TIEMPO DE MUJERES

Blake: operador de la derrota del PAN
en Baja California

Jaime Martínez Veloz

El domingo 4 de julio, César Nava hacía cuentas alegres y en medio de los anuncios de los resultados de los procesos electorales, incluía a Baja California como un estado donde habían ganado las cinco presidencias municipales y la mayoría de la representación en el Congreso de la entidad. La euforia de la dirigencia nacional no era compartida por la dirigencia local que, incrédula en los números adversos, no atinaba a digerir el tamaño del descalabro que el voto de quienes fueron a sufragar le había propinado. Como castillo de naipes se derrumbaba el imperio de componendas y mal gobierno que durante 21 años había ejercido sobre los bajacalifornianos.

Atrás quedaba la parafernalia electoral que en 1989 con Ernesto Ruffo había prometido el cambio como fórmula mágica para acceder en forma automática al paraíso que sería Baja California sin los priístas en el poder. Arropados en un ejercicio abusivo del poder, cimentado en realizar negocios desde el gobierno, y en la incapacidad de la oposición para convertirse en opción de poder, los panistas convirtieron a Baja California en un feudo donde no sólo reprodujeron los viejos vicios del PRI, sino que le añadieron un conjunto de artimañas, vicios y prácticas fraudulentas, ante una oposición impávida y desarticulada.

Baja California, de ser uno de los estados con mayor participación electoral a principios de los años 90, pasó a tener los mayores índices de abstención. Esta circunstancia se había constituido como el escenario adecuado para que mediante los procesos de movilización tan criticados –pero tan socorridos, de los beneficiarios de los programas sociales– los panistas garantizaran para su causa un número importante de votantes que, junto a su voto duro, le brindara la diferencia necesaria para superar a sus adversarios.

Previamente a cada campaña, mediante la utilización facciosa de recursos públicos, se desataban campañas mediáticas ostentosas, para crear una percepción ciudadana de que todo estaba bien. Dichas campañas competían con las noticias sobre ajusticiamientos, balaceras y el propio deterioro social. Sin embargo cumplían su propósito al impactar en los sectores que requería el PAN para ganar las elecciones.

Junto a ello, el control de los órganos electorales se convirtió en una práctica cotidiana de los gobiernos panistas. Campaña tras campaña, los grupos de poder, legal e ilegal, contribuían con grandes sumas de dinero para apoyar a los candidatos del PAN. Los topes de campaña siempre fueron una vacilada.

Teniendo como preocupación el control de las variables que intervienen en los procesos electorales, los gobiernos panistas se olvidaron de las promesas de cambio y se dedicaron a la milonga, al enriquecimiento ilícito y a mezclar en forma descarada los negocios privados con la función pública. Nepotismo, corrupción, dejadez e incompetencia son características que han brotado como pus en estos 21 años de gobiernos panistas.

Una de las acciones que dibujan el tipo de gobierno que realizaron los panistas es haber convertido a Baja California en el sótano de máquinas de Estados Unidos, al permitir la instalación de plantas de generación de energía eléctrica de exportación y de la terminal de gas natural licuado en Ensenada, cuyos productos tienen como finalidad abastecer los estados de Arizona y California, en detrimento del ambiente y de la seguridad de los bajacalifornianos. Para evitar especulaciones, el anterior secretario de Gobierno es ahora empleado de la trasnacional Sempra Energy.

Al proceso electoral de este año, llegaron como si fuera solo un trámite para seguir ejerciendo a plenitud el poder, como lo venían haciendo desde hacía más de dos décadas. En las elecciones internas ganaron los candidatos que el propio Felipe Calderón impuso, lastimando a sectores que dentro del PAN venían luchando por ser candidatos en la contienda. Con criterios de viejos hacendados impusieron en Rosarito a un candidato alejado de los habitantes de ese lugar y al igual que en muchos estados de la República el responsable de las directrices de las campañas de los candidatos del partido en el gobierno, recayó en el secretario general de Gobierno, José Francisco Blake, flamante secretario de Gobernación y operador de la derrota del PAN en Baja California. La única virtud conocida a dicho personaje es su cercanía con Calderón, por lo demás sus limitaciones son tan evidentes como públicas. Qué manera de rebajar el lugar que un tiempo ocupó Jesús Reyes Heroles, sólo por decir un nombre.

Acostumbrado a lo de siempre, el PAN practicó las campañas de la tierra arrasada, publicidad desbordante, difusión intensa de la obra de gobierno en concordancia con los espots de los candidatos albiazules. Saturación de espacios físicos con anuncios publicitarios, dinero a manos llenas para la movilización, ante una campaña discreta del PRI, coordinada por cuadros experimentados de ese partido; en cuanto a recursos para las campañas, no hubo punto de comparación. Nada relevante ofrecieron las campañas del PRI, más bien se dedicaron a construir su estructura electoral y a ofrecer un conjunto de propuestas modestas o de poca trascendencia. El PRI no les ganó, la ciudadanía los botó. Los panistas se tropezaron solos con las cubetas de un poder desgastado por el mal ejercicio.

Las encuestas de medios locales a menos de una semana anunciaban resultados apretados, lo cual era un signo de alarma para los panistas, pero confiaban en la movilización de los beneficiarios de los programas sociales. Lo que nunca detectaron fue que el malestar ciudadano ya había decidido en forma silenciosa poner freno a sus abusos y tropelías. El domingo 4 de julio, los bajacalifornianos le cobraron la factura a los malos gobiernos panistas de la entidad. El balón ahora está en la cancha del PRI, del cual depende hacer un buen gobierno al lado de la gente y de sus causas y necesidades, o repetir las frivolidades del gobierno de Hank, que le costaron la derrota de 2007. La moneda está en el aire.

Lo inverosímil es que el operador de esta derrota vergonzante es el nuevo secretario de Gobernación. Por ello pienso que lo único serio en México es la lucha libre.

Vitral | Javier Solórzano

Gabinetito

Más que un cambio estratégico fue obligado. No se entiende el porqué alargaron la estancia de Gómez Mont. Hasta parece que había plan con maña. Desde inicio del año las versiones sobre su salida iban y venían. Si era un hecho, sobre todo a raíz del rompimiento que tuvo con el joven dirigente del PAN, no queda claro por qué no se tomó antes la decisión. Es obvia la cercanía entre Calderón y Nava, así como el rompimiento entre el joven amigo de Calderón con Gómez Mont a partir del intencionalmente confuso caso Peña Nieto.

El Presidente movió a su gente bajo el quítate tú para ponerme yo. No se ve que detrás de los cambios se busquen nuevos rumbos. El Presidente quiere gente de su confianza y para ello la capacidad puede volverse un valor secundario. Las lealtades bajo las que se vive en la política siguen vigentes y, sin hacer a un lado su importancia, no tiene sentido ponerlas como valor casi único.

El gabinete de Calderón se ha ido diluyendo. Ni Fox ni Calderón han sabido armar equipos. El gabinete de Fox fue definido como Montessori bajo el supuesto de que cada quién hacia lo que quería. Con Calderón ha prevalecido lo anodino. A los secretarios con trabajo se les conoce el tono de voz, y en los problemas en que ha estado el Presidente pocos de ellos han salido en su defensa.

Los cambios van definiendo el final del sexenio. Calderón va a ser el operador político. Gobernación va a ser una extensión de las áreas de seguridad, no es casual que Blake haya sido mencionado hace unos meses como posible procurador. El fuerte de Blake es la seguridad y no necesariamente la política. La oficina de Los Pinos va a tener de nuevo al ahora ex secretario de Economía que pasó de noche. Va a ser una extensión de la operación política del 2012. El objetivo es claro: el Presidente no quiere entregar la banda de regreso al PRI, y menos a Peña.

Los resultados del llamado “superdomingo” muestran que nadie tiene asegurado el futuro. Las elecciones mostraron la preferencia por candidatos y evidenciaron que a través del voto por otros se evalúa a los gobernantes en turno. Lo que pasó en Puebla, Oaxaca, y en algún sentido en Zacatecas, Tlaxcala e Hidalgo, es una prueba. Calderón también será evaluado por el voto a otros en 2012.
Por más de 4 años Calderón no ha podido tener en Gobernación un interlocutor político válido y de peso. Cuando no se desatan confrontaciones con el PAN y la oposición, aparecen las intolerancias como en las que cayó Gómez Mont. El miércoles se fue quien en medio de muchas contradicciones parecía ser el personaje idóneo para el quehacer político. Acabó entre desafortunadas declaraciones, “tontos útiles” o su ya famosa “creo en Dios”. No pudo, no lo dejaron, y en medio del fuego amigo lo bajarán de la silla. ¡

OOOUUUUUCHCHCHCH!

Aquellos que tengan un tatuaje o piercing se les conmina a que no vayan a Guanajuato. La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, se los puede prohibir. Lamentable, discriminador e incomprensible.

Blake Mora: palabras y hechos

Editorial La Jornada.

Ayer, el recién nombrado titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, señaló que no puede haber una política de seguridad democrática si antes no hay una reconciliación de unidad con todos los agentes políticos y sociales, y planteó la necesidad de aplicar una política de seguridad integral, a lo que agregó que su encomienda será el diálogo constante y continuo por el bien de México.

Por su parte, en relación con la huelga de hambre que desde hace 82 días mantiene un grupo de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el subsecretario de Gobierno de esa dependencia, Roberto Gil Zuarth, declaró que el gobierno tiene la intención y la vocación de escuchar los planteamientos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), aunque advirtió que el diálogo político tiene límites y el límite es la ley.

En principio, la reformulación de la estrategia de seguridad pública es plausible, pero exasperantemente tardía: desde hace tres años y medio, y desde muchos sectores, se ha exigido una política anticrimen integral que considere las causas sociales, económicas y políticas de la multiplicación de los fenómenos delictivos y del creciente poder que exhiben los grupos criminales. En ese lapso la destrucción es incuantificable: decenas de miles de vidas perdidas, esperanzas destruidas y la ruina de diversas localidades y regiones.

Es obligado preguntarse si este costo no habría sido significativamente menor si las autoridades federales hubiesen escuchado a tiempo las advertencias. Más vale tarde que nunca, pero está por verse cuál es el alcance de la rectificación anunciada; porque, de mantenerse la política económica vigente –responsable de la miseria, la desigualdad y la marginación que conforman, a su vez, el caldo de cultivo del auge delincuencial–, la única forma de enfrentar la delincuencia será la prolongación del actual baño de sangre.

Sobre el llamado de Blake Mora a la reconciliación, sería deseable que tal exhorto no se circunscribiera a la clase política y los partidos. El gobierno debe dirigirse, prioritariamente, a los sectores sociales a los que ha agraviado: los sindicatos de electricistas y de mineros; el conjunto de asalariados; la micro, pequeña y mediana empresas, golpeadas por el manifiesto favoritismo presupuestal y fiscal hacia los grandes consorcios; las llamadas víctimas colaterales de la guerra contra el narco y sus familiares; las madres y padres de los niños muertos en la guardería ABC; las mujeres presas por abortar; los opositores y activistas sociales maltratados por el uso faccioso de la procuración de justicia; las víctimas de la impunidad y del atropello a los derechos humanos; la población capitalina, sistemáticamente golpeada mediante una administración tendenciosa de los recursos hídricos y por medio de retrasos arbitrarios en los flujos presupuestales, y la comunidad cultural, a la que hace unos días el gobierno, inopinada y arbitrariamente, le redujo los recursos.

Por lo que hace a la hostilidad oficial hacia el SME, es inaceptable que en el momento en que la vida de varios mexicanos está en juego, Blake y Gil hagan declaraciones como las expuestas antes, pues hasta ahora el gobierno federal se ha empecinado en mantener las reglas del juego que él mismo impuso, en forma unilateral, desde el decreto de extinción de LFC, y en ignorar las propuestas de los trabajadores para resolver el conflicto. Peor aún, ha hostigado a los electricistas con agresiones policiales y amagos de represión generalizada, con campañas de desprestigio a tambor batiente en los medios informativos, con la intromisión en los asuntos internos del sindicato y con la negativa a dar reconocimiento administrativo a la dirigencia del gremio.

Para la reconciliación es necesaria voluntad política, sensibilidad y sentido de país. Tales atributos podrían demostrarse, en el momento actual, mediante una real actitud de diálogo y negociación para resolver el conflicto con el SME y la disposición a salvar la vida de quienes se mantienen en huelga de hambre en defensa de su trabajo y de su organización sindical.

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