Las elecciones de 2015 y las locales de 2016 dejaron evidencias de lo endeble del diseño institucional, que coloca a los organismos públicos locales electorales (OPLE) bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral, pero para su fortuna han sido holgadas las diferencias entre el primero y segundo lugares en prácticamente todas las elecciones de gobernador –salvo la de Colima, que finalmente fue anulada aunque por causas atribuibles a la intromisión del gobierno estatal.
Las elecciones recientes dejaron bajas (la salida de secretarios ejecutivos en algunos OPLE e incluso la destitución de todos los integrantes del Consejo General del órgano electoral de Chiapas) y provocaron muchos ajustes en las reglas de operación institucionales; pero los problemas operativos no provocaron un cuestionamiento serio de la limpieza de los procesos electorales.
Desde antes del inicio de los procesos electorales de este año se sabía que las elecciones de gobernador en los estados de México y Coahuila serían muy complicadas, tanto por lo competidas como por el hecho de que son entidades en las que no ha habido alternancia en el Ejecutivo estatal.
En este sentido las previsiones se cumplieron, particularmente en el Estado de México: la intervención de los gobiernos federal y estatal fue descarada y permanente. Los resultados de los dos conteos rápidos muestran que, en el caso mexiquense, la diferencia entre el porcentaje inferior del rango de votación del primer lugar y el superior del segundo era de apenas 1.22 puntos porcentuales, mientras que en Coahuila los rangos se traslapaban.
La situación se agravó por los errores de operación que impactaron directamente en la calidad del proceso electoral, como fueron las fallas y demoras en el proceso de registro y acreditación de los representantes de los partidos políticos, lo que se tradujo en que el día de la jornada electoral varios de ellos no pudieran cumplir con su trabajo. Ésta era una asignatura que había sido totalmente superada, una labor de rutina que las autoridades electorales ya dominaban a la perfección y que en este proceso electoral se convirtió en el primer escollo.
Aunque la falla es grave, porque deja indefensos a los partidos políticos al no poder presenciar la jornada electoral en todas las casillas ni contar con todas las actas, fueron peores las que se presentaron en el manejo de los PREP. En el caso de Coahuila, resulta inverosímil que apenas se haya superado 70% de las casillas capturadas, pero es peor todavía que el PREP señalara durante varias horas que había alcanzado ya el 100%, lo que desató la justificada indignación de los opositores y fue decisivo para unir a todos los candidatos distintos al PRI. En el del Estado de México las discrepancias entre las cifras que muestran las imágenes de las actas de escrutinio y los números capturados, en el caso del candidato de la coalición que encabeza el PRI, son evidentes, así que le tocará a la autoridad electoral aclararlas.
Todavía peor es el manejo de los paquetes electorales que hicieron las instancias distritales del instituto coahuilense, pues de acuerdo con lo denunciado por todos los excandidatos a la gubernatura opositores al PRI, aquellos fueron violados, lo cual desde luego implica que pudieron ser alterados. El sólo hecho de que haya elementos que permitan suponer la manipulación de los mismos implica un retroceso de más de un cuarto de siglo, pues supone regresar a las prácticas previas a la creación formal del Instituto Federal Electoral y sus correspondientes órganos estatales. Es revivir el fraude electoral de 1988, cuando se robaron, alteraron y sustituyeron paquetes electorales.
El panorama es aterrador de cara a la elección de 2018. La organización de la federal será complicada en sí misma, tanto por lo competido (se espera una diferencia mínima entre los dos primeros lugares) como por la previsible intromisión de las distintas instancias de gobierno para tratar de apoyar a sus compañeros de partido o coalición; pero también porque habrá elecciones concurrentes en 30 estados de la República Mexicana (las únicas dos entidades que no tendrán ningún proceso electoral son Baja California y Nayarit), de las cuales nueve serán de gobernador. La complejidad del proceso es evidente.
Y si a esto se le agrega la incompetencia de la autoridad electoral, que comete errores en procedimientos que deberían ser rutinarios (como es el registro y acreditación de los representantes de partido, la operación del PREP y la custodia de los paquetes electorales, entre los más evidentes), los riesgos de que los conflictos se salgan de las instancias institucionales son mayores.
Hasta hoy todo indica que los institutos políticos y candidatos apuestan a dirimir los conflictos postelectorales en las instancias jurisdiccionales competentes, pero las manifestaciones multitudinarias ya se hicieron presentes en las calles de Saltillo, precisamente por la pésima actuación de la autoridad electoral administrativa. El pésimo manejo de las actuales elecciones estatales por las instancias administrativas (particularmente en el Estado de México y Coahuila) obligará a las instancias jurisdiccionales a una actuación casi perfecta para disipar todas las dudas, corregir todos los errores o, incluso, anular elecciones para evitar que los ánimos se desborden.
El momento es crucial, el desenlace es incierto y será un parteaguas en la vida electoral del país.