Julio Hernández López: Astillero
ESe es el problema: que no hay compromiso político real, construido desde abajo, en el que las decisiones provengan de estructuras y procesos colectivos. Por ello es que el tragicómico Juanito se la cree y, tocado caricaturalmente por la varita de la fama lumpenesca y asomado con codicia a los baúles del presupuesto y el poder, se va encaminando a la ruptura con Clara Brugada y Andrés Manuel López Obrador que, en caso de darse, exhibirá la pobreza de fondo de las soluciones mágicas tomadas al vapor de la obsesión electorera. Juanito no ha sido él, sino sus creadores, con todo y el contexto sabido de la trampa tendida por el tribunal electoral federal para quitar a la ganadora original de la candidatura, Brugada, y tratar de colocar a Silvia Oliva, la consorte de uno de los miembros de la familia Arce-Círigo que se han turnado el manejo de la jugosa delegación política capitalina.
Habilitar a quien sea ha resultado mala jugada, pues el Frankenstein de banda tricolor en la testa va siendo manejado para convertir la fatigosa victoria electoral del 5 de julio en esa demarcación en una inducida exhibición pública de pitorreo político a cuenta de la poca seriedad y consistencia de un activista desbordado del lopezobradorismo que, sacado de la nada, ahora defiende su fama personal y su capital político, habla en tercera persona de sí mismo, entona a la menor provocación cantos épicos en los que el personaje es él y condiciona el cumplimiento de aquel chirriante episodio de su destape, y promesa de posterior cesión de paso a la mencionada Brugada, a que ahora ésta le entregue la mitad de las posiciones administrativas y se comprometa a respetar lo que en esas áreas hagan los representantes del Partido Juanito.
La historia del gandallismo político y la corrupción económica en las peleas internas del perredismo por las delegaciones políticas tiene su equivalente en los sueños inducidos con los que se pretende hacer creer a la izquierda que se han ganado batallas y tenido históricos avances porque las siglas del partido del sol azteca son usadas para que se ganen gubernaturas. Un ejemplo actual de esas historias mendaces se tiene en Guerrero, donde un empresario derechista, más cercano al panismo que a cualquier otro partido, fue postulado como candidato a gobernador para ganarle al PRI. Zeferino Torreblanca ha sido uno de los mandatarios estatales perredistas más afines a Felipe Calderón y más desdeñosos de López Obrador y su movimiento civil de resistencia. No sólo ha gobernado de manera totalmente ajena a lo que debería esperarse de alguien llegado al poder gracias a un movimiento plural progresista, sino que ha realizado una sistemática tarea de división y desgaste en esa amorfa corriente social de izquierda que había hecho a un lado a una parte de los caciques tradicionales del PRI en la entidad.
Ahora, la muerte del diputado Armando Chavarría está siendo aprovechada para marcar distancia de un gobernador llevado en su momento al cargo por los mismos aires de oportunismo que hoy pretenden aprovechar las circunstancias para colar a aspirantes sin presencia real en la entidad, como la diputada Ruth Zavaleta, a la que hasta ahora nadie considera seriamente parte de la papeleta viable de precandidatos, pero a la que los Chuchos pretenden empujar por enmedio de fisuras fúnebres, aunque ahora también habrá que apuntar a la viuda del legislador difunto, Martha Obeso, entre los aspirantes locales, todos ellos de menor talla que el difunto Chavarría, que este jueves venidero, en su cumpleaños 53, habría de anunciar abiertamente su búsqueda de la candidatura a gobernador.
Las historias de Juanito y Zeferino son las mismas que se repiten por todo el país en un partido que juega a las refundaciones decembrinas para tratar de conservar exitoso el negocio de la representación electoral del segmento social cargado a la izquierda. Lo mismo sucede en el Zacatecas imperialmente gobernado por Amalia García y su hija, Claudia Corichi, o en el Chiapas manejado a media tarde por el gobernador Sabines de fiestas nocturnas, o en Baja California Sur y los grandes negocios de las familias en el poder, los Agúndez y los Cota, o en el Michoacán del desfondado Godoy, donde mandan las Familias, la del narcotráfico y la del caciquismo revolucionario, o el Distrito Federal, donde Marcelo Ebrard vive en la indefinición ideológica (que es una forma de definirse) y el botepronto administrativo. ¿Ganar las elecciones? ¿Ganar gubernaturas, jefaturas delegacionales, senadurías, diputaciones, presidencias municipales? ¿De verdad se gana, se ha ganado?
Astillas
Que nadie, desesperado, se tire al abismo. El Informe Semanal de la Cenaduría Carstens ha tenido a bien notificar a su apreciable clientela que la crisis en México ha tocado fondo y que de a poco en poquito la economía retomará sus niveles de crecimiento, pues ya hay ciertas señales de estabilidad y las variantes negativas cada vez serán más pequeñas. Palabra del profeta Agustín, mejor conocido como el Señor de los Catarritos, especialista en curar crisis mediante shocks financieros... Un lector oaxaqueño denuncia la descarada política electorera de Ulises Ruiz con sus unidades móviles, supuesta política de desarrollo. Concentran a las personas adultas mayores de sesenta y setenta años para engañarlas con una minúscula despensa. Todo es para afianzar a su candidato, Adolfo Toledo, para la gubernatura... El maestro Rolando Dromundo Valadez escribe: Sólo para comentar que me parece increíble que la supuesta izquierda mexicana en la Asamblea Legislativa le entregue un premio al mérito ciudadano a Jacobo Zabludowsky. La persona que durante muchos años parecía ser el vocero no oficial del gobierno, actualmente es premiado por sus méritos periodísticos. Parece que esos diputados, además de tener un escaso compromiso con la izquierda, tampoco tienen memoria histórica... Y, mientras los diputados federales, electos y salientes, encuentran la manera de dar la vuelta al pequeño escándalo de sus prestaciones e ingresos insultantes, ¡hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Beatriz Paredes no quiso ser la jefa de los priístas en la Cámara de Diputados, prefirió seguir ocupando la presidencia de su partido. Actuó con astucia, quiere ponerse a salvo de las llamaradas que alcancen a los que propongan y aprueben el aumento de precios a medicinas y alimentos mediante la aplicación del IVA: Impensable que la iniciativa prospere, dijo la semana pasada, pero –aunque no lo mencionó, sólo lo pensó– perfectamente transable. Encargará el asunto a uno de sus adictos, Oscar Levín Coppel, quien ha venido cabildeando en favor del gravamen desde su anterior paso por la misma Cámara y se perfila como presidente de la Comisión de Hacienda. Pero que no nos quiera jugar el dedo con atole: la concertacesión con el panismo correrá a cargo de la Paredes y don Beltrone. Por lo demás, cargar IVA a las medicinas sería un autogol, pues el principal cliente es el sector salud: IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y los estados de la República que tienen su propio sistema asistencial.
Revés a las universidades
Entre recortar las transferencias de dinero a la miss Elba Esther, por conducto de las diferentes empresas que agrupa su holding, o disminuir el apoyo a las universidades públicas, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, optó por lo segundo. Restará el próximo año 800 millones de pesos a las universidades en general y 200 millones a la UNAM en particular. Es una suma muy importante para ellas, sin embargo, apenas es una baba de perico para las corporaciones de la holding: el sindicato de maestros, el Panal, el ISSSTE, la Lotería Nacional, el Fovissste, y un etcétera.
El desempleo
La comarca que forman los valles Imperial y Mexicali, en la frontera norte, está siendo objeto de atención de los economistas. Tienen uno de los porcentajes de desempleo más altos del mundo: 27 por ciento, contra la media nacional de Estados Unidos de 9 y la de México de 5 por ciento, este último dato, según las desequilibradas cuentas del INEGI de Eduardo Sojo. Por muchos años la industria maquiladora inyectó dólares al lado mexicano de la línea divisoria, pero la violencia y la recesión la ha ahuyentado. Recientemente cerró sus puertas la mayor de todas, Sony. Si el desempleo del resto de nuestra República se midiera con el mismo método, sin trampita, los expertos se darían cuenta de que ése es el promedio nacional: 27 por ciento. Y en algunas zonas, inclusive mayor.
Revés a las universidades
Entre recortar las transferencias de dinero a la miss Elba Esther, por conducto de las diferentes empresas que agrupa su holding, o disminuir el apoyo a las universidades públicas, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, optó por lo segundo. Restará el próximo año 800 millones de pesos a las universidades en general y 200 millones a la UNAM en particular. Es una suma muy importante para ellas, sin embargo, apenas es una baba de perico para las corporaciones de la holding: el sindicato de maestros, el Panal, el ISSSTE, la Lotería Nacional, el Fovissste, y un etcétera.
El desempleo
La comarca que forman los valles Imperial y Mexicali, en la frontera norte, está siendo objeto de atención de los economistas. Tienen uno de los porcentajes de desempleo más altos del mundo: 27 por ciento, contra la media nacional de Estados Unidos de 9 y la de México de 5 por ciento, este último dato, según las desequilibradas cuentas del INEGI de Eduardo Sojo. Por muchos años la industria maquiladora inyectó dólares al lado mexicano de la línea divisoria, pero la violencia y la recesión la ha ahuyentado. Recientemente cerró sus puertas la mayor de todas, Sony. Si el desempleo del resto de nuestra República se midiera con el mismo método, sin trampita, los expertos se darían cuenta de que ése es el promedio nacional: 27 por ciento. Y en algunas zonas, inclusive mayor.
De por sí escasos, los recursos que el erario destina a la educación superior registrarán un nuevo tijeretazo, porque no hay dinero. El recorte a las 128 instituciones públicas de educación superior afiliadas a la ANUIES (sólo uno por ciento, según el atinadísimo comentario de Alonso Lujambio) representa 800 millones de pesos menos para esas casas de estudio, y es una acción necesaria –versión calderonista–, pues las arcas nacionales están vacías y el shock de las finanzas gubernamentales es el peor en tres décadas.
Con esa primitiva visión, el inquilino de Los Pinos, junto a su muy eficiente equipo económico, tal vez el mejor, marca las prioridades gubernamentales, como si la educación pública fuera una mercancía más y no una inversión más que necesaria para el país. Que no hay dinero y, que por lo mismo, el tijeretazo se hace obligado, pues todos estamos llamados a trabajar juntos (otro acertado comentario del ex consejero del IFE, que hoy despacha en la SEP).
Pues bien, es necesario subrayar que los 800 millones de pesos que el gobierno calderonista ha tenido a bien recortar a las citadas instituciones de educación superior apenas representan 1.5 por ciento de los poco más de 50 mil millones de pesos que sólo en el segundo trimestre de este caótico 2009 el propio gobierno federal gastó por concepto de prestaciones a los servidores públicos (que no incluyen sueldos y compensaciones garantizadas), monto que anualizado supera 200 mil millones de pesos en un país en profunda crisis y con un gobierno que no tiene dinero.
Sin duda es cuestión de prioridades, y a todas luces las del calderonismo no son las del país. Así, por prestaciones a los servidores públicos el gobierno federal gastó algo así como 555 millones de pesos diarios a lo largo del segundo trimestre de 2009 (el de mayor desplome económico de las últimas ocho décadas), de tal suerte que el anunciado recorte a las instituciones públicas de educación superior equivale a un día y 11 horas de las erogaciones realizadas por el concepto referido, lo que da puntual referencia de que el tijeretazo fácilmente era evitable.
Ya que no hay dinero público, el gobierno calderonista rápidamente (algo inusual en él) podría cancelar los jugosos seguros de gastos médicos mayores que otorga a sus funcionarios de primer nivel (así les llaman) y el pago por servicios médicos para el mismo personal, con lo que no sólo ahorraría un gasto verdaderamente improcedente (algo así como mil 600 millones de pesos por los conceptos referidos), sino que, lejos de recurrir al recorte, podría darse el lujo de incrementar, en la misma proporción, los recursos nacionales destinados a la educación superior.
De igual forma podría ocurrir en la Cámara de Diputados, quien autoriza, modifica o desecha la propuesta presupuestal que año con año le envía el inquilino de Los Pinos. Y está justo a tiempo, porque recibirá el paquete 2010 a más tardar el próximo 8 de septiembre, y en la revisión correspondiente fácilmente los diputados (en el entendido de que todos estamos llamados a trabajar juntos (Lujambio dixit), en un republicano acto de austeridad, se cancelarían los cerca de 200 millones de pesos que en 2009 se gastarán en seguros, y los más de 360 millones en remuneraciones adicionales y especiales. Lo anterior, con copia al Senado de la República (317 millones sólo por seguro de gastos médicos).
Con el mismo espíritu republicano actuarían los consejeros electorales, los de la CNDH, los partidos políticos, los gobiernos estatales y municipales, los congresos locales, los integrantes del Poder Judicial y los que falten por mencionar, con el fin de hacer una limpia en las pantagruélicas facturas que le pasan a la nación por concepto de sueldos, prestaciones y demás gastos especiales que ni de lejos corresponden (olvídense ya de los resultados) a un país en profunda crisis.
Dice Lujambio que el ajuste (léase recorte) a las instituciones públicas de educación superior es francamente menor. ¡Qué bueno que lo piense así!, porque entonces bien podría hacer un esfuerzo para alcanzar un ajuste francamente mayor en la propia secretaría –la de Educación Pública– supuestamente a su cargo, la cual en el segundo trimestre de 2009 se engulló algo así como 3 mil 350 millones de pesos en prestaciones a servidores públicos (sólo en el sector central), de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda.
Más claro que el agua, el gobierno federal exige a otros lo que él no está dispuesto a hacer. El recorte presupuestal a las instituciones públicas de educación superior equivale a 9.5 por ciento de lo que la SEP se come en prestaciones. Para dar una idea, por concepto del Día del Maestro” el sector central de esa dependencia erogó 256 millones de pesos, monto equivalente a 32 por ciento del ajuste presupuestal a las citadas instituciones públicas de educación superior, y 28 por ciento mayor al recorte en la UNAM. Además, seis millones por el Día de la Madre, lo que hace suponer que hay mucho que celebrar por los primeros y muy por las segundas.
Y mientras las instituciones públicas de educación superior deberán arreglárselas con todavía menos recursos, el gobierno federal mantiene incólume su programa de subsidios fiscales para investigación y desarrollo tecnológico de la iniciativa privada (unos 4 mil 500 millones de pesos del erario para que empresas como Ford, Bachoco, Sabritas o Barcel, por sólo citar algunos casos, desarrollen sus inventos y registren para sí las patentes, sin beneficio alguno para la nación), dinero que obligadamente debe canalizarse a esas mismas instituciones públicas a las que hoy recortan sus respectivos presupuestos.
En fin, qué lástima que en el erario no hay dinero (versión oficial) y que la tijera caiga sobre las instituciones públicas de enseñanza superior. El rector Narro considera que con las prácticas gubernamentales descritas, pareciera que se ha perdido el interés por el futuro. Pero no es así. La lectura del puma mayor es incorrecta, porque para el gobierno panista el futuro se ubica es el siglo XVI.
Las rebanadas del pastel
De plano no aprende. Mezclar factores económicos con justificaciones médicas y/o sanitarias no es el fuerte de Agustín Carstens: estrepitosamente falló con su diagnóstico del catarrito, y ahora atribuye el desplome del PIB a la influenza. ¿Qué no fue él mismo quien predijo que el efecto de la emergencia sanitaria no sería mayor a 0.5 por ciento del PIB? Y el PIB se desplomó 10.3 por ciento. Hagan sus cuentas, mientras el Gobierno del Distrito Federal pisa la misma cáscara de plátano y juega con fuego al concesionar el agua potable a particulares.
cfvmexico_sa@hotmail.com y mexicosa@infinitum.com.mx
Con esa primitiva visión, el inquilino de Los Pinos, junto a su muy eficiente equipo económico, tal vez el mejor, marca las prioridades gubernamentales, como si la educación pública fuera una mercancía más y no una inversión más que necesaria para el país. Que no hay dinero y, que por lo mismo, el tijeretazo se hace obligado, pues todos estamos llamados a trabajar juntos (otro acertado comentario del ex consejero del IFE, que hoy despacha en la SEP).
Pues bien, es necesario subrayar que los 800 millones de pesos que el gobierno calderonista ha tenido a bien recortar a las citadas instituciones de educación superior apenas representan 1.5 por ciento de los poco más de 50 mil millones de pesos que sólo en el segundo trimestre de este caótico 2009 el propio gobierno federal gastó por concepto de prestaciones a los servidores públicos (que no incluyen sueldos y compensaciones garantizadas), monto que anualizado supera 200 mil millones de pesos en un país en profunda crisis y con un gobierno que no tiene dinero.
Sin duda es cuestión de prioridades, y a todas luces las del calderonismo no son las del país. Así, por prestaciones a los servidores públicos el gobierno federal gastó algo así como 555 millones de pesos diarios a lo largo del segundo trimestre de 2009 (el de mayor desplome económico de las últimas ocho décadas), de tal suerte que el anunciado recorte a las instituciones públicas de educación superior equivale a un día y 11 horas de las erogaciones realizadas por el concepto referido, lo que da puntual referencia de que el tijeretazo fácilmente era evitable.
Ya que no hay dinero público, el gobierno calderonista rápidamente (algo inusual en él) podría cancelar los jugosos seguros de gastos médicos mayores que otorga a sus funcionarios de primer nivel (así les llaman) y el pago por servicios médicos para el mismo personal, con lo que no sólo ahorraría un gasto verdaderamente improcedente (algo así como mil 600 millones de pesos por los conceptos referidos), sino que, lejos de recurrir al recorte, podría darse el lujo de incrementar, en la misma proporción, los recursos nacionales destinados a la educación superior.
De igual forma podría ocurrir en la Cámara de Diputados, quien autoriza, modifica o desecha la propuesta presupuestal que año con año le envía el inquilino de Los Pinos. Y está justo a tiempo, porque recibirá el paquete 2010 a más tardar el próximo 8 de septiembre, y en la revisión correspondiente fácilmente los diputados (en el entendido de que todos estamos llamados a trabajar juntos (Lujambio dixit), en un republicano acto de austeridad, se cancelarían los cerca de 200 millones de pesos que en 2009 se gastarán en seguros, y los más de 360 millones en remuneraciones adicionales y especiales. Lo anterior, con copia al Senado de la República (317 millones sólo por seguro de gastos médicos).
Con el mismo espíritu republicano actuarían los consejeros electorales, los de la CNDH, los partidos políticos, los gobiernos estatales y municipales, los congresos locales, los integrantes del Poder Judicial y los que falten por mencionar, con el fin de hacer una limpia en las pantagruélicas facturas que le pasan a la nación por concepto de sueldos, prestaciones y demás gastos especiales que ni de lejos corresponden (olvídense ya de los resultados) a un país en profunda crisis.
Dice Lujambio que el ajuste (léase recorte) a las instituciones públicas de educación superior es francamente menor. ¡Qué bueno que lo piense así!, porque entonces bien podría hacer un esfuerzo para alcanzar un ajuste francamente mayor en la propia secretaría –la de Educación Pública– supuestamente a su cargo, la cual en el segundo trimestre de 2009 se engulló algo así como 3 mil 350 millones de pesos en prestaciones a servidores públicos (sólo en el sector central), de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda.
Más claro que el agua, el gobierno federal exige a otros lo que él no está dispuesto a hacer. El recorte presupuestal a las instituciones públicas de educación superior equivale a 9.5 por ciento de lo que la SEP se come en prestaciones. Para dar una idea, por concepto del Día del Maestro” el sector central de esa dependencia erogó 256 millones de pesos, monto equivalente a 32 por ciento del ajuste presupuestal a las citadas instituciones públicas de educación superior, y 28 por ciento mayor al recorte en la UNAM. Además, seis millones por el Día de la Madre, lo que hace suponer que hay mucho que celebrar por los primeros y muy por las segundas.
Y mientras las instituciones públicas de educación superior deberán arreglárselas con todavía menos recursos, el gobierno federal mantiene incólume su programa de subsidios fiscales para investigación y desarrollo tecnológico de la iniciativa privada (unos 4 mil 500 millones de pesos del erario para que empresas como Ford, Bachoco, Sabritas o Barcel, por sólo citar algunos casos, desarrollen sus inventos y registren para sí las patentes, sin beneficio alguno para la nación), dinero que obligadamente debe canalizarse a esas mismas instituciones públicas a las que hoy recortan sus respectivos presupuestos.
En fin, qué lástima que en el erario no hay dinero (versión oficial) y que la tijera caiga sobre las instituciones públicas de enseñanza superior. El rector Narro considera que con las prácticas gubernamentales descritas, pareciera que se ha perdido el interés por el futuro. Pero no es así. La lectura del puma mayor es incorrecta, porque para el gobierno panista el futuro se ubica es el siglo XVI.
Las rebanadas del pastel
De plano no aprende. Mezclar factores económicos con justificaciones médicas y/o sanitarias no es el fuerte de Agustín Carstens: estrepitosamente falló con su diagnóstico del catarrito, y ahora atribuye el desplome del PIB a la influenza. ¿Qué no fue él mismo quien predijo que el efecto de la emergencia sanitaria no sería mayor a 0.5 por ciento del PIB? Y el PIB se desplomó 10.3 por ciento. Hagan sus cuentas, mientras el Gobierno del Distrito Federal pisa la misma cáscara de plátano y juega con fuego al concesionar el agua potable a particulares.
cfvmexico_sa@hotmail.com y mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
Irrita en verdad la torpeza, la ignorancia económica y el desdén social con que el gobierno federal ha venido transformando una crisis originalmente estadunidense y financiera en una verdadera catástrofe para el país y para millones de mexicanos.
Génesis y evolución
Cuando el desregulado, abusivo y corrupto sistema financiero estadunidense se resquebraja entre hipotecas fallidas, bonos chatarra y fraudes colosales (2007-2008), las ramificaciones globales del sistema esparcieron la crisis a múltiples economías. No fue el caso de la mexicana, pues no obstante que la banca y las instituciones financieras son casi en su totalidad trasnacionales, el sistema tenía aquí poca exposición a los activos tóxicos y el impacto fue de baja intensidad.
La segunda fase de la crisis se dio cuando el colapso financiero se tornó en Estados Unidos en crisis económica vía pérdida de fondos de ahorro y pensiones, derrumbe inmobiliario, incertidumbre, caída del consumo, pérdida de empleos y mayor descenso en la demanda global. Decenas de miles de empresas de todos los sectores y tamaños quebraron o estuvieron en condiciones de quiebra, incluyendo a las emblemáticas Ford, Chrysler y General Motors, símbolos por décadas del poderío industrial estadunidense. El impacto de esta segunda fase en nuestra economía era ciertamente inevitable dada la enorme dependencia vecinal a la que –a contrapelo de todas las sensatas advertencias– han llevado a México las pasadas cinco administraciones; pero dicho impacto también fue previsible (y pronosticado) desde los primeros meses de 2008.
No obstante que los focos rojos se iban prendiendo uno tras otro en el sector exportador (desde el petróleo y la industria automotriz hasta la electrónica y la maquila manufacturera), poco o nada hizo el gobierno para dinamizar con medidas efectivas el mercado y la economía internas: no lo hizo en el campo donde seguimos importando enormes cantidades de alimentos mientras millones de toneladas de productos agropecuarios nacionales (maíz, frijol, sorgo, cárnicos, aves, leche…) no encuentran mercado en el país; no en las industrias en que México tiene capacidades propias (alimentaria, construcción, textil, calzado, siderúrgica, vidrio, petroquímica y muchas más), y no en los servicios, a muchos de los cuales para colmo afectó sustancialmente con su alarmista sobrerreacción a una influenza que era sin duda grave, pero curable.
Honduras: perspectiva amarga
Ayer, al rechazar de manera terminante cualquier posibilidad de un retorno negociado del mandatario constitucional, Manuel Zelaya, a la presidencia de Honduras, la Corte Suprema de ese país ratificó su afiliación al gorilato que se ha entronizado en esa nación centroamericana y puso el último clavo en el ataúd del llamado Plan Arias, una propuesta de por sí obsequiosa con los golpistas que detentan el poder en Tegucigalpa.
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El Correo Ilustrado
¿Despenalizar lo ilegal?, reto para legislaturas locales
Un enorme reto para las legislaturas estatales y, eventualmente, para los gobiernos locales representa la publicación en el Diario Oficial el pasado 20 de agosto del decreto de ley por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que tendrán que adecuar sus legislaciones correspondientes en concordancia con estas nuevas normas jurídicas, para lo cual contarán con un año a partir de su vigencia.
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La matanza de Acteal fue una operación de guerra. Y como tal, un crimen de Estado. El asesinato de 49 indígenas tzotziles por paramilitares provistos con armas de alto calibre y balas expansivas dio inicio a una nueva fase de la guerra de baja intensidad del régimen de Ernesto Zedillo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo comunitarias y aliados civiles.
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Comenzó a disminuir el suministro de agua a la ciudad de México. Después de las elecciones, los funcionarios descubrieron que es crítico el nivel de las presas de almacenamiento del sistema Cutzamala; entre otras cosas, porque no llueve lo suficiente por El Niño, fenómeno natural que afecta periódicamente a América Latina. Pero hay otras causas: la improvisación, la irresponsabilidad, la falta de medidas efectivas para resolver oportunamente problemas suficientemente conocidos por autoridades y ciudadanos. Con el agravante de que la escasez de agua la aprovecha el partido de la moral, la honradez y las buenas costumbres para promoverse como el bueno para gobernar la capital del país en 2012.
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La caída de más de 10 por ciento en el producto nacional tendrá consecuencias trágicas para millones de personas… pero es también la oportunidad de recuperar el rumbo. Si fuera fruto de una decisión consciente, el achicamiento de la economía registrada sería una bendición. Implicaría que habríamos empezado a tomar un rumbo sensato, pensando en lo que interesa a la gente, no lo que importa a las elites y al capital.
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Los diputados y senadores de la 61 Legislatura se encuentran ante la oportunidad histórica de lograr una transformación definitiva para el sistema de rendición de cuentas del país. Si nuestros representantes populares así se lo propusieran, bien podrían pasar a la historia como los arquitectos del nuevo andamiaje institucional necesario para extirpar de raíz el grave cáncer de la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. El desplome económico, la escalada de violencia y la desastrosa situación de la política social encuentran su origen en la opacidad y la falta de rendición de cuentas endémica del Estado mexicano.
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La manera en que se ha gestionado esta crisis económica ha generado mucho ruido y muy pocas señales de efectividad. La recesión prosigue. Y desde su misma concepción en el gobierno se advierten discrepancias: una cosa dice el presidente, otra el secretario de Hacienda que, a su vez, no coincide con el gobernador del banco central. La distancia con la sociedad es cada vez más grande.
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Es increíble la cantidad de bestialidades que cometen nuestros gobiernos. Una de ellas –del gobierno de la ciudad de México– ha sido la de publicar anuncios cuyo encabezado dice: “Febrero 2010 –la Ciudad de México puede quedarse sin agua” y enseguida, y sin el puede se afirma con contundencia: Sólo queda agua para los próximos meses.
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Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de 100 hombres suyos, caracterizados por las víctimas como parapolicías o sicarios, se encargó del trabajito del señor patrón.
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Ricardo Raphael
¿Quién gobierna México?
Cuando mis padres y mis abuelos tuvieron mi edad, esta pregunta habría obtenido una obvia e inmediata respuesta. A mediados de los años setenta, en la percepción de los mexicanos el Presidente de la República gobernaba todo el país. Lo hacía con la ayuda de otras autoridades como los gobernadores, los generales, los jueces o los secretarios de Estado; pero cada uno de estos funcionarios eran, sin controversia alguna, sus subordinados y empleados.
Las paradojas de la historia mexicana me han colocado en una situación tal que me es imposible responder como lo hicieran mis familiares a la edad de cuarenta años. Hoy quedo obligado a decir que no lo sé. Estoy consciente de que no lo hace el jefe del Ejecutivo; al menos no como ocurría en el pasado.
Y esto no se debe, según han afirmado equivocadamente algunos colegas desde las pasadas elecciones, a que el partido de Felipe Calderón perdió la cómoda mayoría que hasta este mes sostenía en la Cámara baja. Ya antes su poder para operar las grandes decisiones del Estado tenía una pobrísima dimensión.
Los poderes fácticos, la pluralidad y dispersión de las fuerzas políticas, el federalismo disfuncional, la globalización de los fenómenos políticos y económicos y también la irreverencia post autoritaria característica de sus adversarios (y también de alguno de sus aliados), le han entregado a México —quizá desde las épocas de Ernesto Zedillo— una Presidencia empequeñecida.
Tampoco es cierto, como promueve otra leyenda popular, que el poder de los partidos haya sustituido al del Presidente. Se comete una media verdad cuando se afirma que el viejo presidencialismo mexicano ha sido sustituido por la partidocracia.
No se trata de dos arreglos políticos comparables. El primero se caracterizaba por la entrega de todo el poder a una sola persona. A ese individuo singular se podía, por tanto, reclamar por los errores, o celebrarlo por los aciertos. En contraste, hoy no es tarea sencilla calibrar las responsabilidades. Para lo bueno y también para lo malo, el gobierno plural de las fuerzas políticas diluye las obligaciones. Los dirigentes que cohabitan en estas organizaciones constituyen una compleja comunidad de intereses y voluntades donde es imposible premiar o exigir, según cada quien merece.
Por otra parte, antes la curva del poder presidencial solía ser predecible: crecía vertiginosamente durante los primeros años de cada administración y declinaba, casi a pique, durante los últimos tres. En cambio, el ciclo de poder de los partidos ahora es incalculable.
Estas organizaciones son fuertes en algunas regiones y prácticamente inexistentes en otras; crecen a punta de elecciones (locales y federales) pero la talla de su siguiente estatura tiene una naturaleza incierta. Ningún partido, en ningún momento, puede sentirse perfectamente vivo. Ni tampoco, fatalmente muerto. La curva en el parque del poder partidario no tiene la forma de un columpio invertido, sino la del juego infantil conocido como el sube-y-baja.
Un tercer actor que ha sido señalado como suplente definitivo del poder presidencial son los gobernadores de los estados. Se afirma que en este país pasamos de una monarquía absoluta al gobierno de los señores feudales. Esta hipótesis cuenta con materia verosímil y sin embargo posee igualmente serias debilidades si se le mira de cerca. Estos señores no reinan en México. Su reinado se limita a Guerrero, Quintana Roo, Morelos, Nuevo León, Puebla; es decir, a treinta y dos unidades territoriales que, por separado, no son el país.
Crece finalmente la versión de que son los poderes fácticos quienes verdaderamente sustituyeron al ido poder presidencial. Los empresas oligopólicas, las grandes corporaciones sindicales, los carteles de las drogas, los inversionistas extranjeros, los medios de comunicación, etcétera. No falta razón cuando se introduce esta respuesta en la fórmula pero, tal y como ocurre en el caso de los gobernadores, el territorio de influencia de cada poder fáctico se limita a una o varias —pero pocas— geometrías temáticas.
En los hechos, ningún poder fáctico es capaz, ni tiene la sincera pretensión, de colocarse como el gran administrador de todo lo que atañe a los mexicanos. Estos son actores potentísimos para impulsar sus justificados o sus inmorales intereses, sus propias y muy mezquinas agendas; pero lejos están de querer o de ser capaces para asumir la responsabilidad que implica hacerse cargo del conjunto del país.
¿Quién gobierna entonces México? Repito lo que advirtiera en un principio: no lo sé. Parecieran hacerlo un conjunto caótico de autoridades federales, partidos, gobernadores y poderes fácticos que, hasta ahora, no han sido capaces de sustituir aquel arreglo autoritario del presidencialismo por otro donde la inteligencia y la cooperación democrática se impongan.
Va el más querido de los abrazos para mi amigo Rafael Pérez Gay, cuyo padre fabricó un amoroso tiempo con la consigna de que su haber no se extraviara jamás.
Las paradojas de la historia mexicana me han colocado en una situación tal que me es imposible responder como lo hicieran mis familiares a la edad de cuarenta años. Hoy quedo obligado a decir que no lo sé. Estoy consciente de que no lo hace el jefe del Ejecutivo; al menos no como ocurría en el pasado.
Y esto no se debe, según han afirmado equivocadamente algunos colegas desde las pasadas elecciones, a que el partido de Felipe Calderón perdió la cómoda mayoría que hasta este mes sostenía en la Cámara baja. Ya antes su poder para operar las grandes decisiones del Estado tenía una pobrísima dimensión.
Los poderes fácticos, la pluralidad y dispersión de las fuerzas políticas, el federalismo disfuncional, la globalización de los fenómenos políticos y económicos y también la irreverencia post autoritaria característica de sus adversarios (y también de alguno de sus aliados), le han entregado a México —quizá desde las épocas de Ernesto Zedillo— una Presidencia empequeñecida.
Tampoco es cierto, como promueve otra leyenda popular, que el poder de los partidos haya sustituido al del Presidente. Se comete una media verdad cuando se afirma que el viejo presidencialismo mexicano ha sido sustituido por la partidocracia.
No se trata de dos arreglos políticos comparables. El primero se caracterizaba por la entrega de todo el poder a una sola persona. A ese individuo singular se podía, por tanto, reclamar por los errores, o celebrarlo por los aciertos. En contraste, hoy no es tarea sencilla calibrar las responsabilidades. Para lo bueno y también para lo malo, el gobierno plural de las fuerzas políticas diluye las obligaciones. Los dirigentes que cohabitan en estas organizaciones constituyen una compleja comunidad de intereses y voluntades donde es imposible premiar o exigir, según cada quien merece.
Por otra parte, antes la curva del poder presidencial solía ser predecible: crecía vertiginosamente durante los primeros años de cada administración y declinaba, casi a pique, durante los últimos tres. En cambio, el ciclo de poder de los partidos ahora es incalculable.
Estas organizaciones son fuertes en algunas regiones y prácticamente inexistentes en otras; crecen a punta de elecciones (locales y federales) pero la talla de su siguiente estatura tiene una naturaleza incierta. Ningún partido, en ningún momento, puede sentirse perfectamente vivo. Ni tampoco, fatalmente muerto. La curva en el parque del poder partidario no tiene la forma de un columpio invertido, sino la del juego infantil conocido como el sube-y-baja.
Un tercer actor que ha sido señalado como suplente definitivo del poder presidencial son los gobernadores de los estados. Se afirma que en este país pasamos de una monarquía absoluta al gobierno de los señores feudales. Esta hipótesis cuenta con materia verosímil y sin embargo posee igualmente serias debilidades si se le mira de cerca. Estos señores no reinan en México. Su reinado se limita a Guerrero, Quintana Roo, Morelos, Nuevo León, Puebla; es decir, a treinta y dos unidades territoriales que, por separado, no son el país.
Crece finalmente la versión de que son los poderes fácticos quienes verdaderamente sustituyeron al ido poder presidencial. Los empresas oligopólicas, las grandes corporaciones sindicales, los carteles de las drogas, los inversionistas extranjeros, los medios de comunicación, etcétera. No falta razón cuando se introduce esta respuesta en la fórmula pero, tal y como ocurre en el caso de los gobernadores, el territorio de influencia de cada poder fáctico se limita a una o varias —pero pocas— geometrías temáticas.
En los hechos, ningún poder fáctico es capaz, ni tiene la sincera pretensión, de colocarse como el gran administrador de todo lo que atañe a los mexicanos. Estos son actores potentísimos para impulsar sus justificados o sus inmorales intereses, sus propias y muy mezquinas agendas; pero lejos están de querer o de ser capaces para asumir la responsabilidad que implica hacerse cargo del conjunto del país.
¿Quién gobierna entonces México? Repito lo que advirtiera en un principio: no lo sé. Parecieran hacerlo un conjunto caótico de autoridades federales, partidos, gobernadores y poderes fácticos que, hasta ahora, no han sido capaces de sustituir aquel arreglo autoritario del presidencialismo por otro donde la inteligencia y la cooperación democrática se impongan.
Va el más querido de los abrazos para mi amigo Rafael Pérez Gay, cuyo padre fabricó un amoroso tiempo con la consigna de que su haber no se extraviara jamás.
Lydia Cacho
Plan B
Adiós a Carmen
Mauricio tiene cinco años y unos ojos negros inmensos que miran con dulzura. Se expresa con toda propiedad y por estos días se pregunta por qué algunos hombres abandonan a sus hijos o golpean a las mujeres.
Mau es cuidado amorosamente por las amigas de su madre Carmen Santiago, porque ella estuvo hospitalizada en coma. Carmen es una hermosa mujer de 35 años, reportera y madre soltera. Trabajaba en comunicación social del ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero.
Carmen salió un tiempo con Rubén Mora Peralta, y lo que en un principio consideró un romántico celoso pronto se convirtió en un controlador violento. Ella terminó su relación, pero Rubén le aseguró a la reportera que no estaba dispuesto a “perderla”. Así que hace tres semanas el hombre confrontó a Carmen a las afueras de su casa y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Asustado llamó a la ambulancia y dijo que así la encontró. Los médicos determinaron que la golpiza le causó fracturas del cráneo que ponían en peligro su vida; urgieron una intervención adecuada.
El agresor y su tío, el doctor Dorio Mora Tapia, director general de la clínica del ISSSTE, sacaron a Carmen del hospital y la escondieron para evitar que se reportara el caso al Ministerio Público. Las amigas de Carmen se movilizaron para buscarla; interpusieron la denuncia por privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas y omisión de cuidados, pero la fiscal de Delitos de Violencia Intrafamiliar Dominga Chávez decidió liberarlo bajo caución.
Carmen salió de otro hospital antier, donde la atendieron por cuatro fracturas en el craneo y desprendimiento de membrana. Sin embargo por falta de atención durante el secuestro, la mitad de su cerebro murió. Perdió de por vida la memoria y la capacidad de procesar emociones.
En este acto feminicida hay muchas y muchos cómplices. En primer lugar, el director del ISSTE que dio de alta a Carmen para salvar a su agresor y los médicos que se negaron a reportar el caso según ordena la Norma Oficial de Salud. La fiscal negligente cuya obligación era investigar. Las y los diputados de Guerrero que desde el 16 de diciembre de 2007 aprobaron la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y, omitieron hasta hoy, adaptar el Código de Procedimientos Penales del estado para tipificar los delitos. Y el gobernador Zeferino Torreblanca, quien ignoró la importancia de aplicar la ley adecuadamente para proteger a sus gobernadas.
Mau reza todas las noches para que le devuelvan a su mamá. Pero esa mujer valiente que defendió su libertad y su derecho a una relación amorosa libre de violencia nunca regresará.
La violencia feminicida arrebató la vida “en vida” a esta joven a punta de golpes. No dejemos que esta sea una metáfora de lo que la normalización de la violencia puede hacer con las y los mexicanos.
Mauricio tiene cinco años y unos ojos negros inmensos que miran con dulzura. Se expresa con toda propiedad y por estos días se pregunta por qué algunos hombres abandonan a sus hijos o golpean a las mujeres.
Mau es cuidado amorosamente por las amigas de su madre Carmen Santiago, porque ella estuvo hospitalizada en coma. Carmen es una hermosa mujer de 35 años, reportera y madre soltera. Trabajaba en comunicación social del ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero.
Carmen salió un tiempo con Rubén Mora Peralta, y lo que en un principio consideró un romántico celoso pronto se convirtió en un controlador violento. Ella terminó su relación, pero Rubén le aseguró a la reportera que no estaba dispuesto a “perderla”. Así que hace tres semanas el hombre confrontó a Carmen a las afueras de su casa y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Asustado llamó a la ambulancia y dijo que así la encontró. Los médicos determinaron que la golpiza le causó fracturas del cráneo que ponían en peligro su vida; urgieron una intervención adecuada.
El agresor y su tío, el doctor Dorio Mora Tapia, director general de la clínica del ISSSTE, sacaron a Carmen del hospital y la escondieron para evitar que se reportara el caso al Ministerio Público. Las amigas de Carmen se movilizaron para buscarla; interpusieron la denuncia por privación ilegal de la libertad, lesiones agravadas y omisión de cuidados, pero la fiscal de Delitos de Violencia Intrafamiliar Dominga Chávez decidió liberarlo bajo caución.
Carmen salió de otro hospital antier, donde la atendieron por cuatro fracturas en el craneo y desprendimiento de membrana. Sin embargo por falta de atención durante el secuestro, la mitad de su cerebro murió. Perdió de por vida la memoria y la capacidad de procesar emociones.
En este acto feminicida hay muchas y muchos cómplices. En primer lugar, el director del ISSTE que dio de alta a Carmen para salvar a su agresor y los médicos que se negaron a reportar el caso según ordena la Norma Oficial de Salud. La fiscal negligente cuya obligación era investigar. Las y los diputados de Guerrero que desde el 16 de diciembre de 2007 aprobaron la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y, omitieron hasta hoy, adaptar el Código de Procedimientos Penales del estado para tipificar los delitos. Y el gobernador Zeferino Torreblanca, quien ignoró la importancia de aplicar la ley adecuadamente para proteger a sus gobernadas.
Mau reza todas las noches para que le devuelvan a su mamá. Pero esa mujer valiente que defendió su libertad y su derecho a una relación amorosa libre de violencia nunca regresará.
La violencia feminicida arrebató la vida “en vida” a esta joven a punta de golpes. No dejemos que esta sea una metáfora de lo que la normalización de la violencia puede hacer con las y los mexicanos.
Horizonte político
José A. Crespo
Representación política de lujo
Cuando los consejeros electorales del IFE intentaron hacer valer la disposición que les permite homologar sus salarios con los ofensivos de los ministros de la Suprema Corte, varios legisladores saltaron —con razón— con dedo flamígero, acusando la insensibilidad social y falta de ética de los consejeros. Pero bien sabemos que cuando uno es juez de su propia causa se torna sumamente permisivo. Los legisladores no muestran esa sensibilidad que exigían a los consejeros electorales, pues no solamente tienen salarios más elevados que el correspondiente a diputados de muchos países desarrollados, sino que gozan de otras prebendas y prerrogativas, bonos anuales y de marcha, aguinaldos, sobresueldos por comisiones, turismo legislativo de lujo, y pólizas de gastos médicos que se calculan en 10 mil millones de pesos (el equivalente al recorte que sufrirá la educación). Y cuando uno de ellos, el panista Gerardo Priego, comunica a la sociedad de los enjuagues que suelen hacerse con viáticos y boletos de avión (pagados al doble de su valor y canjeables por efectivo), a los cuales se dedicaron más de 500 millones de pesos en estos tres años, algunos de sus colegas —vergonzosamente exhibidos— salen a defender sus injustificables ingresos. Es el caso de Juan José Rodríguez Prats (autor de La congruencia histórica del PAN, 1997), quien dice de su colega: “Me parece que si está dando una prueba de honestidad, debería devolver también el sueldo, porque su desempeño como diputado fue muy deficiente” (29/VIII/09). ¿Según quién? ¿A partir de qué criterios? ¿Quién hace tal evaluación? En principio, debiéramos ser los ciudadanos quienes hiciéramos dicha evaluación, y premiar o castigar en las urnas a nuestros “representantes”. Pero esa posibilidad nos está vedada por la antidemocrática cláusula de no reelección inmediata de los legisladores. Son los propios legisladores quienes pactan su presupuesto y privilegios. Manejan millones en las partidas destinadas a las fracciones legislativas, a través de las cuales discrecionalmente se ejerce control político y se impone la disciplina en las bancadas, sin rendir cuentas a nadie de su distribución.
Los legisladores habían preferido ocultar sus jugosas prebendas, bajo la expectativa de que ninguno de ellos tuviera la “imprudencia” de comunicarlo a la sociedad, exhibiendo con ello la escasa sensibilidad social de sus colegas. Tampoco les gustó a los diputados cuando Miguel Ángel Toscano (también panista), de una Legislatura anterior, denunció que varios de sus pares recibían un trato especial por parte de las empresas tabacaleras. En cambio, Rodríguez Prats sí se siente merecedor de sus ingresos: “Yo en lo personal lo asumí en plenitud, recibí esos apoyos, efectivamente siento que devengué el sueldo durante estos tres años”. Es un claro reflejo de lo que también señala Priego: “La Cámara de Diputados está hecha para que creas que te mereces este dinero, para que creas que los privilegios te los mereces” (29/VIII/09). Y es que esas lujosas prebendas y prerrogativas están, en principio, dentro de la legalidad (como lo están los al menos cuatro millones de pesos que anualmente se embolsan los ministros de la Corte y los magistrados electorales). Y como se parte de que lo legal es legítimo (lo cual no es exacto), César Nava señala que la devolución que hizo Priego “no entraña ni un deber ni una obligación” para los legisladores de su partido (20/VIII/09). Cierto: no es cuestión de obligación legal, sino de ética pública, esa que el PAN defendió por seis décadas pero que, apenas llegado al gobierno, le empezó a estorbar. En contraste, la coordinadora de la diputación panista entrante, Josefina Vázquez Mota, acepta la conveniencia de revisar la política de privilegios legislativos; a ver si no queda en un mero discurso para salir del paso.
José A. Crespo
Representación política de lujo
Cuando los consejeros electorales del IFE intentaron hacer valer la disposición que les permite homologar sus salarios con los ofensivos de los ministros de la Suprema Corte, varios legisladores saltaron —con razón— con dedo flamígero, acusando la insensibilidad social y falta de ética de los consejeros. Pero bien sabemos que cuando uno es juez de su propia causa se torna sumamente permisivo. Los legisladores no muestran esa sensibilidad que exigían a los consejeros electorales, pues no solamente tienen salarios más elevados que el correspondiente a diputados de muchos países desarrollados, sino que gozan de otras prebendas y prerrogativas, bonos anuales y de marcha, aguinaldos, sobresueldos por comisiones, turismo legislativo de lujo, y pólizas de gastos médicos que se calculan en 10 mil millones de pesos (el equivalente al recorte que sufrirá la educación). Y cuando uno de ellos, el panista Gerardo Priego, comunica a la sociedad de los enjuagues que suelen hacerse con viáticos y boletos de avión (pagados al doble de su valor y canjeables por efectivo), a los cuales se dedicaron más de 500 millones de pesos en estos tres años, algunos de sus colegas —vergonzosamente exhibidos— salen a defender sus injustificables ingresos. Es el caso de Juan José Rodríguez Prats (autor de La congruencia histórica del PAN, 1997), quien dice de su colega: “Me parece que si está dando una prueba de honestidad, debería devolver también el sueldo, porque su desempeño como diputado fue muy deficiente” (29/VIII/09). ¿Según quién? ¿A partir de qué criterios? ¿Quién hace tal evaluación? En principio, debiéramos ser los ciudadanos quienes hiciéramos dicha evaluación, y premiar o castigar en las urnas a nuestros “representantes”. Pero esa posibilidad nos está vedada por la antidemocrática cláusula de no reelección inmediata de los legisladores. Son los propios legisladores quienes pactan su presupuesto y privilegios. Manejan millones en las partidas destinadas a las fracciones legislativas, a través de las cuales discrecionalmente se ejerce control político y se impone la disciplina en las bancadas, sin rendir cuentas a nadie de su distribución.
Los legisladores habían preferido ocultar sus jugosas prebendas, bajo la expectativa de que ninguno de ellos tuviera la “imprudencia” de comunicarlo a la sociedad, exhibiendo con ello la escasa sensibilidad social de sus colegas. Tampoco les gustó a los diputados cuando Miguel Ángel Toscano (también panista), de una Legislatura anterior, denunció que varios de sus pares recibían un trato especial por parte de las empresas tabacaleras. En cambio, Rodríguez Prats sí se siente merecedor de sus ingresos: “Yo en lo personal lo asumí en plenitud, recibí esos apoyos, efectivamente siento que devengué el sueldo durante estos tres años”. Es un claro reflejo de lo que también señala Priego: “La Cámara de Diputados está hecha para que creas que te mereces este dinero, para que creas que los privilegios te los mereces” (29/VIII/09). Y es que esas lujosas prebendas y prerrogativas están, en principio, dentro de la legalidad (como lo están los al menos cuatro millones de pesos que anualmente se embolsan los ministros de la Corte y los magistrados electorales). Y como se parte de que lo legal es legítimo (lo cual no es exacto), César Nava señala que la devolución que hizo Priego “no entraña ni un deber ni una obligación” para los legisladores de su partido (20/VIII/09). Cierto: no es cuestión de obligación legal, sino de ética pública, esa que el PAN defendió por seis décadas pero que, apenas llegado al gobierno, le empezó a estorbar. En contraste, la coordinadora de la diputación panista entrante, Josefina Vázquez Mota, acepta la conveniencia de revisar la política de privilegios legislativos; a ver si no queda en un mero discurso para salir del paso.
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