¿A quién le sirve fragmentar la visión de la violencia que vivimos en México o la que está arrasando con países enteros? ¿Por qué medios y gobierno tienden a presentar por separado las atrocidades del crimen organizado, los homicidios dolosos y los casos de feminicidio o los crímenes de odio como si se tratara de fenómenos desligados que sucedieran cada uno por muy peculiares razones en burbujas separadas? ¿Por qué, pese a décadas de estudios sobre violencia y derechos humanos, desde el Estado persiste la adopción de medidas descoordinadas y hasta contradictorias para enfrentar (supuestamente) la violencia del crimen organizado, la expansión de la criminalidad común, y las violencias machistas en espacios públicos o privados en vez de diseñar políticas integrales efectivas?
¿Por qué, por otro lado, en pleno siglo XXI, hay quienes parecen ignorar al machismo como factor común en la estigmatización y degradación del “otro/a”. ¿A quién beneficia fragmentar las violencias?
La presentación fragmentada de las violencias en el mundo tiene consecuencias. En México contribuye, entre otros, a dispersar las luchas contra ellas, sobre todo desde que, en vez de modificar el rumbo, el gobierno actual apostó por la militarización y la minimización de las violencias -extrema o cotidianas- y por la polarización y manipulación como hilo conductor del discurso oficial.
Como si no viviéramos desde 2007 en un clima de violencia extrema cada vez más normalizada, como si la impunidad del feminicidio desde los años 90 no hubiera favorecido la reproducción e intensificación de la violencia misógina, como si el machismo no conllevara ideas y conductas adversas a los “otros” (lo femenino, las masculinidades no conformes al modelo heterosexual blanco), persiste la tendencia, también en la sociedad, a ver por separado masacres y lesiones, asesinatos, crímenes de odio, agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Peor aún, persisten discursos sociales que atribuyen los crímenes a la “súbita”, acaso “inexplicable” , crueldad de un grupo criminal, a la maldad de un “monstruo” (¿ajeno a la sociedad?), a discursos de odio (¿salidos de la nada?) o a la socorrida “crisis de valores familiares” con que se suele estigmatizar a las mujeres. Así se elude la responsabilidad institucional y social, por acción y omisión.
Los estudios de la violencia y los Derechos Humanos han documentado la necesidad de articular las violencias, de encajar sus distintas manifestaciones en un sistema necropolítico y/o en el marco del machismo exacerbado y/o del Estado represor.
El feminismo ha señalado, dentro del sistema patriarcal, las violencias específicas que afectan a las mujeres, a las niñas y niños, y, en décadas más recientes, a las personas no heterosexuales, no binarias, etcétera. Por eso, por ejemplo, se habla de feminicidio, para hacer visibles sus particularidades como asesinato de una mujer (por un hombre) por razones de género. Del mismo modo, un crimen por homofobia o transfobia remite al asesinato de una persona no heterosexual o trans por su orientación o identidad de género. No son idénticos pero están ligados: se derivan del machismo, de la estigmatización del “Otro/a”, y de la impunidad.
Que en redes sociales, grupos de la sociedad civil (y, en estos días entre actores políticos), se intente contraponer la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos de las personas trans o se pretenda usar el atentado contra la defensora trans Natalia Lane para cargar contra ciertos “discursos transfóbicos” sin hacerse cargo del machismo institucional/izado y de la indiferencia gubernamental ante la violencia extrema, no contribuye a explicar ni a desactivar estas violencias.
El ensañamiento contra hombres, mujeres o personas no binarias se relaciona con los discursos de odio pero también con la tolerancia social ante la violencia y con la impunidad que el Estado permite o promueve.
Conocer y conectar las causas de las diversas violencias es un primer paso para fortalecer desde la diversidad la necesaria lucha por los derechos humanos y la igualdad.
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