2008: año de violencia, inequidad e injusticia en Guerrero

Impune aún violación de militares contra Inés y Valentina

De la redacción

México DF, 31 dic 08 (CIMAC).- En Guerrero el cierre de fin de año ha sido atroz, por los hechos de violencia que evidencian el fracaso de las políticas del Gobierno federal para combatir el crimen y que han implicado la militarización y la violación a los derechos humanos de la ciudadanía, como ocurrió en el 2002 en Ayutla y Acatepec en donde fueron violadas sexualmente dos mujeres indígenas me´phaa, Inés y Valentina.

Así lo considera en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización no gubernamental que acompaña desde hace 14 años a los pueblos Nauas, Na Savi (Mixtecos), Me' phaa (Tlapanecos), Amuzgos y Mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en su lucha por la justicia y por el pleno respeto a sus derechos humanos. Esta situación de violencia, cuyo más reciente capítulo en la entidad es el caso de los siete militares que fueron decapitados la semana pasada en Chilpancingo, es un llamando a las autoridades para revisar este proceso de militarización que se ha emprendido a costa de la vida de los mismos soldados y a costa de los severos daños que se ha ocasionado a la sociedad, señala el organismo.

También es un llamado muy fuerte para analizar lo que está pasando realmente dentro de las fuerzas armadas, debido a que hay decisiones que quedan en la opacidad porque no existen sistemas de control interno que transparenten las actuaciones del instituto armado y tampoco hay sanciones ejemplares para quienes de manera impune transitan entre el campo del poder y el ámbito delincuencial, indica el texto.

Se ha comprado muy cara la idea de que la utilización del Ejército en el combate a las drogas es la única fórmula para enfrentar los estragos de este mal del tercer milenio, considera.

MAGISTERIO

Y en este cierre de año, afirma, hay una ambiente de malestar, desencanto y frustración en el movimiento magisterial –cuyas integrantes sufrieron la violación a sus derechos humanos-- porque no encontró, por lo menos en los últimos días de diciembre, respuestas y resultados en las mesas de negociación en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Todo apunta, considera la ONG, a que se sigan crispando los ánimos en este sector por falta de voluntad política, de compromiso y de atención apropiada a los planteamientos de las y los maestros que han estado demandando una revisión a estas políticas privatizadoras que se están aplicando en el campo de la educación.

MIGRACIÓN

Otro de los problemas que menos preocupan a las autoridades, afirma Tlachinollan, es la migración interna e internacional, que se está manifestando en este fin de año en un cierre muy trágico, sobre todo porque la gente que migra como jornalera o jornalero agrícola no está encontrando trabajo, no está recibiendo el pago que le prometieron los empresarios y se ven forzados a migrar a otros campos donde se repite la misma historia.

Por otro lado está el retorno de familias de Estados Unidos a sus lugares de origen porque no hay condiciones para seguir sobreviviendo. Se trata, indica el texto, de un retorno funesto que nos habla de un problema mayúsculo y que por desgracia el Gobierno tampoco tiene una política migratoria real, ni toma las medidas preventivas para poder hacer frente a esta problemática que se va a seguir manifestando el próximo año.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

La ONG afirma también que los 215 casos que registró sobre criminalización de la protesta, “son el termómetro más claro de cómo el Gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tiene ninguna sensibilidad y compromiso de querer acercarse al movimiento social y acompañar la lucha de los sectores empobrecidos.

Es visible su desdibujamiento político que evidencia su obsesión por el poder, sus ambiciones cortoplacistas y su visión utilitarista de la política que queda muy lejos de los sueños democráticos del pueblo de Guerrero, señala. En 2008 se recrudeció la persecución contra el movimiento social y el mismo gobierno asumió actitudes intolerantes que propiciaron una mayor polarización política que, de algún modo, se manifestó en las elecciones de octubre pasado.

Ejemplo reciente es el caso del profesor y luchador social Máximo Mojica quien fue detenido de manera arbitraria y fue victima de torturas y de un proceso amañado que nos siguen reproduciendo los mismos vicios de un sistema de justicia, que hace uso de la fuerza para someter a los luchadores sociales; otro caso que pone al descubierto los patrones de criminalización y persecución encarnizada contra campesinos ecologistas, como sucedió hace años con Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y Felipe Arreaga, es el de Javier Torres, donde el Ejército de acuerdo al testimonio de la misma víctima asume un papel protagónico en el caso de su desaparición forzada.

ESPIRAL DE VIOLENCIA

Dice Tlachinollan que sigue creciendo la espiral de la violencia y el ambiente de inseguridad “nos ha atrapado en su laberinto tanto a la sociedad como a las mismas instituciones encargadas de velar por ello”. Lo preocupante es que el Gobierno avanza en una línea opuesta al movimiento social por su alineamiento a las políticas privatizadoras, que lo único que han logrado es sangrar más al pueblo indígena y campesino que a diario se la juega por la sobrevivencia. Esta tragedia se condensa, asegura Tlachinollan, en el caso de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que en el transcurso del año sufrió de nueva cuenta persecución y fabricación de delitos, como son los casos de los 5 indígenas detenidos y acusados por cuestiones políticas, pues a pesar de que un juez federal les concedió el amparo, el Ministerio Público de la Federación se encargó de mantenerlos dentro de la prisión.

EL AÑO POR VENIR

El cierre electoral también generó desencanto y desconfianza en varios sectores de la sociedad que, de algún modo, se sintieron defraudados por la forma en cómo se realizaron las elecciones. Acapulco es el típico caso de cómo diseñan campañas pensadas más para burlar la ley y comprar la voluntad ciudadana sin importar los daños que se causa al trabajo de varias generaciones que entregaron su vida por la democracia, sentencia el texto.

Fue desconcertante conocer las argumentaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que reconoce las irregularidades, pero no consideró que fueran pruebas suficientes para anular la elección.

Hay temores fundados de que el próximo año electoral prevalezca el desánimo y la indiferencia de la ciudadanía y por otra parte el engaño y la impunidad de los partidos y sus candidatos. Con este panorama se prevén campañas donde el ambiente político se contamine por intereses ajenos a la democracia y que se sigan infiltrando los intereses de la delincuencia organizada.

El temor es que con los nuevos gobiernos municipales no se atiendan las demandas de la ciudadanía, porque muchas autoridades electas llegaron con un gabinete ya armado por amigos y compadres o grupos de interés económicos que tomaran como rehén a la misma ciudadanía que no tuvo otra alternativa política más idónea para mejorar sus condiciones de vida.

Lo que más nos preocupa como ONG es que las autoridades del estado y municipales no muestran un compromiso claro por el respeto a los derechos humanos; los grandes problemas que vivimos tienen que ver con las graves violaciones a los derechos humanos y con la desatención a las demandas de indígenas, estudiantes, maestras y maestros, campesinas y campesinos y que están relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

08/GG