Sin
la autorización del Congreso de la Unión, la administración del
expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató –a finales de 2010– a
proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos
penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.
Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años.
Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la
deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.
Una
auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de “Adquisición de
Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social”
aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015,
concluyó que el gobierno federal –a través del Órgano Administrativo de
Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– etiquetó la deuda contraída
en 2010 por los ocho penales solo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.
El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente.
Deuda disfrazada
En
la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre
de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.
Para
edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo
corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se
comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil
476 millones de pesos.
Lo anterior no es ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.
Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.
La ASF alertó que bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo lo que marca el artículo 74 de la Constitución
que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la aprobación
del Congreso pues se trata de contratos de varios años que comprometen
recursos a futuro.
“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación,
aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición
de cuentas de los Centros penitenciarios” indicaron los auditores.
En
respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que
hubiera un endeudamiento con dos argumentos: el primero que los había
registrado como gasto corriente y no como proyectos de inversión y
segundo que quienes se endeudaron fueron las empresas contratadas pues
ellas recurrieron a créditos para la construcción de los centros
penitenciarios.
La ASF consideró insuficiente estas
explicaciones pues insistió en que la construcción de los penales es un
proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no pueden
ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que
marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los
controles del Congreso.
“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular,
ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de
referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es
la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre
de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.
Penales se entregaron tarde
Los
contratos firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no
fueron revelados por la ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.
Los
penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a partir de la
firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que siete
penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en
marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos.
La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012.
Tres penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta
mayo, junio y diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta
mayo de 2015 mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en
marzo de 2016.
En cuanto al centro penitenciario
federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías
este aun no entraba en funcionamiento.
En resumen, solo en dos de ocho casos los centros penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.
Pese
a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y
concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales
establecidos.
Estas no fueron las únicas
irregularidades encontradas en la auditoría al funcionamiento del
OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por
prestación de diversos servicios para penales federales en 2015, solo
dos de las empresas contratadas está en la Base de Datos en Materia de
Contrataciones de Seguridad Nacional.
“Se considera
que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que
se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como
se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la
base de datos antes referida”, indicó la ASF.
La buena: se acabó sobrepoblación
Si
bien la construcción de estos nuevos centros penitenciarios federales
ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto corriente”, como
concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación
de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación
penitenciaria en el país.
El Diagnóstico de la CNDH,
presentado en marzo de 2016, identificaba aun sobrepoblación en siete
centros penitenciarios federales. En respuesta el OADPRS puso en marcha
una estrategia de traslados y reacomodos en los nuevos penales. Como
resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en los siete centros
señalados había quedado resuelta según las autoridades. Fueron en total
casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a otras.
Además
hubo una reducción de la población federal penitenciaria quedando en
menos de 25 mil mil internos, mientras que actualmente existe una
capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.
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