Los institutos de salud pública del país destinan millonarios recursos a la subrogación de servicios que por ley deben proporcionar a sus derechohabientes. Entre los beneficiados figuran hospitales especializados en cirugías plásticas y clínicas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios que los contratan
El gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante estrategias como “rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y seguridad, financiamiento equitativo y sostenible”; sin embargo, ha trasladado recursos públicos, vía institutos de salud, a clínicas y hospitales privados que atienden a los derechohabientes mediante la subrogación de servicios a través de millonarios contratos que, en su mayoría, son adjudicados sin licitación pública.
Para Clara Jusidman, especialista en políticas públicas, ello significa la privatización de los sistemas de salud. Por su parte, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la subrogación de servicios de salud del gobierno de Calderón “es la visión tecnocrática de cómo gestionar seguridad social”.
“Es muy grave subrogar los servicios médicos. Se trata de un tic tecnocrático para gestionar en el sentido financiero la seguridad social. No sólo se está privatizando un servicio, sino la función del Estado”, detalla Leal, autor de libros como El ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox y El IMSS bajo el Calderonismo.
Las instituciones de salud pública del país –Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y Petróleos Mexicanos (Pemex)– subrogan desde los servicios básicos, como las revisiones de gabinete, hasta cirugías y rehabilitación. Su fun ción se reduce a administrar contratos y favorecer con ello a los consorcios privados de salud.
El esquema atenta contra la función pública del sistema de salud y los derechohabientes, “porque los procesos de subrogación tienen como fin trasladar recursos, pero no mejorar los servicios”, explica Leal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación general 15 sobre el derecho a la protección de la salud, emitida el pasado 23 de abril, dice que la subrogación no ha mejorado la atención a los derechohabientes. Señaló, también, que ninguna instancia de salud pública cumple a cabalidad con el servicio, lo que violenta los derechos humanos de sus usuarios.
Entre 2000 y 2009 el organismo ha registrado 11 mil 854 quejas. “Los quejosos reportan dilación en estudios clínicos y diagnósticos, conductas discriminatorias, falta de atención en urgencias, maltrato a pacientes, intervenciones quirúrgicas negligentes, deficiente atención materno-infantil durante el embarazo o el puerperio” (servicios que son subrogados). La CNDH emitió ocho recomendaciones generales a los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, y a los directores del IMSS, ISSSTE y Pemex.
Por su parte, la Secretaría de Salud (Ssa) documenta que el ISSSTE y el IMSS continúan como los organismos con mayor número de quejas, principalmente en los servicios de ginecobstetricia, urgencias, cirugía general y traumatología.
A ello se suma la discrecionalidad con que se manejan los esquemas de contratación.
En su revisión a distintos ejercicios presupuestales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó cuantiosas subrogaciones realizadas sin justificación alguna. La subrogación se traduce en una feria de contratos a hospitales de todo tipo, en los que hasta el mínimo servicio adquiere un costo exorbitante.
Un caso representativo del impacto económico de la subrogación de servicios médicos es el de la hemodiálisis. Hace más de una década el IMSS lo subrogó sin contar con un estudio de costo beneficio.
Pese a que la tendencia era el incremento en la demanda de este servicio, ante la proliferación de enfermedades como la diabetes, las autoridades no diseñaron una política para que el instituto estuviera a la altura y optó por que lo hicieran privado. El gasto representa 4 mil millones de pesos en contratos trianuales, lo que equivale a la quinta parte del gasto del IMSS en insumos y medicamentos.
“Por qué este servicio no lo prestó en su momento el IMSS y por qué lo subrogó.
Se pretextó un argumento de infectocontagiosidad para echarlo fuera; pronto se vio cuál era el interés porque fuera subrogado: la ganancia por parte de los prestadores y el beneficio de empresas como grupo Ángeles”, dice el investigador Gustavo Leal.
Cirugías de vacaciones
En contraste con su precaria situación financiera y su decadente infraestructura, el IMSS ha subrogado los servicios a hospitales boutique, donde el plus incluye vacaciones y shopping en sitios turísticos exclusivos del país.
“¡Ah, las vacaciones, sol, arena, surf, la cirugía!”, reza el mensaje de los hospitales Amerimed que invitan a la población mayor de 30 años a someterse a cirugías estéticas, liposucciones, lifting en el cuello, párpados y frente; abdominoplastia (meter barriga), lipoescultura y cualquier intervención para “embellecer a la persona y levantar su autoestima”.
La entrada a México del consorcio estadunidense Amerimed se dio en el sexenio de Vicente Fox. Su concepto es el de hospitales boutique para turismo internacional –personas que viajan a un determinado país para someterse a cirugías plásticas, implantes y tratamiento de rejuvenecimiento, principalmente–. Se ubican en los destinos turísticos Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta.
En el gobierno de Vicente Fox, al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda hacía oficial que el IMSS estaba prácticamente quebrado, el instituto subrogaba sus servicios a la cadena Amerimed, que invita a sus pacientes a “sentir la experiencia de disfrutar masajes, yoga y jacuzzi para relajar el estrés”. Además del servicio estético “inn”, incluyó los servicios básicos como ultrasonidos, prótesis dental, resonancias magnéticas, estudios de laboratorio y suministro de anteojos.
Los contratos “inn”
En noviembre de 2006, bajo la dirección general de Fernando Flores, la delegación del IMSS en Baja California subrogó al Hospital Amerimed Cabo San Lucas, SA de CV, servicios de hospitalización por 482 mil 664 pesos, según el contrato S6S071-0314386.
Lejos de la austeridad que prometió, el gobierno de Calderón avaló que los sistemas de salud pública subrogaran sus servicios a esta selecta cadena. Bajo la dirección de Juan Molinar Horcasitas, el 1 de enero de 2007, el IMSS subrogó a Amerimed servicios de resonancia magnética por 560 mil 393 pesos, según los contratos S7051A- 03238291 y S7051AA-03238292.
En septiembre de 2008, la delegación del IMSS en Baja California Sur contrató al Hospital Amerimed bajo la licitación 00641201-014-08; subrogó servicios médicos, dental, y dotación de anteojos por un máximo de 4 millones 265 mil 800 pesos.
El 24 de febrero de 2009 la delegación del IMSS en Quintana Roo subrogó al Hospital Amerimed Cancún servicios de oftalmología para los derechohabientes de Chetumal, Cozumel y Cancún. En total, fueron 50 consultas y 144 estudios por 1 millón 481 mil 32.5 pesos, lo que equivale a 7 mil 634 pesos por paciente.
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