2/15/2009

PRENSA MEXICO 15 DOMINGO FEBRERO













PORTADAS 8 MIL CASOS DE CÁNCER INFANTIL CADA AÑO EL PAÍS LOS ABRAZA Y EL CRÍMEN LOS DESAPARECE SE VENDE HASTA EN 12 PESOS EL KILO DE TORTILLA EL IFE SE DEBILITÓ Y DEJÓ IMPUNE A LAS TELEVISORAS: WOLDENBERG
15/02/2009 a las 9:41 am
EL UNIVERSAL: 8 MIL CASOS DE CÁNCER INFANTIL CADA AÑOCada año se suman en México 8 mil casos de cáncer en niños, según el sector salud, lo que convierte a esta enfermedad en la segunda causa de muerte en personas de 5 a 19 años de edad, sólo superada por los accidentes. La Organización Mundial de la Salud proyecta que para 2010 será la primera causa. El panorama empeora, ya que sólo hay 100 oncólogo-pediatras en todo el país y 20 hospitales con esa especialidad, pero de tercer nivel de atención nada más hay dos en Monterrey, dos en Guadalajara y seis en el DF. Al conmemorarse hoy el Día Internacional del Niño con Cáncer 2009, Javier Eduardo Gómez Saborio, director de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), lamenta que el estudio de ese mal esté principalmente dirigido a los adultos y que a diferencia de los países desarrollados, en México no se prepararon para enfrentar el incremento del cáncer infantil. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: EL PAÍS LOS ABRAZA Y EL CRÍMEN LOS DESAPARECEVienen de otras naciones. Son turistas por unos días o residentes. Algunos de ellos son empresarios, simples trabajadores o científicos. Se trata de los extranjeros que mueren en este país por diversas causas, principalmente por la inseguridad. A veces son víctimas de un fuego cruzado o, en otras ocasiones, acechados por la delincuencia. Para Estados Unidos, México es el lugar en donde más estadunidenes son asesinados por causas ajenas a un conflicto armado. La violencia desatada por las condiciones de inseguridad en México no distingue nacionalidades. Según reportes de otros gobiernos, los extranjeros en el país no se han librado de ser víctimas de la delincuencia. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de la Unión Americana informó que de julio de 2005 a junio de 2008 fueron asesinados 110 ciudadanos estadunidenses. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: SE VENDE HASTA EN 12 PESOS EL KILO DE TORTILLAEl kilogramo de tortilla llegó a venderse al consumidor final hasta en 12 pesos en algunas regiones del país, de acuerdo con reportes oficiales. El precio que predomina es de 10 pesos, lo que implica un aumento de 17.6 por ciento o 1.50 pesos más respecto del costo de 8.50 acordado en enero de 2007 por la administración de Felipe Calderón y productores agrícolas, industriales, comercializadores y empresarios de la cadena maíz-tortilla, cuando se oficializó un alza de 40 por ciento. Durante enero, la tortilla de maíz aumentó 71 centavos por kilo en las centrales de abasto, lo que implica un incremento de 8.36 por ciento en un solo mes, de acuerdo con información de las secretarías de Economía (SE) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Todavía en diciembre de 2008, el kilo de tortilla se vendió en 8.41 pesos al mayoreo, así se mantuvo durante la primera semana de enero de 2009, pero en la tercera subió hasta 9.13 pesos y para la cuarta semana se ubicó en 9.12, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIMM) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la SE y Sagarpa, respectivamente. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: EL IFE SE DEBILITÓ Y DEJÓ IMPUNE A LAS TELEVISORAS: WOLDENBERGEl Instituto Federal Electoral (IFE) “se debilitó” al exonerar a Televisa y Tv Azteca de multas por 11 millones de pesos, tras irregularidades en la transmisión de los spots de los partidos políticos, y dejó impune una “violación flagrante” a la Constitución y a la ley, señaló el ex consejero presidente de ese instituto, José Woldenberg, quien afirmó que con la resolución lo que realmente se juega en el país es la fuerza de los poderes constitucionales frente a los poderes fácticos. “El IFE se debilitó con esta resolución y dejó impune una violación flagrante a la Constitución y a la Ley”, sostuvo. Durante su participación en el taller La reforma electoral federal, constitucional y legal, organizado por el PRD, el académico dijo que el argumento esgrimido por los consejeros, de que se había alcanzado un acuerdo entre el IFE y la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), no es motivo para sobreseer los procedimientos especiales sancionadores contra las televisoras y no multarlas por los hechos. VER NOTA COMPLETA



¡Dulce récord!
Cerca de 40 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino, donde implantaron nuevo récord Guiness de parejas besándose, con lo que lograron superar la marca que ostentaba la ciudad de Londres Foto José Antonio López
Josefina Quintero y Agustín Salgado
En algunas regiones del país se llega a vender en 12 pesos
Aumentó 17.6% el kilo de tortilla en enero, pese a pacto
"Paradójico: el costo es mayor donde se recibe subsidio en la harina de maíz"
Industriales del ramo negocian con Economía apoyos para 30 mil molinos
Según reportes de Profeco, ya ni en el Distrito Federal se respeta el acuerdo
Susana González G.
El kilogramo de tortilla llegó a venderse al consumidor final hasta en 12 pesos en algunas regiones del país, de acuerdo con reportes oficiales. El precio que predomina es de 10 pesos, lo que implica un aumento de 17.6 por ciento o 1.50 pesos más respecto del costo de 8.50 acordado en enero de 2007 por la administración de Felipe Calderón y productores agrícolas, industriales, comercializadores y empresarios de la cadena maíz-tortilla, cuando se oficializó un alza de 40 por ciento.
Durante enero, la tortilla de maíz aumentó 71 centavos por kilo en las centrales de abasto, lo que implica un incremento de 8.36 por ciento en un solo mes, de acuerdo con información de las secretarías de Economía (SE) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Todavía en diciembre de 2008, el kilo de tortilla se vendió en 8.41 pesos al mayoreo, así se mantuvo durante la primera semana de enero de 2009, pero en la tercera subió hasta 9.13 pesos y para la cuarta semana se ubicó en 9.12, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIMM) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la SE y Sagarpa, respectivamente.
El nuevo incremento obedece al encarecimiento de la harina de maíz, a pesar de que las empresas industrializadoras del ramo reciben un subsidio por parte del gobierno federal, denunció Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT).
“Es paradójico que donde se ha recibido subsidio al precio de la harina, la tortilla se vende por arriba de los 8.50 pesos acordado en el pacto de hace dos años. En promedio, la tortilla se vende a 9.80 pesos pero llega hasta 12 pesos. Las grandes harineras reciben un subsidio de mil 450 pesos por tonelada de harina producida con la condición de que nos la vendieran barata, pero aumentaron su precio en el último mes”, explicó.
Para evitar más alzas y estabilizar el precio de la tortilla a nueve pesos en promedio, la UNIMT junto con otras organizaciones de molineros y tortillerías, la mayoría micronegocios familiares, negocian actualmente con la Secretaría de Economía la entrega de subsidios para unos 30 mil molinos del país.
Por lo pronto, los monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) correspondientes a la semana del 6 al 12 de febrero revelan que el “precio frecuente” de la tortilla se ubica entre los 9 y 11 pesos por kilo en la mitad de 32 lugares del país que revisa (19 capitales estatales; cinco regiones del Distrito Federal; tres municipios del estado de México y tres más de Tlaxcala, así como las ciudades de Cancún y León).
Aun cuando la dependencia incluye en sus reportes diversas tiendas de autoservicio y supermercados donde la tortilla se vende en promedio a cinco pesos por kilo, el precio prevaleciente es de 9.5 pesos por kilo en las ciudades de Culiacán y León, mientras que en Guadalajara, Querétaro, Cancún, Tepic y Aguascalientes se vende a 10 pesos. En Veracruz y Villahermosa se comercializa a 10.50 pesos y llega hasta los 11 pesos en Mérida.
Ni siquiera en la capital del país se mantiene el acordado precio de 8.50 pesos por kilo, aun cuando fue la zona donde más se respetó debido a la competencia que los supermercados representan para las tortillerías tradicionales. Pero la información de Profeco precisa que el precio frecuente es de 9 pesos por kilo en las zonas centro, poniente y sur del Distrito Federal, así como el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
Buscan "regalar" a Movistar red de fibra óptica que pertenece a CFE
La instalación costó más de 4 mil millones de dólares
Detrás de la maniobra está Gil Díaz: diputado
Roberto Garduño
Fox, "vil traidor a la historia" del pueblo mexicano: Fidel Castro
Futuro de Cuba, ligado al referendo en Venezuela, dice
Gerardo Arreola, corresponsal
La Habana, 14 de febrero. Fidel Castro aseguró que sus opiniones sobre la salida boliviana al mar, difundidas tras hablar con la presidenta Michelle Bachelet, fueron “a título estrictamente personal”, pero la mandataria expresó a Raúl Castro su “molestia” por el artículo, que consideró una injerencia en asuntos chilenos y que reavivó en el país sudamericano la polémica sobre las relaciones bilaterales.
Fidel Castro también llamó al ex presidente Vicente Fox “vil traidor a la historia” del pueblo mexicano, y afirmó que el futuro de Cuba depende del resultado del referendo constitucional de este domingo en Venezuela.
Desde que publica artículos, hace dos años, Fidel Castro había discrepado con posiciones de su hermano Raúl, pero esta es la primera vez que uno de sus comentarios desemboca en un incidente diplomático.
Al final de la noche del viernes aparecieron dos artículos del ex mandatario. En uno llamó “alboroto oligárquico” a las críticas surgidas en Chile por el texto que difundió tras su reunión con Bachelet y en el que Castro cita, entre los puntos que trató con su visitante, que la “oligarquía” de ese país “arrebató a Bolivia” el acceso al mar.
En su comentario del viernes, Castro subrayó que trató “con todo respeto” a Bachelet, sin “una palabra que pudiera ofender”, pero insistió en recordar que Bolivia tuvo en sus orígenes una costa en el Pacífico. “No tengo otro compromiso que con la verdad histórica”, añadió.
Luego recordó su apoyo a Salvador Allende y su repudio a la dictadura de Augusto Pinochet, para retar: “¿Pueden decir lo mismo la oligarquía chilena y los burócratas que desean limpiarle de toda responsabilidad?”
Mientras el artículo aparecía en el sitio Cubadebate, donde Castro difunde originalmente sus comentarios, su hermano Raúl acompañaba a Bachelet a tomar el avión de regreso a Chile. En un gesto desacostumbrado, el mandatario cubano caminó en el aeropuerto con el brazo sobre el hombro de la visitante.
La presidenta chilena evitó exponer el conflicto estando todavía en la isla y se mostró comedida y formal ante la prensa. Dijo que consideraba “un éxito” su visita por los acuerdos firmados, el “diálogo político de muy alto nivel” y el trabajo “con el gobierno cubano”.
Tras dejar a Bachelet en el avión, Raúl Castro expresó a los periodistas que estaba agradecido con los jefes de Estado y de gobierno que están visitando Cuba (cuatro latinoamericanos en lo que va del año, más el guatemalteco Álvaro Colom, quien llega el domingo). “Es una muestra de apoyo, de reconocimiento y de respeto a Cuba”, agregó. “Es un reconocimiento a la resistencia del país.”
Aludiendo al reciente ingreso de Cuba al Grupo de Río y la normalización de las relaciones con casi toda América Latina, tras décadas de tensiones, Raúl consideró esas visitas como “muestra de que los tiempos están cambiando, que se va produciendo una unidad dentro de la diversidad. Es como debe ser en el país también”.
Horas más tarde, al llegar el sábado a Santiago, Bachelet reveló que manifestó a Raúl su “molestia por este artículo, que hace reflexiones de Fidel, pero que sin duda traspasan el campo de la manera de cómo nos relacionamos los países.
“Por las equívocas declaraciones que fueron difundidas en un artículo tras mi visita de cortesía al ex gobernante de Cuba, le he señalado, como siempre lo hemos expresado como país, que no aceptamos las injerencias de terceros ni en asuntos domésticos ni en asuntos bilaterales. Sólo Chile y Bolivia conversan sobre los temas que corresponden a ambos naciones”.
Al final del viernes apareció un segundo artículo de Fidel Castro en Cubadebate, en el cual el ex mandatario recordó el episodio de abril de 2002, cuando Fox le pidió que saliera rápidamente de una cumbre mundial en Monterrey para no coincidir con el entonces presidente estadunidense George W. Bush.
El artículo se enfoca a Venezuela y sólo dedica a México un párrafo, sin desarrollo. Sin mencionar a Fox por su nombre, Castro dice que “un vil traidor a la historia de su abnegado y combativo pueblo coincidió con la exigencia del jefe del imperio de que se me expulsara de una cumbre”.
El mensaje de fondo del texto está más adelante: “Nuestro futuro es inseparable de lo que ocurra el próximo domingo” en el referendo venezolano. “No existe otra alternativa que la victoria. El destino de los pueblos de nuestra América dependerá mucho de esa victoria y será un hecho que influirá en el resto del planeta.”
Reflexiones de Fidel Castro
Ssa da marcha atrás en cambios a la norma sobre violencia familiar
Roberto Garduño
La Secretaría de Salud (Ssa) envió este fin de semana a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de redacción de la norma NOM-005-SSA 1993 de los servicios de planificación familiar, para dar por finalizado el diferendo generado por los cambios a la redacción original –promovidos por la autoridad federal–, que incluían la objeción de conciencia del personal médico que practicaría el aborto a mujeres víctimas de abuso y violencia sexual.
Tal modificación al texto, aprobado el 28 de enero en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, también refería que si los médicos y el personal especializado eran objetores de conciencia se debería buscar entre aquellos que no lo fueren. Además, se exigía la aprobación de los padres o el tutor para practicar la interrupción del embarazo que se originara por violencia o abuso sexual.
Ahora, la nueva propuesta de la Secretaría de Salud –de la que se tiene copia– establece que “en caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana Aplicable, prescribir la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias de la utilización de este fármaco, pudiendo prescribirse hasta un máximo de 120 horas después de ocurrido el acto; a fin de que la persona tome una decisión libre e informada”.
Por lo tanto, en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en términos de la legislación aplicable, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán practicar el aborto médico a solicitud de la víctima interesada y, en caso de ser menor de edad, a solicitud del padre o la madre o, a falta de estos, de su tutor.
“En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión sea informada conforme a las disposiciones aplicables. En todo caso se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento.
“Las instituciones de atención médica deberán contar con doctores y enfermeras capacitados en procedimientos médico quirúrgicos en aborto, no objetores de conciencia o, en su defecto, referir de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y de instalaciones que garanticen la calidad y la calidez de la atención”.
La norma original, aprobada el 21 de julio por el Comité Consultivo y consensuada con las organizaciones no gubernamentales, respetaba los derechos de las mujeres en el tema de violación, y era congruente con los códigos penales estatales, para darle servicio a una mujer que necesitara y que requiriera una interrupción legal del embarazo, como producto de una violación, o que se le proporcionara la anticoncepción de emergencia.
Tal redacción consideraba prescribir la anticoncepción de emergencia a toda mujer violada de forma inmediata y hasta 120 horas después de ocurrido el hecho para prevenir un embarazo no deseado, brindando información completa.
No obstante, el 28 de enero pasado se generó el diferendo entre los diputados federales, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y la Secretaría de Salud, cuando el Comité Consultivo modificó el contenido de la norma, para quedar como sigue:
“Informar de las posibles consecuencias de la violación y, ante la posibilidad de embarazo, hacer del conocimiento de la víctima sobre la prescripción de la anticoncepción de emergencia, debiendo proporcionarle información de todos los posibles riesgos y consecuencias de la utilización de este fármaco, pudiendo prescribirse éste hasta un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, a fin de que la usuaria tome una decisión libre e informada, conforme a la norma oficial mexicana aplicable.
“En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, podrán prestar los servicios de aborto médico, a solicitud de su padre, de su madre, o a falta de éstos, de su tutor.
“En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.
“En todo caso se deberá respetar la objeción de conciencia de los médicos y personal de salud. Las instituciones de atención médica podrán contar con prestadores de servicios capacitados en procedimientos médicos quirúrgicos en aborto médico no objetores de conciencia o, en su defecto, referir a la usuaria a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con instalaciones que garanticen la calidad y la calidez de la atención”.
Suplementos
Mar de Historias
Navegaciones
Cristina Pacheco
Sigue la alerta ambiental
La fase de precontingencia por los altos niveles de contaminación continuará vigente en el valle de México, por lo que el paseo dominical Muévete en bici fue suspendido en el circuito Lieja-Zócalo e Iztacalco, y se mantiene la restricción de circular para vehículos con placas distintas a las del Distrito Federal y el estado de México que no cuenten con holograma cero o doble cero Foto José Antonio López
"Detienen" en Guerrero a defensores de pueblo mixteco
Exigen que aparezcan con vida; "el gobierno estatal criminaliza la lucha social"
Sergio Ocampo, corresponsal
Chilpancingo, Gro., 14 de febrero. Presuntos agentes de la policía investigadora ministerial (PIM) detuvieron en el municipio de Ayutla de los Libres a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y activista –respectivamente– de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), que ha denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Lucas Lucía fue detenido por tres supuestos policías a las 13:15 horas del viernes, fuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.
Los policías llegaron en una camioneta negra y, sin identificación ni orden de aprehensión buscaban llevarse a Manuel Ponce pero al intervenir Raúl Lucas también fue sometido y detenido.
El centro Tlachinollan responsabilizó al gobierno del estado de su integridad física y exigió su presentación con vida y el pleno respeto a sus garantías individuales.
Sin embargo, Erit Montúfar Mendoza, director de la PIM, rechazó que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”, dijo.
El general Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad y Protección Civil, dijo que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención.
El priísta Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas; yo ando en el estado de Veracruz, pero voy para Guerrero, y me he comunicado por teléfono con las autoridades y esa es la información que tengo: ya que me dijeron que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, pero no me han reportado si ya los liberaron”.
Pero Castro Morales, esposa de Lucas Lucía, confirmó que después de las 13 horas del viernes llegaron tres sujetos en una camioneta y sin presentar orden de aprehensión se llevaron a su esposo y a Manuel Ponce.
“Yo me he comunicado con diversas autoridades y nadie sabe nada de su paradero; fui incluso a la cárcel de aquí de Ayutla y no están, lo mismo que en los hospitales: supuestamente nadie sabe nada”, agregó.
Dijo que desde hace más de 10 años Raúl Lucas ha trabajado en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres.
Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (tlapanecos), dijo que “con la detención del compañero Raúl Lucas se evidencia que el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo está criminalizando la lucha social, encarcelando a los dirigentes indígenas”.
Abel Barrera Hernández, coordinador de Tlachinollan, recordó que Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas.
Comunidades de Chiapas acusan a CFE de provocar enfrentamientos
"Corrompe" a autoridades para que amenace a quienes protestan por tarifas injustas
Hermann Bellinghausen, enviado
San Cristóbal de las Casas, Chis. 14 de febrero. Representantes de comunidades de 50 municipios que conforman la Red Estatal de Resistencia Civil La voz de nuestro corazón, adherente a la otra campaña, acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sostener “una estrategia de provocación de conflictos en las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, al buscar corromper a diversas autoridades ejidales, comunales y municipales para que inciten a una parte de la población a enfrentarse contra las familias que participan en la justa y legítima lucha de resistencia en contra de las altas tarifas”.
La red denunció actos de hostigamiento, amenazas de muerte e incluso asesinatos, auspiciados o solapados por la paraestatal, “en complicidad con las autoridades municipales”.
Un muerto y varios heridos en Sitalá
Durante la asamblea, iniciada el viernes y que concluyó hoy, La voz de nuestro corazón destacó hechos ocurridos en semanas recientes en la comunidad La Gloria, municipio de Venustiano Carranza, “hostigada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante órdenes de presentación” contra tres participantes de la resistencia, así como la confrontación entre indígenas en la comunidad Don Pedro, municipio de Sitalá, provocada por trabajadores de la CFE el pasado 6 de febrero.
En este último caso, un grupo de pobladores oficialistas, azuzados por trabajadores de la CFE, quisieron “cortar la luz a familias en resistencia, arrojando el saldo de un campesino muerto y varios heridos”, recordó la red estatal.
Dirigiéndose a la sociedad civil, al presidente Felipe Calderón, al gobernador Juan Sabines Guerrero y al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, los representantes del movimiento civil de resistencia a las altas tarifas eléctricas rechazaron estas acciones y responzabilizaron “de manera directa a los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la CFE, de lo que pueda suceder dentro y fuera de nuestras comunidades indígenas y campesinas”.
Esta resistencia, cabe señalar, está muy extendida en Chiapas desde la década pasada. En la costa, la frontera, la zona norte, los Altos y la selva Lacandona se manifiesta la oposición a los cobros excesivos de energía en comunidades pobres, mientras se exenta o “estimula” a las grandes empresas. Es uno de los espejos más nítidos de la desigualdad, y si bien se manifiesta con especial contundencia en importante número de comunidades zapatistas, es una lucha común para centenares de comunidades y colonias urbanas de diversas adscripciones políticas.
Así, la Coordinación Estatal de Chiapas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), a raíz de la agresión en Sitalá, este viernes subrayó “la enorme responsabilidad de la CFE y del gobierno del estado” en el “lamentable suceso”, ya que en “vez de atender los justos y legítimos reclamos de cientos de comunidades ante las elevadas tarifas de energía eléctrica, han optado por criminalizar nuestra lucha y han recurrido a engaños, como sus programas Luz amiga, Tarifa vida mejor y ahora Luz solidaria, buscando por diversos medios confrontar y dividir a las comunidades y generar enfrentamientos entre quienes pagan el servicio y quienes nos encontramos en resistencia. Lo acaecido en Sitalá es un llamado serio de atención y una consecuencia de esta criminal política”.
En tanto, la asamblea de La voz de nuestro corazón se solidarizó con los pobladores de Candelaria, Campeche, otro lugar “donde la CFE busca utilizar las leyes para reprimir a los pueblos que defienden sus derechos”; también con los miembros del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac), “quienes han sufrido amenazas y hostigamiento por parte del Estado”.
Hostigamiento
El jueves pasado, el Ciepac dio a conocer que Norma Iris Cacho Niño, coordinadora operativa de la organización no gubernamental, con sede en San Cristóbal de las Casas, ha padecido espionaje y hostigamiento telefónico después de la marcha-caravana de mujeres, que cruzó el país desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Chiapas y la cual se realizó entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Cacho participó activamente en esa protesta.
El asedio “se enmarca en un contexto de agresiones, amenazas y hostigamientos entre octubre de 2008 y enero de 2009 en San Cristóbal de las Casas, lo cual recuerdan el clima represivo que se vivió en Chiapas de 1995 a 1997”.
El Ciepac lo considera “parte de una estrategia amplia de represión contra las comunidades, organizaciones y personas, particularmente mujeres”, dentro de una “creciente tendencia represiva, fomentada desde los grupos de poder y diversas instituciones de gobierno”.
Rayuela
Ayer el IMSS dijo que los besos prolongados son una amenaza a la salud. Este sábado en el Zócalo 20 mil parejas rechazaron ese parte médico y dieron rienda suelta al amor.
Hoy a las urnas
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