MÉXICO, D.F., 14 de julio (apro).- En medio de esta guerra contra el narcotráfico, una de las cuestiones más preocupantes que el gobierno y organizaciones sociales y grupos de derechos humanos no han atendido del todo, a pesar de su gravedad, es la enorme cantidad de desaparecidos que hay en varios estados.
El reciente hallazgo d
e 55 cuerpos en la mina de Taxco, ubicada en la Sierra de San Miguel Totolapan, Guerrero, en mayo pasado, puede tomarse como el punto de referencia de este fenómeno del narcotráfico del que poco o casi nada se habla.
Por la confesión de un sicario se supo que grupos del crimen organizado asentados en Guerrero, habían utilizado el respiradero de esa mina para aventar decenas de personas, la mayoría hombres adultos, algunos de los cuales aún estaban vivos. En el fondo del agujero de más de 150 metros, los rescatistas encontraron decenas de cuerpos con huellas de tortura (manos atadas hacia atrás y ojos vendados) apilados en el fondo.
El descubrimiento de cadáveres en la mina de Taxco fue inmediatamente comparado con el de la mina ubicada cerca de las Grutas de Cacahuamilpa, denominada Boca del Diablo o “Pozo Meléndez”, donde, por décadas, principalmente durante la llamada “guerra sucia”, las autoridades y los militares arrojaron al pozo decenas de guerrilleros o campesinos a quienes acusaban de atentar contra el gobierno.
En ambos casos se trata de desaparecidos, pero, a diferencia de los desparecidos políticos, en el caso de los de Taxco, así como los que se han descubierto en muchas otras “narcofosas”, no hay una organización que los requiera.
Los desparecidos de la guerra del narcotráfico no los reclama ninguna organización de derechos humanos, sólo sus familiares, que los buscan por todos los rincones del país con la imperiosa necesidad de tener algún dato, alguna información de sus seres queridos, y por ello acuden a cualquier lugar donde hay una esperanza de ubicarlos y rescatarlos.
A Taxco, por ejemplo, arribaron familias de Puebla, Hidalgo, Distrito Federal, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos y Guerrero a preguntar por los cuerpos encontrados. Querían constatar si algunos de los cadáveres era su familiar desaparecido días, semanas, meses atrás. Algunos de ellos ya habían deambulado por hospitales, cárceles, anfiteatros y oficinas del Ministerio Público sin tener un solo dato preciso de su esposo, hijo, hermano, sobrino…
Con fotografías viejas o recientes –similares a las que aún porta el colectivo de familiares de presos políticos y desaparecidos que encabeza la senadora Rosario Ibarra --, los familiares de los desaparecidos llegaron a pedir información de los cuerpos que tenían en las planchas para ver si los podían reconocer por alguna cicatriz, la huella de una operación, alguna señal conocida en la dentadura, etc.
Por el estado de descomposición, muchos de los cuerpos hallados fueron enterrados sin que fueran identificados, y como no hay un registro oficial, mucha gente que fue “levantada” o secuestrada por los grupos del crimen organizado quedó al final sin filiación alguna, es decir, como uno más de los desaparecidos que hay en el país.
También en Zacatecas hay municipios con casos de desaparecidos, principalmente en la zona limítrofe de Durango, donde la presencia de Los Zetas es abrumadora. En el municipio de Jiménez, familias enteras han sido “levantadas” y no hay registro de su paradero.
En esta región se cuenta que muchas familias son “levantadas” por ese grupo criminal para que trabajen como “esclavos” en ranchos de amapola y mariguana. Los tienen prisioneros para trabajar de sol a sol en esos plantíos y viven en barracas. Son los esclavos del narcotráfico.
Pero también hay otras historias que hablan de personas que sus familiares no pagaron el rescate o que no aceptaron las extorsiones y por ello ya no regresaron. Es probable que muchas de ellas fueran arrojadas al fondo de las presas de Durango y Zacatecas, encadenadas a piedras o bloques de cemento. Decenas de cuerpos estarían en el fondo de las frías aguas estancadas.
Otro lugar donde se ha registrado un alto número de desaparecidos es Tijuana. Durante meses, familiares buscaron en las autoridades una esperanza para encontrar a su gente. Oficialmente la Procuraduría General de Justicia de Baja California, que creó una fiscalía especial para desapariciones forzadas, tiene documentados 96 casos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan mil 200 casos.
Cabe señalar que cuando Santiago Meza, El Pozolero, fue detenido, confesó haber disuelto en sosa (hidróxido sódico) y ácido a por lo menos 300 personas.
Y es tanta la desesperación de los familiares de desaparecidos, que muchos de ellos propusieron hacer pruebas de ADN en los restos encontrados para ver si por un milagro salía positivo en alguno de los casos.
Los desaparecidos por la guerra del narcotráfico será un tema que cobrará cada vez más importancia, pues cada vez son más los casos en todo el país, aunque muchos de ellos no son denunciados a las autoridades, debido a que, efectivamente, estaban involucrados con el crimen organizado, de manera que es difícil saber el número aproximado de desaparecidos.
Pero hay otros que no han estado involucrados con la delincuencia organizada, y es triste ver a familias enteras deambulando por las oficinas de los forenses, en los escritorios policiales y ministeriales, observando las fotografías que pegan en algunas pizarras y paredes de los edificios, tratando de identificar a alguno de sus parientes que un día ya no regresó a casa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario