México
D.F. 03 jun. 13. AmecoPress.- Inaudito, inexplicable, inaceptable que
los gobiernos de los estados, como el de Tabasco en tiempos de Andrés
Granier, se roben dinero de los fondos para la salud. Es criminal que
hayan desaparecido mil 900 millones de pesos para ese rubro. Tan
tremendo como hace dos años que se supo que un helicóptero que serviría
de ambulancia para emergencias obstétricas se usó para los viajes de un
ex alcalde de Acapulco, o que se haya quemado sin explicación el
archivo contable del dinero que se transfirió desde la federación a
Guerrero y nadie dé cuenta de 100 millones para disminuir la mortalidad
materna. Y qué decir de otras entidades como Chiapas donde aumenta
diariamente la dolorosa muerte de mujeres por enfermedades prevenibles.
Me parece
criminal que los gobiernos estatales desvíen los recursos de la salud.
Me parece inaceptable que se silencien los problemas reales de la salud
de las mujeres para ocuparse sólo de los discursos de la política
femenina según convenga. Hace más de 20 años, por razones de
militancia, estuve muy cerca de una campaña para mitigar las muertes
por cáncer cérvico uterino (cacu), asunto casi olvidado entre los
grupos político-feministas, tan importante como el cáncer de mama (cma)
o tan doloroso como las muertes maternas, casi todo esto relacionado
con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con la necia
negativa a reconocer como problemas de salud pública éstos y el tema de
la interrupción legal del embarazo. Y digo bien.
Hablo de la
muerte de mujeres, vivas, actuantes, productivas, bellas,13 cada día a
causa del cáncer cérvico uterino, mal que por no estar de “moda”, se
nos olvida. Lo grave es que el cacu con atención preventiva y detención
a tiempo podría evitar el deceso de hasta el 97 por ciento de los
casos. Lo tremendo es que a pesar de todos sus programas, métodos y el
dinero que se ha dado a los gobiernos estatales, a 30 años de un
programa de prevención del cacu y avances científicos, en lugar de
disminuir el número de casos aumenta del 29 al 33 por ciento, se trata
de cinco mil 200 mujeres que mueren cada año o sea una cada dos horas,
según las estadísticas.
Sí hablo
totalmente en serio. No es posible que la memoria se llene de tantas
cortinas de humo. Acabo de consultar disque una fuente de noticias
femenina y la última nota sobre este problema data de 2009. De
organizaciones civiles feministas, nada. Se habla, eso sí, de la rutina
hospitalaria y los esfuerzos por dar pláticas a las mujeres para que
ellas se prevengan. Y no hallé ninguna campaña de organizaciones
civiles, como la que hicimos en 1997, hace 13 años. Como si este
problema se hubiera solucionado.
Según los
resultados del Monitoreo de la Atención a la Salud de las Mujeres de
2012, hecho público el 27 de mayo pasado, los exámenes citológicos
pueden tardar hasta cuatro meses y los de tamizaje con uso de
coloscopía puede que nunca se sepa, porque hay muy pocos y el personal
de salud, hasta en más de 25 por ciento, dice que no se atreve a
leerlos por ignorancia.
Volviendo al
monitoreo tiene que ver con la salud integral de las mujeres.
Lamentablemente la noticia de su presentación, se redujo a una frase:
México incumplirá la meta de reducir las muertes maternas. Y el tema de
fondo no se trató en los medios ni tuvo eco entre los grupos de
mujeres, aún cuando es terrible:
a) No hay
estado de derecho. Se incumplen las normas oficiales para atender el
cacu, pero también para atender a las mujeres violentadas; no hay
anticonceptivos suficientes en el 64 por ciento de los puestos médicos,
de cualquier nivel.
b) No hay
coordinación entre los tres sistemas de salud fundamentales: IMSS e
IMSS Oportunidades; ISSSTE y los Servicios Estatales de Salud de la
Secretaría de Salud conocidos como SESA.
c) Hay por
todas partes escasez de organización, control de calidad de los
servicios, medicamentos y aparatos obsoletos, profesionales de la salud
incapacitados y lo más grave los servidores de la salud no tienen idea
cómo orientar a las mujeres o desconocen las normas, los manuales y,
por supuesto, no tienen idea de que es eso de la perspectiva de género.
Lo que revela
el monitoreo que presentaron conjuntamente la Secretaria de Salud,
Mercedes Juan, y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,
Lorena Cruz Sánchez, en un esfuerzo de contar la verdad. El monitoreo,
dice por ejemplo, que tal como hace 20 años son de mala calidad los
reactivos que ayudan a detectar el cacu; que no es homogénea la
vacunación a menores para prevenir este tipo cáncer, reconociento la
fatalidad del contagio del papiloma humano y que es gravísimo, que el
personal de salud ni idea global de la importancia de esta trasmisión.
O sea palabras van y vienen sin tomar cuerpo entre los servidores de la
salud, frecuentemente mal pagados, sin capacitación y por supuesto sin
conciencia.
El monitoreo
de la calidad de los servicios, que la presidenta del INMUJERES
calificó como mapa de ruta o una herramienta de diálogo, realmente es
un documento fundamental, porque evidencia cómo en lugar de avanzar,
tras la verborrea institucional y no institucional, las mujeres son
hasta 50 por ciento más sometidas a césareas innecesarias; aún es
tremendo que se sepa tan poco del cáncer de mama y que el 90 por ciento
de las que llegan a atenderse es gracias a que se autodetectaron el
problema, o sea nada de Estado, ni nada de derechos.
Es probable
que ante este panorama global, no sujeto sólo a una de las cuestiones
de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, haya hecho decir a la
presidenta de INMUJERES que es inaceptable que existan las cesáreas
innecesarias, que se hayan reducido las mastografías para las mujeres,
y que se niegue el derecho a la salud que dijo, “no puede condicionarse
ni arrebatarse”.
Es posible que
estemos ahora haciéndonos un examen de conciencia. Que tuvimos 12 años
de parálisis institucional para la salud y no solamente que nos han
puesto un cerco para acceder al aborto legal, con los cambios
constitucionales, sino que los desvergonzados gobernadores se robaron
el dinero de la salud para las mujeres; que es una simulación eso del
seguro popular y que hubo un gobernador, el de Oaxaca, Ulises Ruiz, que
puso un hospital privado valorado en mil 500 millones de pesos, con el
dinero federal para atender a las mujeres indígenas y campesinas de
aquella entidad.
Es tremendo
que se negocie así con el dinero para la vida y que hipócritamente se
niegue el derecho a interrumpirse un embarazo, o se tenga ese miedo
tremendo de los gobernadores miserables y mezquinos que no quieren ser
el primero o los primeros en reconocer que hay violencia feminicida
contra las mujeres, de consecuencias tremendas, porque será tanto como
reconocer que no han cumplido con la ley, igualito que el caso del
cáncer cérvico uterino, olvidado por las y los que hacen política de
salud, porque no rinde ni en presencia física ni en recursos alternos.
Ahora hay que estar con la educación sexual para las y los
adolescentes.
Quizá lo que
hay que poner en la mesa es que urge atender la salud integral de las
mujeres realmente. Y es como dijo Lorena Cruz, este monitoreo es una
herramienta. Salir con cada cosa a pelear el derecho y pedir rendición
de cuentas, sería un comienzo. No sé porque soy tan mal pensada, pero
seguimos al ritmo que nos tocan. Y diría junto a Ana Güezmes,
representante en México de ONU Mujeres, la salud de las mujeres depende
de variados factores biopsicosociales, depende del lugar que las
mujeres ocupen en la sociedad, o sea, necesitamos buena educación,
empleo decente, acceso a la tierra, a la salud, a las políticas
sociales y al desarrollo. Necesitamos estado de derecho. Que se cumpla
la Constitución, sencillo, una demanda, en lugar de tantas puertas y
tantos precipicios. Veremos.
Foto: Archivo AmecoPress.
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