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En virtud de la presentación y análisis
de los informes 7º y 8º de México ante el Comité CEDAW, 25
organizaciones la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de
los derechos de las mujeres, presentan el Informe alternativo sobre la
situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y
mujeres en México.
El informe señala la falta de
cumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones respecto
de la eliminación de la discriminación de las mujeres (artículo 2) en
el ejercicio de los derechos a la salud incluyendo la salud sexual y
reproductiva (artículo 12), a la educación (artículo 10), al trabajo
(artículo 11), y a la planificación familiar (artículo 16.e), así como
los derechos de las mujeres rurales (artículos 14.2.b y 14.2.h),
reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
A pesar de que han pasado más de
treinta años desde la ratificación de la CEDAW por parte del Estado
Mexicano y de las reiteradas recomendaciones que el Comité ha realizado
en materia de derechos reproductivos, la protección de estos derechos
sigue siendo una asignatura pendiente. A partir de la investigación,
del análisis normativo, de políticas públicas y estadístico, así como
del acompañamiento de casos, en este informe se incluyen nueve
problemáticas de alta preocupación relacionadas con el respeto,
protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres.
A partir de la investigación, del
análisis normativo, de políticas públicas y estadístico, así como del
acompañamiento de casos, en este informe se incluyen nueve problemáticas de alta preocupación relacionadas con el respeto, protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres:
1. La presentación constante por parte de legisladores de iniciativas que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres (por ejemplo para dotar al embrión de personalidad jurídica o desincentivar información sobre el uso del condón) y la no aprobación de iniciativas clave para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres (por ejemplo en materia de reproducción asistida).
2. Los altos índices de mortalidad materna
y la falta de acciones efectivas para su reducción desde una
perspectiva de derechos humanos. En cinco años las muertes maternas no
han disminuido de forma significativa. En 2010, la razón de muerte
materna en México fue de 51.5 muertes por cada 100,00 nacimientos y las
propias autoridades han señalado que muy probablemente no se cumplirá
con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la razón de muerte
materna a 22.3 para 2015. A pesar de que existen programas para
combatir la muerte materna, la implementación de los mismos en los tres
niveles de gobierno es bastante precaria. La atención hospitalaria es
muy deficiente, ocho de cada nueve muertes maternas ocurren en
hospitales. Las mujeres más afectadas son mujeres indígenas y mujeres
jóvenes.
3. Los rezagos en materia de servicios de salud y servicios sociales para una adecuada protección de la maternidad
que permitan compatibilizar la maternidad con el trabajo fuera del
hogar, incluyendo la falta de acceso a estancias y las licencias de
paternidad. El cuidado del hogar y la familia sigue recayendo en las
mujeres: 78.5% de las y los niños menores de 6 años son cuidados por
sus madres, mientras que el 2.6% son cuidados en guarderías públicas.
4. El impacto negativo y las
posibles violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres que
han tenido las reformas constitucionales locales que protegen la vida
desde la concepción. Estas reformas, que tenían la intención
de blindar las constituciones locales de una despenalización del aborto
como ocurrió en el Distrito Federal, han generado un clima de
persecución hacia las mujeres y de confusión en los funcionarios en
términos de sus obligaciones en relación con la provisión de servicios
de salud reproductiva. Aunque las causales legales de aborto siguen
vigentes en los estados donde dichas reformas fueron aprobadas, los
funcionarios no tienen claridad sobre esto y ello puede agudizar la
negación de servicios de interrupción del embarazo e incluso acceso a
técnicas de reproducción asistida o anticonceptivos.
5. La negación de información y
obstaculización en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
para mujeres víctimas de violación sexual. De acuerdo a la
normativa nacional, las mujeres víctimas de violación sexual tienen
derecho a interrumpir su embarazo y a que se les proporcionen
información y servicios sobre anticoncepción de emergencia y al
tratamiento de infecciones de transmisión sexual y VIH. Sin embargo, en
muchos casos las autoridades de procuración de justicia y de salud no
proporcionan esta información y servicios.
6. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos
para mujeres en edad reproductiva en todo el país, en particular para
jóvenes. Para 2006, sólo 11.7 millones de mujeres en edad fértil y
unidas usaban anticonceptivos, menos de la mitad de todas las mujeres
en edad reproductiva de México (cerca de 26.5 millones).
7. La falta de acceso de las y los adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva
de calidad, así como la falta de una educación sexual integral. El
embarazo adolescente y en mujeres jóvenes ha crecido de manera
alarmante en los últimos años. La educación sexual en el país es muy
deficiente y las adolescentes enfrentan muchos obstáculos para acceder
a servicios de salud sexual y reproductiva.
8. Las violaciones a los
derechos reproductivos que sufren las mujeres privadas de libertad. De
las 10,120 mujeres privadas de libertad que existen en el
país, sólo el 25%, (2,530) se encuentran en espacios destinados
exclusivamente para población femenina en reclusión. Las mujeres
privadas de libertad no tienen por lo general acceso regular a
servicios de atención ginecológica, anticoncepción y los centros de
detención no están acondicionados para que las mujeres puedan ejercer
su maternidad.
9. La falta de una política de atención a la salud reproductiva de las mujeres que viven con VIH.
Según estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
el VIHSIDA en México existen 59,000 mujeres con VIH, quienes son
víctimas de discriminación en el ejercicio de sus derechos
reproductivos, tales como el acceso a anticonceptivos y el acceso a
servicios integrales de salud reproductiva.
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