Después de lanzarle la jauría mediática a Carlos Slim, el hombre, a veces, más rico del mundo, y de recibir la cristiana bendición del panadero Lorenzo Servitje, para quien su gobierno de hecho, no de derecho, ya terminó, Felipe Calderón acaba la semana rodeado por la desconfianza que inspira: luego de escuchar su arenga del jueves en Nuevo León, acerca de que no modificará en absoluto su guerra contra el narcotráfico, los más ricos entre los ricos volvieron a atacar las reservas federales, de tal modo que el dólar cerró en 14.95.
Al mismo tiempo, hubo una fuerte caída (1.9 por ciento) en la Bolsa Mexicana de Valores, y el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta para que los ciudadanos de aquel país eviten cruzar la frontera, debido a la inseguridad que impera en la franja entre Tijuana y Matamoros.
Quien durante la campaña electoral de 2006 afirmó que Andrés Manuel López Obrador era un espantachambas, se ha vuelto un espantadólares, bien porque la nula confianza que genera en los inversionistas provoca el derrumbe del peso y de la bolsa, bien porque su derrota ante el narcotráfico ahuyenta a los turistas estadunidenses.
Incapaz de darle una mínima coherencia a su gabinete, donde cada secretario declara lo primero que se le ocurre, Calderón muestra, además, una notoria falta de carácter para pedirle la renuncia a Luis Téllez, o en su defecto, para salir a respaldarlo en su cargo ante las intrigas que van y vienen por los medios electrónicos contra él. Intrigas, todo así lo indica, promovidas por Purificación Carpinteyro, la ex subsecretaria de Comunicaciones, amiga íntima de Los Pinos, a quien la gente de Calderón le habría dado alas para serrucharle el piso a Téllez.
¿Alguien confía en Calderón a estas alturas? Sí, todavía hay alguien que cree en él porque estima que puede volver a sacarle provecho. Esa persona se llama Elba Esther Gordillo y, de acuerdo con fuentes que piden el anonimato, habría ya negociado con Fernando Gómez Mont, el representante de Televisa y Tv Azteca en Bucareli, para ayudarle a ganar las elecciones de julio a los candidatos del PAN, a cambio de quedarse con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), una instancia que se encarga de dirimir las controversias entre el gobierno federal y sus trabajadores, así como las del gobierno capitalino con los suyos.
De concretarse este pacto, doña Elba Estéril controlaría no sólo el sindicato de maestros sino toda la justicia laboral del apartado B, misma que regula las relaciones entre los burócratas y el gobierno. En vía de mientras, agregan las fuentes, se ha aprobado un presupuesto de varios miles de millones de pesos para duplicar el número de salas con que actualmente cuenta el TFCA, y la señora Gordillo nombrará a su antojo a los magistrados que allí despachen, con lo que su poder se multiplicaría de manera exponencial.
Aunque Gómez Mont es quien acordó la jugada con la líder vitalicia del gigantesco sindicato charro de los trabajadores, es un tal David Luque, de la secretaría particular de Calderón, quien arregla los detalles. Para que el pacto quede sellado, como decían antiguamente los novelistas, falta la aprobación de la reforma laboral que promueve, con un frenesí que ahora se entiende mejor, el secretario del Trabajo, y porro mayor del gabinete, Javier Lozano Alarcón. Este insistió, hace unos días, en que la reforma debe salir en abril… justo a tiempo para que Elba Estéril ponga de nuevo en marcha la maquinaria del fraude electoral.
Palos, gracias a la Corte
Eduardo Bours, el pollero gobernador de Sonora, leyó el dictamen de la Tremenda Corte sobre el caso Atenco en el mismo sentido que esta columna, es decir, como una virtual sentencia que legaliza la represión en México. Y ni tardo ni perezoso, mandó 200 agentes de la Policía Federal Preventiva y de la estatal –calcando el esquema de Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora en mayo de 2006– para disolver con la mayor brutalidad posible un plantón de ancianos jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, que el martes pasado se sentaron sobre las vías del tren en el poblado de Benjamín Hill, para exigir el pago de las pensiones que el gobierno les adeuda desde 1998.
Los togados estarán orgullosos de su decisión, ya que gracias a ésta Bours ordenó golpear con garrote a ancianos, niños y mujeres (una de ellas embarazada) y desaparecer al líder del movimiento, Humberto Francisco Tapia Madrid, de acuerdo con la denuncia publicada ayer por Julio Hernández López.
Y a propósito de la Corte, Víctor Adrián Trujillo Muñoz opina que don Genaro Góngora Pimentel “es el patiño que procura la coartada de ‘pluralismo de posiciones, propuestas y proyectos de resolución’, y por supuesto siempre pierde porque su función no es ganar batallas sino simularlas. Gran favor le haría a la nación renunciando a su sueldo de 600 mil pesos mensuales, para dejar a esa recua de bien cebados farsantes sin coartada…”.
Diez años sin Galo
Ayer el tiempo cumplió 10 años desde la trágica muerte del periodista Galo Gómez Ogalde, amigo de muchos lectores de esta columna. Ayer también se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de su padre, don Galo Gómez Oyarzún, ex rector de la Universidad de Concepción, en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende. En digna representación de esos dos grandes luchadores sociales, Felipe Gómez, hermano de Galo, dirige un pequeño y delicioso lugar de comidas rápidas, llamado Sol y Sombra, frente a la puerta 3 de la Plaza México, en Mixcoac, donde los buenos sabores son uno de los placeres de la nostalgia… Y ya que se habla de negocios alternativos, la crisis inauguró un servicio denominado Bar en Calma, que en realidad es un teléfono (5564-2654) al que usted puede hablar entre las 21:00 y las 4:00, y pedir que le lleven a su casa bebidas, refrescos o tabaco, y evitarse la molestia de salir a la calle en busca de una ventanita y quedar a merced de los alcoholímetros…
Tal como lo anticipó López Obrador el martes frente a la Cámara de Diputados, ya abrieron sus puertas las casas del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, en las 16 delegaciones del DF. Las direcciones son: Álvaro Obregón, Juan Cousin 43, col. Alfonso XIII; Azcapotzalco, Totonacas 90, col. Tezozómoc; Benito Juárez, Víctor Hugo 19, col. Albert. Coyoacán; Pensilvania y División del Norte, col. Parque San Andrés; Cuajimalpa, José María Castorena 226, col. Centro; Cuauhtémoc, Dr. Navarro 5, col. Doctores; Gustavo A. Madero, Bustamante 98, col. Martín Carrera; Iztacalco, Retorno 2 de Sur 16 número 34, col. Agrícola Oriental; Iztapalapa, calle 14, número 336, col. Leyes de Reforma 2da sección; Contreras, av. San Jerónimo 15, col Potrerillo; Miguel Hidalgo, Lago Mask 198, col Anáhuac; Milpa Alta, Nuevo León 222, barrio Santa Cruz Villa Milpa Alta; Tláhuac, Barranca s/n, col. San Juan Ixtayopan; Tlalpan, San Fernando 410; Venustiano Carranza, Berriozábal 48, col. Morelos, y Xochimilco, Xaltocan 50, barrio Xaltocan.
jamastu@gmail.com
Al mismo tiempo, hubo una fuerte caída (1.9 por ciento) en la Bolsa Mexicana de Valores, y el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta para que los ciudadanos de aquel país eviten cruzar la frontera, debido a la inseguridad que impera en la franja entre Tijuana y Matamoros.
Quien durante la campaña electoral de 2006 afirmó que Andrés Manuel López Obrador era un espantachambas, se ha vuelto un espantadólares, bien porque la nula confianza que genera en los inversionistas provoca el derrumbe del peso y de la bolsa, bien porque su derrota ante el narcotráfico ahuyenta a los turistas estadunidenses.
Incapaz de darle una mínima coherencia a su gabinete, donde cada secretario declara lo primero que se le ocurre, Calderón muestra, además, una notoria falta de carácter para pedirle la renuncia a Luis Téllez, o en su defecto, para salir a respaldarlo en su cargo ante las intrigas que van y vienen por los medios electrónicos contra él. Intrigas, todo así lo indica, promovidas por Purificación Carpinteyro, la ex subsecretaria de Comunicaciones, amiga íntima de Los Pinos, a quien la gente de Calderón le habría dado alas para serrucharle el piso a Téllez.
¿Alguien confía en Calderón a estas alturas? Sí, todavía hay alguien que cree en él porque estima que puede volver a sacarle provecho. Esa persona se llama Elba Esther Gordillo y, de acuerdo con fuentes que piden el anonimato, habría ya negociado con Fernando Gómez Mont, el representante de Televisa y Tv Azteca en Bucareli, para ayudarle a ganar las elecciones de julio a los candidatos del PAN, a cambio de quedarse con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), una instancia que se encarga de dirimir las controversias entre el gobierno federal y sus trabajadores, así como las del gobierno capitalino con los suyos.
De concretarse este pacto, doña Elba Estéril controlaría no sólo el sindicato de maestros sino toda la justicia laboral del apartado B, misma que regula las relaciones entre los burócratas y el gobierno. En vía de mientras, agregan las fuentes, se ha aprobado un presupuesto de varios miles de millones de pesos para duplicar el número de salas con que actualmente cuenta el TFCA, y la señora Gordillo nombrará a su antojo a los magistrados que allí despachen, con lo que su poder se multiplicaría de manera exponencial.
Aunque Gómez Mont es quien acordó la jugada con la líder vitalicia del gigantesco sindicato charro de los trabajadores, es un tal David Luque, de la secretaría particular de Calderón, quien arregla los detalles. Para que el pacto quede sellado, como decían antiguamente los novelistas, falta la aprobación de la reforma laboral que promueve, con un frenesí que ahora se entiende mejor, el secretario del Trabajo, y porro mayor del gabinete, Javier Lozano Alarcón. Este insistió, hace unos días, en que la reforma debe salir en abril… justo a tiempo para que Elba Estéril ponga de nuevo en marcha la maquinaria del fraude electoral.
Palos, gracias a la Corte
Eduardo Bours, el pollero gobernador de Sonora, leyó el dictamen de la Tremenda Corte sobre el caso Atenco en el mismo sentido que esta columna, es decir, como una virtual sentencia que legaliza la represión en México. Y ni tardo ni perezoso, mandó 200 agentes de la Policía Federal Preventiva y de la estatal –calcando el esquema de Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora en mayo de 2006– para disolver con la mayor brutalidad posible un plantón de ancianos jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, que el martes pasado se sentaron sobre las vías del tren en el poblado de Benjamín Hill, para exigir el pago de las pensiones que el gobierno les adeuda desde 1998.
Los togados estarán orgullosos de su decisión, ya que gracias a ésta Bours ordenó golpear con garrote a ancianos, niños y mujeres (una de ellas embarazada) y desaparecer al líder del movimiento, Humberto Francisco Tapia Madrid, de acuerdo con la denuncia publicada ayer por Julio Hernández López.
Y a propósito de la Corte, Víctor Adrián Trujillo Muñoz opina que don Genaro Góngora Pimentel “es el patiño que procura la coartada de ‘pluralismo de posiciones, propuestas y proyectos de resolución’, y por supuesto siempre pierde porque su función no es ganar batallas sino simularlas. Gran favor le haría a la nación renunciando a su sueldo de 600 mil pesos mensuales, para dejar a esa recua de bien cebados farsantes sin coartada…”.
Diez años sin Galo
Ayer el tiempo cumplió 10 años desde la trágica muerte del periodista Galo Gómez Ogalde, amigo de muchos lectores de esta columna. Ayer también se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de su padre, don Galo Gómez Oyarzún, ex rector de la Universidad de Concepción, en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende. En digna representación de esos dos grandes luchadores sociales, Felipe Gómez, hermano de Galo, dirige un pequeño y delicioso lugar de comidas rápidas, llamado Sol y Sombra, frente a la puerta 3 de la Plaza México, en Mixcoac, donde los buenos sabores son uno de los placeres de la nostalgia… Y ya que se habla de negocios alternativos, la crisis inauguró un servicio denominado Bar en Calma, que en realidad es un teléfono (5564-2654) al que usted puede hablar entre las 21:00 y las 4:00, y pedir que le lleven a su casa bebidas, refrescos o tabaco, y evitarse la molestia de salir a la calle en busca de una ventanita y quedar a merced de los alcoholímetros…
Tal como lo anticipó López Obrador el martes frente a la Cámara de Diputados, ya abrieron sus puertas las casas del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, en las 16 delegaciones del DF. Las direcciones son: Álvaro Obregón, Juan Cousin 43, col. Alfonso XIII; Azcapotzalco, Totonacas 90, col. Tezozómoc; Benito Juárez, Víctor Hugo 19, col. Albert. Coyoacán; Pensilvania y División del Norte, col. Parque San Andrés; Cuajimalpa, José María Castorena 226, col. Centro; Cuauhtémoc, Dr. Navarro 5, col. Doctores; Gustavo A. Madero, Bustamante 98, col. Martín Carrera; Iztacalco, Retorno 2 de Sur 16 número 34, col. Agrícola Oriental; Iztapalapa, calle 14, número 336, col. Leyes de Reforma 2da sección; Contreras, av. San Jerónimo 15, col Potrerillo; Miguel Hidalgo, Lago Mask 198, col Anáhuac; Milpa Alta, Nuevo León 222, barrio Santa Cruz Villa Milpa Alta; Tláhuac, Barranca s/n, col. San Juan Ixtayopan; Tlalpan, San Fernando 410; Venustiano Carranza, Berriozábal 48, col. Morelos, y Xochimilco, Xaltocan 50, barrio Xaltocan.
jamastu@gmail.com
Acontracorriente de los resultados de algunas encuestas que dan como algo inevitable que los ciudadanos, frustrados por el mal gobierno panista, preferirán votar por el PRI en las elecciones de julio próximo, el sondeo que hicimos esta semana muestra, en primer lugar, la aversión a volver a los tiempos del tricolor, una profunda decepción hacia todos los partidos y una tendencia importante a votar por el candidato, no por el partido que lo postule, o inclusive, abstenerse de sufragar. ‘Si la elección de la Cámara de Diputados fuera hoy ¿a quién darías tu voto?’ El 38 por ciento de los encuestados dijo que primero analizará a los candidatos, luego a los partidos; casi el 25 por ciento no piensa votar; el 17 por ciento lo haría por el PRD; el 3 por ciento por el PRI y menos del 1 por ciento por el PAN.
Metodología
Enviamos por correo electrónico 2 mil 500 cuestionarios a un número igual de miembros de El Foro México. Hasta ayer habían contestado 2 mil 053 personas (82 por ciento). Muchas enviaron una opinión acompañando su voto, enseguida reproducimos algunos fragmentos, los textos sin editar pueden leerse en el foro
Metodología
Enviamos por correo electrónico 2 mil 500 cuestionarios a un número igual de miembros de El Foro México. Hasta ayer habían contestado 2 mil 053 personas (82 por ciento). Muchas enviaron una opinión acompañando su voto, enseguida reproducimos algunos fragmentos, los textos sin editar pueden leerse en el foro
Los de abajo
En Tijuana, Baja California Norte, las matanzas diarias entre el crimen organizado, la policía y el Ejército ocupan las primeras planas, opacando otro tipo de crimen: el que se comete cotidianamente en cualquiera de las tantas maquiladoras que en esta ciudad fronteriza proliferan como centros de semiesclavitud y arbitrariedades patronales. El trinomio sindicato-Junta de Conciliación y Arbitraje-patrón se confabula para suprimir o arrebatar los derechos de los trabajadores, sin que nadie, más que ellos mismos, los defienda.
Los ex trabajadores y ex trabajadoras de Muebles Finos Buenos, fábrica proveniente de Carlson, California, todos con antigüedades de entre tres y 16 años desempeñándose como operadores de máquinas perforadoras, montacargas y cortadoras, han sido víctimas de un sindicato fantasma, un patrón abusivo y unas autoridades que actúan como cómplices del despojo.
Cuentan los obreros que el 20 de octubre de 2006 estalló una huelga, impuesta a 900 por el Sindicato de Trabajadores de la Industria, el Comercio, la Maquila, Conexos y Similares Guadalupe Victoria, perteneciente a la CROC, sindicato fantasma dirigido por César Soto Agüero, a quien conocieron hasta los días de la huelga, cuando en las asambleas aseguraba que pelearía por los derechos de los trabajadores.
Durante más de un año de huelga, denuncian los obreros, no sólo resistieron los ataques de los patrones, sino también del sindicato. Nosotros pusimos guardias para cuidar la fábrica, pero César Soto nos envió un montón de malandrines, encabezados por él, que nos acusaban de robar la fábrica que nosotros cuidábamos para que el sindicato y la empresa no se metieran ni robaran nada. Vinieron después las agresiones físicas a los huelguistas, los robos y las intimidaciones. Pero no caímos en las provocaciones ni respondimos la agresión, aunque finalmente el sindicato y la empresa hicieron un arreglo contra nosotros. Decidieron poner fin a la huelga y firmaron un convenio burlándose de nuestros derechos, pagándonos solamente entre 23 y 29 por ciento de lo que corresponde. El convenio fue ilegalmente avalado por Conciliación y Arbitraje.
En estos momentos los ex trabajadores siguen en pie de lucha. No quedamos conformes y por eso seguimos luchando. Y apelan a la solidaridad, para que nos paguen lo que nos deben.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
Los ex trabajadores y ex trabajadoras de Muebles Finos Buenos, fábrica proveniente de Carlson, California, todos con antigüedades de entre tres y 16 años desempeñándose como operadores de máquinas perforadoras, montacargas y cortadoras, han sido víctimas de un sindicato fantasma, un patrón abusivo y unas autoridades que actúan como cómplices del despojo.
Cuentan los obreros que el 20 de octubre de 2006 estalló una huelga, impuesta a 900 por el Sindicato de Trabajadores de la Industria, el Comercio, la Maquila, Conexos y Similares Guadalupe Victoria, perteneciente a la CROC, sindicato fantasma dirigido por César Soto Agüero, a quien conocieron hasta los días de la huelga, cuando en las asambleas aseguraba que pelearía por los derechos de los trabajadores.
Durante más de un año de huelga, denuncian los obreros, no sólo resistieron los ataques de los patrones, sino también del sindicato. Nosotros pusimos guardias para cuidar la fábrica, pero César Soto nos envió un montón de malandrines, encabezados por él, que nos acusaban de robar la fábrica que nosotros cuidábamos para que el sindicato y la empresa no se metieran ni robaran nada. Vinieron después las agresiones físicas a los huelguistas, los robos y las intimidaciones. Pero no caímos en las provocaciones ni respondimos la agresión, aunque finalmente el sindicato y la empresa hicieron un arreglo contra nosotros. Decidieron poner fin a la huelga y firmaron un convenio burlándose de nuestros derechos, pagándonos solamente entre 23 y 29 por ciento de lo que corresponde. El convenio fue ilegalmente avalado por Conciliación y Arbitraje.
En estos momentos los ex trabajadores siguen en pie de lucha. No quedamos conformes y por eso seguimos luchando. Y apelan a la solidaridad, para que nos paguen lo que nos deben.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
El creativo gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, utilizó una buena cantidad de creativos términos para justificar la enésima sacudida que a la moneda nacional le han propinado las hordas especulativas que operan en el país: huracán financiero, turbulencia internacional muy fuerte, montaña rusa en Wall Street, crisis de enormes proporciones, por sólo citar algunos. También mostró creatividad en su intentó por borrar la imagen de catastrofista que de él guardan ciertos mochoacanos: pase lo que pase, dijo, tenemos canicas para hacer frente a todo lo anterior.
De nueva cuenta sudoroso, como en los buenos tiempos, ayer el ex secretario de Hacienda no sintió lo duro sino lo tupido, pues la cotización peso-dólar rompió la barrera sicológica de las 15 unidades (obvio es que favorable al billete verde), algo que en la Comisión de Cambios (Ortiz-Carstens) daban por sentado no sucedería, dada la abundante cuan permanente inyección de reservas internacionales para saciar, según creen, el insaciable hambre de los especuladores.
Huracanes, “turbulencias, montañas, enormes proporciones, canicas y conexos, pero ninguna explicación medianamente creíble sobre el por qué del más reciente embate en contra del peso. Términos creativos, sin duda, que lo podrían orillar a escribir un cuento adicional, pero ni un solo nombre de los responsables de darle el tiro de gracia al tipo de cambio, el cual rompió la barrera sicológica de las 15 unidades y terminó por desmoronar la de por sí endeble confianza que a estas alturas existe entre los mexicanos.
A 15.16 pesos por dólar llegó ayer el tipo de cambio, para concluir la semana cambiaria en 14.95, con no menos de 400 millones de dólares de reservas internacionales inyectadas al mercado para saciar, dicen, la sed de los especuladores, quienes con los colmillos perfectamente afilados esperan la reapertura del mercado el próximo lunes, cuando puede suceder cualquier cosa. ¡Felicidades!: en 32 años, con todo y canicas, 120 mil por ciento de incremento en la cotización del dólar, en demérito, desde luego, de la tambaleante moneda nacional.
No queremos una crisis de confianza, clamaba días atrás un pandillero de la continuidad, disfrazado de Secretario del Trabajo, cuando es un hecho que mucho antes de estallar la crisis económico-financiera ya habían reventado las de credibilidad y confianza en un gobierno y una clase política (incluidos los barones del sector privado y de la Santa Madre) que de plano no da una (económica y socialmente hablando, porque para sí ha salido muy resultona).
Crisis de confianza que se profundiza (más allá de los más recientes resultados cambiarios, bursátiles, laborales, económicos y conexos) por la defraudación de una institución extranjera, Stanford Fondos, filial del consorcio gringo Stanford Financial Group, avecindado en México con autorización del gobierno nacional, en contra de un nutrido grupo de mexicanos clasemedieros y de mayor nivel económico, sin que la somnolienta institución oficialmente encargada de vigilar y supervisar a este tipo de empresas se haya enterado.
Como en tantas otras ocasiones, de madrugada le pasó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el desfalcó, y ahora ya no sabe cómo zafarse de la bronca ni de los justos reclamos de dicho grupo, porque ella sólo garantiza las operaciones e inversiones que se hagan en México. Y para calmar los ánimos de los defraudados, los directivos de la CNBV muy atinadamente pintaron su raya: si se saben contar, no cuenten con nosotros.
Se repite la historia de la autoridad que vigila y supervisa el sano funcionamiento del sistema financiero que opera en el país. Ahora el ágil presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, puede recurrir a los bellos calificativos que Miguel de la Madrid utilizó en octubre de 1987 para justificar el saqueo de los pequeños inversionistas en el mercado bursátil. Decía el entonces inquilino de Los Pinos que éstos fueron atracados por bisoños y que el fraude que los victimó fue resultado de la codicia colectiva, es decir, lo mismo que ahora sucede con los saqueados por Stanford Fondos, o, por ejemplo, con el ahorro de los trabajadores y las Afore.
Y a esa misma crisis de confianza, que no queremos, también contribuye la información que sobre el comportamiento de la economía divulgó ayer el INEGI, la cual, una vez más, desmiente el optimismo del inquilino de Los Pinos, quien durante su plácida visita al Foro Económico Mundial en Davos (finales de enero pasado) presumía que en 2008, a pesar de la recesión global, México creció más de 1.5 por ciento.
Pues resulta que no, que tampoco en eso atinó. Tanto discurso, tanta saliva invertida para convencer de que la gripa nos hacia los mandados, para que venga el INEGI y apeste la fiesta de la continuidad con optimismo, e informe que en 2008, oficialmente, la economía mexicana creció 1.3 por ciento, el peor resultado desde 2002, y que en el último trimestre del año pasado el desplome fue de 1.6 por ciento en términos reales, abriendo surco para la recesión. Cifras desestacionalizadas empeoran los resultados, pues ellas indican que el PIB reportó una caída de 2.69 por ciento en octubre-diciembre en comparación con el trimestre inmediato anterior.
Qué bueno que en Los Pinos no queremos una crisis de confianza.
Las rebanadas del pastel
No todo está perdido. Ya lo dijo el panista Gustavo Enrique Madero, presidente del Senado: “no podemos sumarnos a las críticas (contra los integrantes del gabinetazo calderonista) que con carácter electoral se expresan para desacreditar un esfuerzo (del) equipo de trabajo” del inquilino de Los Pinos. Bien dicho y mejor explicado: no es que no sean pendejos, sino que las elecciones están a la vuelta de la esquina… Una suerte de misterioso comando alfanumérico atacó al México SA de ayer, en cuyo primer párrafo aparece un incomprensible “en el verano regresan las 32TmRs…”. En el original, sin códigos, era mucho más sencillo: en el verano regresan las vacas gordas…”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Opinión
Gustavo Leal F.*:
De nueva cuenta sudoroso, como en los buenos tiempos, ayer el ex secretario de Hacienda no sintió lo duro sino lo tupido, pues la cotización peso-dólar rompió la barrera sicológica de las 15 unidades (obvio es que favorable al billete verde), algo que en la Comisión de Cambios (Ortiz-Carstens) daban por sentado no sucedería, dada la abundante cuan permanente inyección de reservas internacionales para saciar, según creen, el insaciable hambre de los especuladores.
Huracanes, “turbulencias, montañas, enormes proporciones, canicas y conexos, pero ninguna explicación medianamente creíble sobre el por qué del más reciente embate en contra del peso. Términos creativos, sin duda, que lo podrían orillar a escribir un cuento adicional, pero ni un solo nombre de los responsables de darle el tiro de gracia al tipo de cambio, el cual rompió la barrera sicológica de las 15 unidades y terminó por desmoronar la de por sí endeble confianza que a estas alturas existe entre los mexicanos.
A 15.16 pesos por dólar llegó ayer el tipo de cambio, para concluir la semana cambiaria en 14.95, con no menos de 400 millones de dólares de reservas internacionales inyectadas al mercado para saciar, dicen, la sed de los especuladores, quienes con los colmillos perfectamente afilados esperan la reapertura del mercado el próximo lunes, cuando puede suceder cualquier cosa. ¡Felicidades!: en 32 años, con todo y canicas, 120 mil por ciento de incremento en la cotización del dólar, en demérito, desde luego, de la tambaleante moneda nacional.
No queremos una crisis de confianza, clamaba días atrás un pandillero de la continuidad, disfrazado de Secretario del Trabajo, cuando es un hecho que mucho antes de estallar la crisis económico-financiera ya habían reventado las de credibilidad y confianza en un gobierno y una clase política (incluidos los barones del sector privado y de la Santa Madre) que de plano no da una (económica y socialmente hablando, porque para sí ha salido muy resultona).
Crisis de confianza que se profundiza (más allá de los más recientes resultados cambiarios, bursátiles, laborales, económicos y conexos) por la defraudación de una institución extranjera, Stanford Fondos, filial del consorcio gringo Stanford Financial Group, avecindado en México con autorización del gobierno nacional, en contra de un nutrido grupo de mexicanos clasemedieros y de mayor nivel económico, sin que la somnolienta institución oficialmente encargada de vigilar y supervisar a este tipo de empresas se haya enterado.
Como en tantas otras ocasiones, de madrugada le pasó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el desfalcó, y ahora ya no sabe cómo zafarse de la bronca ni de los justos reclamos de dicho grupo, porque ella sólo garantiza las operaciones e inversiones que se hagan en México. Y para calmar los ánimos de los defraudados, los directivos de la CNBV muy atinadamente pintaron su raya: si se saben contar, no cuenten con nosotros.
Se repite la historia de la autoridad que vigila y supervisa el sano funcionamiento del sistema financiero que opera en el país. Ahora el ágil presidente de la CNBV, Guillermo Babatz, puede recurrir a los bellos calificativos que Miguel de la Madrid utilizó en octubre de 1987 para justificar el saqueo de los pequeños inversionistas en el mercado bursátil. Decía el entonces inquilino de Los Pinos que éstos fueron atracados por bisoños y que el fraude que los victimó fue resultado de la codicia colectiva, es decir, lo mismo que ahora sucede con los saqueados por Stanford Fondos, o, por ejemplo, con el ahorro de los trabajadores y las Afore.
Y a esa misma crisis de confianza, que no queremos, también contribuye la información que sobre el comportamiento de la economía divulgó ayer el INEGI, la cual, una vez más, desmiente el optimismo del inquilino de Los Pinos, quien durante su plácida visita al Foro Económico Mundial en Davos (finales de enero pasado) presumía que en 2008, a pesar de la recesión global, México creció más de 1.5 por ciento.
Pues resulta que no, que tampoco en eso atinó. Tanto discurso, tanta saliva invertida para convencer de que la gripa nos hacia los mandados, para que venga el INEGI y apeste la fiesta de la continuidad con optimismo, e informe que en 2008, oficialmente, la economía mexicana creció 1.3 por ciento, el peor resultado desde 2002, y que en el último trimestre del año pasado el desplome fue de 1.6 por ciento en términos reales, abriendo surco para la recesión. Cifras desestacionalizadas empeoran los resultados, pues ellas indican que el PIB reportó una caída de 2.69 por ciento en octubre-diciembre en comparación con el trimestre inmediato anterior.
Qué bueno que en Los Pinos no queremos una crisis de confianza.
Las rebanadas del pastel
No todo está perdido. Ya lo dijo el panista Gustavo Enrique Madero, presidente del Senado: “no podemos sumarnos a las críticas (contra los integrantes del gabinetazo calderonista) que con carácter electoral se expresan para desacreditar un esfuerzo (del) equipo de trabajo” del inquilino de Los Pinos. Bien dicho y mejor explicado: no es que no sean pendejos, sino que las elecciones están a la vuelta de la esquina… Una suerte de misterioso comando alfanumérico atacó al México SA de ayer, en cuyo primer párrafo aparece un incomprensible “en el verano regresan las 32TmRs…”. En el original, sin códigos, era mucho más sencillo: en el verano regresan las vacas gordas…”.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Opinión
Gustavo Leal F.*:
Debatir la seguridad social sin señalar responsables y corregir de raíz?
Ya desde 2005 el actuario Carlos Soto había concluido que un trabajador con una vida laboral de 40 años y cotizando en el IMSS cerca de 22 años apenas podría aspirar a una pensión equivalente a 25 por ciento de su último salario al momento del retiro.
¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento. Entre otras garrafales fallas, la ley Zedillo, que privatizó las pensiones del IMSS en diciembre de 1995 e impuso el sistema de ahorro individual, soslayó la precariedad laboral, bajos sueldos, empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna. Los cosmopolitas técnicos del zedillismo no pisaron el México real y, como en todo diseño tecnocrático, se enfebrecieron con su universo virtual: no vincularon adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo, que incluye trabajadores que al ganar poco pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa dignidad en su pensión.
Por ello, remataba Soto, el modelo actual de las Afore, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos: que en el mediano y largo plazos, enfatizaba, están fuera de lo real y posible.
Cerrando 2008, Alejandro Hazas, de la UNAM, y Francisco Morales, de Asesores Actuariales y Asociados, confirmaron el análisis de Soto: el sistema de cuentas individuales de Zedillo, Calderón, Yunes, Molinar Horcasitas (con la complicidad de la dirigencia del SNTSS) y la CFE (con la complicidad de la dirigencia del SUTERM) no garantiza ni 20 por ciento del último salario devengado: cuatro salarios mínimos e incluso considerando las aportaciones del SAR92.
¿Por qué? Según Hazas ello resulta de los supuestos irreales del modelo tecnocrático: movilidad salarial, efecto de las comisiones, tasas de interés y nivel de los rendimientos. Por su parte, Morales estima que las Afore sólo benefician al negocio, pues las comisiones son muy altas, mientras que las autoridades se ponen del lugar del negocio y no del trabajador al argumentar que no hay afectación al ahorro.
El problema son esos supuestos. A lo cual hay que agregar como el corazón del problema la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan. En suma: la modalidad mexicana de la capitalización individual que, a diferencia de otras –como la sueca–, representa un riesgo patente de no proveer siquiera una pensión mínima.
En este contexto de la clara evidencia pública sobre las erróneas decisiones de política adoptadas no sorprende que los intereses de la arena de la política pública, amparados en algunos legisladores, concluyan alegremente que el modelo es viable. Viable ¿para quién?
Dando la espalda a la realidad, pero defendiendo hasta el límite de lo imposible ese uso tecnocrático de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, Carstens todavía se atrevió a sostener en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, organizado por el Congreso de la Unión, que no han sufrido minusvalías y tienen una ganancia.
Sólo faltaba que el priísta Samuel Aguilar –después de introducir al Congreso la reforma calderonista del ISSSTE– tratara fallidamente de concentrar las culpas en el pésimo manejo de la Consar; que el director entrante de la Afore XXI, Tonatiuh Rodríguez, consultado sobre las enésimas reformas Anaya al SAR, se arrogue el derecho de no opinar porque no le gustaría entrar en el tema.
Aunque, claro, uno de los pronunciamientos más descabellados debe ser agregado a la ya larga lista que acumula Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS, quien –después de imponer las cuentas individuales a los trabajadores de nuevo ingreso del IMSS– ahora sugiere la estatización de los fondos para el retiro, como ocurrió en Argentina, porque hasta el momento las únicas beneficiadas han sido las instituciones financieras. Y todo ello mientras anunciaba que su gremio se la jugará con el PRI en los comicios de 2009 pidiendo dos diputaciones plurinominales, al tiempo que seguía amagando con romper con la UNT para ser un sindicato independiente.
Después de que el SME anunció –diciembre de 2008– un Proyecto de Decreto para Estatizar los Fondos de Retiro (iniciativa Pacheco), la diputada priísta Lorenza Martínez interpuso –febrero 2009– una iniciativa para frenar (vía el derecho de acción colectiva) la caída del ahorro y en la que ya se contempla establecer una rentabilidad mínima.
Las reformas tecnocráticas se les escurren a los intereses entre los dedos. Después de la reforma Beltrones al SAR (marzo 2007), siguió la del panista Guillermo Anaya (diciembre 2008) y ahora arriba a tumbos la de la príista Martínez.
Absolutamente ninguna de ellas atiende el fondo del problema técnico: la naturaleza de las cuentas individuales y las garrafales fallas zedillistas del esquema mexicano de capitalización.
Y ello sin siquiera entrar a considerar las minusvalías por turbulencia bursátil –otro supuesto ausente del modelo tecnocrático–, las interrupciones laborales y la forma en que han sido administrados los recursos de los trabajadores desde 1997.
¿Se puede debatir pretendiendo erguir alternativas sin señalar a los responsables del estado actual de cosas? ¿Se puede debatir para evitar corregir de raíz?✎
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
Miguel Concha: México ante la ONUP
ara ser evaluado en el denominado Examen Periódico Universal (EPU), el 10 de febrero México se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este mecanismo consiste en que los países hacen llegar sus preocupaciones respecto de la situación de derechos humanos en un determinado lugar, que comparece para ser cuestionado y recibir recomendaciones. Después de eso la nación examinada debe decidir qué recomendaciones acepta y cuáles no. Debe destacarse que con ello se obliga a cumplir con aquellas que ha aceptado ante la comunidad internacional.
La información que llega a los países que hacen preguntas en una sesión consta de tres partes. Un informe elaborado por el país revisado; una compilación de los informes de diversos órganos y mecanismos de la ONU sobre el país en cuestión, realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y una síntesis de la información que proporcionan la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos, que también realiza la OACNUDH. Más de 100 organizaciones mexicanas realizaron durante meses un arduo trabajo con el propósito de consensuar un documento que reflejara su opinión sobre los derechos humanos en el país.
Luego de elaborarlo se dedicaron a difundir su contenido entre los países que estarían presentes en el EPU. Varios representantes de organizaciones civiles mexicanas lograron acreditarse para asistir a esa sesión en Ginebra. Durante el examen la comunidad internacional cuestionó severamente la situación en México en relación con problemas pendientes en la agenda de derechos humanos. Prueba de ello es que 56 naciones hicieron preguntas y emitieron 93 recomendaciones. Conforme se desarrollaba el examen se pudo percibir que el trabajo de las organizaciones había dado frutos, pues la comunidad internacional formulaba reiteradamente preguntas sobre temas tan vergonzosos como la constitucionalización del arraigo; los asesinatos de mujeres; el abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos; la ineficacia de las fiscalías especiales, como la encargada de investigar los crímenes contra periodistas, y la impunidad por violaciones cometidas por militares, entre otros.
Dos de los temas que se mencionaron transversalmente al abordar estas problemáticas es la urgente necesidad de armonizar el marco normativo nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, así como la impunidad imperante en los casos de violaciones a las garantías individuales. La temática que particularmente mencionaron más de 20 países fue la de discriminación, violencia contra las mujeres, feminicidios, ausencia de legislación efectiva y falta de resultados en la investigación de estos crímenes. La pobreza y la desigualdad económica en México, la necesidad de fortalecer programas de salud y vivienda, la falta de consulta a las comunidades cuando se trata de los llamados megaproyectos de desarrollo, las condiciones de trabajo de los agricultores temporales, la falta de acceso a derechos sociales como la educación y la carencia de diversidad en los medios electrónicos de comunicación fueron otros de los problemas abordados por diversos países de todas las regiones del mundo.
En cuanto a la educación se insistió en dos grupos que fueron objeto de varias recomendaciones más. Por una parte, los migrantes, para quienes se exigió su acceso a derechos y el apego a la normatividad internacional; y, por otro, los derechos de los pueblos indígenas, para quienes se exigió el respeto a sus culturas y tradiciones, la adecuación de la normatividad nacional a estándares internacionales, como el convenio 169 de la OIT, y, de nueva cuenta, el acceso a derechos que se ven negados por prácticas discriminatorias.
Un problema igualmente sensible que no quedó fuera del examen, y al que México tendrá que responder, por haberlo convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, es el de las muertes, agresiones, intimidaciones y los atentados contra periodistas, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos. Para nada es raro que la erradicación de la tortura aparezca de manera señalada entre las recomendaciones de las naciones a México, aunque esta vez aparecieron también otras sobre el uso excesivo de la fuerza, la justicia transicional, el fuero militar en los casos de violaciones de los derechos humanos contra civiles, y la obligación de tomar medidas para asegurar el derecho a la manifestación y a la integridad de los manifestantes.
Lamentablemente el gobierno mexicano anunció que se reservaba la aceptación de algunas de estas recomendaciones. Salvo la necesidad de saldar la deuda social que existe con la nula resolución de los crímenes del pasado, todas estas recomendaciones tienen que ver con su actual política de seguridad, como serían las de adecuar la definición de delincuencia organizada a la Convención de Palermo, abolir la práctica del arraigo y modificar las leyes para que la justicia civil conozca de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En su próxima comparecencia, México deberá informar sobre las recomendaciones aceptadas, aunque también se ha comprometido a dar razones por las que no aceptaría estas últimas. Sobra decir que no hay razones de peso para rechazarlas.
¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento. Entre otras garrafales fallas, la ley Zedillo, que privatizó las pensiones del IMSS en diciembre de 1995 e impuso el sistema de ahorro individual, soslayó la precariedad laboral, bajos sueldos, empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna. Los cosmopolitas técnicos del zedillismo no pisaron el México real y, como en todo diseño tecnocrático, se enfebrecieron con su universo virtual: no vincularon adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo, que incluye trabajadores que al ganar poco pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa dignidad en su pensión.
Por ello, remataba Soto, el modelo actual de las Afore, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos: que en el mediano y largo plazos, enfatizaba, están fuera de lo real y posible.
Cerrando 2008, Alejandro Hazas, de la UNAM, y Francisco Morales, de Asesores Actuariales y Asociados, confirmaron el análisis de Soto: el sistema de cuentas individuales de Zedillo, Calderón, Yunes, Molinar Horcasitas (con la complicidad de la dirigencia del SNTSS) y la CFE (con la complicidad de la dirigencia del SUTERM) no garantiza ni 20 por ciento del último salario devengado: cuatro salarios mínimos e incluso considerando las aportaciones del SAR92.
¿Por qué? Según Hazas ello resulta de los supuestos irreales del modelo tecnocrático: movilidad salarial, efecto de las comisiones, tasas de interés y nivel de los rendimientos. Por su parte, Morales estima que las Afore sólo benefician al negocio, pues las comisiones son muy altas, mientras que las autoridades se ponen del lugar del negocio y no del trabajador al argumentar que no hay afectación al ahorro.
El problema son esos supuestos. A lo cual hay que agregar como el corazón del problema la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan. En suma: la modalidad mexicana de la capitalización individual que, a diferencia de otras –como la sueca–, representa un riesgo patente de no proveer siquiera una pensión mínima.
En este contexto de la clara evidencia pública sobre las erróneas decisiones de política adoptadas no sorprende que los intereses de la arena de la política pública, amparados en algunos legisladores, concluyan alegremente que el modelo es viable. Viable ¿para quién?
Dando la espalda a la realidad, pero defendiendo hasta el límite de lo imposible ese uso tecnocrático de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, Carstens todavía se atrevió a sostener en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, organizado por el Congreso de la Unión, que no han sufrido minusvalías y tienen una ganancia.
Sólo faltaba que el priísta Samuel Aguilar –después de introducir al Congreso la reforma calderonista del ISSSTE– tratara fallidamente de concentrar las culpas en el pésimo manejo de la Consar; que el director entrante de la Afore XXI, Tonatiuh Rodríguez, consultado sobre las enésimas reformas Anaya al SAR, se arrogue el derecho de no opinar porque no le gustaría entrar en el tema.
Aunque, claro, uno de los pronunciamientos más descabellados debe ser agregado a la ya larga lista que acumula Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS, quien –después de imponer las cuentas individuales a los trabajadores de nuevo ingreso del IMSS– ahora sugiere la estatización de los fondos para el retiro, como ocurrió en Argentina, porque hasta el momento las únicas beneficiadas han sido las instituciones financieras. Y todo ello mientras anunciaba que su gremio se la jugará con el PRI en los comicios de 2009 pidiendo dos diputaciones plurinominales, al tiempo que seguía amagando con romper con la UNT para ser un sindicato independiente.
Después de que el SME anunció –diciembre de 2008– un Proyecto de Decreto para Estatizar los Fondos de Retiro (iniciativa Pacheco), la diputada priísta Lorenza Martínez interpuso –febrero 2009– una iniciativa para frenar (vía el derecho de acción colectiva) la caída del ahorro y en la que ya se contempla establecer una rentabilidad mínima.
Las reformas tecnocráticas se les escurren a los intereses entre los dedos. Después de la reforma Beltrones al SAR (marzo 2007), siguió la del panista Guillermo Anaya (diciembre 2008) y ahora arriba a tumbos la de la príista Martínez.
Absolutamente ninguna de ellas atiende el fondo del problema técnico: la naturaleza de las cuentas individuales y las garrafales fallas zedillistas del esquema mexicano de capitalización.
Y ello sin siquiera entrar a considerar las minusvalías por turbulencia bursátil –otro supuesto ausente del modelo tecnocrático–, las interrupciones laborales y la forma en que han sido administrados los recursos de los trabajadores desde 1997.
¿Se puede debatir pretendiendo erguir alternativas sin señalar a los responsables del estado actual de cosas? ¿Se puede debatir para evitar corregir de raíz?✎
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
Miguel Concha: México ante la ONUP
ara ser evaluado en el denominado Examen Periódico Universal (EPU), el 10 de febrero México se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este mecanismo consiste en que los países hacen llegar sus preocupaciones respecto de la situación de derechos humanos en un determinado lugar, que comparece para ser cuestionado y recibir recomendaciones. Después de eso la nación examinada debe decidir qué recomendaciones acepta y cuáles no. Debe destacarse que con ello se obliga a cumplir con aquellas que ha aceptado ante la comunidad internacional.
La información que llega a los países que hacen preguntas en una sesión consta de tres partes. Un informe elaborado por el país revisado; una compilación de los informes de diversos órganos y mecanismos de la ONU sobre el país en cuestión, realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y una síntesis de la información que proporcionan la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos, que también realiza la OACNUDH. Más de 100 organizaciones mexicanas realizaron durante meses un arduo trabajo con el propósito de consensuar un documento que reflejara su opinión sobre los derechos humanos en el país.
Luego de elaborarlo se dedicaron a difundir su contenido entre los países que estarían presentes en el EPU. Varios representantes de organizaciones civiles mexicanas lograron acreditarse para asistir a esa sesión en Ginebra. Durante el examen la comunidad internacional cuestionó severamente la situación en México en relación con problemas pendientes en la agenda de derechos humanos. Prueba de ello es que 56 naciones hicieron preguntas y emitieron 93 recomendaciones. Conforme se desarrollaba el examen se pudo percibir que el trabajo de las organizaciones había dado frutos, pues la comunidad internacional formulaba reiteradamente preguntas sobre temas tan vergonzosos como la constitucionalización del arraigo; los asesinatos de mujeres; el abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos; la ineficacia de las fiscalías especiales, como la encargada de investigar los crímenes contra periodistas, y la impunidad por violaciones cometidas por militares, entre otros.
Dos de los temas que se mencionaron transversalmente al abordar estas problemáticas es la urgente necesidad de armonizar el marco normativo nacional con los estándares internacionales de derechos humanos, así como la impunidad imperante en los casos de violaciones a las garantías individuales. La temática que particularmente mencionaron más de 20 países fue la de discriminación, violencia contra las mujeres, feminicidios, ausencia de legislación efectiva y falta de resultados en la investigación de estos crímenes. La pobreza y la desigualdad económica en México, la necesidad de fortalecer programas de salud y vivienda, la falta de consulta a las comunidades cuando se trata de los llamados megaproyectos de desarrollo, las condiciones de trabajo de los agricultores temporales, la falta de acceso a derechos sociales como la educación y la carencia de diversidad en los medios electrónicos de comunicación fueron otros de los problemas abordados por diversos países de todas las regiones del mundo.
En cuanto a la educación se insistió en dos grupos que fueron objeto de varias recomendaciones más. Por una parte, los migrantes, para quienes se exigió su acceso a derechos y el apego a la normatividad internacional; y, por otro, los derechos de los pueblos indígenas, para quienes se exigió el respeto a sus culturas y tradiciones, la adecuación de la normatividad nacional a estándares internacionales, como el convenio 169 de la OIT, y, de nueva cuenta, el acceso a derechos que se ven negados por prácticas discriminatorias.
Un problema igualmente sensible que no quedó fuera del examen, y al que México tendrá que responder, por haberlo convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, es el de las muertes, agresiones, intimidaciones y los atentados contra periodistas, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos. Para nada es raro que la erradicación de la tortura aparezca de manera señalada entre las recomendaciones de las naciones a México, aunque esta vez aparecieron también otras sobre el uso excesivo de la fuerza, la justicia transicional, el fuero militar en los casos de violaciones de los derechos humanos contra civiles, y la obligación de tomar medidas para asegurar el derecho a la manifestación y a la integridad de los manifestantes.
Lamentablemente el gobierno mexicano anunció que se reservaba la aceptación de algunas de estas recomendaciones. Salvo la necesidad de saldar la deuda social que existe con la nula resolución de los crímenes del pasado, todas estas recomendaciones tienen que ver con su actual política de seguridad, como serían las de adecuar la definición de delincuencia organizada a la Convención de Palermo, abolir la práctica del arraigo y modificar las leyes para que la justicia civil conozca de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. En su próxima comparecencia, México deberá informar sobre las recomendaciones aceptadas, aunque también se ha comprometido a dar razones por las que no aceptaría estas últimas. Sobra decir que no hay razones de peso para rechazarlas.
Elena Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro*/III y última: Urgencia de una política pública de bioseguridad
Ilán Semo: El sujeto y la palabra
Gustavo Gordillo: Escándalo y espectáculo
Marcos Roitman Rosenmann: La directriz de España y su gobierno: expulsad inmigrantes
La política es cosa seria, por tanto, hay que tomarla con buen humor y, al practicarla, aceptar que es lícito usar la ironía en los debates, pero no la mala intención ni la falsedad; requiere de un alto grado de salud mental y eso necesariamente implica hacer a un lado las actitudes sombrías, las poses teatrales y principalmente evitar acciones empañadas con malas intenciones y engaños; es necesario basar las argumentaciones en datos duros y comprobables y evitar, hasta donde esto sea posible, el chismorreo y los dimes y diretes.
No podemos si no observar el contraste de lo que sucede en el Distrito Federal, en comparación con lo que vemos y vivimos a nivel nacional. En la ciudad de México, el secretario de Finanzas anuncia, con base en información del INEGI, que mientras en el resto del país el desempleo se disparó, en la capital bajó en el último trimestre del año pasado, respecto del anterior, de 6.3 por ciento a 5.8 por ciento.
Esto significa que a pesar de la crisis mundial y nacional, en la ciudad de México se ha contado con mejores instrumentos para paliarla y sobrellevarla; el hecho de que el desempleo sea proporcionalmente menor que en el resto del país, es un signo indicativo de cierta solidez de la que se carece en otros ámbitos.
Las causas de que aquí estemos mejor preparados para resistir el vendaval no se pueden improvisar ni se presentan de un momento a otro, la inversión pública creció durante el gobierno anterior en la ciudad y no se ha detenido bruscamente ese crecimiento en el actual; la atención a problemas sociales y mecanismo baratos y eficaces para redistribuir la riqueza y buscar con ello equilibrios sociales, son amortiguadores económicos que impiden que las islas de pobreza extrema se extiendan y, en cambio, disminuyan paulatinamente. Una de esas medidas que hace que la riqueza circule más fluidamente que en otros lugares y que reactiva la economía local es el reparto mensual del apoyo para los adultos mayores, entre otras medidas atinadas.
Por ello, aunque no quisiéramos, tenemos que lamentar lo que sucede en el gobierno federal; pondré tan sólo dos ejemplos. Uno de ellos es el reiterado anuncio amenazante de que la ciudad va a tener que conformarse con menos agua, que periódicamente hace el funcionario que debiera estar preocupándose por resolver el problema, pero que tan solo está pensando en como amedrentar a los citadinos; hay muchas medidas para ahorro de líquido que José Luis Luege Tamargo podía emprender para controlar lo que sin duda puede causar un grave daño a la capital; ese es su trabajo y no sólo el de estar pregonando crisis irreversibles y restricción del suministro.
El otro ejemplo es el chismorreo que hay entre funcionarios de alto rango, que se espían, calumnian, ponen zancadillas y exhiben públicamente unos a otros como si su trabajo fuera dirimir en público sus problemas y diferencias personales. Es enfermizo ocuparse de los comunicados anónimos, que cuando se reciban, deben de inmediato tirarse a la basura y es más enfermizo aún, espiar a compañeros de trabajo, subordinados o posibles o reales rivales y contrincantes políticos. El espectáculo que dan los funcionarios relacionados con el área de las comunicaciones apena verdaderamente a quienes vemos a que grado de bajeza se ha llegado.
Sin embargo, no debiéramos de extrañarnos, puesto que es lo que ellos desataron; la campaña de calumnias en contra de Andrés Manuel López Obrador fue el ensayo de lo que ahora hacen, entonces para detener a quien el pueblo favorecía con su voto, hoy, para golpearse entre sí. Empezar un juego tan negativo es sumamente peligroso, se sabe en donde se inicia la pendiente, pero nunca hasta donde va a llevar a los que se atreven a iniciar el descenso.
No podemos si no observar el contraste de lo que sucede en el Distrito Federal, en comparación con lo que vemos y vivimos a nivel nacional. En la ciudad de México, el secretario de Finanzas anuncia, con base en información del INEGI, que mientras en el resto del país el desempleo se disparó, en la capital bajó en el último trimestre del año pasado, respecto del anterior, de 6.3 por ciento a 5.8 por ciento.
Esto significa que a pesar de la crisis mundial y nacional, en la ciudad de México se ha contado con mejores instrumentos para paliarla y sobrellevarla; el hecho de que el desempleo sea proporcionalmente menor que en el resto del país, es un signo indicativo de cierta solidez de la que se carece en otros ámbitos.
Las causas de que aquí estemos mejor preparados para resistir el vendaval no se pueden improvisar ni se presentan de un momento a otro, la inversión pública creció durante el gobierno anterior en la ciudad y no se ha detenido bruscamente ese crecimiento en el actual; la atención a problemas sociales y mecanismo baratos y eficaces para redistribuir la riqueza y buscar con ello equilibrios sociales, son amortiguadores económicos que impiden que las islas de pobreza extrema se extiendan y, en cambio, disminuyan paulatinamente. Una de esas medidas que hace que la riqueza circule más fluidamente que en otros lugares y que reactiva la economía local es el reparto mensual del apoyo para los adultos mayores, entre otras medidas atinadas.
Por ello, aunque no quisiéramos, tenemos que lamentar lo que sucede en el gobierno federal; pondré tan sólo dos ejemplos. Uno de ellos es el reiterado anuncio amenazante de que la ciudad va a tener que conformarse con menos agua, que periódicamente hace el funcionario que debiera estar preocupándose por resolver el problema, pero que tan solo está pensando en como amedrentar a los citadinos; hay muchas medidas para ahorro de líquido que José Luis Luege Tamargo podía emprender para controlar lo que sin duda puede causar un grave daño a la capital; ese es su trabajo y no sólo el de estar pregonando crisis irreversibles y restricción del suministro.
El otro ejemplo es el chismorreo que hay entre funcionarios de alto rango, que se espían, calumnian, ponen zancadillas y exhiben públicamente unos a otros como si su trabajo fuera dirimir en público sus problemas y diferencias personales. Es enfermizo ocuparse de los comunicados anónimos, que cuando se reciban, deben de inmediato tirarse a la basura y es más enfermizo aún, espiar a compañeros de trabajo, subordinados o posibles o reales rivales y contrincantes políticos. El espectáculo que dan los funcionarios relacionados con el área de las comunicaciones apena verdaderamente a quienes vemos a que grado de bajeza se ha llegado.
Sin embargo, no debiéramos de extrañarnos, puesto que es lo que ellos desataron; la campaña de calumnias en contra de Andrés Manuel López Obrador fue el ensayo de lo que ahora hacen, entonces para detener a quien el pueblo favorecía con su voto, hoy, para golpearse entre sí. Empezar un juego tan negativo es sumamente peligroso, se sabe en donde se inicia la pendiente, pero nunca hasta donde va a llevar a los que se atreven a iniciar el descenso.
Jorge Luis Sierra
Las batallas de Reynosa
Después de las batallas de Reynosa, el gobierno mexicano y las bandas de narcotraficantes del país están aprendiendo que sus enfrentamientos van a ser cada día más cruentos, en ambientes urbanos, en medio de los lugares donde la gente vive, trabaja y estudia.
Esa fue la situación del enfrentamiento que ocurrió la mañana del martes pasado, cuando el Ejército y agentes federales realizaron un operativo en una casa de seguridad en el suroeste de Reynosa, ubicada en la colonia Las Fuentes, cerca de una escuela primaria y un centro comercial.
Según los reportes, el grupo de sicarios resistió con fuego de mortero, fusilería, granadas y cohetes antitanque, y montó barricadas en las calles cercanas con la intención de obstaculizar la llegada de refuerzos militares.
A final de cuentas, la defensa del grupo de narcotraficantes no bastó y al menos cinco sicarios fueron abatidos en el enfrentamiento que duró cerca de dos horas. Las autoridades de Estados Unidos creen que en el operativo murió Héctor Manuel Sauceda, El Caris, uno de los principales líderes regionales de Los Zetas, quien habría tomado el control de la plaza después de la detención en noviembre de Jaime González Durán, conocido como El Hummer.
El resultado del enfrentamiento en Reynosa demostró la superioridad del poder de fuego de las unidades militares por encima del que tienen las células de la delincuencia organizada. Sin embargo, esa desproporción de recursos es una ventaja para el gobierno, pero su aplicación indiscriminada tiene varias implicaciones que afectan a la población civil.
Primero, la operación contra la célula de sicarios y la casa de seguridad del cártel del Golfo en Reynosa convirtió a las calles de la colonia Las Fuentes en un campo de batalla donde fueron utilizadas armas de guerra. El intercambio de disparos y el estallido de granadas ocurrió cerca de una escuela primaria y un centro comercial, y arrojó un saldo aún indeterminado de transeúntes heridos y propiedades destruidas. Aunque el armamento utilizado por ambas partes está considerado como “ligero”, su capacidad mortífera es muy elevada y no está diseñado para evitar lo que los ejércitos llaman bajas colaterales.
En segundo lugar, el conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes podría alcanzar niveles mayores de violencia, pues la debilidad experimentada en Reynosa podría impulsar a las bandas del narcotráfico a mejorar aún más su poder de fuego y enfrentar en mejores condiciones a las unidades del Ejército y la policía federal.
La tercera implicación es crítica. El narcotráfico intentará camuflarse entre la población civil y multiplicar las movilizaciones de niños, mujeres y jóvenes que acepten regalos y dinero de los cárteles a cambio de cerrar puentes internacionales y levantar barricadas en las calles.
Uno de los objetivos principales de la delincuencia organizada es empujar a las Fuerzas Armadas a operar en zonas densamente pobladas y en horarios que la gente utiliza para ir y venir del trabajo o la escuela. De esa manera, mientras el narcotráfico emplea armas cada vez más letales, las unidades militares tendrán forzosamente que limitar el uso de su poder de fuego.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
Esa fue la situación del enfrentamiento que ocurrió la mañana del martes pasado, cuando el Ejército y agentes federales realizaron un operativo en una casa de seguridad en el suroeste de Reynosa, ubicada en la colonia Las Fuentes, cerca de una escuela primaria y un centro comercial.
Según los reportes, el grupo de sicarios resistió con fuego de mortero, fusilería, granadas y cohetes antitanque, y montó barricadas en las calles cercanas con la intención de obstaculizar la llegada de refuerzos militares.
A final de cuentas, la defensa del grupo de narcotraficantes no bastó y al menos cinco sicarios fueron abatidos en el enfrentamiento que duró cerca de dos horas. Las autoridades de Estados Unidos creen que en el operativo murió Héctor Manuel Sauceda, El Caris, uno de los principales líderes regionales de Los Zetas, quien habría tomado el control de la plaza después de la detención en noviembre de Jaime González Durán, conocido como El Hummer.
El resultado del enfrentamiento en Reynosa demostró la superioridad del poder de fuego de las unidades militares por encima del que tienen las células de la delincuencia organizada. Sin embargo, esa desproporción de recursos es una ventaja para el gobierno, pero su aplicación indiscriminada tiene varias implicaciones que afectan a la población civil.
Primero, la operación contra la célula de sicarios y la casa de seguridad del cártel del Golfo en Reynosa convirtió a las calles de la colonia Las Fuentes en un campo de batalla donde fueron utilizadas armas de guerra. El intercambio de disparos y el estallido de granadas ocurrió cerca de una escuela primaria y un centro comercial, y arrojó un saldo aún indeterminado de transeúntes heridos y propiedades destruidas. Aunque el armamento utilizado por ambas partes está considerado como “ligero”, su capacidad mortífera es muy elevada y no está diseñado para evitar lo que los ejércitos llaman bajas colaterales.
En segundo lugar, el conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes podría alcanzar niveles mayores de violencia, pues la debilidad experimentada en Reynosa podría impulsar a las bandas del narcotráfico a mejorar aún más su poder de fuego y enfrentar en mejores condiciones a las unidades del Ejército y la policía federal.
La tercera implicación es crítica. El narcotráfico intentará camuflarse entre la población civil y multiplicar las movilizaciones de niños, mujeres y jóvenes que acepten regalos y dinero de los cárteles a cambio de cerrar puentes internacionales y levantar barricadas en las calles.
Uno de los objetivos principales de la delincuencia organizada es empujar a las Fuerzas Armadas a operar en zonas densamente pobladas y en horarios que la gente utiliza para ir y venir del trabajo o la escuela. De esa manera, mientras el narcotráfico emplea armas cada vez más letales, las unidades militares tendrán forzosamente que limitar el uso de su poder de fuego.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
Juan Francisco Escobedo
Alternancia democrática “ineficaz”
La expresión “alternancia ineficaz”, que ha deslizado el PRI en el contexto de la contienda electoral, no contribuirá a fomentar el debate de ideas que necesita el país, ya que, además de equívoca, está cargada de propaganda y de revanchismo.
Se trata de una expresión equívoca porque deliberadamente confunde los límites entre el régimen político y el gobierno. La democratización ocurre en el ámbito del régimen político, no en la trama del gobierno.
La posibilidad de que el voto fuese respetado, y las mayorías y minorías no lo fueran eternamente, se hizo realidad por los cambios operados en las reglas e instituciones electorales. El autoritarismo no se desvaneció por las decisiones unilaterales del gobierno. Se conjugaron acuerdos entre élites con movilizaciones sociales.
La alternancia de partidos en el ejercicio del poder público tiene como escenario al régimen político, que comprende a las reglas formales e informales del juego democrático, la comunidad política, el comportamiento de las élites y la cultura política.
El objetivo primario de la alternancia democrática se ha cumplido. En los tiempos que corren, el PAN puede mantenerse o ser desplazado del poder, del mismo modo que es posible que el PRI aproveche la coyuntura para regresar a la Presidencia en el 2012. Sin descartar la posibilidad de que también el PRD acceda al poder. Esos escenarios pueden ser posibles y no sólo deseables, sin que por ello se convulsione el país.
Hasta antes del 2000, la alternancia era sólo una hipótesis, que se convirtió en realidad porque la mayoría de los ciudadanos así lo quiso. Por lo tanto, insistir en la falacia de la alternancia ineficaz es tanto como afirmar que la democracia es inútil y que el respeto a la voluntad política de los ciudadanos es un asunto de menor importancia.
La descalificación del proceso de alternancia conduce a la descalificación de la democracia. Al hacerlo, el PRI se descalifica a sí mismo. La necesidad de denostar el magro desempeño del gobierno de Vicente Fox empuja a los priístas de la generación actual a convertir sus diagnósticos en cápsulas propagandísticas.
El adjetivo “ineficaz” sería tan inocuo como cualquier otra expresión política vertida en el fragor de una contienda electoral. Pero no lo es, porque más allá del revanchismo que exhibe dicha expresión, en el fondo denota desprecio sobre el azaroso proceso democratizador, que ha hecho posible la alternancia y, con ella, la restauración de los derechos políticos de los mexicanos.
Con la alternancia se empezó a cerrar una etapa gris de la vida política de México, en la que sólo contaba la voluntad, en muchas ocasiones disparatada, del presidente del República y de su entorno. Y en la que el resto de la trama política y social quedaba a merced de las decisiones tomadas en Los Pinos. Los partidos de oposición y los ciudadanos sólo formaban parte del escenario manipulable para prolongar la persistencia de un sistema político cuyo futuro estaba cancelado.
Aún quedan resabios de esa etapa. Aún padecemos las resonancias del México autoritario que se agazapa y lanza sus zarpazos ante la primera oportunidad. Una buena cauda de esos resabios se ocultan entre la vieja cohorte de priístas que sólo cambiaron de máscaras y de muecas. Y que coexisten con quienes han encontrado nuevas razones para hacer política bajo la cobertura del PRI.
El escenario político ha cambiado de manera significativa con la alternancia. Ningún partido se encuentra abatido. Nadie está al borde del colapso ni se exige la desaparición o la exclusión de nadie.
En efecto, la democracia no ha resuelto ni resolverá automáticamente los problemas del país. Pero hay nuevos métodos para enfrentarlos. Ganamos en posibilidades de diálogo, aunque no hemos ganado lo suficiente en eficacia y buen desempeño del gobierno.
Resolvimos el problema del acceso legítimo al poder. Pero no hemos resuelto el problema de la gestión eficaz del poder. Pero este último es un tema central de la agenda de los próximos años.
Doctor en Ciencia Política y Sociología
Jesús González Schmal
La afrenta de Pasta de Conchos
Se quedaron cortos en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas cuando, en opinión de 53 países, el gobierno mexicano transgrede sistemáticamente derechos fundamentales y registra una marcada tendencia a empeorar si no se pone remedio inmediato.
Un total de 83 violaciones detectadas hace que México rebase las 77 que se le atribuyen a Cuba y que sólo por encima quede la República Popular China, con 102.
Esta deshonrosa posición se advierte también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde en el año 2000 había 60 quejas de mexicanos que tuvieron que acudir a esa instancia porque no encontraron justicia en su propia patria, y al día de hoy se tramitan ya ni más ni menos que 393 demandas contra el gobierno mexicano por atropellos en los sexenios panistas.
Desde luego, es previsible que tal como está actuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con inocultable cobardía elude señalar nombres de los responsables en la barbarie de Atenco, provoque que no sólo el país se mantenga cautivo de decisiones gubernamentales arbitrarias al margen de la Constitución, sino que se incremente la desesperación de las víctimas indefensas y vejadas que tienen que invocar a organismos internacionales para conseguir un mínimo de justicia.
Hoy mismo la afrenta de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, donde quedaron sepultados 65 mineros, ilustra un caso típico. Los deudos de los trabajadores seguramente tendrán que llegar a otras instancias fuera del país, que obliguen al gobierno a exigirle a la empresa responsable del siniestro que se baje hasta el túnel a rescatar los restos de las víctimas para ver si, tal como ahora se deduce del conocimiento que se tiene de los dictámenes de inspección de seguridad industrial, se trata de un homicidio preterintencional, es decir: “En el que incurre quien conociendo los elementos del tipo penal o, previendo, como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho previsto por la ley” (artículo noveno del Código Penal).
El grupo de viudas que acampan en el acceso a la Torre Parque Reforma, donde están las oficinas de la empresa Grupo Minero México, reclama que ese crimen ocurrido el 19 de febrero de 2006 se aclare, y que el Ministerio Público federal exija tanto a la empresa como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) el rescate de los restos de sus familias para culminar su doloroso duelo y, también, para que se agoten las investigaciones sobre la causa del siniestro y las responsabilidades que no deben quedar impunes.
De igual manera, demandan que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, les garantice a las viudas y huérfanos la pensión que legalmente les corresponda, porque la empresa entregaba una cantidad de salario inferior al que hacía que los trabajadores firmaran.
Pero el funcionario Lozano se ha negado a practicar la auditoría a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conocer la cuantía de las percepciones que deberían corresponderles, y que constituiría la base de las pensiones de viudez y orfandad.
Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
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