Monterrey: la multiplicación de los secuestros

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA

MONTERREY, N.L.- Por décadas, el empresariado regiomontano se mantuvo a la vanguardia nacional en sus sistemas de seguridad, era referente de investigadores y consultores de otras ciudades, e inclusive mantenía áreas de “estudios sociales” que servían como cuerpos de inteligencia, hasta que, abandonado por las máximas autoridades del país, hoy es blanco constante del secuestro, la extorsión y la violencia de la delincuencia organizada.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de enero a junio de 2008 fueron denunciadas en la entidad –sobre todo en el área regiomontana– 54 privaciones ilegales de la libertad –dentro de las que se encuentran los levantones–, mientras que en el mismo lapso de 2009 se han denunciado 43. Pero a juicio del experto en temas de seguridad Alberto Capella Ibarra, en este año los secuestros y levantones en la entidad podrían ser más de cien, tomando en cuenta que, de acuerdo con la CNDH, sólo se denuncia uno de cada cuatro de estos casos. Según el especialista, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tijuana y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, las bandas de secuestradores, que suelen ser integradas por 10 a 15 miembros, son más difíciles de combatir en los estados del norte del país, donde regularmente son manejadas por cárteles de la droga.Lo que ocurre es que, dice Capella, cuando hay operativos contra el narcotráfico, los sicarios quedan francos, en una especie de vacaciones que utilizan para secuestrar y extorsionar.

Además, puntualiza, los cárteles de la droga se dieron cuenta de que resulta fácil y muy redituable corromper a los cuerpos de seguridad locales para que protejan sus acciones. En el caso de Nuevo León, el cártel del Golfo y su brazo ejecutor, Los Zetas, así como células de los hermanos Beltrán Leyva y, en menor medida, el cártel de Sinaloa, han propiciado que se multipliquen los policías municipales corruptos que ofrecen a los plagiarios dichos servicios.

A esto se debe en gran medida, continúa, el incremento de la actividad de los cárteles, “bajo la forma de extorsiones, cobro de piso y secuestros, que crecieron de una manera impresionante en Monterrey, al igual que las empresas dedicadas a la consultoría y a los servicios de seguridad, que aumentaron entre 400 y 500% en los últimos cuatro años. Pero como ni así se dan abasto –precisa– están llegando empresas foráneas”.Todo se agravó, subraya el experto, “por una ausencia total de compromiso gubernamental: El famoso ‘¿y yo por qué?’ era una constante en el tema de seguridad. Era toda una simulación política en la administración foxista. El ‘México Seguro’ era un show mediático-político sin efectos. Ahora se ve una confrontación muy fuerte de Calderón (con los cárteles), pero sin herramientas ni control para hacerlo, y vemos que el presidente está quedándose solo.

De eso se percataron (los empresarios) y ya no pudieron hacer nada”.Al respecto, el presidente de Coparmex, Ricardo González Sada, había declarado también que “el presidente (Calderón) se lanzó como El Borras en su guerra contra el narco”, por lo que en Nuevo León nadie se siente seguro (Proceso 1668).Alberto Capella, quien actualmente es consultor de seguridad, analizó durante el proceso electoral de Nuevo León las propuestas de los candidatos a la gubernatura. Y concluyó que mientras el panista Fernando Elizondo hizo planteamientos muy por debajo de las necesidades, la candidata perredista, Martha Zamarripa, se concentró en un discurso social y el priista Rodrigo Medina de la Cruz, quien ganó, ofreció continuar la política de Natividad González Parás, sin tomar en cuenta que esa estrategia no impidió el incremento de la actividad delictiva.

Secuestros de a millón

En la Carretera Nacional, a cuyos costados se elevan las serranías de La Silla y Santiago, los habitantes de esta zona metropolitana acostumbran pasear, y los que pueden mantienen fincas campestres arboladas o viven en elegantes desarrollos residenciales.Los negocios de comida, balnearios y parques de diversiones prosperan en el área, y no hace mucho tiempo se instaló ahí un campo de gotcha, el deporte extremo que atrae a muchos jóvenes de clase alta y que consiste en dispararse balas de pintura en campos que tienen barreras para atrincherarse.Al principio de las presentes vacaciones escolares, varios jóvenes acudieron al sitio y, tras sus rutinas, salieron del campo.

Uno de ellos se fue rezagando y sus compañeros sólo alcanzaron a ver que un comando lo subía con violencia en una camioneta. La familia tuvo que pagar 15 millones de pesos para lograr la liberación del universitario.Ese es uno de los casos que, desde el 5 de julio, se comenta en el Club Campestre de San Pedro, junto con el de altos directivos bancarios secuestrados, el de una joven perteneciente a una de las familias más acaudaladas y el de un conocido dentista, propietario de restaurantes, que fue privado ilegalmente de su libertad.Consultado en torno al fenómeno, Alberto Capella afirma que ha conocido casos frecuentes de comerciantes, profesionistas e inclusive gerentes de banco secuestrados en el área regiomontana por cuya liberación se exigen de 500 mil a un millón de pesos.

Asegura que en meses recientes se ha registrado una mayor incidencia de secuestros exprés perpetrados por policías en carreteras, y señala que esta práctica ha sido igualmente denunciada por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien actualmente acompaña a más de 50 familias de desaparecidos en hechos que han implicado la participación de cuerpos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno en la entidad.Pero los secuestros afectan hasta a pequeños comerciantes en barrios populares. Por ejemplo, la mañana del pasado 12 de julio un grupo de vecinos del sector La Estanzuela intentó contactar al Ejército tras varios llamados de auxilio policiaco. Como esos llamados fueron inútiles, y el Ejército no estaba disponible, alrededor de 20 vecinos decidieron actuar por su cuenta y lograron capturar a una banda de extorsionadores, que se identificaban como zetas, en el expendio Los Castores, donde el propietario había entregado unos 13 mil pesos al grupo, que le exigía 20 mil pesos más.

Los vecinos aprehendieron a varios de ellos, pero el líder de la banda escapó y el propietario del expendio se convirtió en un desplazado: El jueves 23 de julio acudió a su domicilio con agentes de la Policía Ministerial para sacar del lugar sus últimas pertenencias, debido a que su familia tuvo miedo de regresar al sector donde se capturó a los maleantes, quienes se encuentran recluidos en el penal del Topochico y cuyo líder sigue prófugo.Los desplazamientos también afectan a muchos miembros de las clases pudientes, quienes han optado por establecer sus domicilios en Texas u otras zonas de Estados Unidos por temor a las acciones del crimen organizado, como lo hizo el presidente y director general del Grupo Reforma, Alejandro Junco.

Fábrica de culpablesLa PGJE describe con frecuencia, públicamente, el modus operandi de las supuestas bandas que captura, pero suele ocurrir que, al llegar a los juzgados, no presenta pruebas de sus actividades ilícitas, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado afronta diversos juicios de amparo promovidos por los inculpados.

Uno de esos casos es el de Sonia Virginia Bastida Morales, apodada por el gobierno estatal como La Comandante y cuya supuesta historia delictiva fue difundida por la PGJE a través de una presentación multimedia. La mujer podría quedar en libertad porque jamás se probó su participación en secuestros que, además, ni siquiera han sido formalmente denunciados.Bastida Morales fue, hasta su detención, integrante de la Agencia Federal de Investigación, destacamentada por la delegación estatal de la PGR en Escobedo, Nuevo León.

Se le detuvo el 23 de agosto de 2008, acusada de dirigir una banda que privó de la libertad a un comerciante y a su hijo, por quienes presuntamente pedía 3 millones de pesos.Los elementos ministeriales realizaron primero la detención de Osvaldo Azaid Mendoza Bazaldúa, quien intentaba recoger una camioneta BMW X3 como parte del botín. Después fue capturado Víctor Manuel Lovera Valdés, cuando se encontraba en la supuesta casa de seguridad en la colonia Chapultepec de San Nicolás de los Garza.El otro presunto implicado, Pedro Flores Gaxiola, permanecía prófugo y fue detenido en Baja California en enero de este año. Sin embargo, el expediente 0128/2008, al cual tuvo acceso este reportero, no acredita la responsabilidad de Bastida Morales.Más todavía, el delator declaró ante el juez cuarto de lo penal que no la conocía, y los afectados por el secuestro jamás se presentaron a declarar ni la identificaron. La consignación se hizo porque Osvaldo Azaid Mendoza llamó a Bastida a su celular durante el supuesto secuestro.Otro de los acusados, Víctor Manuel Lovera Valdés, obtuvo un amparo y su libertad el pasado 14 de julio, porque no se acreditó que la propiedad que rentaba hubiera sido usada para un secuestro.

Uno de los acusados al inicio del caso fue Andrés Alonso del Hoyo Reséndiz, quien obtuvo un amparo para evitar la cárcel, por el mismo motivo.Con esos amparos, el caso planteado por la PGJE se desmoronó y sólo falta que Bastida Morales libre varias diligencias que podrían devolverle su libertad. Una fuente de la PGJE dijo a este reportero que a Bastida Morales no se le ha podido comprobar su participación en el secuestro, y explicó que La Comandante –quien permanece en el penal de Topochico– fue acusada en represalia por haber cumplido una orden de aprehensión contra madrinas de la Policía Ministerial por delitos federales.Otras dos presuntas bandas, cuyas detenciones han sido ampliamente publicitadas por el gobierno estatal, podrían quedar en libertad por la falta de elementos para procesarlas o por encuadrar mal los delitos que se les atribuyen. Se trata de La Banda de la Pechuga y La Banda del Hooters.Más allá de las deficiencias en la persecución de los grupos de secuestradores, los cuerpos de seguridad no parecen contar con preparación elemental para la negociación y el rescate de las víctimas, por lo que en la mayoría de los casos las familias de secuestrados prefieren contratar servicios privados.

Por ejemplo, la tarde del pasado 14 de julio una mujer avisó en la calle a la Policía Federal que su hermano había sido levantado. El convoy que patrullaba una zona del municipio de Guadalupe dio alcance al comando una cuadra más adelante, en la colonia Adolfo Prieto. Al marcarles el alto, los plagiarios respondieron con una granada e inició un tiroteo en el que murieron cuatro integrantes del comando y los dos levantados, mientras que tres federales resultaron heridos.En su diagnóstico sobre el crimen en Nuevo León, específicamente sobre los llamados delitos de alto impacto, el investigador Alberto Capella concluye:“El estado ya no es una zona blindada, sino una de las más complicadas, junto con Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa y Baja California, pero en Nuevo León los están agarrando en pañales…”