DERECHOS HUMANOS
Contra violaciones a DH de mujeres presas y bajo proceso penal
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- La reforma constitucional en materia penal –aprobada en 2008 por el Congreso de la Unión– es una oportunidad histórica para exigir y garantizar el acceso a la justicia de manera efectiva para toda la población, desde un enfoque de Derechos Humanos (DH).
Organizaciones civiles defensoras de los DH conformaron el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, con el fin de monitorear los avances y desafíos en la implementación de la reforma mediante el pleno respeto de las garantías humanitarias de las personas sujetas a proceso penal.
Durante la presentación de la iniciativa en esta capital, representantes de las cuatro organizaciones que integran el Observatorio coincidieron en que el modelo judicial inquisitorio en México viola de manera grave los DH de las personas involucradas en un proceso penal, sobre todo de quienes pertenecen a grupos vulnerables.
Olga Guzmán, coordinadora de Educación y Enlace de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señaló que en las cárceles las mujeres son víctimas de violaciones más severas a sus DH, toda vez que muchos de los roles tradicionales de género que las conciben a ellas al servicio de los otros se repiten en los centros penitenciarios.
Agregó que las violaciones más comunes y más graves ocurren en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues en muchas prisiones se somete a las mujeres a la anticoncepción forzada, y en algunas otras son víctimas de explotación sexual, ya que se sabe que hay niñas y mujeres al servicio de varones presos.
Guzmán consideró que lo anterior se debe, en gran medida, a que el sistema judicial está pensado desde una visión masculina que no considera las necesidades y características específicas de las mujeres sujetas a un proceso penal.
“La población femenil en las prisiones representa sólo el 5 por ciento del total, y esta situación es utilizada por el Estado para justificar que desde el diseño arquitectónico hasta el operativo no pongan como prioridad los derechos de las mujeres”, agregó.
Informó que con el Observatorio se plantea la reinserción social con una perspectiva de género, es decir, que los programas que se llevan a cabo dentro de las prisiones, como capacitación y educación, sean diferenciados para las mujeres y con base en la dignidad de la población femenina.
Ximena Andión, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que las mujeres bajo proceso penal o que buscan acceder a la justicia muchas veces son víctimas de una doble o hasta triple discriminación.
“No sólo son sujetas de los vicios que todas las personas tienen en el acceso de la justicia, sino también a la discriminación y desigualdad que sufren desde la visión que se tiene sobre las mujeres”, puntualizó.
Una mujer que es víctima de violencia y va a denunciar puede enfrentarse a cuestionamientos por parte del Ministerio Público, y se estima que las mujeres imputadas son más castigadas que los hombres, ya que se tiene la visión de “la mujer buena y madre”, además de que muchas de ellas afrontan barreras económicas y culturales.
Enfatizó que uno de los ejes que manejará el Observatorio es el de la igualdad y no discriminación, y por lo tanto se vigilara el pleno respeto de los DH de las mexicanas.
El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia también está conformado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), así como por un equipo de investigadores.
La instancia vigilará las acciones y omisiones del Estado para proteger los derechos de las personas bajo proceso penal relacionados con arraigo, defensa pública, ejecución de sanciones y prisión preventiva que se den dentro de la implementación de la reforma constitucional.
En marzo de 2008 fue aprobada la reforma constitucional de seguridad y justicia, publicada en junio del mismo año en el Diario Oficial de la Federación.
Se reformaron 10 artículos constitucionales, siete de ellos en materia penal, con el fin de transitar del vigente sistema judicial inquisitorio al modelo acusatorio (juicios orales), basado en el predominio de los DH de víctimas y personas acusadas.
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