Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- Hace un año cuatro meses, los trabajadores de Mexicana de Aviación dejaron de percibir sus salarios; les cerraron las puertas de su trabajo y fueron echados a la calle; el empresario Gastón Azcárraga, presidente del Grupo Posadas, sólo la tuvo en su poder cinco años, tiempo suficiente para “quebrarla”. Hasta la fecha no ha respondido por los trabajadores ni les ha pagado su llamado “pasivo laboral”.
El caso de Mexicana se ha vuelto complejo– porque así lo ha decidido el gobierno federal–, pero la denuncia penal que el pasado 27 de diciembre interpuso el sindicato de los trabajadores de tierra, con Miguel Ángel Yúdico Colín al frente, lo vuelve más claro.
El 23 de mayo de 1995, el gobierno federal creó una tenedora de acciones de líneas aéreas, entre las que estaban Mexicana, Aeroméxico, Aerocaribe, Aerolitorial y Aeromexpress, además de otras empresas que brindan servicios de mantenimiento, la cual denominó Cintra.
El 6 de julio de 2005, Cintra (el gobierno), lanzó la convocatoria para vender Mexicana y determinó que el Grupo Posadas, de Gastón Azcarraga, era el idóneo para tenerla.
Cinco años después, el 20 de agosto de 2010, “los accionistas del Nuevo Grupo Aeronáutico, SA de CV (como Grupo Posadas denominó a la empresa), vendieron a Tenedora K, SA de CV, el 95% de las acciones de dicho Grupo”, según consta en la denuncia penal que el sindicato presentó ante la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal.
En las dos ventas, y por ello es la denuncia, ni el gobierno ni el Grupo Posadas “notificaron oficialmente” a sus acreedores laborales, entre éstos, los propios trabajadores de Mexicana.
El caso es que no se consultó ni se avisó, ni se negoció con los acreedores laborales sobre las dos ventas; y el pasivo laboral de los trabajadores a la fecha es de cuatro mil setecientos ochenta y cinco millones de pesos (4,785,000,000.00).
¿Qué es un pasivo laboral? Para que se pueda entender, es el fondo de liquidación que toda empresa tiene para sus trabajadores.
Ahora, este 27 de diciembre de 2011, los trabajadores del sindicato de tierra están demandando penalmente al gobierno y al Grupo Posadas por no haber notificado a uno de los acreedores (los trabajadores) de las ventas ni haber notificado dónde está dicho fondo.
La demanda penal no establece si cuando la aerolínea estaba en manos del gobierno federal, dicho fondo estaba constituido ni tampoco en cuál banco; tampoco el Grupo Posadas dejó en claro si cuando se le entregó Mexicana, “constituyó dicho fondo” ni dónde está ahora. Y lo mismo en esta tercera venta a Tenedora K que aparece en la denuncia penal.
Hoy, los trabajadores de Mexicana están sin trabajo, no perciben salario alguno cuando tienen más de cuatro mil millones de pesos como parte del pasivo laboral.
El absurdo es que ni gobierno, ni Grupo Posada ni nadie se quiere hacer responsable de dicho problema.
Habrá que preguntarle al Instituto de para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que era la instancia que administraba a Mexicana, si supo alguna vez dónde estaba ese dinero del pasivo laboral y, si lo supo, por qué nunca se les notificó a los trabajadores de las ventas cuando, por ley, se debió hacer. Por cierto, entre quienes formaban parte del IPAB en el tiempo en que se vendió Mexicana está Francisco Gil Díaz, el todopoderoso secretario de Hacienda, en el sexenio de Vicente Fox; y en el consejo de administración del Grupo Posadas, Santiago Creel Miranda, aspirante del PAN a la Presidencia de la República.
Sería bueno que estos personajes dejarán en claro, dónde está ese dinero, y de paso, que la Procuraduría del Distrito Federal diga si dará entrada a la denuncia penal e investigará el caso imparcialmente.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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