CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tomás Zerón de Lucio, el amigo del
presidente Enrique Peña Nieto quien compró el malware espía Pegasus a
nombre de la PGR en octubre de 2014, canceló su participación en una
mesa de diálogo que se llevó a cabo esta mañana en el Senado y donde
presentaría las razones por las cuales México requiere una “estrategia
nacional de ciberseguridad”.
La cancelación ocurrió apenas un día después de un nuevo capítulo del
caso #GobiernoEspía, el escándalo de espionaje gubernamental operado
contra activistas, periodistas y políticos con el programa Pegasus:
ayer, el Citizen Lab confirmó que los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibieron mensajes
infectados por el malware durante su misión en México, bajo el mandato
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presencia de Zerón hubiera sido doblemente interesante en el foro:
mientras dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue el hombre clave en la negociación y
la compra de programas espías; además, estuvo a cargo de la
investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, en la que el GIEI coadyuvó con la PGR.
El GIEI señaló directamente a Zerón por actuar fuera de la ley y
“manipular” evidencias: el 24 de abril de 2016, al presentar su informe
final sobre la investigación del caso Ayotzinapa, los expertos
exhibieron un video del 28 de octubre de 2014, en el que aparecía Zerón,
vestido de civil, junto con Agustín García Reyes –presunto integrante
del grupo criminal Guerreros Unidos– a las orillas del río San Juan en
el municipio guerrerense de Cocula.
El video no fue integrado al expediente, y Zerón aseveró que la
diligencia ministerial a ese lugar se llevó a cabo el día siguiente.
Zerón, ahora secretario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
fue uno de los artífices de la desacreditada “verdad histórica”, que el
gobierno federal presentó para explicar lo ocurrido en la noche del 26
de septiembre de 2014 en Iguala.
Según esta versión, policías municipales de Iguala entregaron a los
normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó,
incineró en el basurero de Cocula y arrojó sus cenizas al río San Juan.
Sin embargo, los dos informes que elaboró el GIEI durante su estancia
en México enterraron la “verdad histórica” y obligaron a la PGR a abrir
nuevas líneas de investigación, las cuales abarcaron a la Policía
Federal, Sedena o el trasiego de heroína de Iguala a Estados Unidos.
De acuerdo con el informe que publicó el Citizen Lab ayer, los
integrantes del GIEI recibieron mensajes con enlaces “infecciosos” los
días 1 y 4 de marzo de 2016, en un momento clave de su misión en México:
el 21 de febrero anterior habían denunciado en público que la PGR
obstaculizaba su labor, y apenas un mes y medio después presentaron su
reporte final.
Justo cuando Zerón estaba al frente de la AIC, compró un paquete de
500 infecciones mediante el sistema Pegasus a la empresa Grupo Tech
Bull, el 29 de octubre de 2014, por un monto total que se elevó a 32
millones de dólares.
Hasta la fecha existen evidencias de que la PGR, el Cisen
–dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– y Sedena
adquirieron la tecnología Pegasus, desarrollada por la empresa NSO
Group, de origen israelí.
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