La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) recomendó
a la Procuraduría General de Justicia capitalina realizar un plan
integral donde explique cómo va a continuar la investigación del
asesinato de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia
Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa
Becerril, asesinados el 31 de julio de 2015.
Con un retraso de dos años desde que ocurrió el homicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, finalmente la CDHDF presentó la Recomendación 4/2017 donde expone 18 puntos, entre estos un exhorto a la Procuraduría capitalina para actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y en casos de agravios a periodistas, dos características que se dieron este caso.
En la recomendación, que se dirige al procurador, Rodolfo Ríos Garza, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto Pérez, se pide agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos de Nadia Dominique Vera Pérez y el trabajo periodístico de Rubén Manuel Espinosa Becerril.
Al presentar el documento, sin la presencia de las familias de todas las víctimas y sus representantes legales, la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dijo que se violaron diversos derechos, entre ellos a una vida libre de violencia para las mujeres y al debido proceso, por lo que señaló necesario sancionar a los culpables del crimen y a los responsables de la filtración de información, además de que la autoridad ofrezca un acto de reconocimiento de responsabilidad.
En su momento, las familias de las victimas expusieron las irregularidades de la investigación, por ejemplo, que información del caso fuera filtrada a medios de comunicación, lo que provocó un prejuzgamiento de lo sucedido y culpabilizar a las mujeres, acusándolas, en un caso, de estar inmiscuida en problemas de drogas, en otro de ser extranjera y, a una más de ser trabajadora del hogar.
DIEZ INCONSISTENCIAS
Más tarde, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña, abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y coadyuvantes en el caso de la activista Nadia Vera, expusieron 10 inconsistencias de la Procuraduría en su intento por demostrar que el crimen fue causado por un robo por un problema de drogas.
Los abogados también lograron, a través de un proceso judicial, que el caso se investigara por el delito de feminicidio, toda vez que al conocer el homicidio las autoridades locales lo analizaron como homicidio a pesar de las huellas de violencia y tortura hacia las mujeres.
Por ello, el organismo también llamó a la Procuraduría a emitir un documento donde fije cuál será la fiscalía, agencia o unidad de investigación debe conocer los asuntos relacionados con personas o colectivos en vulnerabilidad. Y es que en el caso Narvarte la investigación la llevó la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios, a pesar de que se trataba de probable feminicidio y un ataque relacionado con la libertad de expresión.
Asimismo, en un plazo que no exceda 60 días naturales, la autoridad debería actualizar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y el Protocolo para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas, acorde con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, caracterizado por los juicios orales.
Cabe decir que, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de 2014 a 2015, se registraron 25 casos de agresiones a mujeres periodistas; y sobre este multihomicidio documentó que hubo un trato periodístico amarillista, según lo constata a través de un seguimiento de las notas publicadas en los medios.
#Justiciaporlxs5 | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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