Apenas el pasado 6 de junio, el sistema judicial del Estado de México informó a Carmen Zamora por qué Claudio Baruch Alarcón Muñoz, quien la violó e intentó asesinarla hace 10 años, no fue condenado a prisión y está libre desde noviembre pasado, con riesgo a que la vuelva a agredir.
Entre los argumentos que dio el Magistrado Cuarto Colegiado Penal de Toluca --entregados a Carmen siete meses después del fallo, aunque su derecho era saberlos desde la sentencia-, están que ella no podía ser víctima de esos delitos por parte de su agresor y entonces esposo, ya que es académica y activista.
Así lo explica el magistrado Venancio Pineda en la revisión 292/2016 al amparo de libertad interpuesto en agosto de 2016 por la defensa del acusado, de la cual Cimacnoticias tiene copia:
“En el contexto de interpretación de perspectiva de género”, Zamora Villedas no pudo ser víctima de violación e intento de asesinato en 2007, “por una mayor preparación académica y profesional como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en comparación con su agresor “que se desempeñaba como mesero y luego como agente de seguridad en el Servicio de Administración Tributaria”.
Además, a consideración del magistrado Venancio Pineda, por ser activista y defensora de Derechos Humanos, “toma decisiones y realiza acciones que demuestran que no tiene actitud de subordinación o posición sojuzgada, en tanto denota una capacidad de autodeterminación, lo que fue motivo -continúa el documento- de sus conflictos de pareja”.
Dieron fe y firmaron la resolución los magistrados: Darío Carlos Contreras Reyes, y el ponente Humberto Pineda, ante el secretario Juan Eduardo Bazán García. La única que se opuso fue la magistrada Sara Olimpia Reyes García.
UNA DÉCADA DE IMPUNIDAD
Esta resolución, dice Carmen Zamora Villedas en entrevista, revela “lo misóginos que son los jueces” y “que no saben juzgar con perspectiva de género”. “¡Cuánta impunidad!, agrega, tengo una falta total de credibilidad en todas las instituciones de justicia desde la local hasta la federal”.
Carmen recuerda que cuando presentó, en marzo de 2007, la primera denuncia en contra de su exesposo por violación sexual e intento de feminicidio por asfixia, en Ecatepec, el personal del Ministerio Público le dijo que “eso le pasaba por estudiar”.
Recuerda que la decisión de los magistrados, cuyos argumentos recién conoce, deriva de la apelación contra la negativa que dio en abril el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delitos Distrito Judicial de Ecatepec, para aprehender nuevamente a Claudio Alarcón.
De nada sirvió, dice, que haya demostrado ser víctima de las agresiones de Alarcón Muñoz con peritajes en psicología, y victimología, donde se indica que “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”, y que entregó también un certificado médico donde constan las heridas que le dejó la violación.
Dicha información la ingresó en su carpeta de investigación perfeccionada en abril de 2017 al Juzgado Segundo para buscar revocar la sentencia de libertad.
Sin embargo, ese mismo mes, el juzgado determinó que las pruebas no eran suficientes y que el desgarre que presentaba “era antiguo” por lo que no se podía determinar que lo ocasionó Alarcón Muñoz y, por tanto, no podía aprehenderlo de nuevo.
Ninguna prueba ha sido suficiente para los jueces, dice Carmen Zamora, quien agotó todas las instancias de un sistema que tiene la obligación de garantizarle justicia, protegerla.
Más aún, porque su caso está ubicado en el Estado de México (Edomex), al que en agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) le decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios, incluido Ecatepec, donde ella reside y en donde ahora también busca justicia para otras mexiquenses, ante un sistema donde priva la impunidad, corrupción y la violencia institucional, señala.
LA FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
De su experiencia surgió la “Fundación Carmen Zamora”, un proyecto creado por ella para acompañar a las mexiquenses víctimas de violencia de género. Se trata, dice, de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, un trabajo que es obligación del Estado pero que este se niega a asumir. Aunque esto la coloque en mayor riesgo.
Sabe del riesgo no solo porque su agresor sigue en libertad y porque la familia de éste la ha agredido, sino también porque desde abril de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México le retiró las medidas de seguridad que le había otorgó el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras determinar que estaba en “peligro extremo”.
La CES Edomex decidió que Carmen hacía uso indebido de las unidades policiales al trasladar a las mujeres que acompaña solidariamente, a pesar de que dichas acciones estaban contempladas en las actividades que hace como defensora.
Le reiteraron la negativa a tener protección en una reunión, el 25 de mayo de 2017, con el comisionado de la CES, Eduardo Valiente Hernández, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Estos servidores públicos sólo le ofrecieron que “si necesitaba algo”, estaba su personal.
Recuerda que la decisión de los magistrados, cuyos argumentos recién conoce, deriva de la apelación contra la negativa que dio en abril el Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Delitos Distrito Judicial de Ecatepec, para aprehender nuevamente a Claudio Alarcón.
De nada sirvió, dice, que haya demostrado ser víctima de las agresiones de Alarcón Muñoz con peritajes en psicología, y victimología, donde se indica que “presenta síntomas asociados con víctimas de violencia sexual”, y que entregó también un certificado médico donde constan las heridas que le dejó la violación.
Dicha información la ingresó en su carpeta de investigación perfeccionada en abril de 2017 al Juzgado Segundo para buscar revocar la sentencia de libertad.
Sin embargo, ese mismo mes, el juzgado determinó que las pruebas no eran suficientes y que el desgarre que presentaba “era antiguo” por lo que no se podía determinar que lo ocasionó Alarcón Muñoz y, por tanto, no podía aprehenderlo de nuevo.
Ninguna prueba ha sido suficiente para los jueces, dice Carmen Zamora, quien agotó todas las instancias de un sistema que tiene la obligación de garantizarle justicia, protegerla.
Más aún, porque su caso está ubicado en el Estado de México (Edomex), al que en agosto de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) le decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios, incluido Ecatepec, donde ella reside y en donde ahora también busca justicia para otras mexiquenses, ante un sistema donde priva la impunidad, corrupción y la violencia institucional, señala.
LA FUNDACIÓN CARMEN ZAMORA
De su experiencia surgió la “Fundación Carmen Zamora”, un proyecto creado por ella para acompañar a las mexiquenses víctimas de violencia de género. Se trata, dice, de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, un trabajo que es obligación del Estado pero que este se niega a asumir. Aunque esto la coloque en mayor riesgo.
Sabe del riesgo no solo porque su agresor sigue en libertad y porque la familia de éste la ha agredido, sino también porque desde abril de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México le retiró las medidas de seguridad que le había otorgó el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras determinar que estaba en “peligro extremo”.
La CES Edomex decidió que Carmen hacía uso indebido de las unidades policiales al trasladar a las mujeres que acompaña solidariamente, a pesar de que dichas acciones estaban contempladas en las actividades que hace como defensora.
Le reiteraron la negativa a tener protección en una reunión, el 25 de mayo de 2017, con el comisionado de la CES, Eduardo Valiente Hernández, la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Estos servidores públicos sólo le ofrecieron que “si necesitaba algo”, estaba su personal.
LA ÚLTIMA HERRAMIENTA
Carmen Zamora sabe que el Juzgado seguirá revocando las apelaciones que presente, pero se niega a desistir. Y aunque tiene miedo de que su caso, con el tiempo caiga en la impunidad, como muchos otros en la entidad mexiquense, dice: “me voy a defender sola, me voy a poner a estudiar Derecho, lo voy a llevar hasta donde tenga que ser”.
Hoy, la Fiscalía Especializada de Feminicidios tiene una carpeta de investigación para que el caso de Carmen Zamora sea investigado como intento de feminicidio y no como violación sexual agravada. La última herramienta para que Carmen acceda a la justicia después de diez años.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Carmen Zamora sabe que el Juzgado seguirá revocando las apelaciones que presente, pero se niega a desistir. Y aunque tiene miedo de que su caso, con el tiempo caiga en la impunidad, como muchos otros en la entidad mexiquense, dice: “me voy a defender sola, me voy a poner a estudiar Derecho, lo voy a llevar hasta donde tenga que ser”.
Hoy, la Fiscalía Especializada de Feminicidios tiene una carpeta de investigación para que el caso de Carmen Zamora sea investigado como intento de feminicidio y no como violación sexual agravada. La última herramienta para que Carmen acceda a la justicia después de diez años.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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