El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres pone de manifiesto el fracaso de los sistemas regulacionistas de la prostitución
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres puso de relieve, en sus aportaciones, el sistema despenalizador del proxenetismo en España, estatus que los partidos de la coalición de gobierno piensan mantener.
Del informe final de la Relatora destaca su señalamiento del fracaso de los sistemas regulacionistas implantados en países como Alemania, Austria o Suiza. En estos países, señala la Relatora, “el Estado legaliza, organiza, regula y se beneficia de la prostitución ajena”. Pero, “las supuestas intenciones de desestigmatizar a las mujeres prostituidas, “crear puestos de trabajo” con seguridad social, mejorar las condiciones de atención sanitaria, reducir la violencia y frenar las redes delictivas no se han conseguido con este enfoque. Por ejemplo, en Alemania, de las 250.000 mujeres prostituidas estimadas, solo 28.280 se habían registrado ante las autoridades a finales de 2022, y solo 50 de ellas tenían un contrato de trabajo oficial”.
En Suiza, continúa el informe, los ingresos anuales generados por la industria del sexo se estiman en 3.200 millones de francos suizos. Este planteamiento ha provocado un aumento significativo de las mujeres extranjeras que ejercen la prostitución, en su mayoría procedentes de países de Europa del Este con dificultades económicas y del Sur Global. Esas mujeres rara vez obtienen contratos de trabajo a pesar de que la ley reconoce la prostitución como empleo, y están sometidas a servidumbre por deudas con sus proxenetas y tratantes.
La legalización de la prostitución “aumenta la demanda, fomenta la violencia contra las mujeres y las niñas y debilita las herramientas necesarias para que las fuerzas de seguridad vigilen, persigan y enjuicien a los autores, incluidos los tratantes y otros terceros explotadores. Los tribunales pueden tratar las situaciones de violencia en la prostitución como “incidentes laborales” y la violación de mujeres prostituidas por parte de compradores de actos sexuales como “robo de servicios”.
Al eliminar la ilegalidad de terceros, señala el informe de la Relatora, “la despenalización ha ayudado a los tratantes, ha impulsado el turismo sexual y ha ampliado el tamaño global del mercado de la prostitución.
“La elevada y continua demanda crea un enorme incentivo para que los explotadores trafiquen y exploten a mujeres vulnerables, no ha logrado desalentar las prácticas sexuales inseguras y ha ampliado el espectro de “ofertas” para incluir incluso a mujeres embarazadas, además de atraer a mujeres jóvenes vulnerables al comercio sexual”.
Frente a los efectos de la regulación, Reem Alsalem recoge también los resultados del enfoque abolicionista de países como Canadá, Francia, Irlanda y Suecia, que penalizan a tratantes y compradores y despenalizan a las mujeres prostituidas.
Este enfoque ha demostrado resultados positivos concretos al mejorar la situación de las mujeres explotadas o en riesgo de serlo y disuadir a los compradores y a terceros. En Suecia no se han registrado asesinatos de mujeres prostituidas a manos de compradores o proxenetas, y un gran porcentaje de mujeres han salido con éxito del sistema con el apoyo de organizaciones especializadas.
En Canadá ha disminuido notablemente el número de asesinatos de mujeres prostituidas y el de mujeres culpables de delitos menores. Francia ha multado a casi 8.000 compradores y aumentado las indemnizaciones a las víctimas como consecuencia de un aumento del 54 % en los procedimientos contra proxenetas y compradores.
La obligación legal de tratar a las mujeres prostituidas como víctimas con derecho a protección y derechos se ha traducido en la expansión de los servicios de apoyo a las víctimas patrocinados por el Estado.
Las conclusiones del informe de la Relatora Especial no dejan lugar a interpretaciones sobre el verdadero carácter de la prostitución:
– Un sistema de explotación y una forma agregada de violencia masculina contra mujeres y niñas.
– Los niveles extremos de violencia infligidos a las mujeres prostituidas—que nunca se aceptarían en otros contextos— están cubiertos por una transacción financiera, diseñada para materializar un supuesto “consentimiento” que no puede expresarse libremente en el sistema de la prostitución.
– Los intentos de ignorar las causas y consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas y para la sociedad en general son una extensión de la normalización histórica del papel estereotipado de la mujer en la sociedad y de la mercantilización de las capacidades sexuales y reproductivas femeninas.
– Los Estados deben evitar convertirse en “Estados proxenetas” aboliendo las leyes que permiten, toleran o condonan la violencia y la explotación en el sistema de la prostitución y la pornografía. Además, los Estados tienen la responsabilidad de proteger, asistir y amparar a las víctimas de la prostitución.
Los partidos que hace solo unos días votaron en el Congreso contra la penalización de proxenetas y puteros han asumido que no están dispuestos a acabar con esta violencia.
Por nuestra parte, iniciamos una campaña de difusión del informe de la Relatora Especial que sitúa la prostitución como una forma extrema de explotación de mujeres y niñas.
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres atendió el llamado de la Relatora a participar en su informe y centró su contribución en poner de relieve cómo España tiene, de facto, un sistema despenalizador en el que el proxenetismo queda impune, estatus que los partidos de la coalición de gobierno piensan mantener. Nuestro país solo castiga el proxenetismo extremadamente violento mientas que esta permitiendo de facto el lucro de terceros de la prostitución ajena, contraviniendo los acuerdos internaciones suscritos por España. Es imprescindible, para poner freno al aumento de creciente del negocio de la explotación sexual, la penalización de las tercería locativa -obtención de beneficio de la prostitución ajena mediante el alquiler del local donde se ejerce-
Como señalábamos en nuestras aportaciones, en España solo se castiga a las personas que se lucran a través de la explotación sexual si la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad personal o económica o si la víctima está sujeta a condiciones abusivas, gravosas o desproporcionadas. La interpretación de estos requisitos queda a criterio judicial y estos están dejando sin condena a casi todos los proxenetas.
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