Visión instrumentalista y conservadora la de AMLO en la agenda de género

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó la agenda de las mujeres en su segundo informe de gobierno, pero en estos dos años de gobierno las funcionarias en su gabinete y los partidos políticos de oposición también la han hecho invisible o la han instrumentalizado.
En ello coincidieron las periodistas feministas Ivonne Melgar, autora del portal “Mujeres Más” y en “Excélsior”; Almudena Barragán, periodista en México del diario español “El Paí”s; Diana Juárez, editora de la sección la Cadera de Eva, de La Silla Rota; y Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC A.C.), al participar en el foro “Nosotras Tenemos Otro Informe”, que organizó este 3 de septiembre la plataforma “Nosotras tenemos otros datos”.
El presidente de México ha creado una narrativa a favor de erradicar la pobreza y la desigualdad, pero no de las mujeres. Al no nombrar a esta población y sus problemáticas en su segundo informe de gobierno, el mandatario negó la agenda de las mujeres, observó la periodista Ivonne Melgar.
No obstante, durante las reacciones y críticas las bancadas de los partidos de oposición en el Congreso –que son quienes reciben el informe presidencial– tampoco pusieron el acento en las omisiones del Jefe del Ejecutivo con respecto a las mujeres.  “La burbuja legislativa no tiene ninguna voz que nos represente”, detalló la periodista.
A esto se suma, dijo, que las acciones de las actuales funcionarias feministas en el gabinete de gobierno demuestran que se ha perdido la capacidad de diálogo de ellas con el poder presidencial.
Este es el balance a dos años, pero para Melgar un ápice de esperanza para el 2021 es que las cuatro décadas anteriores, cuando distintas mujeres políticas pelearon con los presidentes porque se respetaran los recursos y las funciones de las instituciones para las mujeres que ahora tenemos, se consiguió un avance inercial. “Eso sigue caminando”.
Por su parte, la periodista de “El País” en México, Almudena Barragán, destacó que a dos años de este gobierno hay que prestar atención a las repercusiones que traiga la política de austeridad que, con recortes a mecanismos como las Alertas de Violencia de Género o el Instituto Nacional de las Mujeres, se está desmantelando la política pública de igualdad. Estos recortes, dijo, “pueden poner en peligro la vida de las mujeres”
No obstante, la esperanza para 2021 reside en el movimiento organizado de las mujeres, ya que ellas van a seguir defendiendo la agenda feminista porque no es una cuestión de clientelismo político, para ellas es una cuestión de vida o muerte.
En su participación, la editora de la Cadera de Eva, de la Silla Rota, Diana Juárez, señaló que tras analizar la versión amplia del segundo informe de gobierno pudo constatar que de 700 páginas que lo componen, a las mujeres se le dedicaron tres. En ese informe, el gobierno adoptó palabras o conceptos de la agenda feminista pero no enlistó acciones claras que ya estén haciendo para las mexicanas.
Para la periodista, López Obrador y su gobierno no ha asimilado esta narrativa feminista que se expuso en el informe y parece no entender de fondo los problemas de la desigualdad de género y de las mujeres porque, en dos años, no ha dado una respuesta pensada que responda a estas exigencias. Nuestro presidente tiene que entender que ya no es un orador, sino que es un presidente y tiene que tomar acción con respecto a las mujeres”, dijo la editora.
Por su parte, la impulsora de “Las Constituyentes”, Yndira Sandoval, enfatizó que los dichos  del presidente son importantes y tienen un peso en la agenda institucional porque es el Jefe de Estado; sin embargo, López Obrador se ha mostrado como el principal impulsor de una narrativa que niega la violencia y es conservadora.
Para la defensora de los derechos de las mujeres, en estos dos años de gobierno lo que se ha observado por parte del gobierno es el no reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, debilitamiento de las instituciones encargadas de la protección de los Derechos Humanos (como la CEAV,la  CNDH, Inmujeres y la Conavim), la militarización del país y la falta de acceso a la justicia y reparación del daño. En contraste, a dos años de gobierno aún no hay un programa nacional para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Si el tema de las mujeres no es un asunto de Presidencia, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de todas las instituciones, si las mujeres en el poder tienen un pacto de impunidad, si el poder legislativo está sometido al Ejecutivo, esto tiene consecuencias en todo el territorio. “Tenemos un gobierno con una línea política e institucional feminicida, porque se es feminicida por acción y omisión”, puntualizó Sandoval.
Para la defensora, estas omisiones no son exclusivas del partido del presidente, sino que la oposición también se suma a fortalecer el esquema del presidente. “No puede ser que la agenda de la oposición sea el antimanuelismo y no tengan una respuesta clara en los Derechos Humanos, detalló.
Por su parte, la periodista Lucía Lagunes observó que lo que se ha visto en estos años es que el gobierno sí mira la agenda de  las mujeres pero desde una visión instrumentalista y conservadora y desde ahí se genera la política pública.
Hasta ahora lo que demuestra la narrativa presidencial es que las mujeres tienen un papel de cuidadoras en las familias, sin embargo, lo que quiere el movimiento feminista es que las mujeres seamos reconocidas como ciudadanas plenas.
“Sí hay una lectura de género, pero patriarcal, del presidente y del gobierno. Tienen claro que garantizar la autonomía de las mujeres, y las condiciones para que ejerzamos los Derechos Humanos, ponen en riesgo sus privilegios; por eso intentan desmantelar la agenda feminista”, dijo la periodista.
A esta narrativa se suma un desgaste por parte del movimiento organizado de las mujeres en la credibilidad de quienes ocupan un puesto en el gobierno y los Congresos. “Cada vez cuesta más trabajo ver a las funcionarias como interlocutoras válidas”, detalló.
Para la periodista, este momento es clave para el gobierno porque se acerca la renovación de la Cámara baja y un nuevo proceso electoral; sin embargo, el costo de las decisiones de Estado, que demuestran una escisión entre el gobierno y las mujeres, se podría ver reflejado en un voto de castigo contra el partido en el poder.
“El feminismo es una fuerza política histórica, sin eso no tendríamos todas las leyes, instituciones y programas que se han creado no sólo en México, sino en el mundo. Esto ha sido gracias a una estrategia política del feminismo”, declaró.
20/AJSE/LGL

Congreso debe incluir reglas del juego para hacer efectiva paridad

 Violencia política debe legislarse  

Académicas, legisladoras y magistradas, afirmaron que la Reforma del Estado que está diseñando la Cámara de Diputados debe incluir reglas para hacer efectiva la paridad de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos, incluir los derechos de las mujeres indígenas y tipificar la violencia política de género. 

Así lo dijeron al participar en el primero de los foros sobre la Reforma del estado y Electoral que se realizó este martes 11 de junio en la Cámara de Diputados y donde se habló de cómo hacer realidad la reforma constitucional en materia de paridad de género, publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.

En el encuentro la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, afirmó que la paridad es resultado de cinco grupos de trabajo: las legisladoras, los órganos electorales y administrativos, los órganos jurisdiccionales, los observatorios de participación política de las mujeres y la academia.

Al hablar de la paridad Gasman explicó que dos de sus preocupaciones para hacer posible el cumplimiento de este principio es la falta de tiempo de las mujeres que dedican más horas a las actividades del cuidado; y la violencia política en razón de género que revela una resistencia explícita y velada para que las mujeres participen en la vida política del país.

Por su parte la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, señaló que la democracia paritaria va más allá de la participación de 50 por ciento de mujeres y de hombres en cargos públicos, también, dijo, es un nuevo pacto social que reconoce la igualdad entre los géneros

Para que esta reforma dé frutos, explicó la magistrada, será necesaria una reforma legislativa bien hecha y advirtió que en caso de que el Legislativo quiera poner excepciones a la regla o regímenes especiales, señaló que las reglas deben ser uniformes y aplicables a todos los casos y no dejar espacio a ambigüedades.

Las autoridades electorales tienen un compromiso genuino con la igualdad de género no habrá problema, pero en caso de que no sea así, habrá resultados disparejos como sucedió en 2018 cuando algunos organismos públicos locales electorales tomaron acciones para cumplir con la paridad y otros no. También dijo que hace falta legislar la violencia política de género.

La coordinadora de Transversalidad de Operación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Anabel López Sánchez, alertó que la paridad efectiva implica que las mujeres lleguen a los espacios numéricamente, pero esto no garantiza la efectividad del ejercicio del derecho.

“Para eso es necesario tener condiciones para la toma de decisiones”, explicó la también integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, en el estado de Oaxaca, quien mencionó que en aquel estado y en otros, las mujeres fueron utilizadas porque las postularon a cargos de elección, ellas ganaron pero no ejercieron sus funciones.  

Aunque las candidatas, particularmente en el ámbito municipal obtienen las presidencias municipales muchas veces los síndicos ejercen el cargo porque al interior del partido político se cree que ellos fueron desplazados para cumplir la cuota de género y por tano deben tomar decisiones, ejercer el presupuesto y convocar a sesiones de Cabildo, explicó.

López Sánchez también llamó al Legislativo a diseñar una reforma constitucional que además reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público a fin de que las mujeres indígenas tengan oportunidad de participar en la vida política.

Desde el punto de vista de la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leticia Bonifaz Alfonzo, aunque la reforma en materia de paridad fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, ella percibe que las resistencias no se hicieron evidentes a fin de ser políticamente correctos.

En este contexto, la catedrática explicó que en el Poder Judicial de la Federación hay una proporción de 80 por ciento de hombres jueces y 20 por ciento de mujeres por lo que la reforma debe revisar cómo se deben hacer los concursos para acceder a estos puestos y analizar cuáles son las condiciones que impiden que las juezas o magistradas concursen en igualdad de condiciones.   

La ex consejera jurídica del Distrito Federal y ex directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que las convocatorias de concurso no pueden ser neutras, deben tomar en cuenta la desigualdad en el terreno de lo privado, por ejemplo, que ellas tienen poco tiempo para prepararse y estudiar porque deben realizar tareas de cuidado en el hogar.

Bonifaz Alfonzo mencionó que en la integración del Poder Judicial se debe considerar que las mujeres tienen temor a la adscripción porque cuando concursan y ganan una plaza son enviadas a laborar a alguna entidad del país, pero en ocasiones no tienen poder de decisión sobre su movilidad o no tienen facilidad de encontrar las redes que formaron en su lugar de residencia.

En la mesa participó la exgobernadora de Zacatecas, Amalia Dolores García Medina, quien dijo que la presencia de mujeres en espacios de poder permitirá una relación de iguales y esto sólo será posible con una reforma del Estado que analice la pobreza de tiempo de las mujeres y considere una nueva política de dimensión social.

La reforma, dijo, debe garantizar la participación y presencia de las mujeres estableciendo quiénes son los sujetos obligados de garantizar la paridad en cada poder del Estado y crear mecanismos sanciones para quienes no cumplan con este principio constitucional. 

Especial archivo CIMAC

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Participación de mujeres en empresas genera mayor productividad: OIT

Mujeres ocupaban menos de 30 por ciento de puestos directivos

   

Las empresas que incorporan políticas de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres tienen hasta 60 por ciento de probabilidades de incrementar su rentabilidad y productividad; potenciar su capacidad de atraer y retener talento; mayor creatividad, innovación y apertura, y mejorar su reputación y demanda de consumidores, aseguró la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el estudio “Argumentos para un cambio” la OIT calcula que tres de cada cuatro empresas que impulsan la participación de las mujeres en su fuerza laboral mencionaron tener entre 5 a 20 por ciento de beneficio en dichos rubros.

A pesar de los beneficios de promover el aumento de mujeres en los centros de trabajo en todos sus niveles, la OIT indica que de las 13 mil empresas que investigó en 70 países, 60 por ciento de ellas comunicó que las mujeres ocupaban menos de 30 por ciento de los puestos directivos y ejecutivos de alto nivel.

A demás, la mitad consideraron que mantener a las mujeres competentes en estas áreas suponía un problema para su negocio.

Así, las empresas siguen segregando a las mujeres en ciertas áreas y profesiones, fenómeno conocido como “las paredes de cristal” precisa la OIT. Ellas predominan en áreas de recursos humanos, administrativas, marketing y ventas; mientras los hombres están en aquellas que se consideran estratégicas para las empresas y suponen un trampolín hacia puestos de mayor rango, áreas como operaciones, investigación, desarrollo y contabilidad.

En este escalafón corporativo más de 78 por ciento de las empresas revisadas por la OIT indicó que sus directivos son hombres, además que la probabilidad de tener una mujer directora se reduce en medida que aumenta el tamaño de la empresa: más del 26 por ciento de las pequeñas empresas tienen directoras ejecutivas, en comparación con 20 por ciento de las empresas de tamaño medio y 16 por ciento de las empresas de gran tamaño.

El estudio publicado el pasado mes de mayo indica que la región de América Latina y el Caribe es donde se encuentra el porcentaje más elevado de mujeres como directoras, 34.1 por ciento. La OIT observa que el continente ha avanzado a un ritmo constante en esta materia. Mientras las regiones con mayor desigualdad son Asia y África, con más de 80 por ciento de hombres en puestos directivos.

No obstante, al observar a México, se encontró que es uno de los países de América con la proporción más baja de mujeres que ocupan el cargo directivo de nivel máximo en una empresa, sólo lo hacen 15 por ciento, según la OIT.

Recientemente en el país el movimiento #MeToo, donde mujeres denunciaron en redes sociales el acoso y hostigamiento sexual que enfrentan en el mundo laboral, evidenció como esta violencia –que ocurre sobre todo en ambientes hostiles y sin políticas a favor de la igualdad- es un factor para la permanencia y crecimiento de las mujeres en los centros laborales.

En este sentido la OIT estima que para que una empresa pueda cambiar su cultura machista a una inclusiva se necesita por lo menos un 30 por ciento de “masa crítica” dentro de los consejos o juntas de administración de las empresas.

Este es punto de inflexión para que la representación femenina empiece a influir sobre una institución y su toma de decisiones. Sin embargo, aunque 70 por ciento de las empresas encuestadas cuentan con consejo de administración sólo 14 por ciento han logrado un equilibrio de representación que oscila entre 40 por ciento y 60 por ciento de cada sexo. Mientras 13 por ciento de las empresas admitió que su consejo está integrado únicamente por hombres.

La OIT analiza que la probabilidad de que las empresas con una distribución equilibrada de género en sus consejos de administración logren mejores resultados comerciales es 20 por ciento mayor. Cuando es una mujer quien preside el consejo de administración, los resultados comerciales de la empresa también lo reflejan favorablemente, asevera la organización.

Aunque casi 75 por ciento de las empresas encuestadas afirmaron aplicar políticas de igualdad de oportunidades o de diversidad e inclusión, la OIT señala que los centros de trabajo deben adoptar más medidas destinadas a este fin que permitan a las mujeres adquirir la experiencia para ascender hasta áreas estratégicas de las empresas.

Otro factor también para el crecimiento de las mujeres en el ámbito laboral es cerrar la brecha de género salarial, añade la Organización.

Según la OIT, en 2018, la tasa media de participación global de las mujeres en el empleo se mantuvo en 48.5 por ciento mientras que la de los hombres alcanzó 75 por ciento. Esto representa 26.5 puntos porcentuales de brecha de género en la participación de ambos sexos en la fuerza de trabajo.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

En AL y el Caribe es hora de abrir camino a la paridad en políticas públicas

Para cumplir Agenda 2030 

Tres jóvenes trabajadoras rurales en una finca en El Salvador. En América Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres ocupadas lo hacen en sectores de baja productividad, mientras la Cepal cree que el mercado laboral es la llave maestra para la igualdad de género. 

  América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde, desde hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las mujeres.

 

Desde la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural, que han significado avances para las mujeres en la región pero que también han mostrado la persistencia de las desigualdades.

 

Hemos sorteado múltiples obstáculos generando colectivamente un proceso excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región, profundas deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos y el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres.

 

La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la desigualdad de nuestras sociedades.

 

MERCADO LABORAL, LLAVE PARA IGUALDAD     Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo.   En América Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres que están ocupadas lo hacen en sectores definidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la innovación y en muchos casos empleos de baja calidad.   El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde allí es desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la proporción de mujeres en el mercado del trabajo, sin embargo, en los últimos 10 años la tasa de actividad femenina en la región se ha estancado en el entorno de 53 por ciento, denunciando un techo en la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.   En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a la reducción de la pobreza en la región con casos paradigmáticos como el de El Salvador donde la pobreza se podría reducir hasta 12 puntos porcentuales de contar con ingresos laborales para las mujeres.   Para entender las barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres es fundamental analizar dos dimensiones centrales de la autonomía económica. Por un lado, el acceso a recursos monetarios propios y por otro, la dimensión del uso del tiempo.   En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende a 30 por ciento aproximadamente, es decir una de cada tres mujeres en América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos. Esto sin duda es un gran desafío para la autonomía de las mujeres que dependen de otros miembros del hogar para la satisfacción de sus necesidades o las de sus familias.   A esto se suma que 26 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad reciben menos de un salario mínimo resultando que más de la mitad de las mujeres de la región no tengan ingresos propios o reciban sumas mínimas que imposibilitan una verdadera autonomía económica.   Propuestas como la renta básica universal o la regulación y fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que permitirían ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos.   Respecto al uso del tiempo, se ha demostrado que las mujeres en todos los países de la región tienen una carga total de trabajo sistemáticamente mayor a la de los hombres. La tradicional división sexual del trabajo, muy presente en la región, asigna el trabajo no remunerado principalmente a las mujeres y lo hace una responsabilidad casi exclusiva de ellas.   Esto constituye una de las principales barreras para incorporarse al mercado laboral y acceder al desarrollo personal y profesional. La reducción de la jornada laboral y las políticas de promoción de la corresponsabilidad del cuidado son instrumentos que pueden modificar y dar un mejor balance a la hoy desigual carga de trabajo que tienen hombres y mujeres.   Junto a los indicadores de uso del tiempo, la valorización monetaria de todo el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se realiza en los hogares y su inclusión en las cuentas nacionales mediante una cuenta satélite de trabajo no remunerado han sido potentes herramientas para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía de los países.   Las estimaciones indican que este valor representó 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014, el 20.4 por ciento del PIB de Colombia en 2012 y 18.8 por ciento del PIB de Guatemala en 2014. Para Ecuador su cuenta satélite estima que el valor del trabajo no remunerado representa 15,2 por ciento del PBI del año 2012.   Las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado, aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares, principalmente por las mujeres.   Toda esta información lleva inequívocamente a la necesidad de diseñar políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo no remunerado y que promuevan la corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de trabajo.   Se trata de políticas públicas que eviten reproducir estereotipos de género y que contemplen las diversas posiciones de las mujeres e impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional al más alto nivel aprovechando sus niveles de calificación y habilidades en los sectores de mayor productividad. De esta forma se minan las bases de la segmentación horizontal y vertical que caracterizan hoy el mercado de empleo para ellas.   En octubre de 2016, los gobiernos de la región, reunidos en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, alcanzaron un acuerdo para implementar la Estrategia de Montevideo y hacer efectivas las premisas establecidas en los consensos anteriores así como responder al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.   Esta sinergia nos plantea el desafío de implementar la igualdad de género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.   Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Es el momento de abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha constante por la construcción de una sociedad más justa no solo para todas sino también para todos.   *Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.   **Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Crédito: Edgardo Ayala/IPS, Por: Alicia Bárcena** Cimacnoticias | Santiago, Chi .-