Foto: Prometeo Lucero
MÉXICO D.F. (apro).- Las últimas cifras sobre México provenientes del Índice de Desarrollo Humano 2011 obligan a revisar las prioridades, metas y rumbo que debiera tomar la política social en el país.
La urgencia de atacar el problema de la desigualdad en México debiera alertar a todos, en especial a los diputados en la actual discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, para revisar la forma en la que se asigna el presupuesto destinado a política social.
Esta es al menos la petición que hacen organizaciones de la sociedad civil como GESOC, Fundar y el IMCO, todas ellas miembros de la red por la rendición de cuentas, las cuales señalan la opacidad que prevalece en el manejo de la mayoría de los programas federales destinados a atacar el rezago en el país.
Según las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México ha mejorado notablemente en términos de cobertura en educación básica y salud, situándose en el lugar 57 de los 187 países evaluados, es decir, se ubica por encima de la media en América Latina y el Caribe.
A pesar de este avance, esta mejora no se ha traducido en una disminución en la desigualdad, la cual todavía prevalece. Los rezagos más notables se encuentran en lo que respecta a las cifras de mortalidad materna, salud reproductiva, participación de la mujer en el mercado laboral y representación política femenina.
Estos problemas -que ya han sido largamente diagnosticados -han generado programas de subsidio federal a los cuales se ha asignado un monto de recursos considerable: 340 mil millones de pesos en 2011.
Sin embargo, la evaluación y operación de los mismos, presenta problemas serios. El Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) elaborado por GESOC menciona que de 132 programas federales de subsidio y prestación de servicios, 70, es decir, el 53% poseen problemas de opacidad que impiden evaluar la rentabilidad social.
En estos programas, dentro de los cuales destacan 22 programas de la SEP, nueve de SEMARNAT y siete de la CDI, solo por mencionar los más relevantes, no se sabe con precisión ni el grado de cumplimiento de las metas estratégicas y de gestión, ni cuál es la población beneficiaria, ni el avance que significa la existencia de los mismos.
Esto es particularmente grave si se toma en consideración que el presupuesto destinado a estos fue de 84.1 millones de pesos, es decir, 25% del presupuesto total asignado a programas de subsidio y servicios.
Otro problema, sin duda es el que respecta a los indicadores de desempeño. Si bien es cierto que hay programas que brindan información para su evaluación, no queda claro si las metas establecidas son las necesarias para avanzar en el combate al rezago o si solamente fueron planteadas como una forma de justificar la existencia del programa y por lo tanto para exigir más presupuesto.
Las diferencias de criterios de evaluación y de exigencia entre uno y otro programa, así como la ausencia de información básica generan una política social costosa e ineficiente que termina por cobrarle la factura a quienes más necesitan del apoyo del Estado.
Una medida que contribuiría a que México comience a abatir el problema de desigualdad de manera más eficiente sería, por un lado, el tener un estándar mínimo de información pública para todos los programas. Indicadores (y criterio de los mismos), metas, desempeño y población beneficiaria debiera ser público de manera periódica.
Esto se podría replicar no solo a nivel federal sino también estatal con lo cual se obligaría a los responsables a rendir cuentas del desempeño; se evitaría caer en la tentación del manejo político-electoral de los programas sociales y de servicios y se favorecería el monitoreo y seguimiento ciudadano.
Por otro lado, ayudaría mucho el homologar los criterios de evaluación e indicadores de desempeño de los programas federales para que así las metas se ajusten a los desafíos de una sociedad marcada por la instrumentación política de la pobreza y la desigualdad.
Vale la pena que antes de aprobar el presupuesto, se reflexione en cómo y para qué se destinan esos millones de pesos que aún no terminan de reflejarse en mayor beneficio para la sociedad mexicana.
Twitter: @louloumorales
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