"Un Estado debe tener herramientas tecnológicas para los fines propios pero utilizar esos instrumentos para penetrar la vida privada es verdaderamente inaceptable", señaló el senador.
(FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO)
Luego de darse a conocer el espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas por parte del gobierno mexicano, el senador Miguel Barbosa aseguró que “en México ya no podemos dejar pasar esto”.
En entrevista para Aristegui CNN, comentó
que “es inaceptable que esto se instale y que continúe como una práctica
común. Es un abuso del poder, es una violación a derechos humanos desde
el ejercicio del poder, desde el gobierno mexicano, así que este tipo
de asuntos son los que provocan la caída de los gobiernos en democracias”.
Adelantó que este miércoles presentará “una propuesta con varios propósitos: primero, citar a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade y al titular del CISEN. ¿Qué queremos de ellos? Conocer si adquirieron o no esa herramienta tecnológica y si la adquirieron, ¿para qué la han utilizado?”. Sin embargo, hasta ahora este punto de acuerdo no ha avanzado en la Comisión Permanente.
Con el malware Pegasus de la empresa israelí NSO Group fue con el que la administración de Enrique Peña Nieto intentó obtener información relevante de los blancos del espionaje. Barbosa dijo que entiende “que un Estado debe tener herramientas tecnológicas para los fines propios, en el caso de la Procuraduría, la persecución de delitos sobre todo crimen organizado y narcotráfico; en el caso del Cisen podrían ser temas de Seguridad Nacional, pero que sean utilizados para violar derechos humanos de personas encargadas de la comunicación, de la difusión de información, utilizar esos instrumentos para penetrar la vida privada y poder encontrar formas de represión, es verdaderamente inaceptable”. “Vamos a abrir una investigación independiente con expertos independientes porque está cancelada la posibilidad de una investigación desde la autoridad misma. En México no existe esa autonomía y esa independencia”, aseveró el legislador. Sobre la respuesta de la Presidencia de la República, en cuanto a que no hay prueba de que el gobierno haya espiado a activistas y periodistas, Barbosa explicó que no es la primera vez que el gobierno muestra una actitud “evasiva con el claro propósito de achicar el asunto”. Señaló como ejemplo el caso Ayotzinapa, el cual se enfrentó a una reacción similar por parte del gobierno pues “las primeras dos semanas quisieron evadir el caso”. “Aquí no hay que excluir que fue un tema sólo de la Procuraduría, sólo de la Secretaría de Gobernación, sólo del Cisen, tenemos que encontrar la forma en que hable de esto el presidente de la república. Ojalá pudiéramos parecernos a otros países donde el Congreso realiza acciones de contrapeso, ojalá pudiéramos tener esa colaboración de poderes para tener esa legalidad de los actos de autoridad”. “Todos en México pueden ser tratados de espionaje”, mencionó Barbosa y apuntó éste es un tema que se debatió durante el proceso de la Ley de Telecomunicaciones: “quien tiene registro de nuestras llamadas y mensajes, son las compañías telefónicas y la autoridad, para fines que la ley prevea y que la autoridad determine, puede consultar un año en línea, el contenido de llamadas y de mensajes, y otro año en archivo, fuera de eso ya no hay posibilidad pero hay compañías que retienen esa información y la entregan para fines políticos y verdaderos de espionaje”. Barbosa apuntó la importancia de esclarecer el caso pues “es un asunto muy grave porque la anormalidad en México está instalada, todo acto de violación a la ley, comportamientos políticos de abuso los aceptamos como normales. Nos instalamos en la anormalidad y así transitamos en la vida pública”. Un caso similar al que se descubrió en México, tuvo lugar en Panamá bajo la administración de Ricardo Martinelli quien está bajo investigación por intervenciones telefónicas con “tres máquinas de espionaje valoradas alrededor de 22 o 23 millones de dólares”, señaló el periodista Rolando Rodríguez, “mismas que están perdidas desde que el ex presidente dejó el poder. “Es mucho dinero que además salió de forma irregular porque las compañías que proporcionaban el servicio de espionaje, se preocupaban de que los gobiernos no dejaran huella en sus actividades y era bastante grave aquí en Panamá”, finalizó. |
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