante: altos índices de violencia y discriminación, violencia institucional por negligencia, complicidad y la deficiente o nula investigación o sanción de los perpetradores.
La trata de personas contra mujeres y niñas principalmente provocó que en 2007 se promulgara la Ley para prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pero aún no tiene reglamento, no hay estadísticas ni bases de datos.
La violación y agresiones sexuales perpetradas por cuerpos policíacos, al reprimir manifestaciones públicas, como en Atenco, en 2006, así como las violaciones a mujeres indígenas por militares y violación de mujeres detenidas por ser sospechosas de un delito, suelen permanecer impunes.
Hay una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adoptada por casi todos los estados, pero casi inaplicable pues sólo en tres está reglamentada.
El feminicidio sigue sin resolverse, por la ineficacia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Desapareció la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y el gobierno oculta la información a la comunidad internacional.
No se ha armonizado la legislación sobre aborto a escala federal y estatal, al contrario, se han presentado reformas legislativas en Baja California, Jalisco y Tamaulipas para restringir más el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo, mediante la adjudicación de personalidad jurídica al feto. Los servicios de anticoncepción continúan estancado o en retroceso.
No hay normas que regulen el acceso a los servicios médicos sobre interrupción del embarazo ni el protocolo a seguir por parte de médicos y ministerios públicos. La NOM-046 sobre violencia familiar y sexual, que buscaba establecer el procedimiento a seguir en caso de un embarazo producto de una violación, no ha sido publicada y ha sufrido modificaciones que afectan su propósito original, dejando desprotegidas a las víctimas de violación y por ello embarazadas.
El acoso sexual existe sólo en 26 códigos penales, pero en 22 es penalizado cuando la persona que lo comete se encuentra en una posición jerárquica superior dentro del ámbito laboral, docente u otro.
Sin embargo, considera Madeleine Penman, durante las tres horas de examen realizado por la ONU al gobierno mexicano, aunque cuestionaron diversos temas denunciados por las organizaciones como violatorios de los derechos humanos de las mujeres, “prevaleció la diplomacia de laONU”.
09/AGM/GG
Por Alejandra González Méndez
México DF, 13 febrero 09 (CIMAC).- Persistencia del feminicidio en todo el país; impunidad en Atenco, donde mujeres fueron torturadas y violadas por policías; asesinato y hostigamiento judicial contra comunicadoras; impedimento para que las menores de edad o con deficiencia mental, violadas y por ello embarazadas, interrumpan la gestación; muerte de mujeres al dar a luz por falta de servicios médicos; imparable incremento de la trata de personas, así como la constante amenaza de que el Ejército cometa más abusos contra mujeres y que no haya castigo, son sólo ejemplos denunciados por la sociedad civil del incumplimiento del gobierno federal para proteger los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, para el gobierno la situación no es tan grave, dice Madeleine Penman, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al comentar el informe que el gobierno de Felipe Calderón presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 10 de febrero, en Ginebra, Suiza. Existe “una especie de esquizofrenia” sobre lo que dice y se hace en México en materia de derechos humanos, señaló.
EL EXAMEN
El Examen Periódico Universal (EPU) es el mecanismo por el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analiza la situación en la materia de los Estados miembros. Se realiza cada cuatro años y se presentan tres informes, uno oficial, presentado por el país revisado, una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y un resumen preparado por el organismo con la información de otros interlocutores, que incluyen sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos.
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, fue el encargado de dar la versión oficial. Sostuvo que la discriminación contra las mujeres, incluidos actos de violencia, son “una preocupación”, tema de alta prioridad, “un gran desafío”. A todos nos preocupa e indignan los asesinatos de mujeres, en especial en Ciudad Juárez, que “simbolizan la impunidad que tanto daño ha hecho”.
Aseguró que “las instituciones están trabajando junto con la sociedad para que estos crímenes sean completamente esclarecidos y, sobre todo, para evitar que se sigan presentando. “En lo general, como en el caso de Ciudad Juárez, se realizan enormes esfuerzos legales, de fortalecimiento institucional y de respaldo presupuestal”. Señaló que la mayoría de los estados han armonizado su legislación estatal con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y cuentan con un sistema estatal contra la violencia. Habló también del presupuesto a favor de la igualdad de género.
Destacó “los programas de capacitación y sensibilización de las fuerzas armadas en materia de perspectiva de género” y la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas, que “ha iniciado diversas investigaciones en la materia”.
INORME ALTERNO
El gobierno convocó, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las organizaciones no gubernamentales para que aportaran su información para incluirlo
Diversas organizaciones decidieron no participar, porque la convocatoria “corresponde a una acción coyuntural y no a una política de interlocución que muestre una apertura confiable del gobierno”.
Pero presentaron un Informe Alterno, donde advierte que la realidad de los derechos humanos de las mujeres es preocupante: altos índices de violencia y discriminación, violencia institucional por negligencia, complicidad y la deficiente o nula investigación o sanción de los perpetradores.
La trata de personas contra mujeres y niñas principalmente provocó que en 2007 se promulgara la Ley para prevenir y Sancionar la Trata de Personas, pero aún no tiene reglamento, no hay estadísticas ni bases de datos.
La violación y agresiones sexuales perpetradas por cuerpos policíacos, al reprimir manifestaciones públicas, como en Atenco, en 2006, así como las violaciones a mujeres indígenas por militares y violación de mujeres detenidas por ser sospechosas de un delito, suelen permanecer impunes.
Hay una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adoptada por casi todos los estados, pero casi inaplicable pues sólo en tres está reglamentada.
El feminicidio sigue sin resolverse, por la ineficacia de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Desapareció la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y el gobierno oculta la información a la comunidad internacional.
No se ha armonizado la legislación sobre aborto a escala federal y estatal, al contrario, se han presentado reformas legislativas en Baja California, Jalisco y Tamaulipas para restringir más el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo, mediante la adjudicación de personalidad jurídica al feto. Los servicios de anticoncepción continúan estancado o en retroceso.
No hay normas que regulen el acceso a los servicios médicos sobre interrupción del embarazo ni el protocolo a seguir por parte de médicos y ministerios públicos. La NOM-046 sobre violencia familiar y sexual, que buscaba establecer el procedimiento a seguir en caso de un embarazo producto de una violación, no ha sido publicada y ha sufrido modificaciones que afectan su propósito original, dejando desprotegidas a las víctimas de violación y por ello embarazadas.
El acoso sexual existe sólo en 26 códigos penales, pero en 22 es penalizado cuando la persona que lo comete se encuentra en una posición jerárquica superior dentro del ámbito laboral, docente u otro.
Sin embargo, considera Madeleine Penman, durante las tres horas de examen realizado por la ONU al gobierno mexicano, aunque cuestionaron diversos temas denunciados por las organizaciones como violatorios de los derechos humanos de las mujeres, “prevaleció la diplomacia de laONU”.
09/AGM/GG
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