Según un oficio elaborado por la Policía Federal, la corporación no ha
iniciado ningún proceso de investigación interna ni tampoco sancionado a
alguno de los 400 agentes que participaron en el operativo de
Nochixtlán.
A
un año del operativo en el poblado de Nochixtlán, en que agentes de las
policías Federal y Estatal de Oaxaca supuestamente “desarmados”,
abrieron fuego contra la población civil, y dejaron siete vecinos muertos y más de 50 personas heridas, ningún policía involucrado ha sido investigado ni sancionado hasta la fecha.
La Policía Federal informó el pasado 2 de mayo, a través de un oficio, que la
corporación no ha iniciado ningún proceso de investigación interna, ni
tampoco ha aplicado ninguna sanción en contra de alguno de los 400
agentes que participaron en el operativo, ni siquiera contra
aquellos que, tal como se comprobó después, sí portaban y accionaron
armas largas y cortas, contra la población.
Un día después del operativo, el entonces coordinador de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que tanto policías federales como estatales (otros 400 agentes) acudieron al operativo sin armas de fuego, y que únicamente portaban su equipo antimotín.
En ese mismo momento, el
entonces secretario de Seguridad de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez,
subrayó que, antes de que iniciara el operativo, “a través de un notario
(público) se certificó que ninguno de ellos (los 800 policías) portara
armas de fuego, en estricto cumplimiento al protocolo de actuación policial”.
Sin embargo, la
Gendarmería (de la Policía Federal) y la Procuraduría General de la
República (PGR) informaron al Senado, en agosto de 2016, que al menos 62
uniformados que participaron en el operativo policiaco en Nochixtlán sí
portaban armas de fuego.
–32 policías federales usaron 22 armas largas y 32 cortas.
–30 policías estatales usaron 11 armas largas y 21 cortas.
Aunque las policías Federal y Estatal de Oaxaca aseguraron haber entregado estas armas a la PGR para su análisis,
estas entregas se hicieron en días posteriores al operativo, lo que
impide verificar si el armamento proporcionado fue realmente el mismo
que se usó en Nochixtlán.
Las armas
entregadas fueron sometidas a peritajes, para determinar si alguna de
ellas fue usada para asesinar o herir a alguna de las víctimas del
operativo. Las pruebas concluyeron en agosto de 2016
(cuando fueron presentados por la PGR al Senado), pero sus resultados no
han sido publicados por las autoridades, ni tampoco por el Poder
Legislativo.
Lo único confirmado es que ninguno de los policías que portó las armas ha sido procesado bajo cargo alguno.
Tampoco ha sido aclarado cuándo ni cómo fue planificado este operativo
policiaco, que según las autoridades fue producto de la coordinación
entre los gobiernos federal y estatal.
En la conferencia de prensa rendida por las autoridades, un día después de los hechos, el
titular de la Secretaría de Seguridad de Oaxaca aseguró que “el
gobierno del estado tomó la decisión de solicitar la coadyuvancia de la
Policía Federal, para que nos auxiliara en el desalojo de este
bloqueo carretero (ubicado en Nochixtlán, y que dio origen a la
movilización policiaca)”.
Asimismo, el
entonces titular de la PF aseguró que “recibimos solicitud del gobierno
del estado para hacer una intervención policial coordinada,
planeada de manera conjunta, para la recuperación de la vía que conecta
la Ciudad de México con la ciudad de Oaxaca, concretamente en el
municipio de Nochixtlán”.
Sin embargo, la
misma Policía Federal reconoció a través de un oficio que no existe en
sus archivos ningún tipo de registro sobre la solicitud de apoyo,
supuestamente presentada por el gobierno de Oaxaca, ni de las acciones
de planeación y coordinación entre la PF y la Policía Estatal previas al
operativo.
Señalan que el 19 de
junio de 2016, “el personal de esta Policía Federal no fue comisionado
hacia aquella entidad para registrar evidencia de ninguna índole:
videos, fotografías, etcétera“.
En el mismo documento, la PF justifica la “inexistencia” de la solicitud de colaboración, al decir que “tiene
jurisdicción plena para actuar en las carreteras federales, incluyendo
la ‘súper carretera’ (bloqueada a la altura de Nochixtlán)“.
Peor
aún, este oficio revela que el día de los hechos la Policía Federal no
intentó documentar “evidencia” de los supuestos hechos delictivos que
motivaron el operativo, ni tampoco del actuar de sus agentes.
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