El infame congreso de la impunidad y el pillaje

Marcos Chávez *

Inusitadamente, los diputados violentaron sus propios usos y costumbres. Hicieron a un lado la indolencia, la belicosidad y el espectáculo, que normalmente caracterizan sus tareas legislativas. Con alucinada presteza, digna de mejores causas y sin duda envidiada por el atormentado Silvio Berlusconi, por ejemplo, en tan sólo 90 minutos debatieron y aprobaron la iniciativa de la Ley de Ingresos para 2012.

El tiempo récord empleado y la rapidez y solidez con la que se alcanzaron “acuerdos”, “sorprendieron” a muchos, entre ellos a Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, quien no dudó en “felicitarlos” y en demandar la misma soltura de los senadores para que, “sin mayores modificaciones”, conviertan en ley la propuesta. Es natural que, cual quinceañeras pudorosas, estos últimos guardaron las apariencias. Pero expeditamente la convalidaron, con algunos precipitados retoques irrelevantes. Al cabo, cínicamente, Fernández develó el enigma al señalar que “ya [había un] acuerdo” para “desfacer entuertos”, como diría Don Quijote de La Mancha a Sancho Panza.

¿A cambio de qué? Porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y algunos de la “izquierda” civilizada no son obsecuentes. Se tasan caros en el mercado político de las “relaciones carnales”, para usar las palabras del folclórico argentino Guido di Tella, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem, el alter ego del otro Carlos (Salinas de Gortari).

De paso, demostraron que la propuesta para formalizar las coaliciones electorales y de gobierno es estrambótica. Como se sabe, dicho consorcio fue recientemente formulado por un grupo de académicos, políticos y escritores de “buena fe”, de variopinto y mimético pelaje: de derecha, como Manlio Fabio Beltrones; de izquierda rosa y de ambiguos saltimbanquis centristas, como Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Fuentes, Sergio Aguayo, Denise Dresser o José Antonio Crespo, entre otros, supuestamente preocupados por la inestabilidad política asociada a los llamados “gobiernos divididos”, donde el Ejecutivo está bajo el control de algún partido y el Congreso de la Unión en manos de la oposición, merced a los caprichos estúpidos de los ignorantes electores.

Para superar esa debilidad proponen la legalización de los acuerdos programáticos, explícitos, responsables, controlables. ¿Para qué? ¿Ante quién? ¿A quién pretenden engañar?

Nada ingenuos, saben que, de facto, legal e ilegalmente, las alianzas se realizan desde hace tres décadas. Las políticas se volvieron moneda corriente, contante y sonante, desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Las electorales y legislativas desde Salinas de Gortari y, sobre todo, con la pérdida del PRI de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, con Ernesto Zedillo. Pero no han sido para las mejores causas, para conciliar intereses encontrados y gobernar en beneficio de la nación, sino para ejercer el poder mafiosamente; no para desmontar el longevo sistema presidencialista autoritario, sino para conservarlo con vida; para cerrar las puertas a la democracia y tratar de engañar a las mayorías con la alternancia electoral entre la derecha neoliberal priísta y la ultraderecha neoliberal-clerical panista; no para impulsar un modelo económico relativamente autónomo y socialmente incluyente, sino para imponer el neoliberalismo.

Gracias a las tormentosas “concertacesiones” palaciegas, Salinas de Gortari y Felipe Calderón alcanzaron la Presidencia en deshonestos procesos electorales; Carlos Medina se convirtió en gobernador interino en Guanajuato, en 1991, luego de la “declinación” de Ramón Aguirre Velázquez, que supuestamente había ganado las elecciones locales (después éste declaró que Salinas de Gortari le pidió el “favor” para quedar bien con el Partido Acción Nacional –PAN– y Estados Unidos, “en beneficio del país”); también, se llevan a cabo la destrucción de la nación, el pillaje, el saqueo y la entrega de las riquezas de México a la oligarquía local y foránea; se desmantelan las conquistas sociales; se reducen las libertades civiles; y se impulsa el estado de excepción. Recuérdese la furia de la “demócrata” Beatriz Paredes, que en 2009, ante la traición de Calderón a sus acuerdos con su partido, que apoyaría la cascada de impuestos antisociales a cambio del veto de las alianzas electorales entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, develó el papel decisivo que jugó el PRI en legitimarlo como presidente, luego de que parecía haber perdido las elecciones de 2006. Corta de memoria, Paredes se olvidó de que el PAN hizo lo mismo en el caso de Salinas de Gortari, en 1988.

Las coaliciones ofrecen historias deliciosas, como ejemplifica el Azcárraga-Salinas Pliego de Italia. En ese país cohabita un presidente de izquierda, Giorgio Napolitano, con un primer ministro derechista y delincuente, Berlusconi, acusado de ineficacia, de relaciones con la mafia, de corrupto y pederasta, de fraudes y otras lindezas. El control que ejerce su partido en el Parlamento (Pueblo de la Libertad), junto con sus aliados de la Liga del Norte, del neofascio y xenófobo Umberto Bossi, y los demócratas cristianos y de centro, entre otros, ha sobrevivido a más de 50 mociones de confianza en tres años y medio. Varias de sus iniciativas han sido rechazadas en las cámaras. Su coalición ha perdido batallas electorales regionales. Su mandato está en ruinas. Pero ha logrado aplicar el neoliberalismo, hundir a su país en la peor crisis económica, imponer las genocidas políticas monetaristas de ajuste fiscal y acelerar la descomposición política y moral de la república que recuerda al viejo imperio romano. Tres factores más impiden su caída: el voto de censura implicaría la disolución del Congreso que lo eligió y la convocatoria a elecciones anticipadas que posiblemente ganaría la izquierda; muchos de los legisladores actuales perderían sus jugosos ingresos y la impunidad que les confiere su puesto, o inmunidad, si se prefiere; porque no serían reelegidos; pero sobre todo, porque no alcanzarían las generosas pensiones vitalicias (4 mil euros mensuales en promedio) que les aseguraría un porvenir tranquilo, mientras las mayorías, cuya indignación crece proporcionalmente con el descrédito de Berlusconi y los parlamentarios, sufren la peor caída en sus niveles de vida en 15 años, debido a la pérdida de empleo, la flexibilidad laboral, la caída de salarios y la reducción de los servicios sociales básicos. Su rabia es aún mayor, porque nada pueden hacer para cambiar el statu quo que los aplasta. Sólo les queda resignarse hasta las nuevas elecciones o la revuelta.

Es la putrefacción política y moral de los poderes Ejecutivo y Legislativo, del sistema político italiano y sus coaliciones. Es el “ballet de vileza política”, como señalara el diario La Stampa.

Una historia parecida a la mexicana, con otra forma de concubinato entre el PRI y el PAN.

Sólo hora y media necesitaron los diputados de estos partidos y sus aliados para aprobar la iniciativa, porque su revisión fue una estafa, que obligó a los senadores a agregar algunos retoques más para tratar de atenuar la desvergüenza. Con el beneplácito y la ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo aplicaron trucos contables para que, en esencia, la iniciativa de política económica y de ingresos permaneciera igual. Algunos cambios que destacan son la eliminación del impuesto sobre el valor agregado disfrazado de 5 por ciento que se pretendía que aplicaran los estados; el aumento de la producción petrolera, el endeudamiento público y el déficit fiscal; el gasolinazo (el sobreprecio en las gasolinas: Magna, 42 centavos; Premium y Diesel, 29) que inició en 2008 y debía terminar en 2011. Ahora los consumidores lo seguirán pagando hasta 2014. Ese dinero se trasladará hacia los estados (59.6 mil millones de pesos más); el alza de la luz y el gas. Del lado del gasto se recortarán algunos renglones para elevar otros.

En suma, se mantiene el autismo fiscal. El bajo ingreso, el peor de América Latina (9.6 por ciento del producto interno bruto [PIB]; la media de la región es de 13.5 por ciento; la más alta es de Bolivia, 19.8 por ciento), al igual que el gasto. La inequidad tributaria: que paguen más los que menos tienen. Las empresas sólo pagan el 4 por ciento del PIB, la media latinoamericana es de 3 por ciento, y en Bolivia de 6 por ciento. La petrodependencia en la recaudación. El abusivo gasto corriente. Más recursos para los estados. Más dinero para la voracidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para las autoridades electorales y el Estado policiaco-militar. Menos para el sector agropecuario, la infraestructura, el desarrollo.

El fatalismo histórico. El PRI y el PAN hablan del difícil entorno externo que exige disciplina, las políticas que condenan a México a la mediocridad en el crecimiento. Cínicamente, el diputado priísta Jorge Carlos Ramírez dijo: “¡No estamos en contra de los pobres, sino a favor!”. Es decir, con los que buscarán un empleo y no lo encontrarán; los que sus salarios se deteriorarán más por la inflación inducida en los precios de los energéticos; los que padecerán con el mayor retroceso en la calidad de los servicios sociales; las millones de personas que empiezan a padecer hambre en ocho estados, debido a la crisis alimentaria, que se agravará con el menor presupuesto rural otorgado; y los nuevos pobres y miserables que generarán con sus decisiones y que se sumarán a los ya existentes: los pobres “multidimensionales” aumentaron de 48.8 millones a 52 millones, y los pobres “por ingresos”, de 52.3 millones a 57.7 millones entre 2008 y 2010, según la simpática taxonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En el calderonismo, los pobres “por patrimonio” pasaron de 45.5 millones a 57.7 millones.

La culpa se traslada hacia el exterior. Ése es responsable de que el crecimiento en el calderonismo cierre a una tasa media de 2 por ciento. En cambio, en Argentina –que renegó del neoliberalismo y aplica una política estatal activa basada en el mercado interno–, será de 7.5 por ciento.

Los neoliberales del PAN y del PRI avalaron una política que privilegia la baja inflación, por medio de los altos réditos, el castigo del gasto público, la inversión productiva, los salarios, la demanda y el crecimiento que arrojará más desempleados y miserables.

El economista inglés John Maynard Keynes escribió en 1923: “La inflación es injusta y la deflación inoportuna. Quizá ésta es la peor de ambas si se hace abstracción de inflaciones extraordinarias como la de Alemania”. Después, al conocer los efectos de la crisis de la década de 1930, agregó: “La deflación significa una transferencia de las clases activas a las pasivas de la sociedad. Es verdad que la inflación y la deflación son injustas [...] Pero mientras que la primera aligera la carga de la deuda pública y estimula a las empresas, ofrece una ventaja que puede ser puesta de un lado de la balanza, la segunda no aporta ninguna compensación”. En un mundo empobrecido “es peor provocar desocupación que frustrar al rentista en sus esperanzas”, aunque “ambas son males a evitar”.

Primero se justificó que el alza de las gasolinas en que eran más baratas que las internacionales. Luego en la necesidad de reducir los subsidios. Ahora, para dar ese dinero a los estados. ¿Y los mecanismos se supervisión? Los Peña Nieto, González Márquez o Moreira Valdés son campeones en su manejo sucio, sin rendir cuentas a nadie. En realidad ese dinero servirá para las elecciones y la rapiña.

¿Y los salarios? Nada dijo la SHCP, porque son de miseria, de cuarto mundo. En 2006-2010 el poder real de compra de los mínimos cayeron 3.4 por ciento. Los salarios reales medios apenas mejoraron 3.8 por ciento, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Son los peores de Latinoamérica. En Argentina subieron 66 y 50 por ciento. El alza de las gasolinas afectará los precios finales y reducirá más la capacidad de consumo de las mayorías, pese a las mentiras de los congresistas y los calderonistas.

Y los legisladores suspiran por reelegirse. Sin duda se la merecen. Pero no por la defensa de los intereses de sus electores, sus valores republicanos, el respeto a las leyes o la defensa de la soberanía nacional, sino por ser lacayos de la oligarquía. Sería un pago justo a su sometimiento y a sus servicios prestados.

Merecen la reelección en las mismas circunstancias a l