Nada que festejar este 8 de marzo: defensoras

NACIONAL

FEMINISMO

   DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

   Llaman a organizarse y defender derechos vulnerados

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Con la conciencia clara de que este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer no hubo nada que celebrar, ya que las mexicanas aún son vistas como objetos, criminalizadas por ejercer su derecho a decidir, y asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres, activistas se reunieron para analizar retos pendientes en aras de la igualdad de género.

El Salón Esperanza del restaurante El Cardenal, en esta capital, fue sede del evento conmemorativo organizado el sábado 8 de marzo por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Defensoras de los derechos de las mujeres se reunieron con las y los integrantes de la asociación, que desde el ámbito legal ha acompañado y defendido los movimientos de resistencia y exigencia de justicia de las mexicanas.

Al inaugurar el acto, Karla Micheel Salas, presidenta de la ANAD, dijo que el movimiento que las mujeres sindicalistas iniciaron en defensa de sus derechos laborales en el siglo XIX aún no ha terminado, y por el contrario debe de ampliarse pues a las trabajadoras se les siguen negando sus garantías mínimas, como es el derecho a una vida libre de violencia o al empleo digno.

Destacó que el movimiento feminista logró modificar o en su caso crear leyes a favor de las mujeres, pero con el paso del tiempo éstas se han quedado sólo en el papel, pues en los juzgados persiste una visión estereotipada y sin perspectiva de género, en la que “el dicho de las mujeres no tiene valor”, tal y como ocurrió en el reciente caso de la joven Yakiri Rubio Aupart, víctima de violación y acusada del homicidio de su agresor.

Tal situación, advirtió Salas, ayuda a incrementar las cifras de violencia contra las mujeres. También denunció en México una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia sexual, y el 85 por ciento de ellas “fueron agredidas por personas que se suponía tendrían que cuidar de ellas, lo que demuestra que no existe un lugar donde puedan estar completamente seguras”.

Finalmente, aclaró, el 8 de marzo tampoco debe ser visto como un día de lamento, sino como recordatorio a los poderes, gobierno y el resto de la sociedad de que las mujeres somos humanas y seguiremos resistiendo y defendiendo nuestros derechos.

Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Contra la Trata de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por sus siglas en inglés), recordó que desde hace varias décadas las feministas emprendieron una lucha para lograr que se reconocieran las agresiones y violaciones sexuales maritales como delitos, y para visibilizar que la trata de personas afecta en mayor medida a mujeres y niñas.

Edith Ramírez Ramírez, directora de Equidad y Género de la ANAD, criticó que las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sexualidad y maternidad sean criminalizadas, pues al mismo tiempo que se penaliza su derecho a interrumpir un embarazo, se castiga de manera menos notoria a quienes deciden ejercer su maternidad.

Explicó que en las mujeres recae la carga de trabajo doméstico, el cuidado de las y los hijos, y en muchos casos enfrentan discriminación laboral durante su embarazo. Igualmente, si deciden o se ven obligadas a seguir trabajando tampoco acceden a servicios como guarderías, horarios laborales adecuados o prestaciones.

María Juárez González, esposa de Armando Gerónimo Rafael, desaparecido en Cherán, Michoacan, en 2011, por intentar detener a los talamontes, dijo que ante la injusticia y el miedo las mujeres no pueden darse por vencidas, sino empezar movimientos de defensa para beneficiar a sus comunidades e inspirar a otras mexicanas.

Mariana Flores, joven que en 2010 con apenas 18 años decidió alzar la voz y denunciar la violencia en San Juan Copala, Oaxaca, invitó a las y los presentes a recordar que los cuerpos de las mujeres en muchas ocasiones “han pagado la factura”, por lo que la exigencia de justicia no se debe detener hasta que todos los crímenes y delitos sean aclarados.
 

Como ya no se casó, obligan a indígena adolescente a emigrar

LA OTRA RUTA MIGRATORIA

La Otra Ruta Migratoria

   A sus 16 años, Francisca “es una carga” para la familia

Por: Isabel Ortega Morales, corresponsal

Cimacnoticias | Copanatoyac, Guerrero.- 

En comunidades de la región de La Montaña las mujeres a los 16 años de edad pierden valor ante los hombres para casarse, por lo que se ven obligadas o las obligan a migrar, como es el caso de Francisca Alvarado Calleja.

Las madres y padres de familia ven como una carga a las adolescentes cuando cumplen 16 años, por lo que ellas tienen que trabajar para ganarse la comida y el alojo en su propia casa.

A Francisca no le consultaron si quería o no salir de su natal Potuichán, una comunidad del municipio guerrerense de Copanatoyac, considerada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como una de las cinco poblaciones del estado con muy alta marginación.

Una mañana los padres de la joven le dijeron que “la próxima semana se iría con su tío”. No tuvo oportunidad de preguntar ni de protestar. Ella dice que no sintió nada, salvo que “podía salir de la comunidad para tener dinero”, algo que para todos los que salen de ahí es un asunto de sobrevivencia.

El destino de Francisca es Estados Unidos, pero antes tiene que hacer dos escalas estratégicas: una en la Ciudad de México y la otra en algún punto del estado de Sinaloa. En ambos lugares es para trabajar y conseguir dinero para su viaje a EU.

Ella irá con su tío Fernando Alvarado y el cuñado de éste, Feliciano Alvarado. El responsable de la travesía es Feliciano porque tiene experiencia en viajar a EU y al norte del país. El papá de Francisca ha decidido que viaje con ambos para trabajar y enviar dinero a su comunidad.

En Potuichán se acostumbra que las adolescentes se casen sin llegar a la edad adulta y como Francisca ya tiene 16 años en su pueblo se cree que difícilmente podrá contraer matrimonio. “No la quisieron porque no es bonita”, agrega Feliciano.

Antes de migrar, Francisca ya se dedicaba a hacer la comida, las tortillas y lavar la ropa de siete personas de su familia. La joven no lleva dinero, sólo una bolsa donde va una blusa más que será su único cambio de ropa.

El acuerdo es que Francisca cocine sin retribución alguna para su tío Fernando y Feliciano, quien los contactó para trabajar. Tiene previsto trabajar jornadas de lunes a sábado, destinando los domingos para lavar su ropa y la de sus dos acompañantes.

Francisca, quien sólo estudió hasta segundo año de primaria, cree que saliendo de su comunidad tendrá más valor como persona y que ganará un dinero para enviar a sus padres que se quedan en el pueblo.

Fernando y Feliciano señalan que llevarán 600 pesos cada uno. Calculan que para llegar al DF gastarán 505 pesos cada uno, dinero que consiguieron con esfuerzos y que esperan recuperar en cuanto empiecen a trabajar.

Ambos hombres explican que en el DF harán un alto para trabajar “de lo que sea” durante tres días para completar el viaje a Sinaloa y laborar en los campos de cultivo de fresa y jitomate, donde estarán  dos meses para luego en el mes de enero retomar su camino hacia EU.

“En esas fechas (enero) es más barato pagarle al ‘pollero’ (traficante de personas). Debe costar unos 2 mil pesos por persona, porque hace mucho frío y no todos quieren arriesgarse”, dice Feliciano.

Mexicana, las contradicciones de la SCT

Jesusa Cervantes

Mexicana. Sin alas.
Foto: David Deolarte

MÉXICO, D.F. (apro).- Dentro de 35 días vence el plazo para que el juez Felipe Consuelo Soto declare en quiebra a Mexicana de Aviación. De no presentarse algún inversionista que pretenda “rescatar” a la aerolínea, la empresa desaparecerá y con ella los cientos de trabajadores que desde agosto de 2010 perdieron su fuente laboral.

Mexicana, de haberlo querido el gobierno, bien pudo haber obtenido recursos adicionales luego de decidió “parar” la aerolínea; no quiso hacerlo y luego presionó al juez para que no lo obligara a ello. Y es que Mexicana tiene en Estados Unidos “bienes intangibles” como son las rutas o slots privilegiados (derechos de despegue y aterrizaje) que ninguna aerolínea del país posee.

Mary Johasen, la representante legal de Mexicana, aceptó que todos esos bienes intangibles existen y que Volaris e Interjet son las empresas que hoy se están beneficiando del mercado que abrió la primera aerolínea y que desde hace años adquirió.

Entonces, si Mexicana tiene bienes intangibles que bien puede comercializar y recibir excelentes recursos como para aminorar un poco el desasosiego que generó a pilotos, aeromozas y empleados de tierra al grado de que hoy están a punto de perder sus créditos hipotecarios porque los bancos ni siquiera pueden disponer del seguro de desempleo, ¿por qué no lo hizo?

En primer lugar, el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, supo que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes decidió “prestar”, que no rentar, los slots y las rutas a Volaris e Interjet.

Recientemente el juez confesó a uno de los legisladores del grupo de trabajo para atender el caso Mexicana, que la SCT lo ha estado presionando para que permita este préstamo; la argucia utilizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que las propias leyes le dan atribuciones al gobierno, para que mantenga “la conectividad del país”. Es decir, que debe mantener comunicados a los ciudadanos y, por lo tanto, las rutas (que permiten la conectividad) deben seguir utilizándose.

El argumento de la SCT para presionar al juez resulta contradictorio, pues si de atribuciones y obligaciones se trata, el gobierno jamás debió permitir que Mexicana “parara”, pues se perdería la conectividad. Entonces, cómo es posible que primero la SCT permita que se pierda la conectividad y luego, para mantenerla, entregue las rutas a otras aerolíneas. ¿Por qué no seguir con Mexicana? Es la pregunta.

Otra medida que bien pudo haber utilizado el gobierno es que si, efectivamente como dice, la empresa Mexicana de Aviación era ya inoperable financieramente por qué no buscó “un patrón sustituto”. Esto es, que Mexicana como empresa se detuviera pero que los empleados –que el propio gobierno entregó al particular junto con la empresa cuando desintegró CINTRA–, fueran contratados por su patrón sustituto, en este caso Volaris e Interjet, para que trabajaran únicamente en los vuelos extranjeros.

En este caso ambas empresas no dejarían sin fuente de trabajo a sus propios empleados, pues éstos jamás habían volado en esas rutas, al contrario, se les incrementó el trabajo. Si Volaris e Interjet tan amable y samaritanamente se prestaron a trabajar las rutas y slots de Mexicana para que el gobierno cumpliera con su obligación de mantener la conectividad, ¿por qué la SCT no le exigió que esto se hiciera con empleados de la compañía que se estaba desapareciendo?

Entonces el gobierno debió rentar las rutas o, en su caso, prestarlas pero contratando a los desempleados de Mexicana. Lo que sucede es que el gobierno no quiso buscar una salida menos gravosa para los empleados que dejó sin su fuente de trabajo; el gobierno de Felipe Calderón lo que quiso, y quiere, es acabar con Mexicana, sin importarle sus empleados y entregarles a las nuevas aerolíneas consentidas un gran tesoro.

Quien tiene la palabra en este caso es el juez, porque aun si se declara la quiebra el 10 de febrero próximo y no hay inversionista a la vista, lo cierto es que la “concesión y las rutas de Mexicana” se pueden mantener para así, por un lado, beneficiar a los hoy desempleados y por otro mantener “vivo” el caso de Mexicana en lo que llega el nuevo inversionista.

No hay que olvidar que, junto con la quiebra de Mexicana no sólo se pierde la empresa, sino también puede perderse la concesión y ante ello el gobierno bien puede decidir someterla a concurso o determinar, “bajo el mismo esquema de la conectividad”, que el mercado está cubierto, que la conectividad está perfectamente distribuida y que no se requiere una nueva aerolínea, pues basta con las que ya hay, léase Volaris e Interjet.

¿Y quién gana? Pues, sencillo, estas dos últimas aerolíneas. Y ¿quién pierde?: los trabajadores de Mexicana, como perdieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, como han perdido los mineros y tantos mexicanos que el gobierno del PAN y de Felipe Calderón han enviado a las calles.

Pero habrá que esperar qué es lo que sucederá en los próximos 35 días en que el juez deberá resolver el destino final de Mexicana. Hay rumores fuertes de que algún inversionista más tiene avanzadas pláticas para quedarse con la empresa y los trabajadores, pero ¿lo dejará el gobierno de Calderón? Al tiempo.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

La rebelión de los empleados

Abraham Nuncio

El tercer Encuentro Mundial de Valores ofreció hace unos días al público de Nuevo León la presencia de varias figuras de la ética hablada: el Dalai Lama, que definió a la corrupción como el anti-Dios; Chespirito, axiólogo de Televisa; la profesora Elba Esther Gordillo, columna moral del magisterio flexible, entre otras.

Mientras, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, debía tomar una decisión difícil: o bien solicitaba licencia, como se lo pedían su partido y otras voces, para facilitar la investigación sobre actos de presunta corrupción en los que aparecieron involucrados su hermano Jonás y Miguel Ángel García, el secretario de Desarrollo Humano, a quien se señalaba como su favorito para sucederlo en la presidencia municipal, o bien se mantenía en el puesto. Decidió esto último.

Al iniciarse el evento, el ambiente de la ciudad olía –aún huele– a quemado. Hay 53 víctimas que murieron en un incendio provocado por un grupo de delincuentes. Pero las múltiples implicaciones de este crimen terrible, empezando por la sorprendente fuga del dueño del casino Royale, lugar donde fue perpetrado, han sido nubladas por las notas, imágenes y comentarios referentes al escándalo producido por unas fotos y unos videos comprometedores en cuyo ojo huracanado se halla –o se hallaba– el alcalde Larrazabal.

Resumo la historia de todos conocida: Jonás Larrazabal aparece en unos videos y en fotos publicadas por El Norte recibiendo gruesas sumas de dinero en un lugar que es o parece un casino. Su hermano, el alcalde regiomontano, justifica: es producto de la venta de quesos de Oaxaca. Un lector de las redes sociales apunta que los quesinos dejan más que los casinos. Sergio Gil, el representante del casino Red, clausurado por las autoridades panistas en varias ocasiones y reabierto mediante maniobras legales, graba al hermano de Larrazabal y al secretario de Desarrollo Social del municipio en una conversación con él en formato Ahumada.

Y desaparece del escenario de la misma manera que desapareció el dueño del casino Royale. Ante la presión de la dirigencia nacional del PAN, de varios medios de comunicación, de políticos del PRI, de los organismos empresariales de Nuevo León y del grupo de empresarios ricos que antes controlaban localmente a aquel partido, Larrazabal hace que Miguel Ángel García, su secretario de Desarrollo Humano, pida licencia por treinta días. Pero él no renuncia. Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari, dos de las cumbres de la transa política en México, se incorporan a las voces que respaldan a sus respectivos correligionarios: uno, al alcalde de Monterrey, y el segundo al gobernador Rodrigo Medina, de quien los panistas y sectores afines pedían que renunciara. El CEN panista deja el caso en manos de los responsables del PAN de Nuevo León, donde Larrazabal y su grupo, aliado al precandidato Ernesto Cordero, tienen innegable ascendiente.

El episodio da lugar a que los antecedentes de los casinos bendecidos por el clero católico en el Monterrey metropolitano, sus dueños, varios de los políticos panistas locales y nacionales y el narcotráfico aparezcan enlazados en los reportajes de algunos medios y en la actualización –a través de Wikileaks– del cable que en julio de 2009 envió al Departamento de Estado Bruce Williamson, entonces cónsul de Estados Unidos en Monterrey. En éste destacan Juan José Rojas Cardona, el llamado zar de los casinos, y su hermano Arturo. En el documento informa de esas relaciones, algo que no logran –¿o sí?– los órganos de inteligencia y seguridad ni el Ministerio Público Federal y del estado.

Rumbo a las elecciones de 2012, estamos en un escenario peor que el de las de 2006, referido en esos reportajes, y también que en el de las de 2009. Antes de éstas, The Wall Street Journal afirmaba: Analistas y diplomáticos temen que los narcotraficantes vayan a aumentar su influencia sobre la política mexicana durante las elecciones legislativas programadas para julio. Peor, porque la delincuencia organizada ha salido airosa del combate librado contra ella por el gobierno de Felipe Calderón. Por ello procede ahondar en la decisión del alcalde Fernando Larrazabal. Su conducta se apega a la ley. Pero no, como la de la mayoría de los políticos mexicanos, a la moral pública. Es un problema de mayor calado que el de una coyuntura política e incluso que el de un gobierno. Se trata de una subcultura de la deshonestidad y su mancuerna, la corrupción, de raíces muy hondas.

¿Por qué Fernando Larrazabal habría de dejar el puesto? Él forma parte del grupo panista de San Nicolás de los Garza. Este municipio industrial fue, y no deja de serlo, el patio trasero de los dueños de las empresas que viven en el próspero municipio de San Pedro Garza García. Ambos grupos han entrado en conflicto. Los panistas de San Nicolás eran, en principio, los empleados de los patrones, también panistas, de San Pedro. Cuando el neopanista Fernando Canales, uno de los que piden que Larrazabal se haga a un lado, perdió 50 millones de pesos –en el fraude y quiebra de Confia– y declaró tener otros 50 listos para su campaña, hizo evidente que si alguien quería puestos de importancia en la política tenía que tener millones de pesos a su disposición. El pragmatismo había irrumpido en Acción Nacional y el grupo al que pertenece Larrazabal así lo entendió. Había que obtener dinero de donde fuese. Y esta convicción la reafirmó, sobre todo, cuando Fox le confió la administración de la biblioteca Vasconcelos. Los giros negros, los casinos y el hampa ligada a todo tipo de delitos donde el dinero circula con facilidad surgieron como fuentes de recursos para las campañas y para acumular dinero extranómina en el ejercicio del gobierno.

La subcultura de disponer de dinero a toda costa de los políticos priístas se extendió, con alguna excepción, a toda la clase política mexicana. Lo extraño es que sus miembros no vean que su lógica es la de quienes se inscriben en las bandas de delincuentes chicas y grandes. A ver, ¿por qué si el heredero rico, el empresario privilegiado por un político, el político corrompido por un empresario, el cura que trae joyas de príncipe, el líder sindical que nada en lujos, el jefe de cualquier cosa tiene poder con su dinero sin arriesgar nada, yo no he de tener lo mismo, aunque para ello arriesgue el pellejo?

¿Por qué un político modesto, ante signos de opacidad, ha de dejar el puesto, si quienes están arriba de él han hecho cosas peores, incluso robarse impunemente la elección mayor? La honrada medianía no está en el poder y no hay quien dé ejemplos prácticos de moralidad pública.