Para cumplir Agenda 2030
Tres
jóvenes trabajadoras rurales en una finca en El Salvador. En América
Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres ocupadas lo hacen en
sectores de baja productividad, mientras la Cepal cree que el mercado
laboral es la llave maestra para la igualdad de género.
América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde, desde
hace cuatro décadas y de manera ininterrumpida, los Estados se reúnen
para debatir y comprometerse políticamente para erradicar la
discriminación y la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía
del pleno ejercicio de la autonomía y los derechos humanos de las
mujeres.
Desde la primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, realizada en La Habana en 1977, la región ha transitado años
de cambios en lo político, lo económico, lo social y en lo cultural,
que han significado avances para las mujeres en la región pero que
también han mostrado la persistencia de las desigualdades.
Hemos sorteado múltiples obstáculos generando colectivamente un proceso
excepcional, pero aún persiste una amplia brecha salarial en la región,
profundas deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos y el
desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas
las mujeres.
La meta de desarrollo sostenible con igualdad de género, nacida a partir
de la sinergia entre la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030, nos
lleva a enfocar la mirada y la acción en los nudos estructurales de la
desigualdad de nuestras sociedades.
MERCADO LABORAL, LLAVE PARA IGUALDAD
Pensamos, en primer lugar, en la desigualdad socioeconómica y la pobreza
y en la necesaria transformación del modelo de desarrollo imperante
hacia uno que incorpore nuevos patrones de producción y consumo
sostenible, de redistribución de la riqueza, del ingreso y del tiempo.
En América Latina y el Caribe, 78.1 por ciento de las mujeres que están
ocupadas lo hacen en sectores definidos por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) como de baja productividad, lo que
implica peores remuneraciones, menor contacto con las tecnologías y la
innovación y en muchos casos empleos de baja calidad.
El mercado laboral es la llave maestra para la igualdad y desde allí es
desde donde la redistribución de ingresos, pero también la garantía de
derechos, se hace efectiva. Los países de la región han aumentado la
proporción de mujeres en el mercado del trabajo, sin embargo, en los
últimos 10 años la tasa de actividad femenina en la región se ha
estancado en el entorno de 53 por ciento, denunciando un techo en la
incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
En sus últimos estudios, la CEPAL ha demostrado que el aumento de la
mano de obra femenina disponible e inserta en el mercado contribuiría a
la reducción de la pobreza en la región con casos paradigmáticos como el
de El Salvador donde la pobreza se podría reducir hasta 12 puntos
porcentuales de contar con ingresos laborales para las mujeres.
Para entender las barreras a las que se ven enfrentadas las mujeres es
fundamental analizar dos dimensiones centrales de la autonomía
económica. Por un lado, el acceso a recursos monetarios propios y por
otro, la dimensión del uso del tiempo.
En la región, la proporción de mujeres sin ingresos propios asciende a
30 por ciento aproximadamente, es decir una de cada tres mujeres en
América Latina y el Caribe aún no tiene una fuente propia de ingresos.
Esto sin duda es un gran desafío para la autonomía de las mujeres que
dependen de otros miembros del hogar para la satisfacción de sus
necesidades o las de sus familias.
A esto se suma que 26 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de
edad reciben menos de un salario mínimo resultando que más de la mitad
de las mujeres de la región no tengan ingresos propios o reciban sumas
mínimas que imposibilitan una verdadera autonomía económica.
Propuestas como la renta básica universal o la regulación y
fiscalización del salario mínimo en determinados sectores altamente
feminizados que hoy no tienen amparo legal alguno, son herramientas que
permitirían ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a ingresos.
Respecto al uso del tiempo, se ha demostrado que las mujeres en todos
los países de la región tienen una carga total de trabajo
sistemáticamente mayor a la de los hombres. La tradicional división
sexual del trabajo, muy presente en la región, asigna el trabajo no
remunerado principalmente a las mujeres y lo hace una responsabilidad
casi exclusiva de ellas.
Esto constituye una de las principales barreras para incorporarse al
mercado laboral y acceder al desarrollo personal y profesional. La
reducción de la jornada laboral y las políticas de promoción de la
corresponsabilidad del cuidado son instrumentos que pueden modificar y
dar un mejor balance a la hoy desigual carga de trabajo que tienen
hombres y mujeres.
Junto a los indicadores de uso del tiempo, la valorización monetaria de
todo el volumen de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que se
realiza en los hogares y su inclusión en las cuentas nacionales
mediante una cuenta satélite de trabajo no remunerado han sido potentes
herramientas para visibilizar el aporte de las mujeres a la economía de
los países.
Las estimaciones indican que este valor representó 24.2 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2014, el 20.4 por ciento del
PIB de Colombia en 2012 y 18.8 por ciento del PIB de Guatemala en 2014.
Para Ecuador su cuenta satélite estima que el valor del trabajo no
remunerado representa 15,2 por ciento del PBI del año 2012.
Las cifras revelan que si el trabajo doméstico y de cuidados que se
realiza en forma no remunerada tuviera precios de mercado,
aproximadamente un quinto de la riqueza que hoy se contabiliza en las
cuentas nacionales estaría siendo producida en los hogares,
principalmente por las mujeres.
Toda esta información lleva inequívocamente a la necesidad de diseñar
políticas públicas de igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a
la economía a través del trabajo no remunerado y que promuevan la
corresponsabilidad y una distribución más justa de las cargas de
trabajo.
Se trata de políticas públicas que eviten reproducir estereotipos de
género y que contemplen las diversas posiciones de las mujeres e
impulsen su inserción laboral y desarrollo profesional al más alto nivel
aprovechando sus niveles de calificación y habilidades en los sectores
de mayor productividad. De esta forma se minan las bases de la
segmentación horizontal y vertical que caracterizan hoy el mercado de
empleo para ellas.
En octubre de 2016, los gobiernos de la región, reunidos en la XIII
Conferencia Regional sobre la Mujer, alcanzaron un acuerdo para
implementar la Estrategia de Montevideo y hacer efectivas las premisas
establecidas en los consensos anteriores así como responder al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
para el Desarrollo sostenible.
Esta sinergia nos plantea el desafío de implementar la igualdad de
género como elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las
políticas públicas con miras al cumplimiento de la Agenda 2030.
Llegó la hora de cambiar el esquema de género en nuestros países y
terminar con el patriarcado como modelo de sociedad. Es el momento de
abrir camino a la paridad en todas sus formas y escenarios, de respetar y
mirar a las mujeres más allá de nuestro género, por todas nuestras
capacidades, por nuestra mirada integral de la vida y por nuestra lucha
constante por la construcción de una sociedad más justa no solo para
todas sino también para todos.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
**Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Crédito: Edgardo Ayala/IPS, Por: Alicia Bárcena** Cimacnoticias | Santiago, Chi .-
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