José Francisco Gallardo Rodríguez
immorfo
No es del imperio de la impunidad de donde debe
florecer la justicia. De más de 23 mil ejecuciones de mexicanos, reconocidas por el gobierno, ya perdí la cuenta, pero auguré desde el primer año de esta administración que Calderón, de terminar su gestión, acumularía más de 40 mil muertes desde la declaratoria de “guerra contra las drogas”, sin contar viudas, huérfanos y lisiados. Una quinta parte de los cadáveres los abona Ciudad Juárez, con 5 mil 400 a partir del lanzamiento: Operativo Conjunto Chihuahua 2008 (Proceso 1755).
El 10 de junio, a cuatro décadas de la masacre estudiantil de 1971, como para conmemorar la fecha con un baño de sangre, fueron asesinadas más de 77 personas, así se registra el día más violento en lo que va de la administración “democrática” panista. Sin embargo, Calderón disfrutaba de la fiebre futbolera en Sudáfrica.
Días después, desencajado pero ufano, en un mensaje dirigido a la nación, señaló que “la lucha contra el crimen organizado, no es sólo la lucha del presidente, sino de todos los mexicanos, y en particular de aquellos que tenemos la responsabilidad pública en el gobierno. Por eso tu participación es vital, porque la lucha es de todos, tu denuncia o la información que nos hagas llegar es vital. El mandatario destacó que el gobierno federal cuenta con una estrategia para combatir al crimen organizado y proteger a los ciudadanos. En esta etapa estamos debilitando al crimen organizado, hemos dado golpes importantes a todos los cárteles, sin excepción, lo que ha generado división. Por esa razón, pero sobre todo por sus tradicionales rivalidades, entre ellos se han generado ejecuciones violentas entre las bandas de delincuentes” (Reforma, 16 de junio de 2010).
Con una visión desviada, lo asegunda el responsable de la seguridad interna, con un regaño a la prensa durante los honores fúnebres a 15 policías muertos por el “crimen organizado” en Michoacán y Chihuahua, días antes. Gómez-Mont exigió a los medios de comunicación que vinculen de mejor manera a la opinión pública con los cuerpos de seguridad, ya que el compromiso de policías, marinos y soldados no puede ser desconocido en la banalidad o en la crítica ligera. En el mismo acto, García Luna afirmó que “los recientes ataques del crimen contra la policía buscan el repliegue de las autoridades y que se frene el combate a la delincuencia organizada. Pero, afirmó, no vamos a ceder, no vamos a claudicar, no va a haber marcha atrás” (La Jornada, 16 de junio de 2010).
Si vemos, por un lado, este mensaje no va dirigido a la nación sino a Washington y a la opinión pública internacional por los señalamientos que Calderón recibió en su visita reciente a EUA, por algo lo dirán, de que el gobierno en la “guerra contra las drogas” acumula miles de violaciones graves a los derechos humanos y por favorecer al cártel de Guzmán Loera; por el otro lado, nadie en su sano juicio busca que la autoridad se repliegue del combate a la delincuencia, lo que se quiere es que los agentes encargados de hacer cumplir la ley, respeten el Estado de derecho, no cieguen vidas de nadie, menos de inocentes. Además, ¿cómo que la “lucha es de todos los mexicanos”, cuando Calderón declaró como enemigos a más de 38 millones que lo repudian?
Pero qué hay atrás de todo esto; por un lado, la “guerra” contra las drogas es una acción indirecta de Calderón para legitimarse en el poder, después de su llegada al poder impuesto por militares; por tanto, no tiene que ver nada con la lucha anticrimen, por ello el repunte de la impunidad y el cinismo del gobierno ante tanta muerte; por el otro, es una política impulsada desde Washington, tomada a pie juntillas por la oligarquía que permite, de puerta abierta, la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de México.
La preocupación del gobierno no es la seguridad de la sociedad, “tú y tu familia”, como dice Calderón, sino que ahora pende sobre la cabeza de políticos y militares “como espada de Damocles”, primero, la amenaza del fracaso rotundo de la política y el colapso del gobierno, y segundo, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en las cortes internacionales.
Por ello, ahora se impulsa desesperadamente por parte del gobierno la Ley de Seguridad Nacional, un marco jurídico que lejos de regular la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas, es una ley de inmunidad para secretarios de Estado, legisladores, políticos y militares que han violado la Constitución y los derechos humanos.
No es propio de una sociedad sana observar, como sin nada ocurriera, que se ciegan vidas por razones ligadas al poder y que esos crímenes permanezcan en la impunidad, porque al trivializar la muerte política, la convertimos en una amenaza que puede caer sobre todos.
Así las cosas, la falta de voluntad para resolver los problemas de inseguridad son resultado del espíritu de antijuridicidad en la que ha caído el gobierno de una derecha mojigata y apátrida.
No es del imperio de la impunidad de donde debe
florecer la justicia. De más de 23 mil ejecuciones de mexicanos, reconocidas por el gobierno, ya perdí la cuenta, pero auguré desde el primer año de esta administración que Calderón, de terminar su gestión, acumularía más de 40 mil muertes desde la declaratoria de “guerra contra las drogas”, sin contar viudas, huérfanos y lisiados. Una quinta parte de los cadáveres los abona Ciudad Juárez, con 5 mil 400 a partir del lanzamiento: Operativo Conjunto Chihuahua 2008 (Proceso 1755).El 10 de junio, a cuatro décadas de la masacre estudiantil de 1971, como para conmemorar la fecha con un baño de sangre, fueron asesinadas más de 77 personas, así se registra el día más violento en lo que va de la administración “democrática” panista. Sin embargo, Calderón disfrutaba de la fiebre futbolera en Sudáfrica.
Días después, desencajado pero ufano, en un mensaje dirigido a la nación, señaló que “la lucha contra el crimen organizado, no es sólo la lucha del presidente, sino de todos los mexicanos, y en particular de aquellos que tenemos la responsabilidad pública en el gobierno. Por eso tu participación es vital, porque la lucha es de todos, tu denuncia o la información que nos hagas llegar es vital. El mandatario destacó que el gobierno federal cuenta con una estrategia para combatir al crimen organizado y proteger a los ciudadanos. En esta etapa estamos debilitando al crimen organizado, hemos dado golpes importantes a todos los cárteles, sin excepción, lo que ha generado división. Por esa razón, pero sobre todo por sus tradicionales rivalidades, entre ellos se han generado ejecuciones violentas entre las bandas de delincuentes” (Reforma, 16 de junio de 2010).
Con una visión desviada, lo asegunda el responsable de la seguridad interna, con un regaño a la prensa durante los honores fúnebres a 15 policías muertos por el “crimen organizado” en Michoacán y Chihuahua, días antes. Gómez-Mont exigió a los medios de comunicación que vinculen de mejor manera a la opinión pública con los cuerpos de seguridad, ya que el compromiso de policías, marinos y soldados no puede ser desconocido en la banalidad o en la crítica ligera. En el mismo acto, García Luna afirmó que “los recientes ataques del crimen contra la policía buscan el repliegue de las autoridades y que se frene el combate a la delincuencia organizada. Pero, afirmó, no vamos a ceder, no vamos a claudicar, no va a haber marcha atrás” (La Jornada, 16 de junio de 2010).
Si vemos, por un lado, este mensaje no va dirigido a la nación sino a Washington y a la opinión pública internacional por los señalamientos que Calderón recibió en su visita reciente a EUA, por algo lo dirán, de que el gobierno en la “guerra contra las drogas” acumula miles de violaciones graves a los derechos humanos y por favorecer al cártel de Guzmán Loera; por el otro lado, nadie en su sano juicio busca que la autoridad se repliegue del combate a la delincuencia, lo que se quiere es que los agentes encargados de hacer cumplir la ley, respeten el Estado de derecho, no cieguen vidas de nadie, menos de inocentes. Además, ¿cómo que la “lucha es de todos los mexicanos”, cuando Calderón declaró como enemigos a más de 38 millones que lo repudian?
Pero qué hay atrás de todo esto; por un lado, la “guerra” contra las drogas es una acción indirecta de Calderón para legitimarse en el poder, después de su llegada al poder impuesto por militares; por tanto, no tiene que ver nada con la lucha anticrimen, por ello el repunte de la impunidad y el cinismo del gobierno ante tanta muerte; por el otro, es una política impulsada desde Washington, tomada a pie juntillas por la oligarquía que permite, de puerta abierta, la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de México.
La preocupación del gobierno no es la seguridad de la sociedad, “tú y tu familia”, como dice Calderón, sino que ahora pende sobre la cabeza de políticos y militares “como espada de Damocles”, primero, la amenaza del fracaso rotundo de la política y el colapso del gobierno, y segundo, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en las cortes internacionales.
Por ello, ahora se impulsa desesperadamente por parte del gobierno la Ley de Seguridad Nacional, un marco jurídico que lejos de regular la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas, es una ley de inmunidad para secretarios de Estado, legisladores, políticos y militares que han violado la Constitución y los derechos humanos.
No es propio de una sociedad sana observar, como sin nada ocurriera, que se ciegan vidas por razones ligadas al poder y que esos crímenes permanezcan en la impunidad, porque al trivializar la muerte política, la convertimos en una amenaza que puede caer sobre todos.
Así las cosas, la falta de voluntad para resolver los problemas de inseguridad son resultado del espíritu de antijuridicidad en la que ha caído el gobierno de una derecha mojigata y apátrida.
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