La agenda de los medios también está movida con cuestionables decisiones de las autoridades regulatorias.
Aleida Calleja
En
medio de los múltiples temas que aquejan al país tanto en lo interno
como lo externo, la agenda de los medios también está movida con
cuestionables decisiones de las autoridades regulatorias en materia de
servicios audiovisuales. Veamos algunas de ellas.
Licitación de radio que al final fue subasta
Establece
la constitución en su artículo 28 y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión que el criterio económico no puede
ser el principal a la hora de adjudicar frecuencias del espectro
radioeléctrico, esta disposición tiene una mayor centralidad en cuanto a
frecuencias de radiodifusión, de otra manera sólo aquellos que tienen
el suficiente poder económico pueden acceder a ellas para ejercer la
libertad de expresión. Bajo esa premisa, basada en estándares
internacionales en la materia, es que en el 2007 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de la llamada
Ley Televisa que en uno de sus artículos determinaba el acceso a las
frecuencias mediante el mecanismo de la subasta.
Con la intención
de que los nuevos jugadores en la radiodifusión fomentarán el pluralismo
y la diversidad es que se determinaron estas nuevas reglas, sin
embargo, la última licitación que realizó el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) de frecuencias de radio en la banda de FM
contradice por la vía de los hechos tales disposiciones, pues al final
ganaron las frecuencias quienes más ofrecieron dinero por ellas a partir
del precio mínimo de referencia determinado por el instituto en cada
plaza, en pocas palabras lo que vimos fue la concreción de una subasta
que contradice el marco legal.
De las 191 frecuencias licitadas,
65 por ciento de los participantes fueron actuales concesionarios, en
tanto que el 35 por ciento restante fueron nuevos jugadores, uno de los
cuales se adjudicó 34 frecuencias con lo que aparece un nuevo jugador en
el mercado del que poco se sabe. La empresa es Tecnoradio SA de CV y
pagará 287.8 millones de pesos como contraprestación para las
concesiones. Con este número de estaciones tendrá una importante
presencia en la radio, pero al ser un actor desconocido en el medio
despierta suspicacias pues la adjudicación de las emisoras coincide con
los inminentes proceso electorales a darse en los próximos dos años en
el país. Así que el IFT tiene como tarea despejar las dudas que
despierta la inclusión de este nuevo actor en la radiodifusión y el
origen de sus recursos.
TV de paga
Como le
comenté con anterioridad, el IFT debe reponer el procedimiento para
determinar si el Grupo Televisa tiene poder sustancial de mercado en la
televisión de paga, una vez que el Tribunal Colegiado Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones determinó que
la resolución del Pleno en 2015, que negaba este poder de la empresa,
fue ilegal en tanto se basó en datos que no estaban dentro del periodo
de estudio de la Autoridad Investigadora del instituto.
Esta
resolución ha sido una de las más escandalosas por parte del IFT
poniendo en duda su autonomía respecto de los regulados, por fortuna el
control judicial funcionó ante las empresas que se ampararon en contra
de esta decisión que fueron Total Play y Televisora del Valle de México
(TVM), empresa controladora del Canal 40 y filial de TV Azteca. Sin
embargo, la reposición del proceso se da de manera apresurada por el
regulador días antes de que uno de los comisionados Ernesto Estrada
termine su periodo y compita por su nombramiento en la Comisión Federal
de Competencia Económica.
El día de ayer mientras escribía esta
opinión el IFT comenzó la revisión mandatada por el Tribunal. Sería una
cortedad que la autoridad reguladora repitiera su fallo en el sentido de
que Televisa NO tiene poder sustancial de mercado, pues de acuerdo a
los datos de la instancia investigadora su participación en el mercado
de televisión de paga le permitiría abusar de su posición dominante,
pues cuenta con el 62 por ciento de suscriptores y ser el único
proveedor en la mayoría de los municipios analizados por la Autoridad
Investigadora, pero eso lo sabremos una vez que este texto ya este
publicado.
Derechos de las audiencias.
En
este terreno queda pendiente la resolución que habrá que tomar la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las controversias
constitucionales que interpusieron el Senado y la Consejería Jurídica de
la Presidencia de la República en contra de los Lineamientos Generales
sobre los Derechos de las Audiencias del IFT, pero también está
pendiente la resolución que deberá tomar el Primer Tribunal Colegiado
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones sobre el amparo que interpuso la abogada experta en
telecomunicaciones Clara Luz Álvarez en contra de los Lineamientos de
Criterios de Clasificación de Contenidos Audiovisuales para Radio,
Televisión y Cine que emitió la Subsecretaría de Normatividad de Medios
de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que a todas luces son
contrarios al interés superior del niño al permitir que la infancia y la
adolescencia estén expuestas a contenidos violentos antes de la 8 de la
noche, entre otros puntos.
En una primera instancia una jueza de
los tribunales especializados dio la razón a la quejosa, pero la Segob
mediante chicana judicial volvió a emitir los Lineamientos en el Diario
Oficial de la Federación el pasado 15 de febrero con algunos cambios que
al final dejan todo igual, es claro que la intención es dejar sin
efectos el amparo otorgado. Tramposa maniobra que tiene por fin último
proteger los intereses de las televisoras comerciales para que puedan
seguir lucrando con contenidos aunque afecten a niños y niñas.
Es
una vergüenza la utilización de la maquinaria institucional para la
defensa de los intereses de unos cuantos particulares, así es como se
desgasta el Estado de derecho. Esperemos que el control judicial
funcione y se mantenga el amparo ganado por Clara Luz Álvarez quien ha
hecho una defensa de los derechos más que encomiable.
Preponderancia
También
está en la mesa la revisión de las medidas de regulación asimétrica de
los Agentes Económicos Preponderantes en telecomunicaciones y
radiodifusión, será otra prueba para el IFT. Veremos si ganan las
presiones de sus regulados o el interés general. Al tiempo.
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