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4/18/2026

Políticas antimujer en EE.UU: el laboratorio reaccionario que deberíamos vigilar

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Por Miren Gutierrez. Rebelión_Resumen Latinoamericano 14 de abril 2026.

Las salidas de tono de Donald Trump se viralizan rápidamente, como ocurrió cuando llamó piggy (“cerdita”) a una periodista que le preguntaba sobre sus relaciones con Jeffrey Epstein. Después insultó a otra reportera.

Estos dos episodios dieron la vuelta al mundo. Y es normal que así fuera porque no se trata de anécdotas aisladas, sino de una estrategia que usa la misoginia para silenciar la crítica.

Ponemos mucha atención a lo escandaloso –que lo es–, pero menos en los profundos cambios que se despliegan silenciosamente en EE. UU. contra el bienestar de las mujeres como parte de una ofensiva autoritaria y patriarcal.

El aumento de la mortalidad materno-infantil

En primer lugar, el cierre de los servicios de salud reproductiva ha provocado un aumento de la mortalidad materna e infantil en los estados que han impuesto prohibiciones; la evidencia demuestra que las restricciones tienen un impacto directo en la vida y la salud de las madres

En 2022, con la anulación de la sentencia Roe vs. Wade –que reconocía el derecho constitucional al aborto en 1973–, la Corte Suprema de EE. UU. eliminó la protección constitucional del derecho al aborto, dejando a cada estado la facultad de prohibirlo. Desde entonces, una docena de estados han impuesto vetos casi totales, lo que ha llevado al cierre de clínicas de aborto y a la desaparición de servicios de salud reproductiva en amplias regiones del país.

Estos cierres no solo afectan el acceso al aborto, sino también a la atención prenatal, la anticoncepción, la detección de cáncer y el manejo de complicaciones del embarazo.

Un análisis del Gender Equity Policy Institute muestra que las mujeres que viven en estados con prohibición tienen casi el doble de riesgo de morir durante el embarazo, el parto o en el posparto que las que residen en estados donde el aborto es legal.

Texas, que implementó una prohibición casi total, ofrece un ejemplo extremo. En el primer año bajo la aplicación de esta medida, la mortalidad materna aumentó un 56 %, con disparidades raciales profundas: las mujeres negras tuvieron una tasa de mortalidad materna 2,5 veces mayor que la de las blancas.

Esto viene acompañado de un aumento de la mortalidad infantil. En Texas, las muertes de niños o niñas crecieron un 13 % en el año posterior a la prohibición, con un aumento de los fallecimientos atribuibles a anomalías congénitas graves, lo que sugiere que muchos embarazos que antes se interrumpían por razones médicas ahora se llevan a término, con consecuencias fatales.

Deterioro de la esperanza de vida

Las desigualdades en el acceso a la salud han tenido un impacto en la expectativa de vida de las mujeres negras, especialmente en estados del sur, rurales y segregados, donde la precariedad sanitaria se solapa con el racismo estructural.

Aunque diversos análisis muestran que la esperanza de vida de la población negra ha sido sistemáticamente inferior a la de la población blanca, las mejoras en este área se han estancado.

Cuando se observa la situación de las mujeres negras en condados rurales y estados históricamente segregados, varios estudios muestran que su esperanza de vida media está en un rango de 72,5 a 74,9 años, por debajo de los más de 80 años que alcanzan en promedio la población femenina blanca.

Organizaciones como Black Women’s Health Imperative han documentado cómo la combinación de sesgo racial en la atención, falta de seguro médico, mayores tasas de enfermedades crónicas y barreras para desplazarse para recibir atención se traducen en más muertes evitables y una reducción de años de vida.

Análisis como los del National Partnership for Women & Families documentan cómo las sucesivas administraciones de Trump han impulsado un desmantelamiento de programas orientados a promover la igualdad. Por ejemplo, la eliminación de programas de apoyo a la conciliación ha echado a cientos de miles de mujeres fuera del mercado de trabajo o hacia empleos más precarios, revirtiendo avances logrados en materia de protección frente a la discriminación en el trabajo.

Un eje central de este retroceso ha sido la eliminación o vaciamiento de programas federales de equidad de género. La reinterpretación de normas como la Orden Ejecutiva 11246 –que obligaba a los contratistas federales a aplicar programas de acción afirmativa–, junto con órdenes que paralizan las actividades de promoción de la igualdad, han supuesto la eliminación de mecanismos que promovían la contratación de mujeres y minorías en sectores estratégicos.

La calidad de vida de las familias de bajos ingresos –entre ellas, un elevado porcentaje de mujeres solas– se ha visto afectada por recortes de subvenciones destinadas a cumplir la Fair Housing Act –Ley de Vivivenda Justa–. Investigaciones periodísticas muestran que la Casa Blanca ha ordenado la cancelación de las ayudas que el Departamento de Vivienda destinaba a organizaciones sin ánimo de lucro encargadas de investigar denuncias de discriminación en alquileres e hipotecas. La reducción de esta financiación deja a muchas comunidades sin defensa frente a desalojos injustos, cláusulas abusivas o discriminación por género, raza y discapacidad.

Otras áreas de retroceso

También se han reducido los fondos a programas de apoyo a las víctimas de violencia de género y trata. Un informe del Brennan Center for Justice detalla que se han cancelado cientos de millones de dólares en subvenciones, incluyendo programas que proporcionan servicios a las afectadas.

A su vez, un análisis del Council on Criminal Justice describe cómo estos recortes afectan así mismo la formación de enfermeras forenses que atienden a víctimas de violencia sexual.

Los recortes se combinan con cambios normativos y más condiciones para otorgar ayudas. La revista The New Republic documenta cómo se imponen nuevas normas a las beneficiarias de fondos federales, prohibiendo destinar recursos a programas que aborden la violencia como problema estructural.

En paralelo, se han impulsado medidas que restringen el derecho al voto. El Brennan Center for Justice, que monitorea la legislación electoral, advierte de que varias iniciativas buscan imponer requisitos más estrictos de prueba de ciudadanía y documentación de identidad, lo que privaría del voto a millones de electores que no disponen de pasaporte o certificado de nacimiento actualizado.

Estas exigencias podrían tener un impacto sobre las mujeres que han cambiado de apellido tras el matrimonio o el divorcio, pues muchas no tienen documentos que coincidan con su nombre legal actual: se estima que hasta 69 millones de mujeres están en esta situación.

Organizaciones como la NAACP Legal Defense Fund y la ACLU –Unión Americana de Libertades Civiles– han llevado a los tribunales disposiciones administrativas que intentaban introducir requisitos adicionales de prueba de ciudadanía.

Estos cambios se suman a la reducción de oficinas, horarios y recursos para el voto anticipado o por correo, lo que dificulta el acceso al voto de quienes enfrentan más barreras de tiempo, movilidad y cuidado –como mujeres cuidadoras o trabajadoras con varios empleos–, y se inscriben en una tendencia más amplia de debilitamiento del legado de la Voting Rights Act.

La experiencia estadounidense demuestra que las políticas regresivas tienden a perjudicar a los sectores más vulnerables, especialmente a las mujeres de bajos ingresos.

10/28/2023

Baños Violeta, iniciativa para seguridad de mujeres

 

A través de un diagnóstico con más de 350 mujeres de diversas partes del país, la RNR identificó que los sanitarios dentro de espacios públicos no solo son de uso común y exclusivos para las mujeres, sino que pueden convertirse en un lugar seguro en el que las mujeres se sientan tranquilas y por tanto ser zonas focales importantes para la estrategia de atención y prevención de las violencias.

Dicha estrategia nace a nivel nacional en Mérida, Yucatán, lugar donde surgió el movimiento de mujeres más importante del país y en ella participan espacios educativos, laborales, culturales, comerciales, públicos y privados que han sido sensibilizados sobre la problemática y han asumido el compromiso de generar espacios seguros y de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

A la fecha, la estrategia cuenta con 260 Baños Violetas distribuidos en seis estados:  Ciudad de México, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Tuxtla Gutiérrez y Yucatán. Algunos puntos son la Universidad Modelo Campus Mérida; el Museo de la Pirotécnica y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Iztapalapa), ambas en Ciudad de México; clínicas de salud como la Clínica Carranza en Chetumal; las alcaldías de Mérida y de Campeche, entre muchas otras instancias.

Agresores con vínculos del crimen organizado, militares y policías

En los primeros nueve meses del 2023, a través de los Refugios integrantes, Centros de Atención Externa, Líneas de Atención Telefónica y Redes Sociales, la Red atendió a 15 mil 357 mujeres e infancias que reportaron haber sido víctimas de violencia psicológica, sexual y física e identificaron que el 87 por ciento de sus agresores tienen lazos con el crimen organizado, militares y policías, además que usan armas, lo cual refleja un mayor nivel de riesgo.

“En un México machista y patriarcal en donde asesinan a más de 11 mujeres al día, no hay espacio seguro para ser mujer. Somos violentadas tanto en los espacios públicos como en los privados. Por ello, encontrar un espacio seguro y tener al alcance información de organizaciones que brinden acompañamiento en situaciones de violencia, puede marcar la diferencia en la vida de cada mujer que habita nuestro país”, señala la RNR en un comunicado.

Por ello, como parte de las acciones afirmativas en favor de la vida, la dignidad y libertades de las mujeres y atendiendo el hecho de que en México no todas las mujeres tienen acceso a las nuevas tecnologías,

“La participación de la sociedad en general es indispensable para erradicar la violencia e inseguridad que vivimos las mujeres en México, ningún esfuerzo es suficiente y toda acción desde una perspectiva de género abona a que otras realidades sean posible para las mujeres, por ello continuamos articulando esfuerzos y creando diversas acciones tanto digitales como en territorio”, señaló Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, AC.

Una Marea Violeta

En el 2022, la RNR lanzó la iniciativa “Marea Violeta” un movimiento nacional a favor de la vida, la dignidad y libertades de las mujeres mediante diversas acciones como tertulias musicales, merkaditas feministas, acompañamiento psicológico gratuito a través de redes sociales, plataformas virtuales y presenciales, así como “Sendero Violeta”, una aplicación móvil para disminuir situaciones de riesgo para las mujeres.

A la fecha, la APP cuenta con 8,669 descargas, la mayoría de ellas resultado de referencias 82% (6,784 usuarias), el 15% (1,244 usuarias) resultado de búsquedas directas de la aplicación en la tienda y 3% (239 usuarias) de la navegación en Google Play. El que la app sea descargada no implica que las personas que la descargan se registren para agregar una zona roja, ya que también pueden descargarla para consultar la información que contiene la misma APP. La participación de las mujeres usuarias de la APP en los registros de zonas rojas ha sido muy significativa, representando el 79% de las mismas, lo que refleja la importancia de tejer conjuntamente un sendero seguro con la aportación de las propias mujeres.

La Red Nacional de Refugios (RNR), organización feminista, acciona en favor de la vida y las libertades de las mujeres, con la prevención, atención y erradicación de las violencias machistas que se viven por el simple hecho de ser mujeres. En sus espacios de atención, ayudan a las mujeres a establecer planes de actuación para prevenir futuros eventos de violencias, como ataques con ácido o feminicidios. A la fecha tienen 76 espacios de prevención, atención y protección de la Red Nacional de Refugios.

Iniciativas como la Marea Violeta y Baños Violeta, juegan un papel crucial para contribuir a la erradicación de todo tipo de violencias contra todas las mujeres, el acceso a la información es un derecho, la información da poder y el poder conlleva a tomar decisiones, a ponerle nombre a lo que se vive y desnaturalizar las violencias, acompañar la información con acciones concretas puede prevenir situaciones de violencias.

6/14/2018

Piden replantear políticas públicas de igualdad para la CDMX


“Unidas por la igualdad” entrega carta a aspirantes a cargos de elección popular
   

Esta mañana, trabajadoras y extrabajadoras del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y feministas, entregaron una carta en las casas de campañas de las y los candidatos a ocupar puestos de elección popular en la Ciudad de México.
Al iniciar en la casa de campaña de la candidata de la alianza “Juntos haremos historia”, Claudia Sheinbaum, las feministas entregaron una carta que fue recibida por una representante de la casa, con varias demandas en materia de igualdad.
En ésta las firmantes recuerdan los logros que ha tenido la Ciudad de México, desde 1998, a partir del primer gobierno democrático en la Ciudad de México, quien impulsó la creación de los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, el Promujer que después se transformó en el Inmujeres-DF.
Las feministas señalaron que a veinte años de su existencia, es necesario replantear los objetivos y la política que rigen el Instituto y las políticas transversales en la Ciudad.
La defensora de Derechos Humanos y abogada, Julia Escalante de Haro, del grupo “Unidas por la Igualdad” -el grupo que impulsó el pronunciamiento- consideró que las leyes en que se basa el Inmujeres-DF son muy buenas, y dijo que la próxima gobernante o el próximo gobernante de la ciudad no necesitan impulsar nuevas leyes. Sin embargo, enfatizó que “el Instituto ha ido perdiendo cada vez más la fuerza que la ley que lo construyó le da”.
“Lo que queremos es que sea un órgano rector de la política de igualdad en la ciudad, y no un espacio que funciona de acuerdo a la  perspectiva del gobierno en turno o de la titular, que es lo que ha venido ocurriendo”, dijo Escalante de Haro. Ella y las otras activistas coinciden en que el Inmujeres-DF ha ido cambiando sus prioridades, su enfoque de trabajo, y la perspectiva de territorialidad que tuvo en el inicio.
Lamentaron que a pesar de la legislación progresiva que creó el Inmujeres-DF, no ha habido un avance en igualdad de género para mujeres y hombres en la Ciudad de México. “No es posible que siendo la ciudad que inició toda la atención a la violencia contra las mujeres, y que estemos teniendo los niveles tan altos de violencia, feminicidio, desaparición, no acceso a la justicia, investigaciones a la ligera, de comentarios de los funcionarios de la procuración a la justicia tan misóginos como los tuvimos en los 90 en Chihuahua por ejemplo”, opinó la vocera del grupo, y agregó que la Alerta de Género en la ciudad “se ha descalificado de la propia titular del Instituto.”
Ante tal postura, las mujeres y organizaciones que firmaron la carta a las candidatas y el candidato exigieron que el futuro gobierno de la ciudad reconozca la crisis de Derechos Humanos que las mujeres viven, y cómo ésta se traduce en un incremento de la violencia feminicida.
Demandaron que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que se proteja particularmente a las defensoras y periodistas. Analizaron que la pobreza en la ciudad se vuelve más cruda, resultado de violaciones de derechos laborales, y exigieron que se atienda a las demandas de las mujeres trabajadoras formales e informales.
Además, pidieron fortalecer la política pública a favor de la igualdad de género, por ejemplo, respetando el estatus del Inmujeres-DF como órgano descentralizado, asignando presupuesto adecuado y suficiente. De esta manera, el Instituto podría dar seguimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en las instancias de Gobierno, argumentaron.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

2/21/2018

Necesario legislar paridad en ámbitos judicial y ejecutivo


Fortalecería democracia incluyente: análisis del CEAMEG 
   



La incorporación del principio de paridad de género en las leyes electorales ha generado mayor participación de mujeres en el ámbito legislativo, sin embargo, al no existir una norma expresa en el ámbito judicial y ejecutivo la presencia femenina es escasa en estos órganos.
De acuerdo con el análisis “Democracia incluyente en la administración pública en los ámbitos federal, estatal y municipal”, realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados, falta ampliar la paridad a otros espacios administrativos.
El análisis indica que el Legislativo puede ampliar este principio constitucional para que aplique en la integración del Gabinete legal y ampliado federal, los cargos edilicios, la estructura orgánica de los Ayuntamientos y en los órganos de dirección y cuerpo decisorio de los partidos políticos y organismos electorales.
El documento detalla que una amplia participación de las mujeres en la gobernanza nacional mejorará las condiciones para el ejercicio sustantivo de los derechos y una ciudadanía activa en el marco de una democracia paritaria.
Después de que en 2014 la paridad se reconoció en la Constitución y en las leyes generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos fueron obligados a postular a 50 por ciento de mujeres a cargos de diputaciones locales, federales y senadurías.
Como resultado, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados (2015-2018) se integró por 213 mujeres y 287 hombres, lo que representa 42.6 por ciento de presencia femenina. La integración del Senado, después de las elecciones de 2012, fue con 49 mujeres y 79 varones, lo que significó 38.28 por ciento de legisladoras.
Sin embargo, en los cargos de dirección y de toma de decisiones en la administración pública se aprecia la precaria participación de mujeres. Al comienzo del gobierno de Vicente Fox (2000), las Secretarías encabezadas por mujeres fueron cinco, aunque para el 2003, solo permaneció la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En el gobierno de Felipe Calderón, seis mujeres se encontraban en la integración del gabinete y de acuerdo con datos disponibles en 2009, del total de las 59 subsecretarías dentro del gobierno federal, 45 estaban ocupadas por hombres y sólo 13 por mujeres.
El Gabinete de Peña Nieto se integró por 21 titulares, de los cuales solo tres eran mujeres (Relaciones Exteriores, Salud y Desarrollo Agrario y Territorio Urbano), es decir 14.28 por ciento, mientras que el gabinete ampliado de cinco espacios, uno es encabezada por mujer, lo que representa 20 por ciento.
Tras hacer cambios, el titular del Ejecutivo federal designó a Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a Arely Gómez González en la Secretaría de la Función Pública y a María Cristina García Cepeda en la recién creada Secretaría de Cultura. 
Sólo hay una gobernadora: Claudia Pavlovich Arellano, quien en 2015 fue electa gobernadora de Sonora. En el caso de los ayuntamientos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al cierre de 2014, 92.7 por ciento de los presidentes municipales o jefes delegacionales eran hombres, lo que representa una cifra de 2 mil 274; mientras que 7.3 por ciento, esto es, 180, eran mujeres.
Respecto a la integración del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integra por 11 ministros, de los cuales 2 son mujeres; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal, por 6 Consejeros (2 mujeres y 4 hombres), según datos de 2017.
Es por esto que en su documento de análisis, el CEAMEG indica que la democracia inclusiva debe reconocer la participación equitativa, activa, real y tangible de las mujeres, que representan más de la mitad de la población en México, lo que conllevará a la consolidación de una verdadera democracia.
Cabe decir que este 2018 se elegirá presidente de la República, 9 gubernaturas y se renovará el Senado, la Cámara de Diputados; además de cargos edilicios. 
Imagen retomada del portal República de las Mujeres
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

5/12/2017

Programa Especial de la LGAMVLV en Yucatán será “letra muerta”


 Instalado con 9 años de retraso 

Con nueve años de retraso desde que se estableció, en Yucatán hoy entra en vigor el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos está promover la armonización entre el Código Penal estatal con el Federal en materia de feminicidio; sin embargo, las organizaciones dudan de su cumplimiento.
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad planteó desde su expedición, en marzo de 2008, la creación del Programa Especial, sin embargo, el Gobierno de Yucatán lo instaló oficialmente hasta el día de ayer mediante el Decreto 476/2017.
 
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, criticó el anuncio que hizo el Gobierno priista de Rolando Zapata Bello al calificar el Programa “como algo novedoso” cuando, aseguró “era una obligación gubernamental desde 2008”.
 
Salas Salazar denunció que, además del Observatorio, diversas organizaciones civiles en Yucatán dudan de la eficiencia del programa porque, recalcó, la Ley de Acceso estatal “es letra muerta”.
 
“La creación del Programa no garantiza nada para el acceso a la justicia de las mujeres porque el Poder Legislativo y Poder Judicial no trabajan con perspectiva de género”, afirmó la defensora de Derechos Humanos.
 
Los temas que aborda el Programa Especial son: la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro objetivos, 14 estrategias y 74 líneas de acción. Además, establece el compromiso coordinado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la armonización de contenidos legislativos necesarios para se cumpla y obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a financiarlo anualmente.
 
DELITO DE FEMINICIDIO
 
Una de las estrategias para asegurar la reparación del daño de delitos por violencia plantea la integración de un registro estatal de casos de feminicidio "con datos sociodemográficos de víctimas".
 
Organizaciones como Yucatán Feminicida ya habían denunciado desde 2016 que el gobierno yucateco no mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos e Información, en donde se registran casos de violencia contra las mujeres, incluido los delitos de feminicidio.  
El Programa también establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) reformar el seguimiento y sanción del delito de feminicidio.
 
También menciona como responsable al Comité de Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre la actuación del Consejo Estatal, denunció Adelaida Salas, “no hay claridad de sus labores y cuando se creó, porque supuestamente ya labora”
 
Dentro de la estrategia del Programa Especial para Promover la cultura de la denuncia hacia actos de violencia y discriminación contra las mujeres, se plantea que el Comité de Sanción y TSJ tienen la tarea de promover la armonización del delito de feminicidio acorde con el Código Penal federal.
 
Para que ello se cumpla, precisó Adelaida Salas, también debe trabajarse en reformas a la Ley de Acceso que cumplan con las exigencias de las mujeres de la entidad para que se les garantice la protección de sus derechos.
 
Además, la defensora de Derechos Humanos sentenció “si se sigue ignorando que las y los funcionarios no tienen el perfil para trabajar por los derechos de las mujeres, aunque se creen nuevas instancias la seguridad de las mujeres no va a estar garantizada”.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
  

8/13/2016

Jill Ellen Stein, candidata de los Verdes a la presidencia de EU


   En 2012 compitió con Barack Obama

El 6 de agosto, la doctora Jill Ellen Stein se convirtió en la segunda mujer en contender por la presidencia de Estados Unidos, al aceptar la nominación del Partido Verde.

Los delegados conocidos como “los verdes” eligieron a Stein y al el defensor de Derechos Humanos, Ajamu Baraka, como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos (EU), respectivamente, durante la Convención Nacional del Partido Verde (Green Party) llevada a cabo en la ciudad de Houston el pasado fin de semana.

“Así es como luce la democracia. Así es como luce una revolución política”, declaró Stein en su discurso del 6 de agosto, y agregó que su partido está a favor de diversos movimientos como el del cambio climático y la energía renovable, para la igualdad en el matrimonio, y la defensa de los Derechos Humanos, entre otros.

Con esta es la segunda vez que Stein contiende por la presidencia de su país, la primera fue en 2012, cuando compitió contra el entonces gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y el actual presidente de EU, Barack Obama.

De acuerdo con su portal de campaña, Stein inició su carrera política cuando activistas del Partido Verde-Arcoíris (Green-Rainbow Party) de Massachusetts, afiliados con el Partido Verde nacional, la postularon para gobernadora del estado; en ese entonces su contrincante fue el republicano Romney en 2002, pero no resultó electa.

También representó a Green-Rainbow Party en dos elecciones adicionales; una para Representante Estatal en 2004, donde terminó en segundo lugar; y en 2006 para Secretaria de Estado, por lo que recibió más de 350 mil votos—una de las cantidades más altas recibidas por una representante del Partido Verde.

En su nominación, Stein se presentó “en alianza” con el movimiento del insurgente candidato demócrata Bernie Sanders, ya que, según el medio radial NPR, una gran parte de los seguidores de Sanders abandonaron el partido demócrata tras la polémica nominación de Hillary Clinton.

También criticó a los otros contendientes a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Clinton y el republicano Donald Trump, por ser “financiados por los bancos depredadores, beneficiarios de la guerra y los gigantes de combustibles fósiles”.

De acuerdo a diversas fuentes, Stein empezó a luchar por el medio ambiente cuando muchos de sus pacientes comenzaron a mostrar síntomas preocupantes debido a la contaminación ambiental de los años 90.

“En 25 años en las clínicas, fui testigo de un aumento en las enfermedades - asma, obesidad, autismo. Ciertamente, nuestro ADN no cambió en ese corto tiempo; el problema es con nuestro sistema alimentario dañino, la contaminación y la falta de atención a la salud ", dijo en una entrevista al respecto con el diario Seattle Times.

Poco después, se unió a movimientos de organizaciones sin fines de lucro y comunidades indígenas que trabajaban en contra de la injusticia ambiental y el racismo.

La doctora, de 66 años de edad, se graduó con mención honorífica de la Universidad de Harvard en 1973; y en 1979, de la Escuela de Medicina de Harvard. Ha recibido varios premios por la salud y la protección del medio ambiente, incluyendo dos premios de la asociación estadounidense “Acción Para el Agua Limpia” (Clean Water Action) en 1998 y 2000; recibió el “Premio Ciudadano” de la organización del medio ambiente Centro de Acción Toxica en 1999; y el premio “Amiga de la Tierra” de la universidad Salem State College en 2004.

En 2012 Stein fue la única mujer nominada oficialmente por un partido político estadounidense en las elecciones generales, pero no alcanzó ni el uno por ciento de los votos.

Sin embargo, los medios locales estiman que la cantidad de votos electorales a favor de Stein podría ser más alta en esta contienda, aunque no por mucho. Una encuesta realizada por la compañía Bloomberg entre 749 posibles electores, proyectó que si hoy fueran las elecciones, 4 por ciento de los votos serían para Stein; 9 por ciento para el candidato del partido Libertariano Gary Johnson; 40 por ciento para Trump y 44 por ciento para Clinton.
 

Stein hablando en un evento de campaña en Mesa, Arizona | Foto: Gage Skidmore / Wikimedia
Por: Cristina Acuña Roeder
Cimacnoticias | Ciudad de México.-


7/30/2016

El mundo se encamina hacia un histórico liderazgo de mujeres


Madrid, 27 jul. 16. AmecoPress/LaPlata.- Si Hillary Clinton ganara las elecciones de noviembre, el mundo asistiría a un hecho histórico y completamente novedoso. Se convertiría en la primera mujer que llegue a la Presidencia de Estados Unidos, pero formaría parte, además, de un trío de mujeres (de entre 60 y 68 años) que gobernarían simultáneamente las tres principales potencias del mundo occidental: Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Pero podría ocurrir algo más: si la argentina Susana Malcorra (o alguna otra candidata) se convirtiera en secretaria general de Naciones Unidas, no sólo las tres potencias más fuertes sino también los organismos político y financiero más poderosos del mundo (la ONU y el FMI) quedarían en manos de mujeres.
No se puede hablar de la mujer en la política y en el poder como fenómenos nuevos. Hasta el año pasado, en Argentina, Brasil y Chile había Presidentas mujeres, y cada una había accedido al cargo por el voto popular. No eran las únicas en el mundo ni tampoco fueron los primeros casos. Ya en la década del `60 del siglo pasado Golda Meir e Indira Gandhi ocuparon los cargos de Primeras Ministras en sus respectivos países (Israel e India). En la década del `80, Corazón Aquino gana las elecciones presidenciales en Filipinas. Lo que podría ocurrir, sin embargo, es que -por los próximos años- el máximo poder mundial se concentre en una mesa de mujeres. Sería, en todo caso, la consolidación de un cambio social y cultural que ya ha tenido varios hitos importantes.

El nuevo escenario

“¿Todo esto es una coincidencia? ¿O que el techo de cristal del bloqueo femenino en el poder finalmente se quebró?”, se preguntaba recientemente el diario británico The Guardian. La mayoría de los países no han tenido a una mujer como líder. De acuerdo a la ONU, hasta agosto de 2015 las mujeres en el mundo representaban sólo el 22% de los parlamentarios. Hasta esa fecha, 11 mujeres eran jefas de Estado y 10 eran líderes de gobierno. Sólo en Cuba, Suecia o Ruanda, las cifras de mujeres parlamentarias están cerca del 50%. Ni EE UU, China, Japón, Italia o España han tenido mujeres al mando. No obstante, este panorama parece estar redefiniéndose.
En Reino Unido, Theresa May -la segunda mujer en estar a la cabeza del gobierno de ese país después Margaret Thatcher-, tendrá que codearse con sus vecinas, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, y deberá gestionar la compleja salida del país de la Unión Europea.
En los 70 años de vida de la ONU, nunca una mujer ha sido secretaria general. Pero eso podría cambiar. Helen Clark es una de las favoritas para convertirse en la sucesora de Ban Ki-moon. Primera ministra de Nueva Zelanda por tres períodos (1999-2008), Clark dirige desde 2009 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Y si no es ella, en la lista también aparece la actual directora de la Unesco, la búlgara Irina Bokova, además de la cancillera argentina Susana Malcorra, también en carrera entre los 12 candidatos para sumir la secretaría general.
Otra líder fuerte a nivel mundial es la directora del FMI, la francesa Christine Lagarde (60), primera mujer en acceder a ese cargo. Abogada de profesión y madre de dos hijos, fue previamente la primera ministra de Economía y Finanzas de un país miembro del Grupo de los Siete países más industrializados (del mundo G7).

La oportunidad

De acuerdo al diario The Washington Post, una investigación sobre liderazgo femenino determinó que las mujeres tienen su oportunidad cuando existe un período de crisis, tal como ocurrió en Reino Unido con el Brexit. De hecho, Thatcher asumió en 1979 tras una crisis económica y del laborismo.
“Luego de que sus primeros ministros murieran o dejaran el cargo por enfermedad, los Partidos Laboristas de Israel y Noruega pusieron por primera vez a mujeres al mando: Golda Meir en 1969 y Gro Harlem Brundtland en 1981”, destacó el Post.
Según Diana O’Brien, profesora de la Universidad de Indiana y que ha estudiado el interés de las mujeres en política, éstas son elegidas para liderar cuando existe un “alto riesgo de desastre o fracaso organizacional”.
Karen Beckwith, experta de la competencia de género en liderazgos de partido de la Universidad Case Western Reserve, asegura en un estudio que es más probable que las mujeres se conviertan en líderes de sus partidos cuando un jefe “hombre es removido por un escándalo o una derrota electoral, o las condiciones son tan inciertas que los aspirantes masculinos más prominentes se niegan a ser candidatos”. Como sea, parece ser la hora de la mujer.
Foto: Laplata.com.

11/21/2015

Más y más mujeres ¿Sin perspectiva feminista?


Palabra de Antígona

"...habrá que ver sí diputadas locales, presidentas municipales, síndicas y regidoras pugnarán o no porque la política de género avance..."

Sara Lovera


México DF., 18 nov. 15. AmecoPress.- La discusión sobre los cambios electorales en Quintana Roo, hacia la paridad y la limitación a la paridad horizontal, en el camino para 2016, empieza a revelar el problema de fondo, ese que nos dará nuevos bríos y claras dificultades.
Parece que es limitada y llena de escoyos la idea de solamente empujar a las mujeres a los escaños y a sumar en imagen y fuerza en distintas instancias, sin un compromiso de género; sin claridad en su encargo para profundizar en la igualdad sustantiva, en todos los terrenos y no únicamente en lo electoral y la toma de espacios de poder.

Quintana Roo es todavía peor, porque en los últimos días hay una fuerte discusión sobre la alerta de género para parar los crímenes contra las mujeres. Hay una clara división entre las feministas y las mujeres del movimiento amplio.
El gobernador, Roberto Borge Angulo rechazó la idea de declarar Alerta de Género, no sólo al minimizar las muertes de mujeres, sino que está preocupado porque se puede afectar la derrama económica en ese destino turístico.
En Quintana Roo se contabilizan casi veinte asesinatos de mujeres, siete de los cuales ocurrieron en las últimas dos semanas, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene números preocupantes en sus archivos. En 2012 se documentaron 15, un año después 20 y durante 2014 sumaron 12.

El tema de la paridad va junto con pegado. Hubo como en otras entidades gran discusión para aprobar los cambios en la ley electoral. Y nuestra colaboradora en SemMéxico, Clara Scherer lo dice no sin preocupación: “No extraña que siendo 10 mujeres, 40 por ciento de las personas que integran dicho Congreso (el de Quintana Roo) se haya aprobado tan deficiente reforma. De esas 10, a dos de ellas hay que felicitarlas por saber honrar la memoria de las mujeres que nos dieron derechos, por valientes y por solidarias. De las otras, habría que empezar a pensar qué estrategia seguir”.

Y ese es el tema de fondo. La mujeres de la Red de Redes, una nueva instancia surgida de la experiencia electoral de 2015, convocada por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE), describió claramente cómo en lo sucesivo habrá que ver sí diputadas locales, presidentas municipales, síndicas y regidoras pugnarán o no porque la política de género avance como deseamos en todo el entramado de la vida pública en el país o quedará como muchas otras iniciativas y logros, en claroscuros que nos dejan siempre un mal sabor de boca.

Avanzamos, pero es inaceptable el embarazo en adolescentes; avanzamos pero las cifras de violencia contra las mujeres apabullan, hay trabajo femenino pero indecente y mal pagado.

Y, todo esto, Quintana Roo, Chiapas, las protestas al comienzo de la contienda electoral por la cantidad de esposas, primas, hermanas que fueron a las listas electorales ante la premura de cumplir con el 50/50 nos habla de eso de la necesidad de empezar a pensar qué estrategia seguir. Bueno ese es un antiguo problema que me revoloteó en la cabeza luego de leer lo dicho en tribuna por la senadora perredista Lorena Cuéllar Cisneros, al hablar de profundizar, con toda premura en la igualdad real, o sea en la justicia para más de la mitad de la población.

Las queremos vivas, las queremos completas, las queremos felices, las queremos autónomas y conscientes de sus derechos. Queremos que nuestras representantes en todos los espacios luchen por la verdadera libertad y justicia para las mujeres. Sin conocimiento de causa, sin compromiso, el tema queda trunco. Menudo asunto.

Y es que Lorena Cuéllar Cisneros habló de esto en el marco recordatorio del primer y gran paso hacia la igualdad, cuando el 27 de diciembre de 1974 el Congreso aprobó la Igualdad Jurídica de la Mujer en México, cuando se modificó el artículo 4º de la Constitución, reforma histórica que buscó garantizar el acceso de las mujeres a la política en condiciones de igualdad y se modificaron por iniciativa del presidente Luis Echeverría quien el 18 de septiembre de 1974 envió una propuesta para modificar los artículos 4º, 5º, 20º y 123º Constitucionales que establecieron la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Y se aprobó exactamente cuatro días antes del arranque del Año Internacional de la Mujer en 1975, hace 41 años.

Durante cuatro décadas las iniciativas del movimiento feminista no pararon. Sin embargo, la conciencia de las mexicanas no ha cambiado lo deseado. Y entonces nos extrañamos de que muchas ungidas al poder no actúen como esperamos, con solidaridad entre mujeres; con conocimiento y profundidad sobre el valor de tomar decisiones y proponer, ya en esos espacios de poder, cómo realmente seguir avanzando.

No es sencillo solamente vanagloriarnos del avance jurídico, se necesita mucho más. El tema es quién lo hará, si ahora vemos reducidos los presupuestos; si las instituciones revíctimizan a las mujeres; si los gobernadores alegan que el tema de la violencia se politiza, si las mujeres se dividen, tanto como los hombres por intereses políticos y económicos.

La tarea es ardua. Habría que empezar por eliminar la demagogia de género y reconocer que estamos a la mitad del camino, que hay que hacernos cargo, desde todas las latitudes y todas las responsabilidades. Habrá que esperar todavía. Pero no podemos callarnos.

No señores gobernadores, dirigentes partidarios, autoridades, etcétera. No podemos esperar más. Urge una real y potente cruzada por el conocimiento de género o sea una cruzada feminista capaz de iniciar la transformación del Estado.
Veremos.
Foto: Archivo AmecoPress.