Blanca Mesina demanda se indaguen amenazas en su contra
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 27 dic 11 (CIMAC).- A casi dos años de que comenzaron las amenazas contra las activistas Silvia Vázquez y Blanca Mesina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar su seguridad.
La CNDH emitió la recomendación 87/2011 sobre la retención ilegal, incomunicación y tortura de 25 personas en la ciudad de Tijuana, ocurridas en marzo de 2009, y las posteriores amenazas y atentados contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) Silvia Vázquez y Blanca Mesina.
En marzo de 2009 elementos del Ejército detuvieron y torturaron a 25 agentes de la policía municipal mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados en una base militar de Tijuana, Baja California.
Los 25 policías estaban acusados de delitos vinculados con la delincuencia organizada, por lo cual fueron trasladados a una prisión de Tepic, Nayarit. Uno de estos detenidos es padre de Blanca Mesina, quien desde entonces inició una lucha para probar la inocencia de su padre y sus compañeros.
Blanca y Silvia, acompañadas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, denunciaron que los 25 policías fueron víctimas de tortura, lo que les valió constantes amenazas e intimidaciones.
En entrevista con esta agencia, Blanca Mesina relató que desde 2009 la CNDH tuvo conocimiento del caso de los policías arraigados y torturados, y que incluso les aplicó el Protocolo de Estambul, un mecanismo para constatar casos de tortura, pero fue hasta 2011 que el organismo se pronunció al respecto.
Mientras la CNDH documentaba el caso de maltrato físico y los testimonios de las personas que aseguraban que a las víctimas “les cubrieron los ojos, les ataron las manos y los pies, los golpearon en todo el cuerpo, y les aplicaron toques eléctricos….”, ellas eran blanco de amenazas.
En 2010, por ejemplo, la madre de Blanca recibió una llamada de un supuesto “agente de la AFI”, quien le comentó que su hija había sido detenida por el delito de portación de arma y que se comunicara a otro número telefónico para que les dijeran dónde se encontraba, pero era una llamada falsa.
Ese mismo año la defensora fue interceptada por un desconocido cuando viajaba en su auto por Tijuana. Un hombre se le acercó para amenazarla de muerte, y avisarle que si no la mataba en ese momento era para no hacer un escándalo más grande.
Silvia Vázquez también ha recibido amenazas por acusar y denunciar a los soldados del 28 Batallón de Infantería quienes, asegura, son responsables de tortura. Tras un hostigamiento telefónico, ella decido abandonar la ciudad para proteger su vida.
Aunque el 4 de junio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano la implementación de medidas cautelares en favor de las activistas, éstas han sido insuficientes para ellas.
Los últimos reportes de amenazas fueron el 7 de julio y 20 de octubre de este año cuando Blanca se percató de que la seguían vehículos con personas armadas, y ha observado automóviles sospechosos afuera de su domicilio, según se asienta en la recomendación 87/2011.
En el documento se señala que ni se llevaron a cabo de manera adecuada y constante los rondines por parte del Policía Estatal Preventiva, ni les fue proporcionado a las defensoras el acompañamiento permanente, los números de emergencia asignados no funcionaban correctamente, y la valoración de riesgo tampoco se realizó completamente.
En esta recomendación de la CNDH, que a decir de Blanca llega “un poco tarde”, se pide a la Procuraduría General de la República, al gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Tijuana, que garanticen la implementación de medidas de protección y seguridad idóneas para ambas.
El organismo autónomo también recomendó a las autoridades que sigan las líneas de investigación sobre las denuncias presentadas por las activistas, y llamó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que las violaciones a los DH de las víctimas sean investigadas.
Al respecto, Blanca señaló que aunque esta recomendación se da prácticamente a dos años de ocurridos los hechos y tras varias amenazas contra ella y su familia, es muestra de la inocencia de los 25 policías acusados de nexos con la delincuencia organizada.
Además confía en que ambos sucesos, la detención arbitraria y las amenazas, se tomen con seriedad y que sean investigadas y sancionadas, pues –advirtió– los responsables pueden ser los mismos, es decir los militares.
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