Organizaciones civiles denuncian opacidad
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 8 nov 11 (CIMAC).- A una semana de que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, más de 40 organizaciones civiles llamaron al Poder Legislativo a aprobar mecanismos de transparencia que posibiliten la rendición de cuentas de los recursos para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
En conferencia de prensa, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, expresó la preocupación por la opacidad que existe en la aplicación de recursos, pues ésta impide medir la efectividad de programas y acciones encaminadas a reducir problemas de salud “graves” como la muerte materna (MM).
Abundó que pese al incremento anual de montos y de cobertura del Sistema de Protección Social en Salud, éste no se traduce en mejoras a la salud, muestra de ello es que 28 por ciento de las mil cuatro mujeres que fallecieron por causas maternas en 2010, no tenía seguridad social, y, de ellas, el 39 por ciento contaba con Seguro Popular (SP).
Schiavon mencionó que la rendición de cuentas es una “exigencia mínima” con la que debe cumplir el sistema de salud (municipal, estatal y federal) para poder dar seguimiento a las acciones dirigidas al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, como la estrategia Embarazo saludable, del SP, y medir su impacto.
Por ello, la directora de Ipas México, llamó a las y los legisladores a retomar la propuesta respaldada por decenas de organizaciones civiles, y obliguen a las autoridades del sector a transparentar el ejercicio del presupuesto y brindar información detallada respecto a la aplicación de los programas.
Argumentó que la rendición de cuentas es prioritaria para avanzar en el cumplimiento del derecho constitucional a la salud, ya que hasta ahora los aumentos millonarios al SP – que se prevé, pasen de 2011 a 2012 de 56.9 a 65.6 millones de pesos - “no se traducen necesariamente” en el acceso de la población a este derecho.
Schiavon Ermani denunció que mientras el Ejecutivo propone un incremento al SP, disminuye en el PPEF hasta 64.4 por ciento los recursos aprobados para programas de salud sexual y reproductiva, en 21.5 por ciento los otorgados para la reducción de la MM, y en 32.6 por ciento para la prevención y atención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres.
La reducción presupuestal y la opacidad en el ejercicio de los mismos, son “incompatibles” con las dificultades que México afronta para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como la disminución de la razón de MM, a 22 fallecimientos por cada cien mil nacidos vivos, la cual actualmente se sitúa en 53, según la Secretaría de Salud (SS).
Un mecanismo para avanzar en la transparencia de los recursos y, de este modo, medir la efectividad de las acciones, es la publicación en “tiempo y forma” de los Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE).
Dicho instrumento permitiría conocer periódicamente el uso de los recursos federales de los estados para la atención y prevención de la salud sexual y reproductiva de sus habitantes. A su vez, la rendición de cuentas posibilita el seguimiento de indicadores de eficiencia en problemáticas como la MM y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como planificación familiar y anticoncepción.
Además de la publicación en las páginas web de la SS federal y de las 32 entidades federativas, Briseida Lavielle, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, refirió que la Secretaría de la Función Pública tiene atribuciones para controlar el uso del gasto en salud, durante el ejercicio de los estados. Para que esto ocurra es necesario que las autoridades consoliden acuerdos políticos, apuntó.
Lavielle señaló que la vigilancia en esa secretaría, complementaría el recuento anual que realiza la Auditoría Superior de la Federación, la cual reportó que en 2009 los dictámenes respecto el ejercicio de los recursos en 14 estados fueron negativas y en 18 fueron “con salvedad”, es decir, ninguna obtuvo un resultado positivo.
Entre las irregularidades, indicó, está que no documentaron lo gastado, ni justificaron erogaciones las entidades federativas y aplicaron los recursos para fines referente a lo establecido.
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