Mostrando las entradas con la etiqueta persecución de gobierno. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta persecución de gobierno. Mostrar todas las entradas

8/30/2021

Exmando de la PF dice que Calderón encarcelaba hasta a los que no eran opositores

 sinembargo.mx

Javier Herrera Valles, exmando policiaco detenido de manera arbitraria en 2008, cuestiona al expresidente Felipe Calderón por criticar a la actual administración de encarcelar a opositores, cuando en su sexenio estuvo en prisión por cuatro años cuando le reveló, mediante dos cartas, que Genaro García Luna estaba coludido con la delincuencia organizada.

Javier Herrera Valles, exmando policiaco detenido de manera arbitraria en 2008, cuestiona al expresidente Felipe Calderón por criticar a la actual administración de encarcelar a opositores, cuando en su sexenio estuvo en prisión por cuatro años cuando le reveló, mediante dos cartas, que Genaro García Luna estaba coludido con la delincuencia organizada.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).– El expresidente Felipe Calderón Hinojosa critica al Gobierno actual por perseguir a opositores, pero es un “cínico” y “mentiroso” porque en su sexenio persiguió a personas que ni siquiera se oponían a él, señala Javier Herrera Valles, detenido hace 13 años de manera arbitraria por denunciar una serie de irregularidades en la gestión de Genaro García Luna, quien en ese entonces era su jefe.

“Yo no era su opositor (a su Gobierno) y me metió a la cárcel cuatro años por informarle que García Luna estaba coludido con la delincuencia organizada”, dice en entrevista vía zoom quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Felipe Calderón. “Realmente es una persona que le ha mentido a la sociedad mexicana”.

Javier Herrera Valles fue detenido de manera arbitraria el 17 de noviembre de 2008 por al menos una veintena de agentes quienes, sin mostrarle una orden de aprehensión o detención, lo encañonaron y bajaron de su vehículo en el que viajaba con su hijo.

El exmando policiaco, con más de 30 años de trayectoria en la corporación, fue torturado por policías federales. Su caso lo documentó en su momento la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su detención y posterior acusación falsa de un delito ocurrió en represalia porque meses antes denunció, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna.

“Yo le hago notar (a Calderón) en la carta irregularidades desde la adquisición de equipo policial y uniformes sin ajustarse a la Ley de Adquisiciones y que yo hice de conocimiento a la Contraloría Interna de la Policía Federal, la cual inició una investigación por estas anomalías. Le mando también que querían que firmara unas cartas para ingresar a elementos de la AFI que habían reprobado los controles de confianza y que yo sabía que cada uno de ellos había pagado 50 mil dólares para ingresar a la institución. También le expuse la simulación que se estaba haciendo de la guerra contra la delincuencia organizada; la colusión de gente de García Luna con la delincuencia, y la pérdida de droga decomisada”, recuerda Herrera Valles sobre la primer carta que le envió a Felipe Calderón el 15 de febrero de 2008.

En diciembre de 2019 el expresidente Calderón aclaró que “desconocía los hechos por los que se le acusa a García Luna” en Estados Unidos y que en las cartas de Herrera sólo se mencionan irregularidades y faltas administrativas.

Luego de esa primera misiva, la cual le envió al expresidente por conducto de César Nava, quien en ese entonces era su Secretario Particular, lo removieron del cargo, en marzo de 2008, le suspendieron el sueldo, lo pusieron a disposición del Estado Mayor de la PFP y luego se desató una persecución y hostigamiento en su contra y la de su familia por parte de las autoridades de la dependencia.

En mayo de 2008 volvió a escribirle una carta al expresidente Calderón con 31 anexos, incluyendo la primera carta. En esta misiva le turnó copia a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que iniciaran las investigaciones correspondientes en contra de García Luna, sin embargo, meses después fue detenido de manera ilegal y torturado; se le arraigó y se le sometió a un proceso penal que duró casi cuatro años.

Las irregularidades en su proceso legal permitieron que Herrera obtuviera la sentencia absolutoria el 6 de septiembre de 2012. Actualmente mantiene varias denuncias abiertas en contra de los agentes que participaron en su detención y de exfuncionarios de la extinta PGR como Marisela Morales e Irving Barrios Mojica, actual Fiscal de Tamaulipas.

El excoordinador de Seguridad Regional de la PFP reitera que Felipe Calderón supo desde que era Presidente sobre los nexos de García Luna —preso en Estados Unidos— con el crimen organizado, pues no sólo él lo alertó, también el General Tomás Ángeles Dauhare, quien en ese entonces fungía como subsecretario de la Defensa Nacional.

Javier Herrara Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la PFP. 
Foto: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

***

—En noviembre se cumplirán 13 años de que fue detenido de manera arbitraria por denunciar anomalías en la gestión de Genaro García Luna, quien en ese entonces era su jefe. El expresidente Calderón ha dicho que en las dos cartas que usted le envío nunca le específico los vínculos del exsecretario de Seguridad con el crimen organizado. Para retomar el caso y contextualizarlo, ¿qué decían las cartas que usted le envío a Calderón?

—Eran una serie de irregularidades, inclusive posibles hechos de delitos constituidos por gente de García Luna en la Policía Federal Preventiva. El expresidente Felipe Calderón siempre manifestó que no tuvo conocimiento de esas cartas, ahora en diciembre de 2019 cuando detuvieron a García Luna, él envió un escrito a un medio televisivo donde me hicieron la entrevista y él manifestaba que ya había leído las cartas y que no encontraba señalamientos directos y que en su tiempo probablemente éstas hayan llegado a Presidencia, pero se perdieron entre miles que le llegaban, pero realmente eso no es cierto porque en primera él está manifestando que lee las cartas 13 años después de que sucedieron los hechos cuando yo se los denuncié.

Tengo los acuses de recibido de las dos cartas, la primera se le entregó a su Secretario Particular que en ese tiempo era César Nava, también se le entregó a una Diputada federal muy amiga de él, doña Elenita, que es la viuda de Vicencio Tovar, uno de los fundadores del PAN, así que no es cierto que no tenía conocimiento porque su Secretario Particular lo recibió en mano, está un sello de recibido con la fecha de febrero de 2008 y no puede ser que Nava se haya quedado con la denuncias y sobre todo viniendo de una persona cercana al expresidente, entonces miente categóricamente.

García Luna está preso en Estados Unidos acusado de delitos 
relacionados con la delincuencia organizada. Foto: Cuartoscuro.

Presenté el acuse de las dos cartas, la primera fue en febrero de 2008, yo le hago conocimiento de las irregularidades administrativas y operativas y los posibles hechos constitutivos de delito que estaba cometiendo la gente de García Luna en la PFP.

En la primera carta de febrero yo le documento con siete anexos lo que yo le podía demostrar, porque yo quería que el Presidente pensara que le estaba dando información de situaciones reales y no nada más de comentarios. Yo lo invitaba a que llevara una investigación a profundidad, obviamente él no tenía la intención de investigar porque sabemos que estaba coludido con la delincuencia organizada. Si yo hubiera sabido que él era parte de este cártel de Genero García Luna nunca le hubiera mandado esa carta ni me hubiera expuesto como lo hice porque era haberme entregado sin razón, pero yo confiaba en que él estaba siendo engañado, que no era así.

En la primera carta que envíe me concluyen el cargo, me suspenden el sueldo, una de las personas a las que les solicité ser el conducto para Felipe Calderón se la dio a García Luna, obvio me concluyen el cargo, me ponen a disposición del Estado Mayor de la PF y se viene una serie de persecución y hostigamiento.

Yo le hago notar en la carta irregularidades desde la adquisición de equipo policial y uniformes sin ajustarse a la ley de adquisiciones y que yo hice de conocimiento a la Contraloría Interna de la PF, la cual inicio una investigación por estas anomalías, yo le mando que cerca de mil patrullas se adquirieron y el escrito del Contralor. Le mando también que querían que firmara unas cartas para ingresar a elementos de la AFI que habían reprobado los controles de confianza y que yo sabía que cada uno de ellos había pagado 50 mil dólares para ingresar a la institución. También le expuse la simulación que se estaba haciendo de la guerra contra la delincuencia organizada; la colusión de gente de García Luna con la delincuencia; pérdida de droga decomisada. Entonces sí había elementos para iniciar una investigación.

Genaro García Luna ocupó el cargo de Secretario de Seguridad
en el sexenio de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.

En mayo vuelvo a escribirle otra carta a Calderón ya con 31 anexos, incluyéndoles la primera carta, pero aquí ya le turno copia a la PGR y a la SFP. Tengo los acuses de Presidencia y de las dependencias. Realmente el Presidente Calderón sí tenía conocimiento de lo que hacía García Luna.

Mi destitución de la corporación se vino por cuatro supuestas faltas que tuve en mi servicio, pero en primera yo no tenía servicio, estaba fuera de instrucciones y de manera absurda un consejo de honor y justicia que estaba conformado por la gente que yo estaba señalando me destituyó, a pesar de demostrar que sí asistí al lugar.

Yo no era opositor de Felipe Calderón, yo inclusive voté por él por respeto a mis padres que son panistas y que de alguna manera pensé que era una buena opción en su momento. Realmente es una persona que le ha mentido a la sociedad mexicana, yo en su momento le dije, “te está mintiendo García Luna”, ahora le estoy diciendo a él, “tú le estas mintiendo a la sociedad también”.

—Esta semana el expresidente Calderón mostró su apoyo a Ricardo Anaya a través de un tuit en donde señala que en México se libera y elogia a delincuentes y se persigue a los opositores. ¿Qué opinión le merece después de que usted sufrió persecución en su Gobierno?

—Pues él no liberaba a los delincuentes, él detenía a sus opositores, al cártel con el que no estaban coludidos, yo no era su opositor, yo le escribí un tuit diciendo que yo no era su opositor y me metió a la cárcel cuatro años por informarle que García Luna estaba coludido con la delincuencia, no me ha contestado y no creo que lo haga.

Javier Herrera envió dos cartas al expresidente Calderón donde denunció irregularidades en la gestión de García Luna. Foto: Cuartoscuro.

—En septiembre de 2020, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal le otorgó un amparo en el que ordenó a la Fiscalía General resolver si debe reabrir una investigación contra la extitular de la extinta PGR Marisela Morales Ibáñez, por la presunta manipulación de testigos protegidos. ¿Qué ha pasado con esa de denuncia?

—Ha sido un recorrido muy duro a lo largo de 13 años. Cuando yo salgo de prisión hago una denuncia contra el director del penal de Tepic porque me dejó 12 horas más detenido después de que se me otorgó mi libertad, ésta fue una queja a la CNDH. Después de batallar se consiguió la orden de aprehensión contra el director de la prisión de Tepic.

Posteriormente presenté una denuncia contra Marisela Morales, Irving Barrios Mojica, actual Fiscal de Tamaulipas, y los ministerios públicos que hicieron esta trama para hacerme imputaciones falsas con manejo de testigos protegidos. Ha sido una constante de que la FGR ha estado protegiendo y determinaron el no ejercicio de la acción penal por supuestamente haber prescrito los delitos, pero eso no es cierto.

El caso es que me amparo, me lo niegan, pero me voy al Tribunal Colegiado donde me amparan para que se regrese el caso con la FGR para que determine cuál es la situación de esos servidor públicos y en esta administración la Directora General de Delitos cometidos por Servidores Públicos vuelve a determinar el no ejercicio de la acción penal, por lo que me voy al amparo y ahorita estamos en esa etapa que no me han resuelto el amparo, pero si me lo niegan me voy a ir hasta la SCJN y si pasa eso mismo me voy a la CIDH.

Al final de cuentas es muy desgastante esto, pero se tiene que crear un precedente porque esta gente que utilizó las leyes para meter a personas a la cárcel injustamente tiene que pagar.

También hay una denuncia penal contra los 20 elementos que me detuvieron y también el juez, por tercera ocasión, ha negado la orden de aprehensión y parece ser que no están haciendo su trabajo, el mismo Almirante Ojeda dice que parece ser que el enemigo lo tenemos en casa y yo estoy de acuerdo con eso.

Marisela Morales y Genaro García Luna están denunciados 
por su participación en la detención arbitraria de Javier Valles. 
Foto: Cuartoscuro.

—¿Hay alguna denuncia contra García Luna en específico o contra Calderón?

—En la denuncia de tortura de los elementos de la PF que me detuvieron es también contra García Luna porque al final él fue el que ordenó esos tratos. Ellos me manifestaron desde un principio que era por no haberme callado el hocico y no seguirme metiendo con García Luna, eso está en la denuncia y está clasificado por tortura. En las otras denuncias no se les puede comprobar nada porque en esas intervinieron directamente Marisela Morales y Medina Mora.

—El expresidente Felipe Calderón ha reiterado en varias ocasiones que no sabía nada de los vínculos de Genaro García Luna, preso en EU, con el crimen organizado. ¿Qué opina de eso?

—Definitivamente Calderón tenía conocimiento de lo que hacía García Luna, yo lo comprobé fehacientemente que lo que me hicieron a mi llegó a esas alturas de que Medina Mora y Marisela Morales se hayan prestado a esas cosas, García Luna no podía haber hechos las cosas sin usar la investidura del Presidente.

El primero que le hizo de conocimiento de que García Luna estaba involucrado con la delincuencia organizada fue el General Tomás Ángeles Dauhare como subsecretario de la Defensa Nacional y ahí también Calderón contesta que no se acuerda, el señor tiene una memoria privilegiada, pero para las cosas que le convienen.

De que estaba coludido Felipe Calderón con García Luna no hay ninguna duda.

No me cabe la menor duda de que García Luna va a hablar de la relación que tenía en concubinato con el expresidente Calderón porque es la única manera de que pueda aspirar a que le reduzcan su pena y es cuestión de tiempo para que a Calderón lo requieran las autoridades de Estados Unidos.

12/01/2017

Narcopolítica en Chiapas, bomba de tiempo que incrementa el riesgo de otra masacre


Zonas sitiadas y casi 6 mil desplazados por el acoso de paramilitares de PRI y PVEM


Denuncian la ausencia de autoridades que pongan fin a la disputa histórica de tierras


Caminos bloqueados, poblaciones sitiadas, tiroteos todas las noches, decenas de casas quemadas y la ausencia de la autoridad, son algunas de las condiciones que padecen unos 6 mil desplazados de Chenalhó y Chalchihuitán


Hace tres semanas, el presbítero de Simojovel, Marcelo Pérez, empezó a recorrer el escarpado trayecto de al menos cuatro horas, que va desde su parroquia hacia las comunidades limítrofes entre Chenalhó y Chalchihuitán, en los Altos de Chiapas, para constatar lo que los habitantes de esos parajes denunciaban: ataques de grupos paramilitares del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del oficialista Verde Ecologista de México (PVEM); caminos bloqueados poblaciones sitiadas; casi 6 mil desplazados en condiciones extremas de desprotección; tiroteos todas las noches, y decenas de casas quemadas por los agresores.

Ha regresado varias veces: Y todo es cierto. Cuando vi a los niños durmiendo bajo los árboles, sin nada qué comer, enfermos muchos de ellos, no me la creía. No pensé nunca que iba a volver a ver tanto sufrimiento, tanta enfermedad, comenta en entrevista telefónica. El martes pasado regresó y estuvo en varios parajes de Chalchihuitán recogiendo testimonios de más de 5 mil desplazados. El miércoles en Chenalhó, donde son casi mil los que están en el monte.

Este es el censo que levantó: en el municipio de Chalchihuitán hay 5 mil 35 desplazados; de Majompepentic más de 800; de la llamada Fracción Polhó (una escisión no zapatista de lo que fueron los campamentos de desplazados de bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por las masacres de hace 20 años asentadas en Polhó) hay 150 habitantes, entre ellos seis mujeres embarazadas; de Las Limas están en la montaña, lejos de los pueblos, 205 familias, más de 900 habitantes, con 15 mujeres embarazadas. Además, dejaron sus casas cuatro familias de Campo Los Toros, 30 habitantes de Vayem Vacax, cuatro familias de Yabteclum.

Del otro lado de la línea divisoria, ya municipio de Chenalhó, apenas el miércoles por la noche se terminó un censo de más de 960 personas desplazadas.

Los niños y las mujeres están sufriendo mucho frío, hambre y enfermedad. Es una repetición de lo que pasó en estos mismos lugares hace 20 años, días antes de la masacre de Acteal. Ya nos advirtió la historia qué es lo que puede ocurrir aquí, advierte en entrevista telefónica. La masacre puede repetirse.

Una advertencia que no hace mella en el gobierno

En 1997 una docena de comunidades de Chenalhó fueron abandonadas por sus pobladores desde el mes de septiembre por los ataques de grupos priístas que, en el contexto de la guerra contrainsurgente contra el zapatismo, agredían a quienes suponían bases zapatistas. En el gélido invierno de Los Altos, con las cosechas abandonadas en el campo, eran ya miles los desplazados que vivían en el monte, enfermos y desprovistos de todo. Fue la alerta de lo que sucedería el 22 de diciembre. No se hizo caso.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también han alertado: los hechos de Acteal pueden volver a suceder. La advertencia no ha hecho mella en las autoridades.

El director del Frayba, como se conoce a esta organización no gubernamental fundada por el obispo Samuel Ruiz, sostiene que los grupos paramilitares que están actuando hoy son los mismos que cometieron la masacre los días 22 y 23 de diciembre de 1997. Es la violencia cíclica que genera la impunidad.

El padre Marcelo coincide al señalar: Los desplazados los señalan, los han reconocido. Muchos de los agresores de hoy, con armas de grueso calibre como hace 20 años, son los mismos de Acteal. Es cierto que otros no; hay también una nueva generación de paramilitares. Pero hay un agravante hoy día, añade: “la narcopolítica y el tráfico de armas, que en Chenalhó es intenso y transcurre bajo la mirada cómplice de las autoridades”.

En 1997 y 1998, después de la masacre de Acteal y la ola de represión, militarización y desplazamientos que hubo, más de 30 paramilitares fueron detenidos. Se les inició proceso. El entonces gobernador chiapaneco Roberto Albores contrató abogados para defenderlos. Confesos varios de ellos, en 2007 fueron condenados a 26 años de prisión. Pero entre 2009 y 2011, defendidos por un equipo de litigantes particulares, todos fueron liberados por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que alegó errores en el debido proceso. Varios de los presuntos asesinos regresaron a Chenalhó, a convivir con sus víctimas y sobrevivientes.

Ese 26 de diciembre de 1997, en Acteal fueron ejecutados por la espalda 15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas y nueve hombres. Cerca de 30 personas resultaron heridas. Todos estaban ayunando y orando. Estaban desarmados.

Por el terror, casi una tercera parte de los habitantes del municipio huyeron de sus casas y se desplazaron en campamentos organizados o simplemente a la intemperie, en pleno invierno.

Hoy las escenas de hace 20 años se repiten en los mismos parajes. Hay comunidades, como la de Polhó y otras, que repiten el éxodo al que fueron forzados en 1997 y 1998. Y en las mismas condiciones de precariedad.

Las autoridades del estado reaccionaron tardíamente con el envío de ayuda humanitaria. Por el momento solamente las parroquias de la diócesis y la sociedad civil estamos movilizando hacia los campamentos alimentos, medicina y cobijas. Y es muy complicado, explica el padre Marcelo.

Impunidad, violencia cíclica

Pedro Faro, director del Frayba denunció a este medio que el gobierno estatal ha demostrado una incapacidad total para resolver el conflicto. Entre otras cosas, Rosa Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, protegida del gobernador e impuesta mediante fraude, se comprometió frente a representantes del gobierno del estado a ordenar que se levante el bloqueo de las tres carreteras que mantienen sitiadas a las comunidades de Chalchihuitán y a permitir que se reinstale la Base de Operaciones Mixtas que se retiró en cuanto empezaron las agresiones. No cumplió.

El viejo conflicto entre los pobladores de Chalchihuitán y Chenalhó se reavivó tras el asesinato, impune todavía, del tsotsil Samuel Pérez Luna, el 18 de octubre, en un ataque paramilitar. Explica Pedro Faro: No fue el primer caso. Hay omisión de las autoridades de resolver el conflicto limítrofe que data de 1979, en el que se disputan 900 hectáreas por una resolución agraria errada de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. Por eso el ciclo de violencia que propicia la impunidad. Cada de tanto en tanto estalla la violencia. El gobernador gestionó varios acuerdos que no se han cumplido, en mesas de negociación que no han sido parejas. Ha habido negligencia e incapacidad. En los próximos días debe darse una resolución de un tribunal agrario que decidirá si Chenalhó debe aceptar 15 millones de pesos de indemnización a cambio de la asignación de las tierras a Chalchihuitán. Supongo que por eso se reactivaron los paramilitares; como una forma de presión.

El párroco Marcelo Pérez añade el otro ingrediente de esta bomba de tiempo: “La narcopolítica en esta zona de los Altos. Nadie quiere hablar de ello, nadie se atreve a denunciar. Pero se sabe”.

Foto cortesía del plesbítero Marcelo Pérez

Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 10

7/14/2017

Gobierno de México se está "investigando a sí mismo" en casos de espionaje, alertan diputados europeos



“Sin una investigación independiente del caso, siempre quedará la desconfianza en los resultados de la misma": Daniel Tapia Montejo.

Un grupo de diputados de Alemania, España y del parlamento Europeo urgieron a México una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las denuncias de espionaje contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como se ha documentado desde mediados de junio y hasta la semana pasada.
En un comunicado, destacan la “gravedad” del hecho en el caso del GIEI pues “gozaban de inmunidad diplomática” cuando investigaban en el país el caso Ayotzinapa.
Se reproduce el comunicado íntegro:
Diputados alemanes, españoles y eurodiputados hacen un llamado al Gobierno mexicano para la creación de una comisión internacional que investigue casos de espionaje en México
Una veintena de integrantes del parlamento Europeo, del Bundestag alemán y del Congreso de los Diputados en España cofirmaron una carta de la Oficina ecuménica por la paz y la justicia de Múnich, Alemania solicitando una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias por espionaje a activistas, periodistas, personas defensoras e integrantes del GIEI.
En la misiva se expresa la especial gravedad del espionaje de que fueron objeto los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya que incluso gozaban de inmunidad diplomática durante su estancia en el país y por la importancia de su misión para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Según expresó Daniel Tapia Montejo, experto para México de esta Oficina, la rapidez con que se recolectaron las firmas -aún en periodo de receso parlamentario- es una muestra de la gravedad del problema y del compromiso de los y las firmantes en apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
“Sin una investigación independiente del caso, siempre quedará la desconfianza en los resultados de la misma, pues el Estado se estaría investigando a sí mismo” expresó el activista, quien agregó, “esperamos que las autoridades mexicanas reconozcan que aceptar ayuda internacional en este caso no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza, en particular para enfrentar un problema tan grave como las denuncias por espionaje”.
Finalmente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con las personas que han sido víctimas del espionaje. (Con información de Oeku)

7/12/2017

Tomás Zerón, quien compró el malware espía Pegasus, elude ir al Senado


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tomás Zerón de Lucio, el amigo del presidente Enrique Peña Nieto quien compró el malware espía Pegasus a nombre de la PGR en octubre de 2014, canceló su participación en una mesa de diálogo que se llevó a cabo esta mañana en el Senado y donde presentaría las razones por las cuales México requiere una “estrategia nacional de ciberseguridad”.
La cancelación ocurrió apenas un día después de un nuevo capítulo del caso #GobiernoEspía, el escándalo de espionaje gubernamental operado contra activistas, periodistas y políticos con el programa Pegasus: ayer, el Citizen Lab confirmó que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibieron mensajes infectados por el malware durante su misión en México, bajo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presencia de Zerón hubiera sido doblemente interesante en el foro: mientras dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue el hombre clave en la negociación y la compra de programas espías; además, estuvo a cargo de la investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en la que el GIEI coadyuvó con la PGR.
El GIEI señaló directamente a Zerón por actuar fuera de la ley y “manipular” evidencias: el 24 de abril de 2016, al presentar su informe final sobre la investigación del caso Ayotzinapa, los expertos exhibieron un video del 28 de octubre de 2014, en el que aparecía Zerón, vestido de civil, junto con Agustín García Reyes –presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos– a las orillas del río San Juan en el municipio guerrerense de Cocula.
El video no fue integrado al expediente, y Zerón aseveró que la diligencia ministerial a ese lugar se llevó a cabo el día siguiente.
Zerón, ahora secretario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), fue uno de los artífices de la desacreditada “verdad histórica”, que el gobierno federal presentó para explicar lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según esta versión, policías municipales de Iguala entregaron a los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el basurero de Cocula y arrojó sus cenizas al río San Juan.
Sin embargo, los dos informes que elaboró el GIEI durante su estancia en México enterraron la “verdad histórica” y obligaron a la PGR a abrir nuevas líneas de investigación, las cuales abarcaron a la Policía Federal, Sedena o el trasiego de heroína de Iguala a Estados Unidos.
De acuerdo con el informe que publicó el Citizen Lab ayer, los integrantes del GIEI recibieron mensajes con enlaces “infecciosos” los días 1 y 4 de marzo de 2016, en un momento clave de su misión en México: el 21 de febrero anterior habían denunciado en público que la PGR obstaculizaba su labor, y apenas un mes y medio después presentaron su reporte final.
Justo cuando Zerón estaba al frente de la AIC, compró un paquete de 500 infecciones mediante el sistema Pegasus a la empresa Grupo Tech Bull, el 29 de octubre de 2014, por un monto total que se elevó a 32 millones de dólares.
Hasta la fecha existen evidencias de que la PGR, el Cisen –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– y Sedena adquirieron la tecnología Pegasus, desarrollada por la empresa NSO Group, de origen israelí.

7/10/2017

Espionaje en el país del “no pasa nada”: lo mejor de #AristeguiEnVivo (Video)


Redacción AN hace 1 hora
La doctora Denise Dresser y el académico Sergio Aguayo señalan las fallas en la investigación sobre espionaje y lamentan que el software Pegasus no haya sido utilizado más con narcos y gobernadores corruptos.

aristeguinoticias.com

México no puede solo, necesita involucramiento de instancias internacionales: Dresser

La politóloga Denise Dresser consideró que “México ya no puede solo” y necesita el “involucramiento por parte de instancias internacionales, como Naciones Unidas”, en temas como el espionaje o el asesinato de periodistas.
En la Mesa Política de Aristegui en vivo, indicó que “México no puede solo porque sus instituciones no dan, al carecer de voluntad política de quienes están en puestos claves para investigarse a sí mismos”.
En el caso del #GobiernoEspía, detalló, “cada vez sale más información, más evidencia, facturas, denuncias por parte de los espiados incluyendo ahora a los miembros del GIEI, y aún así parecemos vivir en el país donde no pasa nada”.
Recordó que la PGR prometió una investigación con apoyo internacional pero la embajada de EU ni el FBI han sido notificados o contactados.
“Parecería que el gobierno de EPN quiere darle atole con el dedo a las víctimas del espionaje y a la sociedad mexicana cuando su intención no es llegar jamás al fondo del asunto”, sostuvo. 
La doctora concluyó que el caso del #GobiernoEspía no será investigado ni sancionado, sino que “será un escándalo más que acapara la atención pública pero que jamás se resuelve”.


Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción -al que aún le falta una pieza clave como es el fiscal-, comentó que “en la medida que no tenemos un aparato independiente”, no politizado, “jamás veremos en México casos en los cuales a los presidentes se les persigue por corrupción, espionaje, desvío de recursos y tantos otros casos que se han vuelto parte de nuestra cotidianidad”.
Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer planteó que el espionaje parece ser una “conducta sistemática” del gobierno.
“Ante el crimen organizado y la violencia que el gobierno no puede detener, tenemos que decidir a qué hora vamos, en dónde vamos, cómo cuidamos nuestra casa, reducir nuestro espacio vital, el crimen organizado ha reducido el México al que todos tenemos derecho. Esta es una de las formas en que nuestra vida se ha trastocado. Otra es esta del #GobiernoEspía”, acotó.
El que se haya intentado espiar a activistas, periodistas, líderes opositores e incluso miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es algo cercano a vivir en un sistema totalitario, apuntó.
“Estamos llegando a una calidad de vida pública realmente lamentable”, señaló.
A su vez, el académico Sergio Aguayo calificó como “ridículo y patético” el intento del gobierno federal de cerrarse al escrutinio internacional.
“¿Cuánto lo utilizaron para jefes del narcotráfico o gobernadores corruptos?”, preguntó sobre el sofware Pegasus.

PGR, Cisen y Sedena gastaron casi 500 millones en actualizar Pegasus: documentos


Por Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán
La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron 489 millones de pesos a una sola empresa para actualizar el sistema Pegasus y escalar sus capacidades de espionaje.
Cuatro facturas digitales y un documento interno de PGR indican que la empresa beneficiada es Proyectos y Diseños VME, una firma que tiene oficinas en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
Los comprobantes fiscales en poder de Aristegui Noticias confirman que el Cisen y Sedena también poseen la plataforma de espionaje Pegasus que se ha utilizado para atacar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.
La información si bien era pública, solamente había sido revelada a través de correos filtrados por Wikileaks, pero no se había podido documentar.

Los documentos revelan que la Secretaría de Gobernación, PGR y Sedena incrementan de forma constante su capacidad de espionaje para intervenir las comunicaciones electrónicas, ampliando modelos de teléfonos inteligentes y nuevas versiones de sistemas operativos.
Esta cifra solamente refleja el costo de #GobiernoEspía para tres dependencias federales: el Cisen, dependiente del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la Sedena bajo el mando del general Salvador Cienfuegos y la propia PGR.
La cantidad de dinero gastado en el malware desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies LTD no contempla la compra del software y el equipo necesario para su operación, además de que todavía se desconoce lo erogado por la Secretaría de Marina para su adquisición y uso.
Pegasus es el sistema de espionaje que se utilizó para tratar de infectar los teléfonos de periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos entre los años 2014 y 2016, de acuerdo con una investigación científica realizada por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Cisen: 1250 consultas o dispositivos bajo vigilancia
Un documento de la PGR revela que el 13 de octubre de 2015, la PGR desembolsó 145 millones de pesos por una primera actualización de Pegasus.
Para el 2016, el gobierno volvió a incrementar la capacidad del programa espía a un costo de 344 millones 525 mil pesos, según consta en cuatro facturas filtradas de manera anónima.
De las cuatro facturas obtenidas por este medio, dos fueron emitidas por esa empresa a nombre de la Secretaría de Gobernación (Segob) y amparan el monto global de 210 millones 581 mil pesos. El contrato permite al Cisen vigilar y “consultar” el contenido de mil 250 blancos o dispositivos móviles.
Una carta enviada por la propia Segob a la empresa intermediaria revela que el Cisen ya contaba con anterioridad con el software malicioso y que el objetivo del nuevo contrato correspondía a la “actualización y mantenimiento” de la plataforma.
En el caso de la Secretaría de Gobernación, la oferta de la compañía se entregó en Camino Real de Contreras 35, colonia La Concepción, delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Esa dirección corresponde a la sede principal del Cisen.
Sedena: un millón de dólares para espiar objetivos
Una tercera factura corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ampara la cifra de un millón 113 mil 600 dólares, documento que fue emitido el 1 de septiembre del 2016.
Si bien se trata de un comprobante fiscal que fue cancelado, un oficio firmado por el Director General de Transmisiones de Sedena, el general Saúl Contreras Ojeda, comprueba que la transacción es real y que fue necesario expedir una factura nueva por dos errores cometidos durante su elaboración.
“Le solicito que realice la corrección y reposición de la referida factura, toda vez que no cuenta con el requisito fiscal con la anotación del número de cta. de pago (0100), y el método de pago debe especificarse como 03-transferencia electrónica de fondos, de conformidad (…) con la resolución de la miscelánea fiscal (RMF), vigente a partir del 15 de julio del 2016”, aclara el oficio SGE-7829.
El servicio amparado por el comprobante fiscal es “Servicio de Monitoreo Remoto de Información en el periodo del 1ro al 31 de agosto del 2016”.
Una prueba más de que la operación se llevo a cabo es su inclusión en la página web de Datos Abiertos de la dependencia. En el rubro de “Contratos formalizados por la Sedena durante el primer trimestre del 2016” aparece el número de contrato, el monto, el objeto del mismo y el nombre de Proyectos y Diseños VME como empresa beneficiada por una adjudicación directa, es decir, sin competencia.
Esta factura corresponde a un contrato que se muestra en la página de Datos Abiertos de Sedena: coinciden con exactitud la cantidad pagada (un millón 113 mil 600 dólares) y el objeto visible del contrato (servicio de monitoreo remoto de información).
La evolución del virus Pegasus en la plataforma de PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) pagó entre 2015 y 2016 más de 258 millones pesos a Proyectos y Diseños VME por actualizar y obtener nuevas licencias para el uso del malware Pegasus.
Al momento de su adquisición el 29 de octubre del 2014, la versión vigente del malware desarrollado por NSO Group era la 2.17. Según el contrato revelado por Televisa, la compra le costó a PGR 32 millones de dólares en ese momento.
El 13 octubre de 2015 se pagaron 145 millones de pesos para escalar la versión de Pegasus a 2.18.
En agosto de 2016, una serie de oficios enviados por la empresa intermediaria al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), organismo que administra la plataforma de espionaje al interior de PGR, advirtieron a la dependencia que era necesario instalar nuevos controladores en la plataforma para que el programa espía accediera a dispositivos móviles y sistemas operativos más recientes.
Por ello, en septiembre de 2016 se instaló la versión 2.24 en la plataforma de PGR. El costo de la nueva actualización fue de 113 millones 41 mil pesos pesos.
Una factura emitida el 5 de septiembre del 2016, indica que PGR erogó 56 millones como anticipo del 50 por ciento para concretar el “servicio de actualización del licenciamiento y de nuevos dispositivos del software, instalación de un módulo de análisis y las actualizaciones y mejoras en servicios, servidores y estaciones de la plataforma Pegasus NSO”.
En un primer momento, el Pegasus en poder de PGR era capaz de infectar y robar la información de los iPhone 4, 4s y 5, sistemas operativos iOS hasta la versión 6.1.4; el sistema Android hasta su desarrollo 4.2; el software Symbian usado por Nokia y los modelos de Blackberry hasta su versión 7.1.
La actualización de la plataforma adquirida en septiembre de 2016 escaló la vigilancia intrusiva a los iPhone 5 y 6, al sistema operativo iOS 9.2; a los teléfonos Android Samsung GT y a la Blackberry 8520.
La conexión de Proyectos y Diseños VME con Tech Bull y la israelí NSO Group
Documentos adicionales también comprueban que Diseños y Proyectos VME es una compañía intermediaria entre el gobierno mexicano y la israelí NSO Group Technologies LTD, experta en espionaje informático.
El 18 de agosto del 2016, la empresa mexicana transfirió a NSO Group 10 millones 851 mil pesos en moneda nacional, según consta en un comprobante expedido por Casa de Bolsa Ve por Más.
El 21 de octubre de ese mismo año, la empresa mexicano transfirió a los creadores de Pegasus un millón de dólares, equivalente a 15 millones 540 mil pesos al tipo de cambio vigente en esa fecha. El vehículo para esta segunda transferencia de efectivo fue Vector Casa de Bolsa.

7/04/2017

Arely Gómez y el malware de la corrupción





7/03/2017

Pegasus tuvo al menos seis responsables en PGR, entre 2014 y 2016



CENAPI operó Pegasus por 26 meses; oficina de Arely Gómez, por 5 meses.


Un análisis elaborado tras la compra del malware Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), indica que al menos seis funcionarios distintos de esa dependencia tuvieron bajo su resguardo la operación del programa que presuntamente usó el #GobiernoEspía para atacar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.
Desde su adquisición el 29 de octubre del 2014 y hasta julio del 2016, el sistema de espionaje Pegasus estuvo bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI) y sólo en la gestión de Arely Gómez González como Procuradora General de la República (PGR), el resguardo correspondió a su Jefe de Oficina por un periodo de cinco meses.
Fuentes de la PGR mostraron a Aristegui Noticias diversos oficios en los que consta que el CENAPI, organismo que se dedica a realizar labores de inteligencia de la Procuraduría y que coadyuva a los Ministerios Públicos Federales en sus pesquisas, tuvo a su cargo el manejo y resguardo de Pegasus durante dos periodos distintos que en conjunto suman 26 meses, es decir, más de dos años.
En una primera etapa que va del 29 de octubre del 2014 al 10 de noviembre del 2015, tanto el equipo como el software malicioso de Pegasus estuvieron a cargo de CENAPI, el cual se encargaba de administrar y atender las peticiones de uso que presentaban las Subprocuradurías Especializadas en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y de Delincuencia Organizada (SEIDO).
También tenían acceso al sistema la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la oficina de la PGR para combatir el lavado de dinero; ambas creadas por el ex procurador Jesús Murillo Karam; así como de la Visitaduría General, instancia encargada de combatir la corrupción al interior de esa misma dependencia.
El 10 de noviembre del 2015, como ya lo había dado a conocer Milenio, el equipo de espionaje fue transferido al Jefe de Oficina de la Procuradora Arely Gómez, Christian Noé Ramírez Gutiérrez, pero el 15 de abril del 2016 la infraestructura y el malware de Pegasus fue reintegrado al CENAPI, según consta en un acta administrativa a la que Aristegui Noticias tuvo acceso.

El acta de entrega del sistema Pegasus a Noé Ramírez Gutiérrez estaba firmada por el entonces titular del CENAPI, Rafael Avilez. El documento mostrado por el periodista Carlos Puig de Milenio indica que la transferencia se hizo el 10 de noviembre del 2015, un año después de que la PGR comprara las licencias y el equipo del programa de espionaje.
La devolución del programa malicioso a CENAPI por parte de la oficina de Noé Gutiérrez ocurrió cinco meses después: el 15 de abril del 2016.

De nueva cuenta, el acta administrativa que da cuenta del cambio de responsable para la operación de Pegasus contiene la firma de quien ostenta la titularidad del CENAPI. Se trata del general Inocente Fermín Hernández Montealegre, quien sustituyó en el cargo a Rafael Avilez el 15 de enero del 2016.
Durante los cinco meses que el malware estuvo bajo la responsabilidad del Jefe de Oficina de la ex Procuradora Arely Gómez, se contabilizaron 9 intentos de infección en los teléfonos de dos periodistas, de un menor de edad y de dos activistas contra la corrupción.
Lo que revela el mecanismo de control de Pegasus en la PGR es que existe una responsabilidad institucional, más que personal en el manejo del programa malicioso.
El esclarecimiento de quienes operaron Pegasus al interior de PGR no excluye de su responsabilidad a otras dependencias que operaron el equipo de espionaje como el CISEN o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los seis responsables de Pegasus en la PGR
Una línea de tiempo elaborada con documentos oficiales de la PGR y de la plataforma DeclaraNet Plus que administra la Secretaría de la Función Pública (SPF), revelan que el CENAPI tuvo cinco titulares entre el 29 de octubre del 2014 y el pasado mes de junio, fecha en la que presentó su renuncia el último titular del organismo, el general Inocente Fermín Hernández Montealegre.
Sumando a los cinco responsables de CENAPI con el Jefe de la Oficina de la ex Procuradora Arely Gómez, Christian Noé Ramírez, se obtiene la lista de los seis responsables de Pegasus al interior de la PGR.
Entre octubre del 2014 y el 15 de enero del 2015, el director general del CENAPI en la PGR era el Comisario Vidal Diazleal Ochoa, actual titular de la Policía Federal Ministerial (PFM). En ese lapso de tiempo, solamente se envió un mensaje de texto a la periodista Carmen Aristegui para tratar de infectar su teléfono con el programa malicioso desarrollado por la empresa NSO Group.
El siguiente responsable de CENAPI fue Salvador Cano Muñozcano, cuya gestión se redujo a dos meses, contabilizados a partir del 16 de febrero del 2015 y hasta el 30 de marzo de ese mismo año. Durante su encargo, los objetivos de #GobiernoEspía no recibieron mensajes maliciosos que hayan sido detectados por la investigación de Citizen Lab.
Vidal Diazleal y Salvador Cano son los dos únicos funcionarios designados por el ex procurador Jesús Murillo Karam que tuvieron bajo su responsabilidad directa el manejo de Pegasus.
A partir del primero de abril del 2015 y hasta el 31 de agosto de ese mismo año, Gustavo Salas Chávez fungió como titular del CENAPI. El reporte elaborado por el laboratorio canadiense con apoyo de la Red por los Derechos Digitales, Social TIC y Artículo 19 señala que durante los seis meses de gestión de Salas, los blancos recibieron siete mensajes maliciosos.
Cuando Salas fue designado Subprocurador Especializado en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rafael Avilez se hizo cargo de la dirección del CENAPI.
Avilez asumió la titularidad del organismo el 1 de septiembre del 2015. En los escasos 70 días que duró la gestión de Avilez, se detectaron 16 ataques con mensajes maliciosos a los periodistas Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera y Carmen Aristegui; así como a Emilio Aristegui, hijo de la periodista.
El siguiente periodo fue el que correspondió al Jefe de Oficina de la ex Procuradora Arely Gómez, Noé Ramírez Gutiérrez. Entre el 10 de noviembre del 2015 y el 15 de abril del 2016, se registraron solamente 9 intentos de infección en los celulares de los objetivos.
A partir del 16 de abril del 2016, cuando el equipo de Pegasus fue devuelto al CENAPI, ahora bajo la tutela del General Inocente Fermín Hernández Montealegre, se dio la segunda y más intensa oleada de ataques.
En total, fueron enviados 43 mensajes de texto con enlaces maliciosos a la lista de objetivos que incluyó a dos periodistas de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),  al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a la conductora de Aristegui Noticiasm, a Emilio Aristegui, al conductor de Televisa, Carlos Loret de Mola y al Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez”.
A pesar de que ahora se conoce a los responsables de manejar el sistema Pegasus en las filas de la PGR, todavía permanecen ocultos los operadores del equipo de espionaje en otras dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el CISEN que hasta el momento han guardado silencio sobre el tema.

Sistema Nacional Anticorrupción rechaza exhortar a EPN por espionaje a periodistas; “no está ni remotamente probado”



Funcionarios integrantes del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazaron exhortar a  Enrique Peña para que explique el caso de espionaje realizado a periodistas y activistas.
“No está ni remotamente probado ante nadie, ni mucho menos ante autoridad competente”, señaló Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Las distintas dependencias consideraron que la propuesta que hizo el Comité de Participación Ciudadana de que el caso fuera transparentado es improcedente debido a que el ilícito que presuntamente se cometió no está catalogado dentro del ámbito de la corrupción.
En este contexto, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, mencionó que la ley establece que el CC tiene permitido emitir exhortos referidos a temas de corrupción, pero que el espionaje denunciado por distintas organizaciones sociales es una conducta que el Código Penal tipifica como intervención de comunicaciones sin la autorización de un juez, y no como un acto de corrupción.
Al momento de la votación, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien previamente se desempeñó como titular de la Procuraduría General de la República, una de las dependencias que adquirió el software Pegasus, lo hizo en contra, lo mismo que Pérez Daza, Chuarand, el titular del INAI, Francisco Javier Acuña, y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
El único voto a favor fue por parte de Peschard, quien presentó la solicitud. Ella aseguró que, desde la perspectiva del Comité de Participación Ciudadana, se pudo haber incurrido en un delito de corrupción, debido a que se habría cometido un peculado al utilizar recursos públicos, en este caso el software, para un fin distinto al que justificó su compra, que fue el combate al crimen organizado.