A 2 días de cumplirse
1 año de la masacre en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de ocho
civiles muertos y más de 100 heridos, la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al gobierno
mexicano realizar una investigación exhaustiva y proveer garantías de no
repetición.
Las instituciones de derechos humanos realizaron un recorrido
conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, Oaxaca, para observar
los avances en las investigaciones y las garantías brindadas a la
población afectada.
Al terminar el recorrido, condenaron los hechos y llamaron al
diálogo. “Las instituciones suscritas exhortan a las autoridades
federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las
víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la
reparación integral del daño y a la justicia”.
También recordaron “a las autoridades que todo operativo policial
debe tener como premisa esencial el respeto del derecho a la vida e
integridad física y planificarse e implementarse con estricto apego a
los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego,
incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad”.
Y es que el 19 de junio de 2016 fueron elementos de la Policía
Federal y estatal quienes habrían acribillado a los manifestantes (en su
mayoría, maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación que se oponen a la reforma en la materia).
De acuerdo con el comunicado conjunto, para la DDHPO, la CNDH y la
ONU-DH, “cualquier uso de fuerza por parte de las autoridades que cause
heridos o muertos debe ser investigado de manera exhaustiva, diligente e
imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y
penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos
superiores que participaron directamente en los hechos”.
Por ello, las tres instituciones “exhortan a las autoridades de
procuración de justicia a cimentar y concretar su actuación ante la
ausencia de resultados de las investigaciones realizadas. Es cierto que
los operadores de procuración de justicia han tenido dificultades de
acceso al lugar de los hechos por la falta de confianza expresada por la
población en las autoridades encargadas de la investigación. No
obstante lo anterior, ésta debería poder identificar las fallas que
ocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en este sentido
y las personas presuntamente responsables. Como medidas de no
repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora
de los protocolos de las fuerzas de orden público, tanto estatales como
federales”.
Para las instituciones firmantes, los hechos de Nochixtlán “deben ser
interpretados en el contexto histórico y social de Oaxaca. El rezago en
el goce igualitario de los derechos humanos, en particular los derechos
económicos, sociales y culturales, históricamente ha generado un clamor
de justicia social que no ha sido debidamente atendido. Las causas
estructurales que propician situaciones que pueden tornarse violentas
deben ser abordadas de forma efectiva”.
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