Primero. El artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la posibilidad de que los ejecutores del gasto otorguen donativos siempre y cuando las personas morales no tengan fines de lucro, estén al corriente de sus obligaciones fiscales, no se hallen sujetos a procesos legales y presenten un proyecto de actividades. Estos requisitos son bastante genéricos, toda vez que: a) no hay un comité de expertos que valide la pertinencia y oportunidad de la entrega del donativo; b) no hay criterios para hacer compatibles las atribuciones del ejecutor del gasto con los fines y actividades de quien recibe el donativo; c) no hay convocatoria pública para ser beneficiarios de éste, y d) no existen montos mínimos ni máximos en la entrega de los donativos.
Estas ausencias generan incentivos para que el ejercicio discrecional del gasto adquiera un papel relevante y para que, además, se establezcan relaciones inapropiadas. El endeble marco legal hace que la figura del donativo sea el cajón de sastre o comodín para el gobierno federal. Uno de los beneficiarios frecuentes de los donativos son los sindicatos de los propios ejecutores del gasto. Así, por ejemplo, entre enero y junio del 2007 la Secretaría de Economía (SE) otorgó donativos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la SE por 2 millones 870 mil pesos como “ayuda al sector social”. El ISSSTE, entre enero y junio del 2008, entregó donativos a su propio sindicato por 9 millones de pesos por concepto de “apoyo a seguridad social”. Y así se puede enumerar una larga lista de ejemplos.
Sobra decir que las dependencias y sus sindicatos se rigen por relaciones establecidas en sus respectivos contratos colectivos de trabajo, donde se especifican cantidades importantes para el mantenimiento de la propia agrupación legal. No hay, por ende, ninguna obligación legal de otorgar donativos a los sindicatos. Es de llamar la atención, por ejemplo, cómo el sindicato del ISSSTE justifica los donativos recibidos: compra de autos para los dirigentes seccionales para el desarrollo de sus funciones en condiciones de “dignidad”.
Segundo. La asignación de donativos públicos a organismos empresariales y empresas informativas por parte del gobierno federal es parte de este México surrealista. La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública otorgó a Televisa un donativo por un millón 415 mil 413 pesos para que en nombre y representación de la sociedad donara a su vez aparatos auditivos. Televisa no deja una viva. ¿Cómo es posible que el gobierno federal asigne a una empresa privada recursos públicos para posicionar su imagen en la audiencia y no entregar los recursos a las personas que realmente los requieran?
En este ejercicio presupuestal del 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expidió un donativo a TV Azteca por 4 millones 800 mil pesos para la campaña de televisión “Limpiemos México”. En el 2008, la Secretaría de Educación Pública entregó diversos donativos a organismos empresariales, entre ellos la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, dirigida por Claudio X. González y Liébano Sáenz, por 6 millones 578 mil pesos. Es muy loable que esa asociación empresarial se dedique a la filantropía, pero llama la atención que la SEP subsidie con recursos de todos esa práctica.
Tercero. El caso más escandaloso reside en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). En efecto, para hacer patentes sus compromisos políticos, en el 2009 otorgó un donativo por 24 millones de pesos a Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, integrada por los concesionarios de la radio y la televisión privadas de Jalisco, y Fomento Cultural Banamex se vio beneficiado por un donativo de 2 millones 514 mil pesos. ¿Cómo es posible que el Conaculta tenga la convicción de que apoyar a empresarios de gran capital es una prioridad nacional? ¿Por qué en todo caso esos donativos no se hicieron con cargo al bolsillo de los propios funcionarios del Conaculta, sino, como siempre, a cargo de los pobres que subsidian a los ricos?
Por si lo anterior fuera poco, el Conaculta fue la única dependencia que de un universo de 250 instituciones invocó argumentos fútiles para evitar la rendición de cuentas. Para ello, en el oficio UE/468/2010 informó de la clasificación por 12 años de toda la información relativa a “los expedientes (que) contienen copia fotostática de documentos tales como: recibos fiscales, cédula de identificación fiscal, reporte de dispersión de transferencias, consulta de la CLABE, estado de cuenta del beneficiario del donativo y catálogo de beneficiarios”.
El Conaculta ha cerrado su información, con lo que evita seguir la ruta del dinero y, sobre todo, conocer por qué hace lo que hace. De cualquier forma, el Conaculta y otras muchísimas dependencias que desnaturalizan el sentido del ejercicio público del gasto justifican la demanda de que el objeto clasificador del gasto 7500 y la partida 7505 sean regulados exhaustivamente bajo criterios de transparencia, pertinencia, oportunidad, igualdad e imparcialidad que, en perjuicio de todos, hoy no existen.
evillanueva99@yahoo.com
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