El viejo Comandante Creisi piensa que tú no sabes nada. Que
nosotros no sabemos nada. Que cuando hablamos de cárteles, de plazas, de
los líderes más conocidos y de sus acuerdos, puede que creamos que
sabemos algo, pero en realidad no.
Que cuando mezclamos nuestro diccionario con el de los sicarios y
decimos ‘levantón’, ‘la letra’, o ‘embolsado’ en realidad, lo podemos
hacer porque ellos, los que están dentro del narcotráfico, permitieron
que nos asomáramos a su mundo por una pequeña rendija.
Ellos no sólo controlan la droga, las armas, los bares, los
tabledance, la tortillería de la esquina y parte de la policía y la
política, sino que también controlan la información: “tú sólo sabes lo
que nosotros queremos que conozcas”. El resto, lo que realmente ha
pasado en México, especialmente durante la llamada ‘Guerra contra el
narcotráfico’, sólo lo saben ellos y sus cómplices. Gente, por ejemplo,
como el viejo Comandante Creisi.
Este exmilitar que aterrorizó Monterrey la década pasada como socio
del Cártel del Golfo dice esto con seguridad: “las cifras oficiales
están ‘tijereadas’, porque esas también las controlábamos nosotros”.
“¿Qué cuántos de mis delitos llegaron a cifras oficiales? Pues… yo
creo que… el 1 por ciento; no, yo creo que ni el 0.1 por ciento”,
contesta este hombre que vendía droga y pasaba armas, que tuvo seis
procesos abiertos, que todos los libró y que ahora habla desde su nuevo
hogar: la Casa de Rescate Cristo Vive, ubicada al norte de México en
Saltillo, Coahuila, un refugio cristiano para antiguos adictos y
miembros del crimen organizado.
Ahí hay chapos, zetas, golfos, michoacanos, exguachos [exmilitares] y
eses [pandilleros] que ahora rezan juntos y trabajan con ahínco
“salvando almas”.
El hombre es bajito, cuadrado, de piel oscura y tiene un perfil de
delincuente como sacado de libro de texto: nació pobre, creció en un
hogar de padre alcohólico y golpeador, apenas acabó la primaria y cuando
tuvo edad suficiente se refugió en el Ejército. Dio alta en el 45
Batallón de Infantería y pasó su primer año entre golpes y
humillaciones. Su suerte cambió cuando lo mandaron a destruir plantíos
de marihuana al norte del país. Ganó ascensos, dinero y poder. Y con
ello, impunidad.
Su poder llegó a ser tan grande en la ciudad de Monterrey, mejor
conocida como la Sultana del Norte, que alrededor de él orbitaba la
famosa “narcoabogada” Raquenel Villanueva, defensora de capos pesados,
quien en 2009 fue asesinada hasta el quinto atentado que sufrió. De ella
aprendió que “al cártel se le respeta y a la autoridad se le corrompe”.
“¿Que cómo se mantienen bajas las cifras oficiales? Cuando uno abre
una plaza, te aseguras de que la gente a tu alrededor te cuide. La gente
recibe la ayuda que les damos. En fiestas, navidades, años nuevos… Tú
paga y nadie va a denunciar. Y si eso no funciona, pues el cártel
actúa”, dice el viejo Comandante Creisi.
La misma fórmula es para las autoridades: si no quieren recibir
dinero de la mano derecha, la izquierda siempre está lista para tirar
plomo. No sólo controlan quién extorsiona, secuestra, mata o alinea
policías, sino que también controlan los reportes de los ministerios
públicos, “porque una plaza sin denuncias es un lugar que no se calienta
y donde se puede ‘jalar’ sin problemas. Lo oficial no es la realidad”,
sentencia.
“Al gobierno no le conviene decir la verdad. Muchos estados llevan tregua con el narcotráfico”; es decir, los estados ceden.
Dejan de reportar cifras. Pierden expedientes. Ordenan silencio a los
reporteros y sus jefes. Capturan averiguaciones previas o carpetas de
investigación sin folios y le dicen a la gente que están investigando
aunque pasen años sin que aparezca una nueva pista sobre un homicidio,
un desaparecido o un secuestro.
El viejo Comandante Creisi quisiera decir más, pero sabe que si
quiere seguir un retiro en paz, después de su huir de su cártel, no
puede entrar en muchos detalles. Sólo masculla que “las cifras
oficiales” están “abajo, muy abajo” y regresa a su oración.
Él piensa que nosotros no sabemos nada. Y también que probablemente
nadie nunca conozca el real tamaño de la tragedia, consecuencia de la
llamada ‘Guerra contra el narco’.
El 11 de diciembre de 2006, en cadena nacional y a diez días de haber
asumido la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa decretó una
guerra frontal en contra de los cárteles de la droga.
Ese día, 5.000 efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal
fueron desplegados en el estado de Michoacán para combatir al crimen
organizado. A ese operativo militar siguieron otros similares en
Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.
El conflicto pronto se extendió a otras regiones del país, a la vez
que se convirtió en una guerra no sólo del Estado mexicano contra las
organizaciones criminales, sino de éstas entre sí por el control del
mercado de estupefacientes, lo que generó una crisis de violencia sin
precedentes.
En un esfuerzo por contribuir al entendimiento de esta ‘guerra’, VICE
News cierra este 2016 con un trabajo periodístico de diez reportajes a
través de los cuales ofrecemos a nuestra audiencia una lectura de lo que
ha significado esta década para México. Un equipo de reporteros viajó a
diversos estados de la República en busca de historias, que combinadas
con un trabajo de diseño y de datos sobre el comportamiento de los
delitos de alto impacto, ofrecemos a partir de hoy.
En este camino, nos dimos cuenta que si bien tenemos indicadores
oficiales que nos arrojan una idea del comportamiento delincuencial, es
indispensable decir que México se enfrenta a un espejismo, a un gran
hoyo negro de información y de conocimiento de lo que realmente ha
sucedido: los ciudadanos sólo nos hemos enterado de una décima parte del
terror criminal que ha azotado al país en los últimos años.
El viejo Comandante Creisi, es una voz que encontramos en Saltillo y
que nos ayuda a entender cómo las células y grupos del narcotráfico
operan para mantener las cifras oficiales en una nebulosa; a esto se
agrega el miedo y la desconfianza de las miles de víctimas hacia las
autoridades encargadas de abrir las investigaciones, de darles
seguimiento y de impartir justicia, a quienes en su mayoría se asocia
con la corrupción.
Lamentablemente desde el año 2010 a la fecha en más del 90 por ciento
de los casos, los mexicanos optan por no hacer denuncias. Los
especialistas han bautizado a esta estadística oculta de la criminalidad
como la “cifra negra” del delito. Son ilícitos que existen en la
realidad, pero no en los registros del gobierno.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publica el INEGI, sólo durante el
2015 ocurrieron en México 29,3 millones de delitos, de esos sólo se
denunciaron 3 millones, y únicamente 1,8 millones fueron investigados
por la autoridad; es decir se abrió una averiguación previa. Cabe
destacar que esta pequeña fracción de denuncias con averiguación es la
que figura en los datos oficiales.
La cifra negra, de por sí muy alta, sigue creciendo año con año. En
2010, cuando el INEGI levantó la primera encuesta, 92 por ciento de los
delitos cometidos no fueron del conocimiento de la autoridad. Para 2015,
fecha del levantamiento más reciente, este porcentaje subió a 93,7 por
ciento.
Antes de la ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI)
medía el fenómeno delictivo en México. Aunque las diferentes
metodologías no las hacen comparables, resulta indicativo que en 2005
–el año previo a la guerra– la ENSI arrojaba una cifra negra de 81 por
ciento, misma que creció a 86 por ciento en 2008.
La brecha entre criminalidad real y oficial se amplía cuando se trata
de delitos en los que el crimen organizado está involucrado. Por
ejemplo, de 64.459 secuestros que el INEGI estima que ocurrieron durante
2015, sólo se denunciaron 1.054, esto es el 1,6 por ciento. Otro caso
son las extorsiones: de 7,1 millones, 98 por ciento terminaron en la
opacidad. De problemas como el tráfico de drogas, la trata de personas,
el trasiego de armas o las desapariciones mejor ni hablar. Son fenómenos
que la ENVIPE no captura, pero los expertos señalan que la cifra negra
de estos delitos seguramente es aún peor.
Las regiones donde la cifra negra es más alta son también las que han
sido azotadas de forma más severa por los grupos criminales. Es el caso
de los estados de Guerrero (con 97,5 por ciento de sus delitos sin
denunciar), Estado de México (95,4 por ciento), Veracruz (94,8 por
ciento) y Tamaulipas (94,6 por ciento).
Son varios los motivos por los que un delito no termina en los registros oficiales.
Dos terceras partes de las víctimas que no denunciaron durante 2015
lo hicieron por causas atribuibles a las autoridades, ya sea porque las
consideran ineficientes, o peor aún, porque les tienen miedo y
desconfían de ellas. El otro tercio no denunció por temor al agresor,
por falta de pruebas o porque consideraron que era un delito de poca
importancia, de acuerdo con la ENVIPE.
Un informe citado por la ONG Mexicanos contra la Corrupción —Colmex e
INE— especifica que 63 por ciento de la población no denuncia porque
cree que no servirá de nada, 52 por ciento por desconfianza a la
autoridad, 40 por ciento por malas experiencias y 34 por ciento por
miedo al delincuente.
Las cifras del INEGI indican que las autoridades cada vez mandan más
denuncias a la congeladora. Mientras que en el año 2010 el 27,2 por
ciento de las denuncias no prosperó, para 2015 este porcentaje creció a
32,8 por ciento. En números absolutos, el número de denuncias que no
prosperaron pasó de 774.000 a poco más de un millón.
“Todo esto es parte de lo que llamamos el círculo de la impunidad en
México. Pocos delitos son denunciados. De esos pocos, una proporción
todavía menor son investigados. De los que son investigados pocos
presentan un expediente robusto y si se llega a tener un expediente bien
armado, el presunto responsable todavía tiene la posibilidad de
corromper al juez. En caso de toparse con un juez competente e
incorruptible queda el último recurso de seguir delinquiendo desde la
prisión. Entonces los incentivos están alineados —en un análisis
costo/beneficio— para delinquir. Todo el edificio de la administración,
investigación, procuración e impartición de justicia es disfuncional”
asegura María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad.
La investigadora opina que efectivamente, de la lucha contra el narco
“todavía sabemos pocas cosas. Por ejemplo el número de autoridades
municipales que están coludidas con el narco o los diferentes giros
delictivos en los que incurre cada organización criminal. Lo que sí
sabemos —agrega— es que vamos perdiendo la ‘guerra’ contra los delitos
de alto impacto y una buena proporción de ellos se vinculan con el
crimen organizado. Sus índices no ceden después de tres sexenios”.
Para Casar lo que hace falta es una política de Estado que abarque al
conjunto de instituciones, ramas y órdenes de gobierno, “las
consecuencias de no hacerlo están a la vista: no se muestra mejora
alguna en índices delictivos, en corrupción y en impunidad en los
últimos años; y los costos sociales, políticos y económicos se agravan
todos los días”.
“‘La Guerra contra el narco’ es un fracaso para América Latina porque
nosotros estamos poniendo los muertos, los desaparecidos y los
desplazados por violencia. Estamos poniendo un gran costo social, diría
que el mayor, además de un gran presupuesto policiaco y militar; y al
mismo tiempo, el gran consumo y el gran ‘business’ de las drogas
ilegales se mantiene en Estados Unidos. Entonces está claro que mientras
la guerra es un fracaso para nosotros; para las potencias —que a su vez
son los grandes consumidores— es un ‘éxito’ debido a que ellas se
llevan todas las ganancias, o la mayor parte, mientras que a los países
productores y de tránsito nos toca asumir la mayor parte de los costos
humanos”.
Quien hace esta reflexión en entrevista para VICE News es Froylán
Enciso profesor investigador del Programa de Política de Drogas del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las
instituciones académicas con mayor prestigio en el país.
Cuando Felipe Calderón llegó al poder existían, según la Procuraduría
General de la República (PGR), cinco principales organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas: el Cártel de los hermanos Arellano Félix
que imponía su ley en la ciudad fronteriza de Tijuana, el Cártel del
Golfo que dominaba estados como Tamaulipas y Veracruz, el Cártel de
Sinaloa que operaba en las costas del Pacífico mexicano, el Cártel de
Juárez que controlaba Ciudad Juárez, una ciudad contigua al Paso, Texas,
y la organización de los hermanos Amezcua dedicada al tráfico de
metanfetamina también en la zona del Pacífico.
Pero poco después la PGR tuvo que agregar a su listado oficial a la
Familia Michoacana que sólo tres meses antes de que Calderón ocupara la
presidencia, se estrenaba mediante una sangrienta aparición. El 6 de
septiembre de 2006 después de una fiesta en un centro nocturno en
Uruapan, Michoacán, cinco cabezas humanas fueron arrojadas en el centro
de la pista. “Esto es justicia divina”, decía un cartel colocado al lado
de los cráneos decapitados. Una imagen dantesca que se repetiría con el
paso de los meses en casi todos los estados del país.
Después de 21 meses de enfrentamientos entre miembros de la Familia
Michoacana y las fuerzas de seguridad se registró uno de los hechos más
violentos de la guerra. Durante la celebración de las fiestas patrias en
el centro de Morelia —capital de Michoacán— el 15 de septiembre de 2008
explotaron varias granadas entre la multitud que festejaba al aire
libre, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas y más de 100
heridas.
El hecho indignó a la sociedad, debido a que un ataque de esa
magnitud contra civiles no tenía precedentes en el país. La Familia
culpó a sus rivales Los Zetas por el atentado, que ya también figuraban
en el mapa del narcotráfico mexicano.
De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, es decir durante los
primeros cuatro años de la guerra de Calderón, el gobierno tenía un
registro de 34.612 muertes en ese periodo, como resultado de la lucha
contra y entre los cárteles de la droga. Entre las víctimas se contaban
miembros de organizaciones criminales, fuerzas de seguridad y personas
inocentes que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y momento
equivocado; el gobierno los llamaría “daños colaterales”.
Hasta ese momento, la base de datos oficial registraba muertes por
agresiones, ejecuciones o enfrentamientos en casi la mitad de los
municipios de México. Ningún estado estaba exento de formar parte de tan
macabra estadística.
El resultado estaba claro: a 1.460 días del inicio de la guerra, la
violencia, lejos de ceder, crecía y se extendía. Las cifras oficiales
apuntaban a que la estrategia bélica del gobierno se encaminaba a
convertirse en un rotundo fracaso.
Meses después, el gobierno calderonista interrumpió este conteo, o
por lo menos dejó de divulgarlo públicamente, debido a algunas críticas
hechas a la metodología con que se recababa la información. Hasta la
fecha no se ha dado continuidad a esta estadística.
Con todo, existen cifras que nos permiten tener cierta idea de lo que
ha sucedido a una década de iniciada la guerra . ¿Los mexicanos vivimos
ahora más seguros que antes, como lo prometió el gobierno?; es decir,
¿estamos menos expuestos a delitos como el secuestro, la extorsión, la
desaparición o la trata? ¿Terminamos o siquiera menguamos el poderío de
los grupos criminales? ¿Hay menos impunidad en el sistema de justicia de
nuestro país? Esas son algunas de las preguntas que nos planteamos en
VICE News durante la planeación de este especial.
Por eso en cada reportaje exploramos un fenómeno diferente:
comenzamos con este texto introductorio sobre la cifra negra de los
delitos, y continuaremos abordando los delitos de homicidio, secuestro,
extorsión, trata de personas, desapariciones, lavado de dinero, tráfico
de armas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Aunque los datos se expondrán a detalle en las próximas entregas,
podemos adelantar algo: en casi todos los delitos registramos cifras más
altas que cuando comenzó la guerra.
Tomamos como punto de referencia el año 2006. Este año presenta la
fotografía más inmediata al inicio de la guerra contra el narco: así
encontró Felipe Calderón el país cuando tomó posesión aquél primero de
diciembre.
El diagnóstico actual es mucho más grave a partir de las cifras
analizadas, cuyas fuentes son oficinas de gobierno como el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Estos datos tienen sus limitaciones para medir el fenómeno delictivo.
Basta mencionar aquí que muchos se basan en denuncias presentadas ante
las procuradurías locales.
La ‘Guerra contra las drogas’ ha creado un cambio estructural en la
sociedad mexicana “que duplicó quizá permanentemente los niveles de
violencia en México” dice Froylán Enciso, experto en el tema y autor de
Nuestra historia narcótica [Debate, 2015]. Es necesario empezar a
diseccionar todo los datos para combatir las perversidades que ha dejado
este periodo, dice.
Esta no ha sido una guerra contra las drogas, agrega Enciso
originario de Mazatlán Sinaloa, “ha sido una guerra contra las personas
que vimos cómo los despliegues militares y policiacos empezaron a crear
espirales de violencia allá donde iban; y si bien es cierto que había un
problema previo, cuando llegaba el Ejército ese problema se volvía
exponencial y junto con ello aumentaban los homicidios y otros delitos
de alto impacto, junto con una gran cantidad de violaciones a los
derechos humanos. Y del otro lado, sin embargo, no hay evidencia alguna
de que el tráfico, la demanda y consumo de drogas haya disminuido”.
Es decir, tenemos un panorama muy claro: hay un aumento de índices de
violencia y un fracaso de políticas públicas, versus un gran mercado de
drogas con ganancias millonarias y lavado de dinero.
Por otra parte, en México asistimos ya a una molestia y cansancio muy
evidente de las fuerzas armadas. Apenas el 20 de octubre pasado, el
propio ministro de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos
admitió en una declaración pública —muy poco usual— que sus tropas
enfrentaban un desgaste: “hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando
en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra y en las
ciudades”.
Esto puede ser interpretado de distintas maneras. Primero, explica
Froylán Enciso, como un rompimiento político con el actual presidente
Enrique Peña Nieto, quien llegó prometiendo que iba a haber un cambo de
paradigma: de la militarización y el enfrentamiento policiaco hacia la
prevención. Ya estamos en el cuarto año de gobierno y evidentemente los
militares siguieron en tareas de seguridad pública. No ha habido una
salida formal del Ejército de la llamada ‘Guerra contra el narco´ y esto
es un “síntoma de la hipocresía y la incompetencia de Peña Nieto”.
La otra manera de analizar esa declaración de Cienfuegos “es que
realmente hay un verdadero desaliento entre las tropas. Ellos no tienen
que estar ahí y lo saben. No hay un marco legal que respalde su
ejercicio en esta lucha. Están cansados de estar en los operativos y en
la sierra sin recursos. De alguna manera los soldados también están
sufriendo la guerra, no sólo como victimarios, sino como víctimas”.}
Hoy en día, tras una década de guerra, tampoco vemos una disminución
de organizaciones criminales. La PGR tiene ubicados a nueve cárteles del
narcotráfico: Sinaloa, Arellano Félix, La Familia Michoacana, Cártel de
Juárez, hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los
Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De estos
nueve grandes cárteles se desprenden 36 células o pandillas que trabajan
para ellos, y que hacen que la violencia sea mayor.
De lado de la soluciones y propuestas a futuro, Froylán Enciso tiene
una postura muy clara: regular el mercado de drogas es un paso
necesario, pero insuficiente para frenar la violencia. “Tenemos que
empezar por legalizar la marihuana”.
De hecho es otra de las promesas no cumplidas de Peña Nieto: “él
prometió que iba a estar del lado de la razón en la legalización de la
marihuana y después no hizo nada, fue al parecer una estrategia
publicitaria para tener a las mentes críticas de México de su lado y
quedó mal con todo mundo”, opina Enciso.
Por otro lado, “tenemos que acompañar al movimiento de víctimas. Hay
que tratar de bajarle al desgaste del tejido social, al resentimiento, y
a los daños que en las familias ha provocado esto. Hay que salir a
explicar a organismos como la ONU cuánto nos ha costado el régimen
global de prohibición y la guerra, y así intentar pedir una reparación
del daño que vaya a víctimas”.
Desde VICE News creemos que la información es fundamental para tomar
decisiones correctas. Conocemos tan poco de esta guerra y se ha dedicado
tan poco tiempo y recursos para analizar los datos, que las soluciones,
igualmente, se han quedado cortas, muy cortas. Por ello decidimos
realizar este trabajo periodístico que aporte al debate y al intercambio
de ideas que ayuden a repensar las políticas públicas que atiendan el
problema desde una perspectiva integral, de salud pública, cuidando los
derechos de los consumidores y sobre todo, reconstruyendo el tejido
social.
Jefa de Contenido: Laura Woldenberg. Editora: Karla Casillas Bermúdez. Data: Saúl Hernández. Diseño: Francisco Gómez y Clementina León.
