Pensiones: pérdidas y vulnerabilidad

Editorial La Jornada

En su reporte correspondiente a mayo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó sobre una pérdida de 80 mil 492 millones de pesos registrada en las cuentas de jubilación de los trabajadores con empleo formal en el país, como consecuencia de la volatilidad de los mercados bursátiles en México y en el extranjero.

Los datos han de contrastarse con los difundidos en un reporte de la propia Consar hace apenas dos meses, en el que se destacaba que los ahorros de los asalariados habían rebasado en marzo de este año la cifra histórica de 2 billones de pesos –equivalente a 13 por ciento del PIB nacional–, de los cuales poco más de la mitad correspondía a aportaciones de los empleados y el resto, a rendimientos netos de inversiones.
En términos comparativos, la pérdida informada por la Consar equivale a una caída de aproximadamente 4 por ciento del valor total del sistema pensionario del país, en un solo mes. Semejante desplome pone en relieve el carácter poco responsable con que se han manejado en los pasados tres lustros los ahorros de los asalariados mexicanos, en coincidencia con la imposición de un sistema de pensiones basado en cuentas individualizadas y bajo la administración de empresas financieras privadas: las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

En dicho esquema, la administración de los recursos para las jubilaciones de los trabajadores ha dejado de ser vista como un factor de seguridad económica y de bienestar social, para convertirse en un instrumento de especulación financiera en beneficio de un puñado de instituciones particulares, en su mayoría extranjeras. Para la mayoría de los asalariados ese viraje ha representado una afectación constante a sus intereses, ya sea a consecuencia de malos resultados en las inversiones que se realizan con sus ahorros en los mercados bursátiles, o bien como resultado de los cobros, injustificablemente altos, que suelen hacer los bancos por concepto de comisiones.

Para las entidades encargadas de administrar esos recursos, en cambio, el sistema individualizado ha representado una enorme oportunidad de negocio y las ha convertido en concentradoras de gran cantidad de dinero, el cual es empleado en préstamos al sector público y al privado, con el respectivo cobro de intereses, y las ha dotado de vastas ganancias como resultado de la especulación financiera con los recursos de sus clientes.

Además de su carácter intrínsecamente inequitativo y nocivo para los trabajadores, el actual modelo de pensiones constituye un factor de vulnerabilidad económica, en la medida en que coloca un volumen significativo de recursos a merced de los vaivenes de la especulación bursátil.

Con el recuerdo fresco de los desbarajustes ocasionados en Estados Unidos y Europa por el colapso de sus respectivos sistemas de jubilaciones, y de las consecuentes afectaciones para los ahorradores y pensionados del vecino país y del viejo continente, es pertinente y necesario que los encargados de la conducción económica del país tomen cartas en el asunto, si no para emprender una reconfiguración del modelo pensionario actual, sí al menos para impedir que los particulares encargados de administrar esos recursos ocasionen, sea por irresponsablidad o por ambición, nuevos quebrantos al patrimonio de los asalariados y a la economía nacional.